Un país dependiente y sin futuro

La deuda externa y el gobierno que sucederá a Cambiemos

 

Los españoles en plena época de la conquista llamaban a estas tierras “los espacios vacíos”. En el norte argentino se criaban animales y se obtenían alimentos para los trabajadores de las minas de Potosí y del Perú. Nuestro país se independiza, a la par que Gran Bretaña, que estaba viviendo la primera revolución industrial, se plantea la subordinación de estas pampas como mero proveedor de alimentos y materias primas.

Rubén Lamas dice en su libro La cuestión rural [1]: “En épocas del Cabildo y la Revolución de Mayo, las vacas se criaban solas y se las cazaba, ya que aún no había llegado el tiempo del alambrado. Así, bajo esa modalidad pre-capitalista, el Cabildo otorgaba los permisos de vaquería, que consistía en grupos de jinetes montados a caballo que se aventuraban hacia el interior del territorio con la ayuda de baqueanos conocedores del terreno. No hacían falta trabajadores formales ni especializados; y los gauchos que se hallaban dispersos en la campaña ocasionalmente ayudaban en esa función. Ese origen lejano dejó raíces profundas en lo económico y cultural”

Lo describe idílicamente José Hernández en las primeras estrofas del Martín Fierro:

Yo he conocido esta tierra,

en que el paisano vivía

y su ranchito tenía

y sus hijos y mujer…

era una delicia el ver

cómo pasaba sus días.

Y con crudeza Jorge Luis Borges, cuando afirma:

Hijo de algún confín de la llanura,

abierta elemental casi secreta,

tiraba el firme lazo que sujeta,

al firme toro de cerviz oscura.

Se batió contra el indio

y con el godo,

murió en reyertas de baraja y taba,

dio su vida a la patria que ignoraba

y al perder lo fue perdiendo todo.

A ese hombre libre fue necesario conchabarlo como peón de campo en la primera unidad capitalista en estas tierras, la estancia.

Cuando Juan Manuel de Rosas ya era un importante hombre de campo, en 1815 durante el  gobierno del Director Supremo Ignacio Álvarez Thomas, un decreto contra la Vagancia sostuvo que: “Todo hombre de campo que no acreditara ante el juez de paz local tener propiedades, será reputado sirviente y queda obligado a llevar papeleta de su patrón. Igual transitar el territorio sin permiso del mismo juez”.

Con el ascenso de Rosas el gobierno pasó a ser ejercido directamente por la clase social de los estancieros. Las 367.000 hectáreas de Rosas serían trabajadas por una peonada en condición legal servil, atada a la tierra por la papeleta de conchabo y el Juez de Paz.

El conflicto ente Rosas y los comerciantes porteños surge porque el primero y su grupo estanciero saladeril exportaban principalmente tasajo para el consumo de los esclavos, mientras que la burguesía mercantil necesitaba intermediar con las importaciones extranjeras convirtiéndose en un apéndice de esa industria.

Ese país agrario siempre subsistió, aún cuando el primer peronismo le dio la impronta de un país industrial que buscaba sustituir importaciones, pero se seguía dependiendo de los ingresos por las exportaciones del campo. Es cierto que paulatinamente en el final de ese período (1945- 1974) se había avanzado mucho en la industrialización y en exportar Manufacturas de Origen Industrial.

En efecto, la Argentina en 1974 era el país más integrado de todo el continente americano, donde menos diferencia había entre la franja más rica de la población y la más pobre, gracias a una industria que sustituía importaciones y crecía mientras crecía el mercado interno, por lo que se beneficiaba con el aumento del número de trabajadores y su mejor paga. Es más, el modelo industrialización por sustitución de importaciones no solamente no estaba agotado, sino que en 1973-1974 a través de acuerdos comerciales internacionales, primero con la región y luego con Rusia y los países del este europeo e incluso con Cuba, había logrado vender bienes industriales, con lo cual incrementaba y mejoraba la composición de las exportaciones.

Las políticas fiscales, monetarias y cambiarias eran expansivas y funcionales a esos objetivos, tenían como contrapartida un proceso inflacionario porque la inversión siempre iba detrás del consumo, pero el crecimiento sostenido permitía incrementos salariales que compensaban en gran parte, los aumentos de los precios.

 

El objetivo económico de la dictadura militar

En su Carta abierta de un escritor a la Junta Militar (24 de marzo de 1977), Rodolfo Walsh asevera: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.  Y reflexiona que la política económica es  “dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o a Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S.Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete”.

 

Martínez de Hoz y Videla, la deuda ilegítima

 

Era necesario destruir la alianza de hecho entre los empresarios nacionales y los trabajadores, en que ambos crecían con el mercado interno. Por eso la dictadura militar impuso un modelo de valorización financiera del capital que destruyó el tejido industrial, al destruir la formación interna de cadenas de valor, atando a nuestras importaciones de imprescindibles insumos que no producimos o lo hacemos en forma insuficiente, con lo que la estructura económica argentina presenta ciertos enclaves competitivos y modernos, en el marco de estructuras degradadas y empobrecidas, donde el capital concentrado solo invierte para mantener su posición y hasta donde lo limite su capacidad instalada.

Es más, las grandes empresas locales que han permanecido lo han hecho con y por la apropiación de un mercado cautivo, y han destruido y destruyen eslabones internos de producción, imponiendo sus condiciones en el mercado nacional y usándolo de base para sus ventas e inversiones en el exterior.

Si bien los gobiernos denostados como populistas han convivido con esa trama productiva y distributiva, las administraciones neoliberales como las de Menem y la Alianza, y ahora el gobierno de Cambiemos, son funcionales al capital financiero internacional y limitan incluso a los enclaves industriales que sobrevivieron con la práctica de mercados cautivos, vía tasas de interés y competencia desigual (durante el mayor tiempo posible atrasan el tipo de cambio, hasta que la presión revierte fuertemente la situación; más la reducción sistemática de aranceles).

Cuando esa combinación de altas tasas de interés y bajo tipo de cambio se prolonga, el sistema eclosiona, porque los capitales financieros temen no poder repetir el proceso de carry trade y comienza el período de crisis por fuga de capitales, como ha pasado tantas veces en nuestro país. Entonces el gobierno trata de revertir el cuadro con una violenta depreciación de nuestra moneda que le permite a los fugadores de capital y al capital extranjero quedarse con las principales compañías por la mitad o menos de su valor real. Por ende crisis y fuga implican extranjerización del capital, esencialmente en los grandes resortes de un país, su producción energética, en las industrias de uso difundido (acero, aluminio, cemento, petroquímica, etc.) y en el comercio exterior (esencialmente granos y petróleo).

La propuesta de Cambiemos de volver a los mercados de capitales y atarse a la rueda del interés compuesto, como decía Scalabrini Ortiz, es funcional a la lógica del capital financiero internacional, y no comprende la esencia de la producción y distribución de bienes y servicios finales que conforma el PIB (Producto Bruto Interno), más para un país como el nuestro cuyas ventas se destinan en torno a las tres cuartas partes al mercado interno.

Esa misma lógica es la que hizo que los grandes bancos y fondos de inversión como el JP Morgan, Merrill Lynch, Stanley Morgan, Deutsche Bank, HSBC, entre otros, se fueran en masa desde el 25 de abril de 2018, por lo que el gobierno de Cambiemos debe acordar con el FMI. El capital financiero internacional y los Estados Unidos en particular pretenden que nuestro país sea para los mercados internacionales un mero proveedor de materias primas y alimentos, con la menor industrialización posible. Además se garantizan el pago de la deuda con activos, como las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, los yacimientos de Vaca Muerta (con YPF, Tecpetrol del Grupo Techint y la parte de los Bulgheroni en Pan American Energy incluidos), el litio, las reservas de agua potable, etc.

El gobierno de esta Argentina sobreendeudada, dependiente del FMI, no hace nada ante la desindustrialización y el cierre de establecimientos. Por el contrario, propicia tasas de interés confiscatorias del capital, que permite el enriquecimiento de unos pocos y provoca desocupación y marginalidad. Observa pasivamente cómo la suba de los precios merma el consumo interno. Acepta la dolarización de las tarifas energéticas incluidos combustibles, sabiendo que atraviesa transversalmente toda la economía del país.

Este gobierno que solo garantiza el cobro de los intereses de la deuda y que se puedan comprar las divisas sin límite para fugarlas, muestra su incompetencia y su condición servil a cada paso y va a una segura derrota electoral. De allí que el capital financiero internacional, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el mismo FMI busquen asegurar su reemplazo por otro gobierno que acepte y legitime la deuda y las irresponsabilidades de Cambiemos, sabiendo que la magnitud del daño y de la deuda no es fácil de levantar, como tampoco lo será volver a crear los puestos de trabajo y los saberes perdidos, las fábricas y talleres cerrados y los más de U$S 56.000 millones fugados desde que Cambiemos anunció el 16 de diciembre de 2015 que eliminaba el “cepo cambiario”.

Se van y dejan una hipoteca usurera que los argentinos de a pie no tenemos por qué asumir, contraída con el FMI y otros acreedores, que se empleó para que los ricos la fuguen.

 

Algunos pocos pueden reìr.

 

La controversia Grinspun – Canitrot

Nada enseña más que la historia y la experiencia, dice Maquiavelo.

En los estertores de la dictadura más sangrienta y asesina que asoló en nuestro país, en el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas se reunían los economistas afines al radicalismo alfonsinista, y allí se planteó una fuerte y central discusión entre Bernardo Grinspun y Adolfo Canitrot sobre cuál debería ser el eje de la política económica de ganarse las elecciones. Mientras Grinspun sostenía que había que incrementar la demanda interna para poner en funcionamiento la economía que venía en claro declive desde 1975, y que ese estímulo de la demanda debía provenir de aumentar los salarios y el número de trabajadores, Canitrot afirmaba que de esa manera la economía crecería, pero que al aumentar más las importaciones que el producto, se generaría el estrangulamiento del sector externo, por lo que se debía poner límites al consumo interno para tener menores importaciones y mayores exportaciones. (La idea de trasfondo era que siempre se debía tener un superávit comercial para pagar los servicios de la deuda externa heredada de la dictadura militar.)

Esa discusión la ganó Bernardo Grinspun, que logró que Alfonsín dijera en la campaña proselitista que íbamos a levantar las cortinas de las fábricas, a poner la economía de pie,  y que con la democracia se come, se educa y se cura. Pero la victoria ideológica y política se fue diluyendo de mayor a menor en 1984. El gobierno aumentó los salarios por decreto, concedió créditos blandos e impulsó por todos los medios la producción; sin embargo, la fuerte concentración económica y el objetivo de trasladarle la deuda externa al pueblo argentino hizo que los empresarios incrementaran más los precios que la oferta, de manera que en diciembre de ese año la inflación fue del 40% mensual.

Paralelamente los acreedores (bancos y organismos internacionales) y los deudores (grandes empresas locales y extranjeras que operaban en nuestro país) presionaban para que Alfonsín legitimara la deuda externa heredada. Grinspun quería investigar cómo se había generado y no pagar la parte espuria (en realidad casi toda la deuda lo era). A esto se sumó la presión personal del embajador Frank Ortiz, que hizo que en febrero de 1985 se aceptara la propuesta del equipo dirigido por Juan Sourrouille, con Adolfo Canitrot de segundo. Estos habían acordado con la Reserva Federal de los Estados Unidos, con los empresarios locales (fuertemente endeudados) y con los acreedores externos, que el Estado admitía toda la deuda legitimándola. A cambio ellos, los grandes endeudados, debían invertir para aumentar la dotación de capital, de máquinas y herramientas, de capacidad instalada y de puestos de trabajo en sus fábricas.

 

Alfonsín despidió a Grinspun y designó a Sourrouille

 

Por supuesto que los empresarios le dijeron que sí, y por supuesto que no cumplieron, produciéndose una brutal transferencia de recursos del pueblo argentino a favor de los grandes deudores, condicionando severamente el futuro del país.

El Presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, vino al país para asegurar la legitimación de la deuda. El 1º de julio de 1985, los Comunicados A-695, A-696, y A-697 del Banco Central reemplazaron aquellos títulos de deuda externa ilegìtima por “Obligaciones del Banco Central de la República Argentina”. La reducción de los pasivos externos del sector privado derivó, en la práctica, en la nacionalización de gran parte de esa deuda externa. La deuda externa del sector público, que era el 53% de la deuda total en 1980, se incrementó a 83 % en 1985. Paralelamente significó la licuación de la deuda externa privada a través de la aceptación de títulos de deuda externa como pago de redescuentos, on lending, y avales caídos. De esa manera, la deuda externa privada se va transformando en pública, que según sea la cotización del título público, implica la transferencia de deuda en contra del Estado Nacional.

El 18 de febrero de 1985 el ministro de economía Bernardo Grinspun echó al representante del FMI, el catalán Joaquín Ferrán, de su despacho (como años antes hizo el Presidente Arturo Illia con David Rockefeller, y antes aún Juan Perón con Spruille Braden). Pero al día siguiente, el presidente Alfonsín citó a almorzar a su amigo Grinspun y le pidió la renuncia. Fue el gobierno de Alfonsín el que aceptó cambiar toda la deuda por títulos nuevos firmados por las autoridades constitucionales, legitimándola. Así nos fue y así le fue a ese gobierno que tuvo que irse antes de terminar su mandato, con híper devaluación e híper inflación, con saqueo de supermercados y con la repulsa de la población.

Distinto fue el Gobierno de Néstor Kirchner, que en un marco de cesación de pagos (default) suspendió todos los compromisos y obligaciones, se tomó más de dos años para estudiar la deuda, la reestructuró con una fuerte quita, a la par que, con esa plata que no pagaba a los acreedores externos, aumentaba los salarios y las jubilaciones y pensiones por decreto y “desdolarizaba” las tarifas.

 

Nèstor Kirchner, con Alfonsìn: hay otro camino

 

Como escribió en El Cohete la profesora Mónica Peralta Ramos:

“La oposición a este gobierno y su plan de ajuste debe consensuar antes de las elecciones un plan de emergencia nacional que, repudiando la enorme deuda externa contraída y todos los condicionamientos que este gobierno ha fabricado, contenga un plan de desarrollo nacional con verdadera integración e inclusión. Este plan de emergencia nacional debe buscar la articulación de alianzas en el exterior que permitan aprovechar las oportunidades que pueda brindar un mundo cada vez más resquebrajado por conflictos entre países con intereses divergentes. El dólar y los recursos no renovables en vías de extinción constituyen los ejes en torno a los que giran los conflictos mundiales. En estas elecciones se juega entonces, algo más que la continuidad de un simple préstamo stand-by del FMI”.

 

[1] “La Cuestión Rural”  Dr. Rubén Lamas.  Editorial “La Chispa”
4 Comentarios
  1. julio González Esteves dice

    Comaglia genial!!! En verdad, un acto de justicia impostergable. Pero agregaría una quita, en concepto de daño. Y otra en concepto de intereses negativos, con igual espíritu que el del FMI, que se asegura los cobros de intereses de los prestamos mediante clausulas vergonzantes.

  2. María Beatriz Espinosa dice

    Me pareció un análisis clarísimo. Me aclara la cuestión de fondo con el alfonsinismo (en mi experiencia personal la democracia alfonsinista fue muy importante). Esta nota presenta un análisis que me parece clave para el futuro de los argentinos. La volveré a leer detenidamente más tarde. Gracias!

  3. Ricardo Alberto Comeglio dice

    No debemos cometer el error de cargar a los de afuera con el problema interno de malas políticas y pésimos políticos. No hay que decirles que no les vamos a pagar, sino que debemos nacionalizar todos los depósitos de ciudadanos argentinos que están en el extranjero hasta el monto total de la deuda externa y sólo para poner a esos fondos como garantía de pago de la misma deuda, otorgándoles a los organismos internacionales y fondos de inversión que tienen títulos de deuda argentinos, la legitimación de obtener dichos fondos de argentinos en el exterior a cambio de la acreencia que tengan con nuestro país.
    Mientras tanto se les otorga a los ciudadanos argentinos que pierden esos fondos a manos de los acreedores, un certificado de deuda soberana del Estado argentino que compensa esa pérdida en efectivo y esos certificados de deuda son garantizados con los recursos naturales que sean de soberanía nacional, impidiéndose bajo cualquier concepto la transferencia de esos certificados a personas, órganos o instituciones que no sean argentinas y hasta pudiendo ser declarados intransferibles, pero considerándoselos óptimos para ponerlos en garantía de créditos emitidos por entidades financieras de capital nacional o como garantía de cualquier operación comercial dentro del territorio argentino.
    Listo, pagamos la deuda externa con el dinero que los argentinos sacaron del país y no les sacamos el capital a sus titulares, sino que los cambiamos por certificados de deuda que cobrarán a futuro y luego de que el país tenga el crecimiento y desarrollo necesarios.
    Nadie confisca nada, nadie le saca patrimonio a nadie, nadie le niega a nadie el cobro de sus acreencias.
    Libre mercado, capitalismo y regulación estatal.
    Alguien se va a enojar. ¿A quien le importa? Primero la patria.
    ¿Se animarán a hacerlo o seguiremos siendo subdesarrollados y cipayos?

    1. Albertl dice

      No es mala idea…

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