SAGRADAS ESCRITURAS DE PROPIEDAD

 

A treinta y seis años de la recuperación de la democracia, el poder judicial en Neuquén sostiene la legalidad de una norma de la última dictadura cívico-militar para defender la presunta propiedad estatal de tierras arrebatadas al pueblo mapuche. Tanto el fuero ordinario como el federal aceptan y convalidan como prueba en favor de organismos públicos y municipios la propiedad de fracciones de tierras apropiadas y escrituradas bajo un mecanismo instaurado por la ley nacional 21.477 firmada por Videla y Harguindeguy, la que continúa vigente.

Tres expedientes, uno administrativo y dos judiciales, legitimaron la vigencia de esta ley de facto que permitió a las provincias usucapir las tierras bajo su juridicción e inscribirlas en el Registro de la Propiedad Inmueble con el sólo dictado o suscripción de un acto administrativo, es decir, sin demostrar la posesión. Luis Virgilio Sánchez, vicepresidente de la Gremial de Abogad@s de la Argentina, representa a la comunidad mapuche Paisil-Antreao de Villa La Angostura (VLA), y es quien advirtió en tres casos la plena vigencia de este andamiaje jurídico del plan sistemático de despojo territorial para los últimos 50 años en Neuquén.

El 11 de diciembre, el juez Andrés Luchino, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería N° 2 de la IV Circunscripción, dispuso el desalojo de la Paisil-Antreao de una franja junto la costa este del lago Correntoso donde funciona un histórico balneario y camping. Argumentó la presunta propiedad del municipio de Villa La Angostura sobre el lugar basado en esa ley de la dictadura y un decreto de 1991 que, en plena democracia, firmó el gobernador Pedro Salvatori (Movimiento Popular Neuquino) para continuar y sostener el mecanismo jurídico de apropiación. Si bien el fallo ya fue apelado, revela la ideología profunda del aparato de estado en Neuquén, cuya cristalización estuvo camuflada hasta 2017 cuando Sánchez encontró la primera huella en un expediente administrativo de reclamo de suministro de electricidad a las familias de la Paisil-Antreao, que todavía no consigue este servicio público básico.

Tres tristes casos

La comunidad mapuche inició un reclamo administrativo ante la delegación local del Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN) para reclamar la instalación de la red y servicio de electricidad a las familias que ocupan el territorio tradicional dentro del ejido municipal. El organismo público rechazó el pedido argumentando que ese territorio es propiedad del estado municipal, según la documentación que presentó el propio municipio al oponerse que el servicio llegue a las familias mapuche.

Sánchez accedió así a los títulos de propiedad y las escrituras aportadas por el municipio, fundamentados en el Decreto Provincial 3145/91 mediante el cual, finalmente se prescribió a favor de la Municipalidad de VLA las tierras de la comunidad mapuche. Al analizar el decreto de Salvatori llegó a la ley 21477 de bienes de estados provinciales adquiridos por usucapión de diciembre de 1976, que con modificaciones de 1994 continúa vigente.

La comunidad interpuso una acción de amparo para insistir por el derecho al servicio público, con dictámenes de la Defensoría del Niñ@ y Adolescente, acreditada la necesidad de personas electrodependientes y mayores con dificultades de salud crónicos. La jueza del amparo Paula Stanislavsky recibió del EPEN copias de las actuaciones de origen, en las que se omitieron esas escrituras.

Ese mismo origen de propiedad por prescripción adquisitiva fue esgrimido por el estado municipal en un expediente de la justicia federal de Zapala. Vialidad Nacional inicio una acción de desalojo contra familias mapuche que quedaron sobre la traza de la ruta de circunvalación en ejecución. Algunos de los lotes de las familias sin electricidad son los mismos por donde se trazó y abrió la nueva ruta, por lo que la documentación de los títulos de propiedad es la misma, explicó Sánchez.

Más lejos que Roca

Luchino fue, en cierta forma, más lejos que el presidente Roca que a principios del siglo XX firmó el título de propiedad del antiguo lote 9 (de 625 hectáreas) compartido por José María Paisil e Ignacio Antreao. En el fallo reciente, el juez de primera instancia ordenó restituir al municipio el lote del camping del lago Correntoso, sitio histórico donde al menos desde fines del siglo XIX la gente mapuche amarraba las embarcaciones a remo, que documentó el perito Moreno durante sus expediciones para la delimitación de la frontera con Chile, por citar una fuente del poder.

Ese lote costero fue donado por Victoriano Antreao, hijo de Ignacio, al municipio en 1951, aseguró Luchino. En ese momento trabajaba como maitre en el hotel Correntoso, propiedad de Francisco Capraro, quien además era el comisionado municipal, el primero nombrado por el territorio de Neuquén. Cuesta aceptar el acto voluntario de esa supuesta donación, por la desigualdad de la relación existente.

Unos años antes, en 1933 su padre se negó a aprobar la mensura oficial del lote 9. “Firma su protesta por el deslinde (…) para el lote 9 las tierras fiscales de la reserva para pueblo situada al sud de dicho lote, tierras que el citado Andreau reclama como de propiedad suya y de los herederos de Paisil, pretendiendo que el lote 9 llegue hasta el lugar conocido como «La Angostura» donde se halla situada una estación radiotelegráfica y oficina de correos de la Nación, que según Andreau se han ubicado dentro del campo que le pertenece. Conste asimismo que no obstante las citaciones hecha a Andreau por intermedio del Destacamento de Policía del Correntoso, se negó a concurrir para ratificar su protesta, expresando que nada firmaría”. La policía fronteriza estaba apostada en la zona del puente sobre el río Correntoso. Al año siguiente, este mismo mapuche remiso aparece donando unas cuantas hectáreas de la zona del puerto para fundar la villa contemporánea, por lo que se convirtió en la minoría indígena en la foto de los fundadores oficiales. No hemos podido documentar esa presunta donación en veinte años de investigación.

Como fuera, el propio municipio no se confió en la donación e inició la prescripción del lote. Antreao, en 1978, con la frontera militarizada por el conflicto con Chile, resistió la embestida judicial y accionó contra el Estado. Fracasó, claro, pero quedó documentada su oposición al despojo.

En 2003, poco antes de terminar su mandato, el intendente Roberto Cacault desempolvó la ley Videla y el decreto Salvatori para reclamar la propiedad del camping y otorgarlo en concesión a privados. Ni él ni el asesor legal del municipio del momento Guillermo Hensel parecen haber reparado al menos en el horror de origen, sino tampoco en la plena vigencia de los derechos incorporados por la reforma a la Constitución Nacional de 1994.

La Fiscalía general provincial acordó recientemente una tregua sobre tres expedientes penales contra la Paisil-Antreao que debían ir a juicio oral y público. El fuero civil parece no haberse enterado de la presunta vocación de paz social del gobierno neuquino y regaló al flamante intendente local Fabio Stefani (MPN) la orden de desalojo del camping Correntoso, símbolo de la negación sistemática del derecho a la vida digna en el territorio ancestral.

 

 

 

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