Sísifo

Una revisión histórica de la inflación y el desempleo en la Argentina

 

La Argentina atraviesa un escenario de aceleración inflacionaria inédito en las últimas tres décadas. La presión sobre el índice de precios es simétrica a la escasez de divisas en el Banco Central. La definición de país “bimonetario”, en el que el peso funciona como una moneda para las transacciones y el dólar como una reserva de valor —en la que se valúan los patrimonios de las empresas y los ahorros de los individuos—, define que cualquier desequilibrio en el sector externo inmediatamente impacta en los precios internos de la economía, pues todos los agentes económicos intentan ajustar sus beneficios y sus ingresos al alza del dólar provocada por el desequilibrio mencionado.

Esta correlación directa entre el dólar y los precios internos, impropia de la diversidad productiva y de la disponibilidad de recursos vigente en la Argentina, se ha ido agudizando con los sucesivos ciclos de endeudamiento público y con la salida privada de capitales ocurridos en la historia reciente (1978-1981, 1996-2001, 2016-2019).

Un Estado recurrentemente quebrado por una deuda improductiva y la formación de activos privados en el exterior que se apropian de ese flujo de divisas conforman el factor decisivo de los péndulos de crecimiento, deuda y crisis, y nuevamente volver a empezar, como el mito de Sísifo.

En el presente, y con claridad desde la crisis de 2018-2019 (amortiguada por el monumental préstamo que el FMI otorgó al gobierno de Macri), la Argentina se desliza hacia episodios de aceleración cambiaria e inflacionaria, provocados por el desequilibrio de las cuentas externas que genera la deuda pública con financistas privados y con el propio Fondo.

El gobierno de Alberto Fernández intentó evitar las gravosas consecuencias del desbalance provocado por los créditos contraídos durante la administración de Macri, pero estuvo muy lejos de aplicar políticas que resolvieran el problema y le otorgaran consistencia al balance de pagos, desperdiciando las siguientes oportunidades:

  1. No atesoró reservas internacionales con la oferta de divisas proveniente del superávit de la balanza comercial, que en el trienio 2020-2022 fue de 34.000 millones de dólares. Tampoco aprovechó el desembolso sin condicionalidades efectuado en la pandemia por el FMI de 4.200 millones de dólares. El excedente de dólares en ese lapso alcanzó un total de 38.200 millones de dólares, pero las reservas internacionales se redujeron en 300 millones de dólares.
  2. Se aceleró en plena pandemia la reestructuración de deuda con el sector privado, reconociendo un valor presente de los nuevos bonos (57 dólares por cada 100 dólares emitidos), superior al vigente en el mercado (40 dólares por cada 100 dólares en el mercado). Además, no se gestionó una quita relevante y no se produjo un efecto favorable para el ingreso de dólares financieros, dado que el riesgo país, a pesar del canje de bonos, se duplicó (de 1.000 pb a 2.000 pb).
  3. El acuerdo con el FMI estableció condicionalidades impropias para las debilidades de otorgamiento que este presentaba. Es un acuerdo que subordina la política económica nacional a generar excedentes para el pago sin contemplar el devenir propio de una economía como la argentina.

Este recorrido sobre los factores que debilitan la solvencia del sector externo y que necesariamente impactan en el régimen de precios argentino tiene por objetivo crear un marco que explique la presente aceleración inflacionaria.

La estabilización de las variables económicas depende entonces de un sector externo robusto oferente de divisas que se acumulen en el Banco Central. La política fiscal y monetaria tiene capacidad de incidir en la estabilización, en tanto se parta del sector externo.

En este contexto electoral, se abre un debate entre los candidatos sobre el programa necesario para reducir, e inclusive erradicar, definitivamente la inflación. Todas las ideas esbozadas por los postulantes de la derecha conservadora remiten a la experiencia de los ‘90 conocida como régimen de convertibilidad, durante el cual, a lo largo de una década (1991-2001), el valor del dólar se igualó al peso en una unidad (1 dólar = 1 peso). La paridad fija se estableció por ley.

Javier Milei, si bien ahora ha relativizado el planteo inicial, arrancó planteando la supresión definitiva del peso y su reemplazo por el dólar, en un esquema conocido como “dolarización”. Al igual que en la convertibilidad —pero ya de forma irreversible, porque no existen experiencias en la historia económica que revelen que un país abandonó su moneda y luego volvió a ella—, la dolarización implica que la actividad económica de la Argentina dependerá exclusivamente de la oferta de divisas, habida cuenta de que la enorme mayoría de sus oferentes son agentes económicos privados y, consecuentemente, tendrán la capacidad de moldear el esquema productivo del país conforme a sus intereses. Bullrich ha expresado un sendero de fijación del tipo de cambio con las reservas en el marco de un mercado libre en un sistema muy similar al de la convertibilidad.

En ambos casos, la estabilización se da por el sector externo, pero con un régimen cambiario que suprime completamente la autonomía de la actividad productiva nacional respecto de la oferta de divisas, habida cuenta de que el sector privado oferente es el primario-financiero. En definitiva, los dueños de los recursos naturales (agro, minería y energía), con mentalidad extractivista, y los fondos de inversión tenedores de deuda pública argentina en dólares, conformarán (no sin tensiones) el bloque empresarial que manejará la economía nacional. Estos modelos de estabilización quitan al Estado la capacidad de enfrentar una crisis global, dado que no pueden proteger la economía interna porque no administran el valor del dólar, con lo cual un shock externo golpea de lleno al país.

La segunda limitante, asociada a la primera, radica en la incapacidad de utilizar la política monetaria y fiscal para atenuar los ciclos negativos de la actividad.

Por último, y relacionado con lo anterior, en los modelos que proponen Milei y Bullrich, una política de ingresos redistributiva en favor de los asalariados, es inviable. En síntesis, la estabilización de la economía desde el sector externo, a partir de fijar a largo plazo el valor del dólar por cualquier instrumento, y quitarle al Estado la capacidad para administrar el tipo de cambio, deja inerme al país frente al devenir de la economía internacional y congela la distribución del ingreso existente al momento de aplicar el régimen.

Los ejemplos históricos aportados por la convertibilidad son elocuentes. El tipo de cambio fijo en el tiempo planchó los precios, pero —desde su entrada en vigencia— comenzó a crecer exponencialmente el desempleo. En efecto, la convertibilidad se inició en abril de 1991 y para octubre de 1994, el desempleo ya había trepado al 12 %. El segundo elemento grave es que se desvinculó la creación de empleo en la Argentina respecto de la tasa de crecimiento económico.

En los mejores años de la convertibilidad, 1991-1994, la tasa de crecimiento promedio anual superó el 6 %, sin embargo, el desempleo trepó del 7 % al 12 %.

La gravedad de este esquema económico se vio en toda su dimensión en la segunda mitad de la década del ‘90, dado que en 1995 se produjo el golpe de una crisis internacional comenzada en México, que se propagó a Brasil y a la Argentina con fuerte salida de capitales. En tanto la Argentina no podía mover su tipo de cambio para amortiguar los efectos internos de la crisis, sostener el régimen de paridad fija implicó que el desempleo alcanzara el 18,6 %, creciendo un 50 % por sobre el ya elevado nivel de 1994.

En las elecciones presidenciales de 1995, el pueblo argentino se vio entrampado en una discusión parecida a la actual, en la que el temor a la hiperinflación, vivida recientemente en el año 1989, determinó que se votara por sostener la estabilidad de precios sin priorizar la creación de empleo. La economía volvió a crecer en el trienio 1996-1998 a una tasa promedio anual del 3 %, pero el desempleo se sostuvo en torno al 14 %, ratificando que la convertibilidad era un modelo que divorciaba el crecimiento económico de la creación de empleo por primera vez en la historia argentina.

El rechazo electoral a este régimen y la incapacidad de los gobernantes electos para resolver este cuadro de situación desembocaron en la catástrofe del 2001, cuyos determinantes ya estaban vigentes desde mucho antes.

Este recorrido histórico sirve para fundamentar que cualquier plan anti-inflacionario que suponga estabilizar el sector externo congelando el valor del dólar sólo puede desembocar en la configuración de un modelo económico con elevado desempleo. La convertibilidad determinó que la Argentina tuviera el ciclo más largo de desempleo de dos dígitos de toda su historia, doce años consecutivos entre 1994 y el 2006, algo que no había ocurrido ni siquiera en la crisis de 1930. Es muy peligroso alcanzar la estabilización de precios a costa del sistema productivo.

En cambio, la política que viene llevando adelante Sergio Massa, en procura de fortalecer el sector externo, pero preservando actividad y empleo, es un tránsito hacia un escenario de mayor holgura de divisas en el año 2024, que permita estabilizar precios con una economía creciendo y un desempleo bajo.

Es real la necesidad de acumular dólares en el Banco Central como mecanismo de estabilidad. Pero eso no es antagónico con una economía industrial y un régimen de pleno empleo. Definir hasta dónde se puede poner en marcha un modelo productivo con autonomía de su sector externo es un trabajo diario y sereno como el que viene llevando adelante el actual equipo económico. El año que viene, con un excedente de balanza comercial que según las estimaciones superará los 18.000 millones de dólares, este tipo de esfuerzo se verá decisivamente robustecido.

 

 

 

 

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