Turbulencias sobre El Manso

El Estado de Río Negro, garante de los intereses privados

 

Lento y en silencio, aparecen visiblemente entrelazados en Río Negro el conflicto por el libre acceso por caminos públicos a la costa y el lago Escondido, el destino del único parque natural provincial y el fraccionamiento de tierras rurales para residencias y servicios al turismo VIP en el paraje El Manso en la zona andina, a escasos kilómetros de la frontera internacional con Chile.

La última semana fracasó una audiencia judicial de conciliación de partes para garantizar el acceso terrestre al lago Escondido, bloqueado por Hidden Lake S.A. –propiedad de Joseph Lewis– y un grupo de pobladores vecinos aliados a la estrategia de Tavistock Group en la Argentina, con el consentimiento total y sistemático de todos los gobiernos provinciales desde 1994 hasta el presente. Hace 17 años que Magdalena Odarda, por entonces legisladora rionegrina, interpuso –con el acompañamiento de numerosas organizaciones ambientalistas y de derechos humanos– un amparo que tiene sentencia firme y favorable para habilitar en forma permanente dos caminos de acceso al lago. Después de años de impugnaciones y amenazas a jueces y funcionarios judiciales por parte del entorno de Lewis, se conformó la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Bariloche, que ahora resolverá si hace efectiva (o no) la sentencia de 2013 que dio plazo de un par de meses al Estado rionegrino para que a través de la empresa vial pública local (VIARSE) garantice los dos caminos, uno de traza corta por el este y otra más larga por el oeste.

 

Magdalena Odarda hace declaraciones el día de la audiencia.

 

 

Esa Cámara convocó a la audiencia que el miércoles pasado se realizó en Bariloche, con concentraciones simultáneas en Viedma y en General Roca por parte de sectores que reclaman el libre acceso al Escondido. Pocos días antes, el grupo empresario Lago Escondido lanzó una campaña pública que da como hecho consumado su propuesta de un tercer camino de acceso, diferente a los dos indicados en la sentencia del juez Marcelo Cuellar de febrero de 2013. Ese acceso por el norte, desde el paraje El Manso, no sería un camino vecinal, sino una senda muy restrictiva: se podría usar solamente en verano por la alta acumulación de nieve en sectores de montaña, sólo podrían hacerlo personas preparadas físicamente y, sobre todo, vulneraría un espacio intangible que permanece hasta ahora intacto. La vía de Lewis dañaría el corredor del huemul (ciervo endémico protegido) y un relicto de alerces (especie nativa del bosque andino-patagónico, también protegida) para acceder a un mirador rocoso que cae en picada al lago.

 

 

 

 

 

De concretarse, la apertura de esa senda de trekking en el Parque Azul habilitaría todo un movimiento (material y político) que necesariamente reconfigurará el uso del espacio rural donde en los últimos años se aceleró un fraccionamiento silencioso de la tierra, a la par del ingreso de capitales árabes en el establecimiento La María. Ya se comercializa un glampling en El Manso, propuesta de turismo VIP que en su momento promocionó el ex Presidente Mauricio Macri desde Londres. A la vez, una de las familias que poseen tierras próximas a la frontera fue fortalecida al acceder al título de propiedad privada después de décadas de ocupación como fiscaleros. Con vasta experiencia en servicios al turismo y con inserción local sólida, puede constituirse en un fuerte actor que renueve las alianzas locales para un modelo elitista de mercantilización de la naturaleza.

 

 

 

La audiencia

Odarda primero inició un amparo que está firme por fallo del Superior Tribunal de Justicia de 2009. Después interpuso otro recurso para que se haga efectivo el fallo del juez Cuellar que ordenó habilitar los caminos. En ese segundo legajo, se hizo la audiencia ante la Cámara que preside Marcela Pájaro e integra también Federico Emiliano Corsiglia. Por la Fiscalía de Estado, asistieron Juan Ángel Garciarena y Laura Irene Lorenzo, quienes dijeron que para la provincia no es prioritaria la apertura de caminos, repitiendo el anuncio público de la gobernadora Arabela Carreras. Por Hidden Lake, estuvieron José Luis Ariel Bianco, Santiago García Mira y Pablo Javier González. Luis María Terán Frías participó como apoderado de los pobladores particulares que se oponen a la servidumbre de paso de Tacuifí por los predios que ocupan.

En marzo de 2013, el gobernador Alberto Weretilneck firmó un acuerdo con Nicolás Bernardo van Ditmar, presidente del directorio de Hidden Lake, para impulsar esa tercera vía de acceso por El Manso. Requiere al menos siete horas de caminata con pernocte obligatorio en el Parque Azul, sector de máxima protección, a diferencia del Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido (ANPRALE), ubicada más al sur. En 2013, el juez Cuellar hizo una inspección ocular y esa alternativa quedó rechazada. Aun así, la empresa y los pobladores aliados volvieron a insistir con esa propuesta, tanto en la campaña pública como en la conciliación que fracasó. Weretilneck ahora es senador nacional y no se ha pronunciado al respecto.

En febrero de este año, Lewis arribó al país poco antes de la última Marcha por la Soberanía, organizada por distintos sectores que intentan acceder al Escondido, lo que pudimos confirmar semanas después, cuando recibió a un operador financiero saudí. El 6 de febrero, una patota de entre 30 y 50 personas con el rostro cubierto impidió el final de la marcha y efectuó disparos con arma de fuego durante un acampe junto al lago Soberanía, en tierras públicas bajo jurisdicción de ANPRALE. La presencia de Lewis y la identificación de van Ditmar dando órdenes a la patota llevaron a la actual gobernadora a romper un silencio de años. Primero, reconoció conflictos por no poder usar costas y caminos. Después, el Presidente Alberto Fernández hizo pública su posición de zanjar la cuestión y comprometió recursos para hacerlo. Entonces Carreras dijo que no es prioridad hacer caminos al Escondido. Se deduce que es su modo, indirecto, de abonar y propiciar la opción del acuerdo de 2013 que plantea que los gastos para su implementación correrían por cuenta del capital privado. Son 13 kilómetros de recorrido, de los cuales los últimos 730 metros están en propiedad de Hidden Lake sobre un mirador sin acceso a la playa, según la copia del acuerdo incorporado en el expediente.

 

 

Odarda, en su condición de amparista, participó de la audiencia con el patrocinio de Juan Ernesto Montecino Odarda y Juan Martín Palumbo. Rechazó nuevamente la vía por El Manso, por numerosas razones. Algunas legales, ya que supone violar un paquete de leyes ambientales vigentes.

 

 

Todos los caminos

Las vías de acceso en debate son tres. Las dos primera convalidadas por el Poder Judicial, la tercera sólo por el Ejecutivo.

El primero es el camino Tacuifí, el más corto y de mejor acceso, tanto en vehículo como a pie: son 30 kilómetros de tierra sobre la antigua servidumbre de paso y requiere unos 40 minutos en auto, accediéndose desde ruta asfaltada. El segundo es el sendero de montaña habilitado por ANPRALE, que ingresa desde el sur. Es el que no pudo terminar la última Marcha por la Soberanía.

La tercera vía parece más corta. “El Parque Provincial Azul al día no presenta asentamientos humanos ni uso ganadero. Se mantiene prístino como pocos sitios naturales pueden verse actualmente dentro del extenso territorio de la provincia de Río Negro. La construcción de un sendero que atraviese este sitio natural singular ocasionará impactos ambientales irreversibles”, advirtió Odarda ante la Cámara en lo Civil. Ese parque no cuenta con un plan de manejo, ya que el estudio técnico contratado y coordinado por la bióloga Valeria Ojeda en 2018 jamás fue tratado por la Legislatura provincial. Los documentos técnicos publicados en su momento en la página web de la provincia ya no están disponibles.

 

 

Los tres caminos.

 

 

La amparista aseguró que la descripción del sendero es imprecisa. No incluyó detalle de puntos GPS, lo que dificulta ubicarlo con exactitud, tanto en un mapa como en el mismo territorio por parte de quienes lo conocen en forma directa. Además, la trayectoria fue descripta por un grupo que lo recorrió a caballo y no a pie, lo que implica importantes diferencias en la estimación de tiempo y exigencias del camino.

El sendero publicitado por la empresa tiene pendientes muy fuertes. Se inicia a los 450 metros sobre el nivel del mar y a mitad del recorrido total trepa a los 1.450 metros. De allí desciende a los 800 metros sobre la costa norte del Escondido, según analizó Javier Grosso, geógrafo docente de la Universidad Nacional del Comahue, para esta nota. Por su parte, Odarda añadió que “el desnivel a superar en la primera mitad del recorrido es de unos 1.000 metros en 6 kilómetros, un desnivel muy poco usual en los senderos de montaña de la Patagonia, lo que lo hace a su vez impracticable para la mayoría de los caminantes”. La amparista explicó que “los fuertes vientos por encima de la línea del bosque pueden superar los 100 km/h y el frío con temperaturas que pueden descender hasta -20ºC o más aún” y cuestionó que “de esta manera, no sólo se restringe fuertemente la posibilidad de todos a acceder por la dificultad del sendero. También por el clima, se limita a tan sólo tres meses al año”.

La apertura de ese sendero no sólo protegería la intimidad de las inmediaciones de la residencia principal. A la vez, incorporaría al mercado del turismo VIP un área de altisímo valor medioambiental, que por ahora no está explotándose. El desgaste de la vía judicial puede ser preparatorio de condiciones políticas para violar la ley nacional de Presupuestos Mínimos de Bosque Nativos, ya que ese sendero de 13 kilómetros requiere talar especies nativas en zona categorizada como “Roja”, de máxima protección.

El Manso, otra pieza del TEG del despojo.

 

 

 

 

 

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