Un marco regulatorio para la ciencia
El Plan Nacional de Ciencia y Tecnología es ley
Luego de los mejores doce años para el sector de ciencia, tecnología e innovación (CTI) en la historia de nuestro país, el gobierno de Macri operó una devastación profunda del sector en todas sus dimensiones: desfinanciamiento escalonado con subejecución, degradación de las instituciones y desmantelamiento de proyectos estratégicos [1].
En este escenario, entre 2016 y 2017, fue abandonado el Plan Argentina Innovadora 2020, que había entrado en vigencia en 2012, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT), creado en noviembre de 2007, se fue al descenso como Secretaría en septiembre de 2018.
Con el inicio de la actual gestión de gobierno en diciembre de 2019, se volvió a crear el MINCyT, y desde su Secretaría de Planeamiento y Políticas pusimos en marcha el proceso de planificación para cumplir con la Ley 25.467, sancionada en 2001, que establece que la Argentina debe tener Plan Nacional de CTI.
Partimos de los siguientes postulados para la construcción de las agendas de producción de conocimiento: el Estado como garante de derechos, coordinador de la inversión pública y privada; el desarrollo productivo y socio-ambiental sostenible; respuesta a las demandas del cambio estructural para garantizar inclusión, equidad, creación de empleo digno y valor agregado incremental; y agendas específicas para el desarrollo territorial orientado a reducir asimetrías y potenciar capacidades productivas locales, y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Un Plan Federal de Convergencia y Concertaciones Sectoriales
Con estas premisas, se avanzó en un proceso de planificación a escala nacional guiado por la convergencia y la concertación. Se convocó a participar a actores colectivos del mundo del conocimiento, del trabajo y de la producción. Además de los sectores de CTI de las 23 provincias y CABA, y los ministerios que demandan agendas de I+D —Desarrollo Social, Salud, Agricultura, Transporte, Defensa, Ambiente y Desarrollo Sostenible, las secretarías de Desarrollo Productivo, de Energía y de Innovación Pública—, una lista no exhaustiva de las organizaciones que participaron en la elaboración del Plan incluye: el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT); el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT); el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); la Red de Vinculadores Tecnológicos de las Universidades Nacionales; la CGT y las dos CTA; el INAES; la UIA, ADIMRA y la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN); la UTEP; la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular (RITEP); el Instituto para la Producción Popular (IPP); la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias, donde se congregan más de 30 sociedades y asociaciones de CTI. Con el cierre a cargo del Presidente de la Nación en ambos eventos, el Plan se presentó en el Consejo Económico y Social, y se realizó una jornada de consulta y discusión en el Centro Cultural Kirchner, en noviembre de 2021, con la participación de más de 1.200 científicxs y tecnólogxs. También se realizaron diez jornadas similares en todo el país y se presentó y discutió el Plan en el VIII Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia en marzo de 2022.
El núcleo fundamental del Plan está integrado por las Agendas Estratégicas que definen 10 grandes desafíos nacionales enfocados en la generación de conocimiento y tecnologías para acompañar y potenciar las políticas de desarrollo social, salud, educación, industria, agro, energía, minería, transporte, comunicación, ambiente, defensa, mares argentinos e infraestructura. Frente a temas globales sensibles que pueden significar para la Argentina una ventana de oportunidad —como alimentos y biomateriales, minerales y tecnologías para la transición energética o la economía del conocimiento—, este Plan supone un sendero de evolución hacia un desarrollo con sostenibilidad socioambiental y grados crecientes de autonomía.
Con igual nivel de relevancia, se definen 24 Agendas Estratégicas Territoriales, que surgen de un trabajo colaborativo con los sectores de CTI de las 23 provincias y CABA. Las asimetrías socioeconómicas y los desequilibrios estructurales entre las regiones de nuestro país se proyectan en una concentración en unas pocas ciudades y provincias de las capacidades científicas y tecnológicas [2].
En este sentido, entendemos que estas Agendas son un aporte central de este Plan: cada provincia definió las demandas de conocimiento y tecnologías que deben acompañar a los planes de desarrollo provincial. Este paso genera la condición de posibilidad para trabajar en planes estratégicos provinciales alineados con el Plan nacional —algunas provincias ya han dado, o están dando, este paso— y en agendas de escala regional y de cadenas de valor trans-provinciales.
Estas agendas provinciales no sólo inician un sendero de evolución superador de la percepción (fundada) de una actitud de “padrinazgo” centralista en la distribución de la inversión y la definición de acciones y metas, sino que también modifica la propia noción de federalización de las actividades de CTI. Mientras que la noción dominante supone un alto grado de autorregulación del sector de CTI por debajo del radar de los poderes ejecutivos provinciales, estas nuevas agendas impulsan el gradual fortalecimiento de las capacidades de gestión de la CTI de los poderes ejecutivos provinciales y su liderazgo en la definición de las políticas, estrategias y acciones para las actividades de I+D de su jurisdicción.
Los 10 Grandes Desafíos Nacionales y las 24 Agendas Estratégicas Territoriales están acompañados por las Agendas Transversales y de Cambio Institucional, donde se considera la promoción general del conocimiento; la aplicación de tecnologías transversales —como nanotecnología y TIC—; la demanda de las ciencias sociales y humanas; la sostenibilidad; la incorporación de la perspectiva de género, y la formación intensiva de recursos humanos en todos los rangos de formación, desde técnicxs hasta doctorxs, desde la capacitación en el puesto de trabajo hasta la inclusión digital.
El Plan enfatiza la promoción de una cultura científica y tecnológica ciudadana, que promueve la interpelación y participación en cuestiones como los conflictos ambientales y la percepción social del riesgo del uso de tecnologías, la exigencia de la licencia social, las audiencias públicas, las consultas a las poblaciones, libres e informadas, y las políticas de comunicación pública. Con respecto a los senderos de transición hacia la sustentabilidad, se debe avanzar en metodologías participativas de toma de decisiones y diseño de políticas.
Finalmente, las iniciativas de internacionalización del sector asumen un capitalismo global que atraviesa crisis múltiples —financiera, climática, sanitaria, energética—, que plantean desafíos geopolíticos y geoeconómicos de enorme complejidad, que demandan a la Argentina y la región la capacidad de desarrollar respuestas nacionales y regionales. En esta dirección, el Plan se orienta a un enfoque de colaboración regional y apuesta a la tendencia global hacia un mundo multipolar. En este punto, es clave mencionar el Programa Raíces, transformado en política de Estado en 2008, que permite, además de impulsar iniciativas de repatriación, trabajar con 15 redes de científicxs y tecnólogxs argentinxs en distintos lugares del planeta. Estas redes también fueron actores colectivos fundamentales en el proceso de elaboración del Plan.
En conjunto, el Plan promueve una concepción integral de la soberanía como dimensión sistémica, que asume al conocimiento científico y tecnológico como activo estratégico para fortalecer la soberanía territorial, marítima y antártica, y que se integra a categorías como soberanía alimentaria, sanitaria y energética; así como a variables más específicas, como la consideración de la extensión de la soberanía territorial al espacio exterior cuando hablamos de la ocupación de las posiciones orbitales asignadas a la Argentina con satélites geoestacionarios nacionales. En síntesis, el papel central del conocimiento como dimensión constitutiva de un país soberano y su imbricación con las nociones de democracia y autonomía tecnológica también forman parte de los cimientos de este Plan.
En términos metodológicos, este Plan Nacional de CTI 2030 propone un proceso iterativo de revisiones trianuales, que garanticen la construcción de un sendero de aprendizajes colectivos y actualizaciones periódicas.
Epílogo: sendero parlamentario del Plan y el futuro
Finalizado el Plan, a comienzos de septiembre de 2022, con la convicción de que el estatus de ley aportará estabilidad —no importa quién gobierne desde diciembre de 2023— y nos acercará al anhelo ampliamente compartido de transformar la CTI en política de Estado, el ministro Daniel Filmus sometió a consideración del Congreso el Proyecto de Ley del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030.
A fines de octubre de 2022, sin contratiempos, el Plan recibió media sanción del Senado con 58 votos a favor y 1 en contra. Sin embargo, otra cosa ocurrió en la Cámara de Diputados, donde algunxs diputadxs y representantes de la fracción PRO de Cambiemos se dedicaron a obstaculizar la llegada del Plan a la instancia de votación en la Cámara de Diputadxs. Finalmente, con el apoyo decidido de diputadxs radicales, especialmente del presidente de la Comisión de CyT, Facundo Manes, el Plan llegó a la Cámara recién un año más tarde. Así, el miércoles 11 de octubre a las 5.40 am, con 158 votos afirmativos y 2 abstenciones, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 recibió la media sanción de la Cámara de Diputadxs y se transformó en ley.
Si tuviéramos que sintetizar los cuatro rasgos más originales y relevantes de este Plan, podríamos mencionar:
- La redefinición de la noción de federalización de las actividades de producción de conocimiento y tecnologías, que permite dar un salto cualitativo en el despliegue de estrategias y acciones territoriales específicas.
- A la conexión histórica entre CTI y producción, que pone el énfasis en estrategias de asociatividad público-privada, este Plan integra la dimensión del mundo del trabajo —incluida la economía social—, bajo el supuesto de que lxs trabajadorxs son sujetos activos en la producción de conocimiento.
- La centralidad de las ciencias sociales y las humanidades para el fortalecimiento de la democracia, el conocimiento de la estructura social y económica, la comprensión de las especificidades y complejidades de las regiones de nuestro país y los determinantes que deben superarse para hacer viable un proyecto de democracia.
- El conocimiento científico y tecnológico como activo estratégico para fortalecer una concepción integral de la soberanía como dimensión sistémica necesaria para avanzar en mayores niveles de inclusión, equidad y ampliación de derechos.
Mirando al futuro, algunas observaciones finales.
- Que un Plan de CTI logre estatus de ley es crucial también por la presente coyuntura electoral, donde un candidato a Presidente entrenado en la estrechísima rodaja predatoria de la especulación financiera no tiene idea qué cosa decir o hacer con la producción de conocimiento, y una candidata, que afirma que resolverá todos los problemas de la República exterminando adversarixs, que se niega a evocar nada que aluda a las actividades de CTI para mantener bajo la alfombra los estropicios que su jefe político infligió a este sector entre 2016-2019.
- La eficacia del Plan necesita revertir un problema crónico invisibilizado en los análisis de las debilidades de las actividades de CTI en Argentina: la baja inversión privada en I+D característica de la Argentina —especialmente, de aquellas empresas con importantes niveles de facturación—, relativa a la inversión privada en I+D en las economías centrales y emergentes [3]. El incremento de la inversión privada en I+D a niveles razonables, que presupone culturas empresarias dispuestas a asumir compromisos con un proyecto de democracia, mejoraría la formación de capacidades de gestión del cambio tecnológico, en productos y procesos, desarrollo de prototipos, plantas piloto y escalamiento y producción, así como en planes de negocio, estudios de mercado, comercialización de conocimiento, análisis de capacidades exportadoras y proyecciones prospectivas como eslabones necesarios de las políticas de CTI.
- En el contexto del punto anterior, cobra especial relevancia la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, de febrero de 2021, aprobada por unanimidad. Esta ley establece un incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a las actividades de CTI, hasta alcanzar el 1 % del PBI en 2032. Este incremento programado de la inversión pública debe ser un incentivo para multiplicar las iniciativas de asociatividad público-privadas y mejorar gradualmente la inversión privada en I+D y en innovación.
En esta misma dirección, también fue un paso importante la sanción de la Ley 27.506 del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, de octubre de 2020, que surgió de un debate intenso y se propone traccionar la inversión privada en I+D e innovación, así como la actualización de la Ley 27.685 de Promoción de Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología, de septiembre de 2022, y la Ley 27.669 para el Desarrollo de la Industria del Cannabis Medicinal y el Cáñamo Industrial, de mayo de 2022. Estas leyes establecen un marco normativo que fortalece la eficacia del Plan.
Finalmente, una apreciación subjetiva de quien escribe: en diciembre de 2019 se descentralizó la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, iniciativa incomprensible desde una mirada estratégica. La experiencia de estos años enseña que es necesario que este organismo de financiamiento vuelva a alinearse a los procesos de toma de decisiones del MINCyT.
Sólo con políticas de CTI y capacidades de gestión estratégica del conocimiento sofisticadas y coordinadas, nuestro país podrá capturar las enormes oportunidades que se abren en el futuro inmediato y avanzar en mayores estándares de inclusión, equidad, trabajo digno, sostenibilidad socioambiental, aumento de la complejidad organizacional y tecnológica de la estructura productiva, y valor agregado creciente en las empresas nacionales.
[1] Hurtado, D. 2019. “Ciencia y tecnología para un proyecto de país centrado en la producción y el trabajo”. García Delgado, D. y Ruiz del Ferrier, C. (eds.), Pensamiento estratégico de un tiempo de oportunidad. En torno al rumbo. Buenos Aires: FLACSO, pp. 127-140.
[2] Para los detalles de cada provincia, ver: https://www.argentina.gob.ar/ciencia/indicadorescti/provincias
[3] Para el perfil de la I+D del sector empresario, ver la Encuesta de I+D sobre el sector empresario argentino, MINCyT. Un análisis de esta cuestión se trató en: Hurtado, D. 2023. “Vocación de volver a ser Potosí”, El Cohete a la Luna, 28 de mayo.
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