Sigo sin comprender

La única solución al problema jujeño es o debe ser la intervención federal a la provincia

 

Días hace que afirmé no comprender el juicio político —impeachment— americano del norte para destituir al Presidente Trump. Mi incomprensión se refería a la discusión acerca de ciertas operaciones con Ucrania y Rusia del ungido Presidente en las últimas elecciones de los EE.UU. frente a su potencial rival político en los próximos comicios. En todo caso, esas operaciones parecen una prohibición o mal desempeño de menor gravedad frente al asesinato, dirigido hacia una persona pero con consecuencias igualmente dañinas para otras (resultados eufemísticamente llamados “daños colaterales”), justificado sólo por posibilidad de hallarse ante un enemigo futuro, delitos gravísimos contra la vida humana que el mismo Presidente confesó haber ordenado a sus súbditos, quienes cumplieron la orden al pie de la letra.

Hoy pasa algo similar en nuestro país. Al parecer, el partido predominante en el Parlamento y gobernante de la Nación parece haber advertido —¡por fin!— que la única solución al problema jujeño de la Túpac Amaru, que pasa centralmente por la prisión de Milagro Sala y sus colaboradores, ya prisioneros por un término medio de cuatro años, es o debe ser la intervención federal a la provincia. Lo curioso del caso reside en que alguien hizo pública una conversación privada del presidente actual del Tribunal Superior de Justicia, en la cual él admitía la injerencia y presión del gobernador para el encarcelamiento de los prisioneros, deseo que los órganos judiciales competentes habían correspondido, y expresaba su propia opinión acerca de que ya debía ser viable cesar con ese ataque a la libertad de presos, bien llamados políticos.

Con total prescindencia del debate jurídico acerca de si es posible constitucionalmente la intervención federal a un solo poder de un estado provincial —CN, artículos 5 y 6, y 75, inc. 31—, en este caso el Poder Judicial de la provincia de Jujuy, lo curioso del caso está representado por el hecho de que ello deja de lado la intervención federal al Ejecutivo y eventualmente al Legislativo, cuando resulta claro —en la versión del propio presidente del Tribunal Superior de la Provincia— que el autor de la falta de independencia judicial —en verdad falta de libertad de decisión de jueces y funcionarios del Poder Judicial— es el Ejecutivo —el propio gobernador—, con cierto auxilio parcial del Parlamento provincial. ¡Cosa de locos! Se intervendría al perjudicado en su independencia o libertad, algo comprensible tratándose de jueces y magistrados que se dejan presionar en sus decisiones, y no a quien provoca la falta de libertad o independencia.

 

 

 

 

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