Una pesadilla económica más

 

Desde que resultó electo Presidente hasta diciembre de 2027 el domingo pasado, Javier Milei se apresuró a confirmar que llevaría adelante con celeridad el recorte del gasto público, cuya necesidad considera ineludible para encausar lo que define como una “situación crítica” de la economía argentina. Al transcurrir la semana, se refirió a la privatización de empresas públicas (YPF y medios estatales primero, entrega de Aerolíneas Argentinas a sus empleados, AySA y Trenes Argentinos para finalizar), y anticipó que pretende derogar Precios Justos y la Ley de Alquileres. También sostuvo que se detendría la obra pública y que los proyectos en marcha serían licitados para su finalización por parte de empresas privadas.

Sin que se haya comunicado nada oficial —como es lógico en lo atinente a estas cuestiones— se comienza a hablar de una unificación cambiaria en torno a los 650 pesos. Confirmó en una entrevista radial que todavía conserva la pretensión de eliminar el Banco Central y dar rienda suelta a la libre competencia de monedas, creyendo que puede suspender la emisión monetaria y abandonar, mediante un proceso que dure entre 18 y 24 meses, la determinación estatal de la moneda de curso legal.

 

 

Desorden

Las declaraciones del candidato provocaron un desorden sobre la organización de la economía nacional. Aprovechando la promesa de eliminación de los controles, esta semana se enviaron listas con ajustes de precios en torno al 50 %. La Asociación Supermercados Unidos emitió un comunicado en el que confirmó que estos se retrotrajeron, adecuándose a una pauta de aumentos para esta semana de entre el 5 % y el 12 % según el rubro. En diciembre se incrementarán un 8 %. Dichas subas fueron acordadas con la Secretaría de Comercio.

El comunicado fue respaldado por la Cámara de Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios, que instaron a sus proveedores mediante otro mensaje a respetar las pautas establecidas, porque de lo contrario no podrían recibir sus productos.

El anuncio de la posible derogación de la Ley de Alquileres deleitó a las cámaras del sector inmobiliario, que emitieron una nota en la que se afirma que para generar una mayor oferta de viviendas es necesaria “una convocatoria urgente a una mesa nacional (…) donde participen los principales referentes del sector junto con los técnicos del Poder Ejecutivo”. Le atribuyen la necesidad de revisar la regulación a que los ajustes que impone la ley tienden a quedar por debajo del Índice de Precios al Consumidor, y de esta manera desincentivan la oferta.

En cambio, el posicionamiento amenazante sobre la obra pública condujo a que varias empresas constructoras comiencen a enviar telegramas de despidos ante la incertidumbre de que los contratos se mantengan. Esto, más la insinuación de que el gobierno podría no pagar el aguinaldo de diciembre en el sector público para alcanzar el equilibrio fiscal, provocó nada menos que una reunión de la CGT, para advertir que se tomarían medidas si continuase la avanzada sobre los trabajadores.

 

 

Fragilidad de las condiciones de vida

Los datos sobre actividad económica publicados por el INDEC dan cuenta de la fragilidad en la que se encuentran las condiciones de vida. El Índice de Producción Industrial Manufacturero mantuvo una disminución en septiembre del 3,6 % frente al mismo mes de 2022, y del 0,4 % acumulado durante los nueve meses de este año en comparación con el año anterior.

El Estimador Mensual de Actividad Económica, que comprende todas las actividades que componen el PBI y se utiliza para observar su evolución en el corto plazo, acumuló entre enero y septiembre una contracción del 1,5 %, también frente al mismo período de 2022. La caída con respecto al mismo mes del año anterior es del 0,7 %.

A pesar de la declinación en el nivel de actividad, la economía sigue manteniendo un déficit comercial, si bien cada vez menor. En octubre fue de 454 millones de dólares, frente a 793 millones de septiembre. Las exportaciones acumulan en los diez meses del año un valor de 56.580 millones de dólares y las importaciones alcanzan los 63.976 millones, lo que representan disminuciones del 24,8 % y el 9,6 %, respectivamente.

La debacle de la producción es el resultado de la pérdida de poder de compra de la población a la que se indujo mediante el crawl y la reducción de subsidios económicos hasta finales de julio, que culminó con la abrupta devaluación de agosto. Durante esos meses, los controles de precios y las políticas de compensación de ingresos operaron como un mecanismo de control de daños. El Índice de Ventas Minoristas que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa acumula, entre enero y octubre de 2023, una retracción del 2,4 %, mientras que la rama de alimentos y bebidas alcanza una disminución del 2,9 %.

 

 

 

El peligro de las ideas

Para cualquier observador de la actualidad política que haya dirigido su atención a la economía en 2023, parece una conclusión sencilla que la población está diezmada por su empobrecimiento continuo. El salario real que percibe el promedio de los trabajadores llega a su nivel más bajo desde 2018, que es el año en el cual comenzó a gestarse la caída del nivel de vida que perdura hasta hoy.

Frente a tal estado de cosas, la propuesta de una desaparición abrupta de las condiciones que el gobierno nacional determina para limitar, hasta donde es posible, la extensión de esta crisis, es imprudente. Sin embargo, el Presidente electo no solamente insiste en mantener sus declaraciones provocadoras —aunque con una vacilación cada vez mayor al ser entrevistado—, sino que lentamente deja entrever que carece de alternativas con las que afrontar la situación en la cual se encuentra.

En función de establecer un tipo de cambio que permanezca sujeto a alteraciones poco significativas, la devaluación y la unificación cambiaria son ineludibles. Pero llevarlas adelante sin un alza en las retenciones a las exportaciones de alimentos e insumos para su producción, un congelamiento de los alquileres, un aumento controlado de las tarifas de servicios públicos y un alza pautada de salarios con financiamiento asistido desde el estado para el sector privado es una quimera.

Todo lo anterior contradice los principios del programa de Milei, que tiene como metas, justamente, la reducción del gasto público bajo cualquier forma y la quita de retenciones, a lo que se suma su tentación a la suerte con la Ley de Alquileres. En vez de estabilizar el sistema de precios y dar paso a la recomposición de los salarios, se fomenta la anarquía, el aumento de la pobreza y la persistencia de la inercia inflacionaria. Es decir, la continuidad de la misma crisis que parió su acceso al poder.

En este punto, es conveniente recordar que la crisis económica, iniciada durante el gobierno de Cambiemos y causa de su derrota electoral en el 2019, no fue producto de la intolerancia social hacia alguna de sus políticas, ni de ningún intento de transformación profunda que hubiese sido rechazado, sino de la crisis de balanza de pagos que provocó su mala praxis con el endeudamiento externo.

Si antes se podía concluir que la jactancia de Milei sobre ser el primer Presidente libertario que gana prometiendo un ajuste responde a un estereotipo payasesco, esto parece volverse evidente ante el potencial desembarco en su gobierno de los mismos funcionarios que participaron en la gestación de la crisis anterior: se especula con que Luis Caputo, el presidente del Banco Central de la República Argentina durante el inicio del ataque a la Balanza de Pagos, es quien tendrá a cargo el Ministerio de Economía.

Federico Sturzenegger, su antecesor en el cargo, es el candidato para gestionar otra criatura resucitada del gobierno cambiemita: el Ministerio de Acoso a Empleados Públicos, que recibe el simpático nombre de “Modernización”. Hasta hace poco se decía que iba a quedar a cargo del BCRA Demian Reidel, que lo acompañó en su paso por la institución. Y para completar el menú de los malos recuerdos, se cuenta con la cálida presencia de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, siempre lista para reprimir a las víctimas que necesariamente va a engendrar la economía del ajuste. No, por cierto, sobre ningún delincuente, sino sobre quienes cobran un salario, que son los únicos receptores de importancia de cualquier política económica.

John Maynard Keynes concluía la Teoría general sobre la ocupación, el interés y el dinero con un párrafo que describe muy bien la situación del presente: “Las ideas de los economistas y los filósofos políticos, tanto cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree. En realidad, el mundo está gobernado por poco más que esto. Los hombres prácticos, que se creen completamente exentos de cualquier influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún economista difunto. Los maniáticos de la autoridad, que oyen voces en el aire, destilan su frenesí inspirados en algún mal escritor académico de algunos años atrás. Estoy seguro de que el poder de los intereses creados se exagera mucho comparado con la intrusión gradual de las ideas. No, por cierto, en forma inmediata, sino después de un intervalo; porque en el campo de la filosofía económica y política no hay muchos que estén influidos por las nuevas teorías cuando pasan de los veinticinco o treinta años de edad, de manera que las ideas que los funcionarios públicos y políticos, y aun los agitadores, aplican a los acontecimientos actuales, no serán probablemente las más novedosas. Pero, tarde o temprano, son las ideas y no los intereses creados las que presentan peligros, tanto para bien como para mal”.

Milei presumió de tener una solución nueva, recurriendo a ideas antiguas, puestas en práctica recientemente. Estas persisten en el seno de una facción de la política argentina refractario a la igualdad y la integración social y, como Keynes advertía, a la larga representan un peligro mayor que los intereses espurios, porque a fin de cuentas tal entendimiento limitado de la economía determina qué es aquello que sepan hacer o entiendan más conveniente para la reproducción de su poder político, cuando en realidad su dis-funcionalidad para atender las necesidades de la población argentina es la que termina por corroerlo.

La misma lógica aplica al gobierno de Cambiemos, como, en menor medida, a la administración saliente de Alberto Fernández, que no alteró los principales rasgos del problema. Por el contrario, permitió su extensión. Antes de asumir, Milei muestra que carece de ideas practicables que excedan lo conocido y, necesariamente, para adquirir sustancia política como un opositor, requiere aliarse con sectores conservadores de la misma situación que se repudia.

Se advierte una contradicción en esto, producto de un grado de desconcierto de la sociedad, que no es conveniente reducir a un triunfo de Milei, sino verlo como un fracaso del campo popular para volverse una alternativa genuinamente progresista que penetre con sus propuestas en el ideario colectivo. Si los factores que originaron esta crisis dieron lugar a un gobierno que no hará más que agravarla, es hora de advertir el imperativo de organizar las fuerzas para aglutinar los intereses que resulten agredidos con el avance de esta política económica, y de esta manera obtener la conducción del proceso político. Es la precondición para dirigir las energías del pueblo argentino hacia un tipo de vida material que permita el orden y la realización personal de sus integrantes.

 

 

 

 

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