La justicia federal de General Roca condenó a un integrante de la Lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, al sur de Bariloche, por el despojo de un predio en perjuicio de un ex policía de Río Negro. Horas después del fallo, el jueves 26, Juan Pablo Colhuan Nahuel recuperó la libertad después de cinco meses de prisión en la cárcel de máxima seguridad en Rawson, Chubut. El juez federal Alejandro Silva confirmó la historia oficial de la Fiscalía sostenida en las afirmaciones de dos policías retirados y otros en actividad, que revelaron comportamientos de la propia policía en la zona andina y de aparentes tensiones con el gobierno provincial. Las audiencias públicas mostraron que el caso estuvo prefabricado ya que no hubo pruebas materiales contra Colhuan ni testigos independientes, sino solamente las afirmaciones de los policías y las propias actuaciones institucionales de la fuerza.
La condena se sostiene en las afirmaciones de Fernando Raúl Uribe Oyarzo, policía retirado de 49 años, supuesta víctima del despojo; Juan Pablo Siris, también retirado; y Francisco Villarruel, en actividad. Todos con funciones en la comisaría 42 del sur de Bariloche, con jurisdicción sobre Mascardi al momento del incendio intencional. Esa comisaría estuvo implicada en irregularidades en la búsqueda de Micaela Bravo (víctima de femicidio) y del secuestro y homicidio del oficial Lucas Muñoz en 2016, entre otros hechos jamás esclarecidos. En sus declaraciones, Uribe y Siris criticaron la política salarial de la provincia y la supuesta desprotección de la vida de los policías.
En mayo de 2020 Uribe comenzó a vivir en una cabaña dentro del predio de algo más de 8 hectáreas que había comprado el Sindicato del Personal Superior del Gas del Estado en los ‘90, durante las privatizaciones. Desde 1996, la policía de Río Negro cuidó y usó el predio y sus instalaciones, a unos 30 kilómetros al sur de la ciudad, reveló en su declaración. La Fiscalía y el propio juez dieron por cierto ese acuerdo, sobre el que no se mostró ningún acta o convenio, al menos en el debate público.
El 18 de mayo está fechada la autorización del sindicato para ocupar el lugar; el 26 de mayo ardió la cabaña que alimentó la persecución judicial y política contra la comunidad, asentada en las inmediaciones desde 2017. Al momento del siniestro, Sabina Frederic era ministra de Seguridad de la Nación, Arabela Carreras gobernadora de Río Negro y balbuceaba una mesa de diálogo para la resolución política del conflicto.
El ocupante del lugar aseguró que Colhuan, junto a otras tres personas con el rostro cubierto, lo despojó de la cabaña usando un arma larga. Durante el juicio no se determinó la existencia del arma, ni qué tipo de arma, ni se encontraron vainas servidas en el lugar donde se habrían realizados los disparos. De todos modos, el juez lo condenó por usurpación agravada por el uso de arma de fuego. El policía no diferenció ni identificó el arma larga, ni señaló si era diestro o zurdo, ni cómo hizo para gesticular con ambas manos y a la vez sostener un arma, entre otras contradicciones señaladas por la defensa a cargo de la Asociación Gremial de Abogadxs de la República Argentina, que apelará la sentencia.
Uribe conoció al joven mapuche años antes del supuesto despojo, cuando prestaba servicios en una comisaría con jurisdicción sobre el barrio donde vive la familia Colhuan Nahuel. “Era revoltoso”, aseguró. Sin embargo, no tiene antecedentes policiales, señaló Laura Taffetani, de la defensa.
El eterno retorno
“Cuando nos toca a nosotros no pasa nada. Somos reemplazables”, dijo Siris algo exaltado, o sobreactuando porque la justicia actúa a un ritmo diferente en resguardo “de la gente de plata”. También pasó a retiro el año pasado. Ahora “gano más como mecánico”. El 26 de mayo a la tarde estaba a cargo de la guardia en la comisaría 42 y acudió al llamado de emergencia de su amigo y colega. Estacionó el vehículo en otro predio en conflicto, “La cristalina”, de Diego Frutos, a quien aseguró no conocer. Aseguró cruzar en la ruta a Colhuan manejando un vehículo, cuyos datos pidió confirmar por comunicación policial. A pesar de tener vidrios polarizados, dio precisiones sobre la ropa del conductor. En el juicio no se acreditó que Colhuan tuviera ningún vehículo registrado a su nombre, ni siquiera que supiera manejar. Tampoco alguna cámara de seguridad de la zona aportó documentación objetiva sobre ese supuesto movimiento. “Trabajo en la construcción. No he podido comprarme ni bicicleta”, reiteró Colhuan en su testimonio. Además, Gustavo Franquet, codefensor, señaló cambios en la versión de Siris sobre el auto fantasma.
Este testigo también conoció de antes al acusado, de un supuesto encontronazo ocurrido en otro de los predios en conflicto, sobre la ruta nacional 40. “Lo vi clarito. Le reconocí la voz”. Agregó que conoce como operan “los mapuche de la RAM, sus manuales...”, panfleto que interrumpió Vidal.
El 17 de junio de 2010 a la tarde nadie recordaba el partido del mundial de fútbol en Bariloche que se había jugado a media mañana. A la madrugada, una patrulla de la policía provincial ejecutó de un disparo en la nuca a Diego Bonefoi, de 15 años. La gente de los barrios populares se despegó de los televisores, incendió la comisaría del policía homicida y ganó las calles bajo la nevisca. Siris tomó su guardia en la Brigada de Investigaciones y fue a prestar servicio en la represión de la pueblada. Fue la persona de confianza en uno de los movimientos más curiosos del dispositivo represivo, por el que fue condenada la cúpula de la policía rionegrina por los crímenes de otros dos jóvenes, al menos 14 heridos y decenas de detenciones durante tres días.
Durante la represión, Francisco Patricio Aballay, en ese momento oficial principal en la Oficina de Operaciones de la Comisaría 2° del Centro Cívico, pidió a Siris, de la Brigada de Investigaciones de la Regional, que retirara munición prestada a la empresa de seguridad privada Prosegur. En octubre de 2018, en el juicio oral y público a la cúpula policial, Siris confirmó que él retiró tres cajas de municiones de plomo en una bolsa, préstamo que no quedó documentado en la empresa.
Después, Aballay participó del espionaje ilegal durante una asamblea antiminera en Bariloche y tenía un puesto de responsabilidad en la comisaría donde se produjo la desaparición del oficial Muñoz. Se retiró en 2018 y se radicó en Jáchal, San Juan, donde se recicló como dirigente de los proveedores de servicios a las empresas mineras. Por su parte, Siris pasó a retiro el año pasado, según relató.
Quiebres
Uribe y Siris dieron cuenta de un submundo de la policía rionegrina que tiene capacidad de imbricarse con otros procesos –como la criminalización del reclamo territorial del pueblo mapuche–, con objetivos propios en diálogo y negociación con el poder judicial local, las fuerzas federales y las caras visibles del conflicto. En definitiva, los elencos de la comisaría 42 de Bariloche son actores en el control territorial, con agenda propia solapada.
El reciente juicio mostró que se buscaba la condena del mapuche de turno, no establecer la verdad sobre el incendio intencional de la cabaña, al punto que Taffetani consideró que no se respetó ni lo más elemental del derecho penal clásico. En este caso, la historia oficial la escribieron lxs fiscales federales Oscar Fernando Arrigo, Matías Nicolini y Claudia Fresini.
En estos seis años, no sólo cambiaron gobernadores y Presidentes, sino también la posición de los cuadros técnicos y políticos del Ministerio de Seguridad de la provincia alcanzados por el crimen de Elías Garay, de la lof Quemquentreu, perpetrado por dos sicarios en noviembre de 2021. La policía se prestó para abrir legajos a la medida de las necesidades del Ministerio Público Fiscal, pero hasta su fiscal jefa Betiana Cendón quedó bajo la lupa por irregularidades. Protegida, pero bajo la lupa. La doctrina criminalizadora de Patricia Bullrich es un amplísimo paraguas protector que no alcanza a explicar todo, tal como se vio en el juicio condenatorio contra Juan Pablo, hermano de la machi Betiana, autoridad espiritual de la Lof expulsada del territorio.
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