Un pleno a la exportación

Incentivos fiscales y reducción de impuestos, como pide el FMI

 

“La gente que tiene hambre, tiene hambre hoy. No puede esperar hasta que las exportaciones derramen. No puede ser que la gente no coma porque primero hay que garantizar inversiones”. La reflexión, que pertenece a un ex colaborador del Frente de Todos, va de lleno a una problemática actual: la tensión entre alimentos a precios populares y accesibles y el rol de los exportadores y las empresas concentradas que contribuyen a la suba de precios.

Esa tensión no es la que abordaron Alberto Fernández y su gabinete económico en los últimos días. Más bien todo lo contrario: las diferentes señales fueron hacia los grandes sectores concentrados de la exportación.

Primero fue el anuncio de una mayor apertura para las exportaciones de carne a China, básicamente de la llamada vaca vieja que no tiene tanta incidencia en el consumo local. Pero a los dos días, el Presidente presentó en el Museo del Bicentenario un proyecto de ley elaborado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que no es más que la punta de un iceberg que abogará por la eliminación total de las retenciones, según las intenciones de los sectores involucrados.

Lo que se anunció el jueves pasado fue una pequeña fracción del proyecto original elaborado por la CAA y promocionado en su momento por el tándem Felipe Solá y Jorge Neme desde la Cancillería. El primero ya está afuera del gobierno, pero Neme fue nombrado vicejefe de Gabinete.

“Alberto critica a los monopolios y manda una ley hecha a la medida de ellos. Y Neme es parte de quienes hacen el lobby”, sintetiza un aliado del Frente de Todos.

Lo que se conoce hasta ahora es que se otorgarán beneficios fiscales, principalmente vinculados a una reducción del Impuesto a las Ganancias, a cambio de incrementar la producción en todos los cultivos. Pero el CAA ya está trabajando en la modificación u eliminación de las retenciones a las economías regionales. Para completar el programa original que idearon el año pasado, les bastaría avanzar sobre los derechos de exportación a los grandes cultivos como la soja, aceites y sus derivados.

“Si el salario mínimo vital y móvil creció un 100% desde diciembre de 2019, el precio del aceite lo hizo en un 250% y eso que somos fabricantes y exportadores absolutos de aceite”, graficó el dirigente de la Federación Agraria Pedro Peretti, quien cuestionó que el gobierno se siente a negociar exclusivamente con los sectores concentrados del agro.

Por ahora los derechos de exportación a la soja no se tocarán. Pero la posibilidad de hacerlo aparece en el radar de los exportadores. Si existe una única política redistributiva vigente, son los derechos de exportación a la oleaginosa.

La esencia del proyecto YPF Agro Sociedad Anónima –anunciado con la fallida expropiación de Vicentin– también buscaba convertirse en un instrumento para la redistribución de la riqueza. Algunos dirigentes del espacio oficial consideraban la iniciativa como un cruce virtuoso entre peronismo y ruralidad.

Los principales opositores de esta empresa testigo (además de algunas voluntades dentro de la petrolera que no querían desprenderse de esa unidad de negocios) fueron los integrantes del Consejo Agroindustrial, los mismos que ahora lograron meter su primer mojón con este proyecto de ley. Y preanuncian que van por más.

Todo deberá pasar por el Congreso, al igual que la promoción de las inversiones en hidrocarburos, temas que quedarán para después de las elecciones de noviembre. Lo mismo le sucederá al Presupuesto 2022.

“Así no pasa”, le advirtieron gobernadorxs y sindicatos a Máximo Kirchner sobre la ley de leyes. Para romper la inercia sobre la discusión del déficit fiscal y la cuestión macroeconómica, el bloque del Frente de Todos en Diputados convocó a una sesión extraordinaria a fin de “garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle de la Argentina”.

 

 

Vacas a China

Tal como adelantó la semana pasada este Cohete (véase La Vaca desatada), el gobierno habilitó una mayor exportación de carne a China. Serán aproximadamente 140.000 vacas conserva, sobre una faena estimada para todo el año de 13 millones de cabezas. Por eso el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, fue muy enfático al señalar que dicha apertura no debería impactar en los precios internos. Sobre todo porque dentro de los frigoríficos hay almacenadas 50.000 toneladas de carne sin vender.

Es decir, la apertura no es tan significativa sobre el volumen total de producción, sumado al stockeo de los frigoríficos. Sin embargo, la Mesa de Enlace, sus representantes y lobistas mediáticos vaticinan un incremento de precios. Es la tensión alimentos-exportación, a la cual nadie parece abocarse de manera estructural.

Por otro lado, Domínguez instruyó al Senasa a profundizar los controles sobre los frigoríficos, habida cuenta que en los últimos meses se detectaron casos en los que se declaraban exportaciones por cortes permitidos pero en los embarques mandaban carne que debía quedar para el mercado interno.

“Los hombres son buenos pero si se los controla son mejores”, decía Perón. Con el sector agropecuario concentrado, habría que extremar la máxima del General.

La Mesa de Enlace quiere la libre disponibilidad de las vacas, vaquillonas y terneros para exportar. El año pasado se colocaron en el exterior 620.000 toneladas (peso producto), lo que significó el 29% de la producción total. Los técnicos del INTA sostienen que cuando se supera el umbral del 24% de exportaciones por sobre el total, no hay precios ni stock que aguanten. El punto de equilibrio podría ser un nivel de ventas al exterior del 24% sobre el total producido. Así se lo informó Domínguez a los integrantes de la Mesa de Enlace con quienes mantuvo una reunión el martes pasado. Dos días después, los ruralistas pegaron el faltazo a la presentación del plan elaborado por el CAA, cónclave del que también son partes. Para las patronales agropecuarias, ese tope del 24% es “más intervencionismo”.

Entre la tensión alimentos a precios accesibles versus exportaciones, la Mesa de Enlace juega un pleno a lo segundo. Sumada a la especulación. Por eso, quizás, los grandes sojeros tenían sin vender –al 15 de septiembre– 26 millones de toneladas de soja, el 46% de la cosecha actual.

 

 

¿Y los monopolios para cuándo?

“El camino no es con los monopolios. Los que estuvieron sentados con el Presidente y la Vicepresidenta son los que aumentan los precios de los alimentos. Desde diciembre de 2019, el arroz aumentó el 200%, el aceite el 250% y la carne un 170%. Allí habría que buscar el porqué del resultado de las elecciones. No tenemos que hablarles a los petroleros o a los grupos mega concentrados. Fue interesante, a su vez, lo que dijo Alberto sobre los 500 millones de pesos que se destinarán a la agricultura familiar. Las organizaciones del sector lo fueron a ver a (el ex jefe de gabinete, Santiago) Cafiero doce veces para reglamentar la ley de reparación histórica de la agricultura familiar. Y todavía sigue guardada. Es por ahí, tenemos que desmonopolizar la producción de alimentos”, enfatizó Peretti.

“No hace falta que hagan la presentación, ya la leí”. Cristina Fernández de Kirchner fue la primera en escuchar en boca de José Carlos Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Roberto Domenech, de la Cámara de Empresas Avícolas (CEPA) y Gustavo Idígoras, de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), su propuesta para llevar las exportaciones agroindustriales hasta los 100.000 millones de dólares (actualmente estarían en 65.000 millones) y generar 700.000 nuevos puestos de trabajo (directos e indirectos).

Después, Alberto Fernández dio el visto bueno para conformar mesas de trabajo y avanzar en la iniciativa. “Esto no es urgente, esto es ya”, fue la respuesta del primer mandatario cuando escuchó la iniciativa, según relató a El Cohete el titular de la CIARA (véase Techint se va a la guerra).

El proyecto original del CAA incluía un fuerte capítulo sobre derechos de exportación: eliminación de derechos para todas las economías regionales; reducción gradual de impuestos a las exportaciones de productos agroindustriales y de grandes cultivos con miras a su eliminación (en diez años); programa complementario de no aplicación de derechos para exportaciones incrementales, periodo base 2017/2019. También hay que mencionarlo: una iniciativa a la medida de lo que actualmente reclama el FMI para el país.

El CAA planteaba llegar a los 100.000 millones de dólares de exportaciones vía un programa de estabilidad fiscal a diez años aprobado por ley. En el trabajo con los distintos ministerios, el capítulo sobre los derechos de exportación quedó afuera de la propuesta.

Lo anunciado por Fernández el jueves pasado sí incluye una reducción de la alícuota de Ganancias del 30 al 22,8%, devolución de IVA por inversiones realizadas, y amortización acelerada. Para acceder a los beneficios, deberán incrementar su producción y generar nuevos puestos de trabajo, entre otras condiciones. Pero todas a ser controladas ex post. Es decir, con los hechos consumados. Al menos esto es lo que plantean los integrantes del Consejo. Para este sector industrial, también valdría la máxima del General.

El gobierno repite la misma lógica con los diferentes sectores que podrían aportar divisas: beneficios fiscales para quienes produzcan y exporten más. Pero no se mete de manera estructural con las tensiones vinculadas al precio los alimentos. Si la señal es sólo hacia los exportadores, van a ir por más. El Consejo Agroindustrial ya trabaja en un proyecto de ley para eliminar las retenciones a las economías regionales. De acuerdo a su propuesta original, luego vendrían la reducción y eliminación, en un plazo de diez años, de los derechos de exportación a la soja.

 

 

Lo que no fue y lo que es

El gobierno tuvo un atisbo de constituir una empresa testigo en el sector agroexportador –YPF Agro– con capacidad de fijar precios de referencia, incorporar valor agregado a las materias primas (para convertirlas en proteína animal) y asumir inversiones en riego para redistribuir las zonas de producción. Pero todo quedó en la nada. Se pasó de ese proyecto a la prevalencia de una mirada similar a la teoría del derrame vía exportaciones.

Una de las personas que trabajó en la letra chica de la YPF Agro le manifestó a El Cohete que el proyecto de ley agroindustrial anunciado esta semana debería incluir en su articulado (y en su fundamentación) un capítulo específico sobre política alimentaria.

“No puede darse una discusión en el país sobre el futuro de las exportaciones si al mismo tiempo no se fijan políticas claras sobre producción alimenticia y el acceso a esos alimentos. La tensión alimentos-exportación debería atacarse por ley. Son procesos que no pueden estar divorciados. Hay que hacer algo contra los monopolios”, sostuvo en diálogo con El Cohete. Como podrá advertirse, el Poder Ejecutivo no está trabajando de manera estructural sobre esta tensión.

“Muchas veces los dirigentes se enamoran de los números de la macro economía pero se olvidan de la micro economía, del hombre y de la mujer común que andan todos los días yugando para salir adelante. A veces los números macro pueden ser buenos, pero necesitamos que esos números macro lleguen a nuestra gente, no que derramen sino que lleguen”. Esto lo dijo Máximo Kirchner en Bahía Blanca, en uno de los cierres de campaña antes de las PASO.

Por estas horas, mientras se sigue discutiendo la macro y el Banco Central vende dólares para contener la corrida cambiaria y se eliminan también las retenciones a la industria automotriz y del conocimiento, el INDEC informó que la pobreza continúa por encima del 40% a nivel nacional y con una mayor incidencia en los menores de edad.

Tanto el Presupuesto 2022 como la ley de promoción de inversiones a los hidrocarburos o la iniciativa agroindustrial quedarían para después de las elecciones de noviembre. Quizás, como un reflejo de la tensión entre las discusiones macro y la situación económica y social del que vive al día, el bloque de diputados del Frente de Todos convocó a una sesión extraordinaria el martes 5, para abordar la problemática de las personas en situación de calle. También se votará la demorada ley de etiquetado frontal, cuestionada justamente por las mismas industrias alimenticias –muchas de ellas exportadoras– formadoras de precios y jugadores claves en la generación de inflación en el país.

 

 

 

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