En las últimas semanas, la política argentina ha sido testigo de una escalada retórica sin precedentes desde 1983. El Poder Ejecutivo ha comenzado a emplear categorías de extrema gravedad para calificar a sectores de la sociedad civil que manifiestan su disidencia. Durante una reciente intervención en el programa televisivo conducido por Luis Majul en la señal de LN+, el Presidente Javier Milei dio un paso cualitativo en su discurso de confrontación al calificar directamente como terroristas a ciudadanos argentinos que desempeñan roles fundamentales en la vida democrática, tales como estudiantes, docentes, investigadores y periodistas.
El mandatario argumentó que estos sectores estarían aplicando una suerte de “estrategia de Gramsci 2.0”, infiltrándose en las casas de altos estudios y en los medios de comunicación para socavar las bases de la República. Esta caracterización, que tilda de “terroristas disfrazados” a quienes ejercen la crítica o el pensamiento académico, no representa simplemente un exabrupto temperamental, sino que parece ser la traducción local de un paradigma de seguridad nacional diseñado en el extranjero.
Esta narrativa doméstica es el correlato directo de la participación de la delegación argentina en la “Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político”, celebrada en Washington los días 16 y 17 de julio. El canciller Pablo Quirno, enviado por Milei, actuó como uno de los oradores en este encuentro organizado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, bajo el liderazgo de Marco Rubio. Durante la cumbre, Rubio sostuvo que la doctrina antiterrorista estadounidense había mantenido durante demasiado tiempo un “punto ciego” respecto a lo que denominó la “extrema izquierda armada”. En un discurso que evocó de manera explícita la retórica de la Guerra Fría, el funcionario norteamericano utilizó ejemplos de organizaciones del pasado, como Montoneros en la Argentina, los Tupamaros en Uruguay o Sendero Luminoso en Perú, para justificar la necesidad de reconstruir una “arquitectura antiterrorista” coordinada entre las naciones aliadas.
El compromiso asumido por Quirno en Washington implica que la Argentina se prepara para actuar de forma mancomunada en materia de intercambio de inteligencia y el mapeo de estas supuestas “nuevas amenazas”. Según las declaraciones del propio canciller, nuestro país está listo para liderar una lucha contra lo que definió como un fenómeno que busca erosionar los cimientos de las sociedades libres a través del miedo.
Sin embargo, la falta de precisión respecto a qué grupos específicos constituirían hoy una amenaza terrorista en la región genera una profunda preocupación en organismos de derechos humanos y sectores académicos, quienes advierten sobre la posible criminalización de la protesta social bajo estas etiquetas imprecisas. El alineamiento de la administración Milei con este discurso parece buscar la legitimación de medidas de excepción y la aplicación de protocolos de vigilancia que recuerdan a las épocas más oscuras del Cono Sur, cuando las fronteras ideológicas primaban sobre las garantías constitucionales de los ciudadanos.
Las revelaciones del Plan de Inteligencia Nacional
La vinculación entre la retórica presidencial y las previsiones del aparato de inteligencia estatal quedó expuesta inicialmente el 25 de mayo de 2025, cuando el periodista Hugo Alconada Mon reveló en el diario La Nación el contenido del nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN). Este documento secreto de 170 páginas, aprobado por la cúpula de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) —entonces bajo la dirección de Sergio Neiffert—, fijaba los lineamientos estratégicos que regirían el funcionamiento del Sistema de Inteligencia en la Argentina. Si bien el plan mencionaba prioridades tradicionales, también abría una puerta ilegal para el espionaje interno sobre actores que cuestionan al gobierno nacional, facultando a la SIDE a investigar a quienes buscaran “erosionar” la confianza de la opinión pública respecto de los funcionarios de seguridad o las políticas económicas.
Tras las fuertes críticas políticas y sociales que generó la revelación del texto, el gobierno se vio obligado a realizar una reescritura del mismo. Según informó nuevamente Alconada Mon en marzo de este año, la Casa Rosada envió al Congreso una versión corregida del PIN que eliminó los pasajes más controvertidos. En esta nueva versión, se suprimieron o reformularon aquellas definiciones ambiguas que permitían colocar bajo la órbita de inteligencia a quienes pudieran “distorsionar” la percepción social o afectar procesos “cognitivos” de la población. Estas correcciones, introducidas antes de la designación de Cristian Auguadra como nuevo titular de la SIDE, buscaron circunscribir la vigilancia a acciones de origen extranjero y evitar mayores conflictos legales.
Sin embargo, a pesar de estas modificaciones formales remitidas a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, el espíritu de persecución y espionaje interno parece seguir dominando las políticas gubernamentales. La decisión de “suavizar” el PIN contrasta con la vigencia del decreto 941/2025, que amplió las facultades de la SIDE permitiendo el cruce masivo de datos personales y, de manera alarmante, la posibilidad de realizar detenciones sin orden judicial. Esta contradicción sugiere que las correcciones en el papel no han alterado la voluntad política de fondo: tal como se desprende de los recientes dichos del Presidente sobre “terroristas disfrazados”, el criterio de vigilancia sobre el enemigo ideológico interno permanece intacto, independientemente de los retoques del documento estratégico.
El PIN original ya exhibía una genuflexión total ante los intereses de potencias extranjeras, fijando como prioridad absoluta el vínculo con Estados Unidos e Israel. El documento explicitaba que cualquier circunstancia que limitara o condicionara estos lazos bilaterales debía ser considerada una necesidad de inteligencia de primer orden. De este modo, la seguridad nacional argentina dejaba de basarse en un diagnóstico autónomo de sus propios intereses para convertirse en una correa de transmisión de las agendas diseñadas en Washington.
Esta subordinación se traduce internamente en una “libertad vigilada”, donde la aplicación de la categoría “terrorismo” es objeto de un estiramiento conceptual que permite abarcar desde la conflictividad social hasta las demandas legítimas de comunidades indígenas. La reciente creación del Centro Nacional Antiterrorista (CNA), bajo las instrucciones del FBI, es la cristalización institucional de esta matriz que prioriza el alineamiento irrestricto con los Estados Unidos y la identificación de enemigos ideológicos internos por sobre las garantías constitucionales.
Desmontando la “teoría del loco”
Frente a la virulencia de las declaraciones presidenciales, algunos sectores de la oposición han intentado explicar la conducta de Javier Milei a través de la denominada “teoría del loco” o el “delirio persecutorio”. Sin embargo, esta tendencia a la patologización de los líderes puede llegar a invisibilizar la verdadera dimensión política de sus acciones. Como bien ha reflejado el periodista Carlos Pagni, las expresiones de Milei no parecen responder a una paranoia fortuita, sino que cumplen cabalmente con lo que Donald Trump espera de él en el marco de lo que en estas páginas hemos definido reiteradamente como una política de “occidentalización dogmática”.
Este comportamiento es el resultado de una racionalidad intrínseca vinculada a la supervivencia financiera y política del gobierno libertario. El Presidente argentino ha decidido actuar como el agente principal de los intereses de Trump en América Latina, buscando conformar una entente de mandatarios de derecha que sirvan de apoyo a la denominada “doctrina Donroe”. Esta versión radicalizada de la doctrina Monroe interpreta el principio “América para los americanos” como una justificación para la intervención directa de Washington en los procesos electorales y en la seguridad interna de la región. En este contexto, un reciente posteo en X del Departamento de Estado estadounidense reivindicando como nunca antes la Doctrina Monroe, y las expresiones del embajador de ese país en Panamá en el video que acompaña a dicha publicación, han reforzado abiertamente el objetivo de una “reconquista” de activos estratégicos frente a la influencia de potencias rivales como la República Popular China.
Los insultos a otros líderes regionales, como el Presidente brasileño Lula da Silva, no son exabruptos aislados, sino ataques quirúrgicos destinados a desestabilizar a gobiernos que no se alinean con la visión de la Casa Blanca. No hay aquí una falta de estrategia ni “teorías del loco” o delirios persecutorios. Se trata, antes bien, de una apuesta consciente por el conflicto permanente apoyada en el respaldo económico y diplomático que Trump ofrece a cambio de esta lealtad irrestricta. En definitiva, Milei no está actuando fuera de sus cabales, sino que está ejecutando una partitura fijada desde los centros de poder dominados por la extrema derecha estadounidense.
Crisis diplomáticas y daños autoinfligidos
El alineamiento dogmático con Washington ha acarreado costos severos para la política exterior argentina, manifestándose en una sucesión de crisis profundas con nuestros principales socios comerciales. Con respecto a Brasil, los reiterados improperios de Milei hacia Lula, a quien calificó de “corrupto” y “basura socialista” en territorio paulista el pasado 25 de julio, han llevado la relación bilateral al peor choque diplomático en décadas. Esta conducta motivó que Brasil retirara de manera indefinida a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y rebajara el nivel de la relación diplomática bilateral a la categoría de encargado de negocios. La agresión contra las instituciones brasileñas, incluyendo ataques directos al juez Alexandre de Moraes, demuestra un desprecio absoluto por la importancia estratégica de Brasil, ignorando que se trata de nuestro principal socio comercial.
En el frente asiático, la situación es igualmente crítica debido a las presiones de Estados Unidos para que la Argentina erradique la influencia china. Recientemente, bajo el injerencismo del embajador Peter Lamelas, trascendió que funcionarios de la embajada estadounidense advirtieron a los directivos de la cooperativa neuquina CALF sobre la posible revocación de sus visas de ingreso a los Estados Unidos si concretaban un acuerdo de cooperación tecnológica con la firma Huawei en Vaca Muerta. La respuesta de Beijing, emitida el 5 de agosto, fue contundente: la embajada china acusó a Washington de obstaculizar “de forma descarada” y “arbitraria” la cooperación comercial, denunciando que se ha generalizado de manera abusiva el concepto de seguridad nacional para impedir vínculos legítimos entre empresas. A esto se suma que —una semana después— el gobierno de Milei reeditó una “cláusula anti-China” en el proceso de licitación de la obra eléctrica AMBA I, siguiendo el antecedente de los pliegos de la Vía Navegable Troncal (VNT) y de ciertas concesiones viales. En este contexto, debe recordarse también la parálisis de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, que en su momento provocó que la firma china Gezhouba abandonara el país.
Otro ejemplo simbólico de la imprudencia y el antirrealismo de la política exterior argentina fue la visita de streamers y youtubers libertarios, sin ninguna formación de relevancia en los asuntos internacionales, vinculados a la Fundación Faro y al entorno de Santiago Caputo, a Taiwán, donde se fotografiaron con el líder del Partido Progresista Democrático (PPD), Lai Ching-te y aprovecharon para hacer turismo. Este acercamiento a una unidad política no reconocida por la Argentina contradice el histórico “principio de una sola China”, sostenido desde 1949, reconocido de forma pública en 2002 y profundizado en 2010, momento en el que se hizo referencia expresa no solo al principio sino a la “política de una sola China”.
Estas posturas afectan directamente a la causa Malvinas. Históricamente, Beijing ha desempeñado un rol fundamental como aliado estratégico en los organismos multilaterales, manifestando un apoyo inquebrantable al reclamo de soberanía argentino en el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas. Al afectar este vínculo mediante provocaciones ideológicas, la administración actual no solo pone en riesgo la asistencia financiera y la relación con nuestro segundo socio comercial, sino que debilita la posición argentina en la ONU frente a la ocupación británica.
El “terrorismo argento” y los documentos de Estados Unidos
Un análisis exhaustivo de documentos clave que rigen la seguridad nacional de los Estados Unidos revela una profunda contradicción con la alarma antiterrorista que el gobierno de Milei agita contra sus propios ciudadanos. La revisión de cuatro piezas liminares de la inteligencia y defensa estadounidense (emitidas en el periodo 2025-2026) revela la inexistencia de mención alguna al “terrorismo argentino” en dichos documentos estratégicos.
En primer lugar, la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 (NSS) aborda el Hemisferio Occidental focalizándose en la convergencia entre organizaciones criminales y tácticas terroristas, bajo el marco del “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe. Su interés central radica en la neutralización de carteles y organizaciones criminales transnacionales que operan principalmente en áreas periféricas y fronterizas. Sin embargo, la Argentina brilla por su ausencia, ya que no es identificada como una fuente de preocupación en materia de terrorismo para los Estados Unidos.
En segundo lugar, la Estrategia de Defensa Nacional 2026 (NDS) profundiza en la dimensión militar de la lucha contra lo que denomina “narcoterrorismo”, vinculando directamente el tráfico de drogas con el estatus de organización terrorista extranjera (FTO). El Departamento de Guerra menciona operaciones militares como Southern Spear, destinadas a degradar a estas supuestas organizaciones en toda América. No obstante, al igual que en la NSS, no se registran menciones específicas a la Argentina en relación con estas amenazas.
En tercer lugar, la Estrategia de Contraterrorismo de Estados Unidos 2026 (USCT) resulta ser el documento más explícito sobre las tipologías de terrorismo en la región. Clasifica a los “Narcoterroristas y Pandillas Transnacionales” como una de las categorías principales de amenaza y vincula directamente a actores estatales con estas actividades. En este sentido, define al gobierno de Venezuela como un supuesto nexo entre el narcoterrorismo y el patrocinio estatal de Irán y Hezbolá. El documento no contiene referencia alguna a la sospecha de actividades terroristas en la Argentina.
Finalmente, la Evaluación Anual de Amenazas 2026 de la Comunidad de Inteligencia (ATA) analiza las dinámicas de grupos específicos como el Tren de Aragua y la MS-13 (Mara Salvatrucha). Los organismos de inteligencia de Washington advierten que el conflicto en Gaza habría sido explotado por hipotéticos actores alineados con Irán, incluidos Hamas y Hezbolá, para incitar actos de violencia en el hemisferio. El reporte no hace ninguna referencia explícita a la Argentina como un escenario de amenaza terrorista activa.
En resumidas cuentas, mientras Milei utiliza la categoría “terrorismo político” para perseguir internamente a sectores académicos y sociales, los propios organismos de Washington sitúan las amenazas en focos de conflicto ajenos a la dinámica nacional. La Argentina no es vista por los Estados Unidos como un territorio de terrorismo, sino como un actor subordinado que debe hacer los deberes en lo relativo a desplazar la influencia china en la región. Por lo tanto, la mención presidencial a “terroristas disfrazados de estudiantes” carece de sustento en los diagnósticos de seguridad nacional e inteligencia de los Estados Unidos, revelando que el uso de estas etiquetas es una herramienta de disciplinamiento social interno sin correlato en el tablero estratégico de Washington.
Reflexión final
El análisis de la información desplegada en esta nota sugiere, como hemos venido sosteniendo desde hace meses, que la Argentina ha ingresado en una fase de vulnerabilidad extrema, mediada por una “occidentalización dogmática” que antepone la ideología a una sólida apreciación estratégica. La decisión del Poder Ejecutivo de calificar como terroristas a ciudadanos que ejercen la crítica, la docencia o el periodismo es una maniobra destinada a legitimar la persecución interna bajo el pretexto de un alineamiento irrestricto con la administración de Donald Trump. Sin embargo, como se ha señalado, esta narrativa de urgencia no encuentra respaldo en los propios documentos estratégicos de los Estados Unidos, que no identifican ninguna amenaza terrorista en nuestro país.
El gobierno de Milei justifica la restricción de derechos y la expansión del espionaje interno basándose en un diagnóstico de “terrorismo político de extrema izquierda” que su propio aliado estratégico no registra en sus mapas de riesgo para la Argentina. Las correcciones formales al Plan de Inteligencia Nacional 2025 resultan ser una concesión táctica que no altera la vocación de control social, la cual se ve reforzada por decretos que otorgan facultades extraordinarias de detención y vigilancia masiva. Este alineamiento automático ha tenido, además, un costo tangible en la renuncia a la autonomía soberana y en el deterioro de las relaciones con nuestros principales socios comerciales, debilitando incluso el reclamo histórico por las Islas Malvinas.
La democracia argentina no puede permitir que las políticas estratégicas de defensa, seguridad, inteligencia y relaciones exteriores se conviertan en una coartada para criminalizar el pensamiento crítico. El uso de la categoría “terrorismo” para disciplinar la conflictividad social desvirtúa las funciones del Estado y deja a la Nación a merced de una arquitectura represiva sin precedentes desde la recuperación de la democracia. Es fundamental retornar al realismo y a la prudencia, garantizando que estas áreas estratégicas del Estado sean instrumentos de protección de los ciudadanos y no herramientas de persecución ideológica al servicio de dogmas personales o intereses foráneos.
* Luciano Anzelini es doctor en Ciencias Sociales (UBA) y profesor de Relaciones Internacionales (UBA-UNSAM-UNQ-UTDT).
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