Dos días después de la multitudinaria cuarta marcha federal universitaria, el gobierno reconoció una inflación de 2,6% en abril y confirmó que docentes y no docentes de las universidades nacionales sufrieron ese mes un nuevo recorte en sus salarios. Esto se debió a que les había concedido un aumento nominal casi un punto por debajo de los precios de las góndolas. Si se lo compara con la inflación previa, cierra menos: en marzo fue de 3,4%.
En una semana en que el universitario se recortó como tema central, las performances de los funcionarios del Ejecutivo confirmaron el grado de atención y preocupación con que lo siguen, ante un apoyo social que no se ha diluido con el paso de los meses y las movilizaciones. La Corte Suprema tiene en sus manos la aplicación inmediata de los puntos más urgentes de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, que el Congreso aprobó dos veces, revirtiendo con la segunda el veto presidencial de Javier Milei.
Ya han transcurrido más de 200 días desde entonces y sólo la Corte sabe cuántos más se tacharán en el calendario de esa espera. Quienes viven de sus salarios universitarios o necesitan de becas para sostener expectativas en sus estudios no tienen margen para estirarla, algo que las presentaciones judiciales del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) dejaron escrito en un expediente que siguió un curioso trámite.
Nuevas podas
Como informó El Cohete, el Ejecutivo había remitido a las universidades un instructivo para liquidar los sueldos del cuarto mes del año con un 1,7% de incremento nominal, porcentaje que decidió unilateralmente, sin convocatoria alguna a paritarias. En términos reales marcó un nuevo retroceso, porque la inflación de marzo había sido del doble, y la de abril lo superó por casi un punto. La misma carrera desigual se había corrido en cada mes del primer trimestre.
El alza en los precios al consumidor suma en el año un 12,3%. Como el presupuesto anual elaborado por el oficialismo y votado por parte de la oposición legislativa preveía una inflación de 10,1% en doce meses, el 2026 ya comenzó a correr en términos de pérdida explícita para el ámbito público y la población que depende de él.
Peor es la situación del sector universitario si se toman en cuenta las variaciones de las canastas básicas total y alimentaria, que trazan respectivamente las líneas de pobreza e indigencia. Siempre según números oficiales, la segunda se desaceleró hasta crecer 1,1% en abril, pero aun así supera por medio punto a la inflación general acumulada en los primeros cuatro meses del año.
Los cuestionados cálculos del INDEC —publicados también la semana que pasó— fijaron la línea de pobreza en un ingreso mínimo de 1.469.768 pesos y la de indigencia en 665.053. En el mundo universitario, sólo consigue escapar de la pobreza el salario básico de la categoría más alta entre los profesores, siempre que sea ejercida con dedicación exclusiva. Todos los básicos de docentes universitarios con dedicaciones simples y cuatro de los cinco escalafones con semiexclusivas se encuentran bajo la línea de indigencia. Aunque suele circular como dato nacional, la estimación difundida por el INDEC refiere a las canastas para el área metropolitana de Buenos Aires, por lo que en algunas jurisdicciones el escenario es aún peor.
Urgencia alimentaria
El cuadro confirmado por el organismo estadístico oficial corrobora la caracterización formulada por el CIN en sus intervenciones ante la Justicia federal. Al reclamar la aplicación de una cautelar concedida y la definición en el planteo de fondo sobre la inconstitucionalidad del decreto que suspendió en su totalidad la ley sancionada, el organismo alertó que los retrocesos salariales configuran ya una amenaza a la integridad alimentaria de docentes y no docentes.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que había considerado “poco serios” los argumentos de los letrados oficialistas para intentar equiparar la cautelar con una sentencia definitiva, les concedió sin embargo, un recurso extraordinario para llevar la discusión ante la Corte. La negativa correspondía precisamente por la diferencia que no lograron refutar.
Con todo, los integrantes del tribunal no podrán aludir desconocimiento de la urgencia alimentaria de una resolución sobre salarios y becas, los puntos involucrados en la cautelar que el gobierno objeta. El modo en que jueguen las cartas del tiempo será también una forma de decidir.
Volver al mundo
Horas antes de la marcha federal, el gobierno oficializó un recorte adicional a las universidades que contaban con obras en marcha. Con las firmas del estelar Manuel Adorni y de Luis Caputo, a quien nada menos que Domingo Cavallo definió como un especulador sin teoría, el Ejecutivo mostró que sí puede reformular presupuestos por cuenta propia y las despojó de más de 5.000 millones de pesos ya comprometidos para la continuidad de obras de infraestructura.
La decisión, que contradice la promesa oficial de sostener los trabajos en marcha, amenaza impactar en la economía de los distritos en que las instituciones afectadas se emplazan. El bonaerense será el más perjudicado, pero la decisión de Adorni y Caputo se sufrirá además en Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Corrientes. También para las provincias es un golpe sobre otro, porque en el primer cuarto del año las transferencias automáticas de Nación cayeron un 6,5% en el total y las no automáticas, 37,8%.
El nuevo recorte oficial incluyó a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Organismo plural creado por la reforma menemista del sistema académico, las tareas que desarrolla no deberían motivar el desfinanciamiento por parte de quienes pretenden reducir la discusión a supuestos y difusos estándares de calidad. Entre ese andarivel, el cuestionamiento a erogaciones insignificantes y la acusación de banderías partidarias, que no están prohibidas, transitan las justificaciones oficiales para el despojo, como pudieron comprobar los espectadores de la señal de noticias del Grupo Clarín.
En tanto, el tema arribó formalmente al plano internacional, que ya había recibido noticias a través de las coberturas de prensa. El lunes 11, la Universidad Nacional de Río Negro informó que había puesto en conocimiento de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Farida Shaheed, “la situación de extrema gravedad institucional, social y humanitaria que atraviesa el sistema universitario”. La institución rionegrina planteó a Shaheed que el cuadro resulta “incompatible con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” y solicitó su intervención en busca de “asegurar la realización del derecho a la educación en el ámbito universitario”.
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