¿Se les viene la noche?

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha extralimitado dictando un fallo por fuera de las facultades que le otorga la Constitución Nacional, violando entre otros su artículo 1, ingresando en un abuso de competencia, transgrediendo la división de poderes de nuestro orden normativo jurídico.

Ha dictado un fallo opinando sobre cuestiones ajenas a su competencia, sin consultar ni a organismos internacionales (como la Organización Mundial de la Salud) ni nacionales. Frente a una catástrofe global pública y notoria, no pidió opinión a los especialistas e investigadores de prestigio que posee el país, ni siquiera a su propio Cuerpo Médico Forense, poniendo en duda la virtualidad de provocar nuevos contagios y muertes –como efectivamente ocurrió– con la disparatada sentencia que dispuso la presencialidad en las escuelas porteñas de docentes, auxiliares, directivos, alumnos y padres. Todo ello mientras ellos mismos y todo el Poder Judicial nacional se encuentran refugiados en sus domicilios asistiendo a sus labores en forma virtual, constituyendo ello la posibilidad de incursión en distintas figuras delictivas típicas, que deberá investigar la Justicia penal, tal como lo solicitamos en el pedido de juicio político.

La insensata y temeraria aventura jurídica, claramente orientada a apoyar la zigzagueante política electoral de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con vistas a disputar en 2023 la candidatura presidencial, se constituyó llanamente en un cúmulo de disparates jurídicos sin precedentes, o en todo caso como continuidad de otros aunque sin la potencialidad maliciosa y maligna de provocar tal estrago sanitario como en este caso.

Para llegar a tal intolerable disruptivo jurídico debió quebrar una serie de otros parámetros que constituyen la esencia de la propia y pacífica jurisprudencia vigente. Aunque no son parte de los considerandos del pedido de juicio político presentado, no resultan desdeñables el tratamiento dado a la autonomía municipal –sede del gobierno federal adquirido recientemente hace un cuarto de siglo– frente a la de las provincias, que resultan ser anteriores incluso a la conformación del Estado nacional.

Resignificar “la autonomía” como símil de “independencia”, desconociendo los atributos y poderes del gobierno nacional en un estado federal republicano y democrático, arrogándose la facultad de incumplir un Decreto de Necesidad y Urgencia presidencial y una ley del Congreso, frente a una terrorífica pandemia, deja abierta la posibilidad a cualquier Estado provincial de recorrer el mismo camino. Por ejemplo, hipotéticamente la “legalidad” de desoír y resistir una declaración de guerra frente a un conflicto militar que agrediera o atentara contra la integridad territorial y la vida de les argentines.

Una osada pretensión de reformatear a la Argentina en un conglomerado balcanizado de pequeñas comarcas y tribus autónomas e independientes, sujetas al capricho de cada uno de los caciques o caudillos locales. Es la ruptura lisa y llana del orden jurídico constitucional y una regresión a estadíos coloniales y pre-constituyentes. Es retrotraernos a una discusión saldada ya hace dos siglos.

Dictó su fallo sin receptar los considerandos del gobierno nacional, sin opinión de cuerpos científicos e incluso lo hizo en forma abstracta, cuando el DNU ya no se encontraba vigente, tal la proclividad a deslindarse del tratamiento tardío de miles de causas por esta misma justificación.

El propio Rodríguez Larreta había aceptado las atribuciones presidenciales durante todo 2020. No cuestionó su constitucionalidad y aceptó las restricciones establecidas para salvaguardar la salud de la población, pero volvió sobre sus pasos condenado al fracaso por la “teoría de los actos propios” que los cortesanos también desdeñaron. Inmediatamente al inaudito fallo partidario y corporativo de la Corte, el alcalde volvió a allanarse y aceptar las restricciones sanitarias del gobierno nacional. Un verdadero mamarracho jurídico y político. Tampoco estos cortesanos son de convicciones muy firmes. Así como son tan permeables a las presiones y directivas del poder real, de igual manera “arrugan” frente a la presión e indignación popular, como demostraron en el intento antijurídico del “caso Muiña”, más conocido como 2x1, donde luego de su escandaloso fallo para dejar en libertad a genocidas condenados y frente a gigantescas movilizaciones en todas las plazas del país, retrocedieron bochornosa y patéticamente reformando su propio decisorio.

Claramente nuestro país no puede estar encabezado por un Poder Judicial como estos funcionarios. Ello sin señalar sus resoluciones de clara afectación a nuestra soberanía e independencia económica y financiera. La defensa de los derechos humanos forma parte de nuestra genética institucional a partir de 1984 y este logro atraviesa transversalmente todas las condiciones sociales, económicas y diversidades ideológicas y políticas democráticas de nuestra sociedad. La Corte Suprema no lo puede soslayar, dejando caer en un estado de anomia por inacción a las miles de causas pendientes sobre violaciones a los derechos humanos.

No es la primera intervención –o la falta de ella– de esta misma Corte que hace pertinente su juicio político, con los mecanismos que la propia Constitución establece para restablecer el orden jurídico y el estado de derecho.

“Ya nos hizo varias”, diría Mauricio Macri (a la sociedad y al pueblo argentino) en épocas que espiaba, presionaba, y extorsionaba a todos y cada uno de los miembros de la magistratura que no acataran las directivas que surgían desde el seno de una ilegal “mesa judicial”, con su participación y la del propio funcionario que hacía de ministro de justicia. En la picota cayeron desde la procuradora general de la Nación, con amenazas y extorsiones a su persona y a su familia, camaristas y jueces destacados que lo habían juzgado a él o condenaban sus negocios familiares fraudulentos o se negaban a condenar a opositores. A juezas y jueces federales, a jueces laborales por sus fallos favorables a los trabajadores, logrando en la mayoría de los casos sus renuncias, jubilaciones o cambios intempestivos e ilegales de fueros, dejándole el espacio a otros colocados sin concursos, en forma ilegal e ilegítima desde otros fueros y jurisdicciones, todo ello con el silencio y la inacción cómplice de la Corte Suprema, cabeza y máxima instancia institucional del Poder Judicial.

Desde su propio vicio de origen, habiendo pretendido nombrar a dos de sus miembros, extractados del propio bufet de sus funcionarios y corporaciones, ingresados “por la ventana”, “a dedo”, por propia voluntad presidencial, sin compulsa ni concurso alguno.

Esta extraordinaria e inaudita falta de legalidad no sólo comprende y compromete a los dos elegidos por el consejero presidencial Pepín Rodríguez Simón y propuestos tanto a Macri como a la “mesa judicial”, sino a los otros tres cortesanos, que nada dijeron ni se opusieron a tamaña ilegalidad. No pueden hacer cumplir la Constitución quienes la violaron groseramente a la luz pública en forma manifiesta y contumaz. Todo ello es público y notorio y no necesita probanza alguna.

Estos cinco individuos han arrastrado a todo el Poder Judicial de la Nación a niveles inéditos de desprestigio, que se ubican desde hace años por arriba del 80%, medido aún por sus propias fuentes, empujando a esa cloaca a dignos y éticos jueces, fiscales y funcionarios. Es necesario aplicar los remedios constitucionales para volver a la República, tan pregonada y mancillada por los propios autores de estas felonías.

Es la magnífica oportunidad que tiene esa parte sana del Poder Judicial de reaccionar y acompañar y/o impulsar tales medidas legales correctivas.

La pérdida y falta de prestigio, el permanente descrédito y burla de los judiciables de esta “corte de manga”, “suprema a la maryland”, esta “corte y una quebrada”, “corte, papel y tijera”, es sólo responsabilidad de sus propios miembros. Sus incestuosos orígenes, sus silencios cómplices, las resoluciones complacientes con el status quo que contrarían a las leyes, junto a los amanuenses internos, apoyados todos por el fantástico aparato comunicacional de los medios hegemónicos, son los culpables. Deben dar un paso al costado para poder reconstruir democráticamente las instituciones de la República.

Haber cobijado al siniestro “juez pistolero”, signo sublime del no-derecho, a imagen y semejanza del patrocinado con bombos y platillos, el perverso y oscuro Sergio Moro de los armados persecutorios brasileños, recibido por esta Corte como un superhéroe del “nuevo derecho” de la falta de pruebas y de las “íntimas convicciones”, ha llevado al país a los sótanos de la democracia.

Paradigma del que “hacía de juez” nada menos que para encarcelar al dos veces Presidente constitucional, con pruebas y testigos falsos, tal como lo reconoció y resolvió el máximo tribunal federal del vecino país.

Mantener en funciones a fiscales comprometidos e investigados con abusos de autoridad, espionajes, cohechos, extorsiones con total impunidad, rememora los tiempos dictatoriales y copia sus mismas metodologías. Habilitar la persecución penal con fotocopias de cuadernos que no existen o jamás se presentaron como pruebas para sus pericias; con “arrepentidos” sin sustentos probatorios pero con beneficios prontuariales y patrimoniales comprobables, destruye el derecho constitucional de defensa y lo reemplaza por una venganza inquisitorial destinada a crear odio social, estigmatizando y flagelando al adversario.

Entre muchos otros –al igual que Lula– a quien fuera dos veces Presidenta constitucional de la Argentina y actual Vicepresidenta, sometiéndola al escarnio público de llamarla a ocho (¡¡8!!) pedidos de indagatoria simultáneas, al mismo tiempo que cajonea una docena de distintos recursos extraordinarios que hacen a su defensa, todo bajo su dirección institucional.

Sin embargo , en tiempo récord y “por gravedad institucional” se avocó al recurso de amparo promovido por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli , rechazado en primera instancia, para que sean confirmados en el lugar que les habilitó Macri desde la mesa judicial de los pepinos, aunque “no tenían la misma competencia funcional “(Elena Highton de Nolasco). Con el insistente voto en disidencia de Carlos Rosenkrantz de que “gozan de garantía constitucional e inamovilidad”, terminaron aceptando esta ilegítima posición “hasta tanto sean reemplazados por el procedimiento constitucional del nombramiento de los jueces”, conscientes de su sinrazón jurídica, habilitándolos a seguir fallando en contra de las leyes y los principios generales del derecho.

También fue el caso cuando le impidieron continuar con su tratamiento médico en el exterior al digno ex canciller Héctor Timerman, bajándolo del avión en Ezeiza –en connivencia con el Departamento de Estado que los USA–, lo que a la postre le provocó la muerte. Acusado espuriamente de causas armadas por el oficialismo macrista en el llamado “memorándum”, hoy a punto de ser archivada por ellos mismos por falta de delito, aunque ahora con un daño fatal irrecuperable.

Esta “corte y confección” de causas armadas, guionadas pública e impúdicamente por el embajador norteamericano, con sus explícitos consejos a los cortesanos en la propia embajada, junto a otros individuos que hacen de jueces en el marco de una política continental de lawfare, instrumentada por los mismos sectores económicos e ideológicos que antes recurrían a la manu militari con el terrorismo de Estado para sojuzgar a pueblos y sociedades.

Estos paladines del no-derecho, con sus socios del club de paddle incluidos, no merecen seguir usufructuando de sus millonarias poltronas no sólo por ser irrespetuosos del Estado de derecho y la Constitución sino por indignos, contrarios al interés público y serviles a los poderes concentrados.

No hay República sin división de poderes. No hay país soberano sin justicia. No hay seguridad jurídica en manos de individuos sospechados de delitos, sin la elemental confianza pública a los que sentencian sobre sus patrimonios, el honor, la salud, su libertad y sus vidas.

El inmenso rechazo que produce la composición de esta Corte Suprema está demostrado por la fulminante interpelación, evidenciada en el entusiasta apoyo y adhesión de más de 25.000 firmas colectadas espontáneamente, sin aparatos propagandísticos, en forma transversal, sin adscripción partidaria de ninguna especie. Todo ello mientras se aguarda la demorada reforma judicial integral, que espera ansiosamente toda la ciudadanía sana de nuestro país, comprometida con el desarrollo de una sociedad justa y soberana.

¿Se les viene la noche? Muchos preguntan sobre las mayorías necesarias y la viabilidad de la aprobación en las Cámaras legislativas del presente juicio político. Contesto que cada uno debe hacer su parte. Sabemos por anticipado que sectores del arco opositor vienen rechazando todos y cada uno de los proyectos legislativos –de cualquier especie– y de las decisiones ejecutivas mucho antes de conocer sus contenidos, oponiéndose especulativa y electoralmente a toda mejora colectiva.

Nosotros, profesionales del derecho, en la creencia que se encuentran suficientemente reunidos los requisitos fácticos y jurídicos para tratar el mal desempeño de los miembros de la Corte Suprema y pedir su remoción, estamos haciendo lo que nos corresponde.

Les miles de argentines, en un hecho inédito con un fulminante movimiento, han acompañado este planteo y así lo consideran. También han hecho democráticamente lo que tenían que hacer.

Ahora aguardamos la decisión y el pronunciamiento de los órganos legales de la Constitución, de los diputados y senadores elegidos por el pueblo, que tienen que dar su opinión y tomar la decisión correspondiente. Si no lo hicieran Dios y la Patria se los demande.

Que así sea.

Será Justicia.

 

 

* Eduardo Schiel es abogado, escritor, ensayista, ex integrante de la Conadep, autor del libro Nunca Más Ni Nunca Menos.

** Desde este link se puede adherir al pedido de juicio político a miembros de la Corte Suprema, impulsado por Lucila Larrandart, Eduardo Barcesat, Luis Kon, Raúl Zaffaroni, Carlos Rozanski, Eduardo Tavani, José Di Lorenzo y Eduardo Schiel.

 

 

 

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