La premisa del Presidente Javier Milei acerca de que nada es gratuito porque alguien lo paga no sólo aplica a la inversión pública que pretende recortar, sino también al ciclismo financiero, la fuga de capitales y el pago de la deuda contraída para solventarlos.
En el modo en que el Estado nacional distribuye sus fuentes de ingresos y determina la asignación de sus egresos puede verificarse la matriz que sostiene el superávit en las cuentas públicas que su equipo económico celebra mes a mes. La Oficina de Presupuesto del Congreso elabora mensualmente una comparación interanual que lo ilustra, por lo que el Parlamento no puede alegar desconocimiento a la hora de debatir leyes, conceder facultades legislativas al Ejecutivo o dejar hacer y pasar a sus decretos de necesidad y urgencia.
Su informe sobre las cuentas públicas a junio cerró la primera parte del año en que el gobierno de Milei comenzó a compararse consigo mismo y no con el de Alberto Fernández. El de julio confirma las tendencias.
Los verdes y rojos interanuales en la recaudación y la ejecución presupuestaria colorean un cuadro en que los sectores históricamente relegados pagan el superávit exigido por el Fondo Monetario Internacional, cuyos márgenes el gobierno celebra sobrepasar, mientras se rebajan alícuotas para los grandes bonetes del extractivismo minero o informático.
Plan de despojo
De acuerdo a los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, al cierre del primer semestre de 2025 acumulaban caídas interanuales los ítems de mayor impacto en los sectores postergados:
- los programas sociales se contrajeron en 16,2%, sumando al 47,5% que ya habían perdido en el global del año previo respecto de 2023;
- los subsidios a la energía y el transporte –de impacto directo en los gastos de los hogares– retrocedieron 67% y 27,5%, respectivamente; y
- las pensiones no contributivas –destinadas a madres de siete o más hijos, adultos mayores sin jubilación, y a quienes padecen invalidez laboral, HIV o hepatitis B o C– crecieron 2,7%, lejos de compensar una caída anual previa de 13,6%.
La acción del Estado no sólo se redujo en materia de ingresos populares, directos o indirectos, sino también en la prestación de sus funciones. La contracción en la masa salarial del personal público, por licuación inflacionaria o despidos, fue una constante desde el inicio mismo del gobierno de Milei: en 2024 cayó 19,8 puntos respecto del último cuarto de mandato de Alberto Fernández, y en el primer semestre de este año añadió otros 9,7, ya en comparación con los primeros seis meses de motosierra.
La merma en el ítem de los programas sociales advierte sobre la disolución progresiva de una red de contención ante el creciente hábito de descomer, que ya amenaza dibujar una desocupación de dos dígitos en el Conurbano bonaerense. Al cabo de 2024, la inversión en el programa Potenciar Trabajo –reconvertido en Volver al Trabajo– se había contraído un interanual 61,1%, en políticas alimentarias anotaron un -17,4% y en las becas Progresar para estudiantes secundarios o universitarios la caída fue de 61,2%. En los primeros siete meses de 2025, los retrocesos interanuales continuaron: comparados con los resultantes de los ya atroces recortes del primer año anarcocapitalista, fueron de 40,4%, 16,6% y 34,5%, respectivamente.
En el plano educativo, la poda de las becas Progresar está lejos de ser el único problema. El gobierno nacional eliminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente, creado en 1998 para contribuir a los salarios de trabajadores y trabajadoras de las aulas provinciales. En las Universidades Nacionales, que dependen del financiamiento central, presupuestos y salarios vienen perdiendo por varios cuerpos la carrera contra la inflación. El proyecto de Ley de Financiamiento Universitario se propone recomponer ambas variables, pero el Ejecutivo ya anticipó su veto.
Durante la última semana, el Consejo Interuniversitario Nacional debió desmentir un comunicado en que el Ministerio de Capital Humano se jactó de estar “fortaleciendo las transferencias a las universidades nacionales para garantizar su funcionamiento y desarrollo”. En cálculos del CIN, “es tan cierto que los aumentos salariales fueron del 111% en el período enero-24 a mayo-25, como que la inflación en el mismo período de tiempo registró un 146,6%”. El organismo teme lamentar, al concluir este año, una contracción de 8,8% en la inversión universitaria. De cumplirse, agravaría la merma de casi 22 puntos con que finalizó 2024.
Efecto derrame
El crecimiento real interanual de 172,7% que exhibieron las transferencias a las jurisdicciones subnacionales en la primera mitad de 2025 puede ser engañoso, porque se compara con un 2024 en que habían caído 75,6% y un semestre inicial de gobierno en que el desplome fue aún mayor, alcanzando casi 82 puntos.
Pero incluso más allá de eso, asoman las sutilezas de la distribución. Aunque el análisis de la Oficina de Presupuesto lo catalogue como “Transferencias a provincias”, esos giros incluyen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no tiene tal estatus. Durante la Presidencia de Mauricio Macri, su ex jefe de Gobierno, la CABA se aseguró de no penar el mismo destino sufrido por las provincias en cada ocasión en que un programa de ajuste les delegó responsabilidades sin los recursos correspondientes, como modo velado de ajuste. Con aval posterior de la Corte Suprema de Justicia, el distrito recibe nuevos recursos para atender a las funciones policíacas delegadas por el gobierno central en tiempos de Macri.
Omitiendo ese ítem, especifica la Oficina de Presupuesto, las transferencias a las jurisdicciones subnacionales en el primer semestre del año reducen su alza interanual real de 172,7% a 7,7%. Un crecimiento mínimo ante el desplome de 2024. La retracción de 75,6% del primer año anarcocapitalista se explica en que esos giros adicionales a la CABA se instrumentaron recién a partir de septiembre, mientras se anotaban menores inversiones educativas federales por la expiración del FONID. Que en la prioridad presupuestaria las balas reemplacen a las tizas no parece incoherente con el programa económico implementado.
Los Aportes del Tesoro Nacional a las provincias también se contrajeron, en un 87,3% interanual, al cabo del año pasado. Los recibieron una decena de distritos, todos con gobernadores que durante esos meses oscilaron entre la condescendencia y el firme respaldo a la línea presidencial. Varios de ellos, como el jujeño Carlos Sadir, fueron entusiastas de la Doctrina de las Dos Motosierras. La mitad de las provincias que recibieron ATNs conforman el Norte Grande, la región más pobre del país.
Como años pares e impares no son indistintos, sólo en el caso del entrerriano Rogelio Frigerio el vínculo derivó en una confluencia electoral para los comicios de medio término.
Pagar la fiesta
En materia de ingresos del Estado nacional se verifica una línea congruente con la asignación de prioridades y despojos. Quiénes y en qué concepto pagan los impuestos a distribuir son los interrogantes cuyas respuestas definen la dirección de las transferencias de recursos decidida por un programa económico.
Durante los primeros siete meses del año, el Impuesto al Valor Agregado tuvo sucesivas altas y bajas interanuales, y cerró el primer semestre con un crecimiento de 3,7%. Un resultado más que modesto, porque se compara con un periodo de 2024 que apuntó una caída de 8,7 puntos en la misma fuente de ingresos.
También evidencian la depresión de la actividad económica los retrocesos con que cerraron el último año calendario el Impuesto a las Ganancias (-8,8%) y las contribuciones del menguante empleo registrado a la Seguridad Social (-7,7%). El comportamiento en las recaudaciones por IVA y Ganancias resulta vital para las provincias, ya que se trata de los dos principales impuestos coparticipables.
El primero está atado al poder de compra de la población, porque se traslada a los consumidores finales. El consumo deberá registrar buen ritmo, improbable en el actual escenario, para que el impuesto más regresivo logre compensar la caída de casi 9 puntos de 2024. Como existen productos a los que es imposible renunciar sin poner en juego la propia supervivencia, inevitablemente el programa económico en boga será financiado por esa vía por los sectores de menores recursos, que ya vienen resignando bienestar por los recortes de la motosierra.
Mientras tanto, el gobierno nacional pedalea la bicicleta financiera y concede beneficios impositivos a sectores de amplios márgenes de utilidad y alta concentración de la propiedad.
Como celebra doce veces por año el ministro Luis Caputo, los números cierran. Con la gente afuera.
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