Una política de destrucción

 

El libro Tocar fondo, cuatro años de gobierno de Cambiemos es una herramienta para conjurar la desmemoria. Es un informe publicado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Editorial Peña Lillo en febrero de 2021, que está a la venta en librerías y que también puede obtenerse en PDF de manera gratuita aquí.

Esta obra colectiva, organizada en capítulos, expone lo esencial de la acción del gobierno de Mauricio Macri y de Cambiemos, “coalición de derecha que tuvo la habilidad de venderse con un perfil moderado y centrista pero que, cuando llegó al gobierno, solamente gobernó en favor de los intereses de la cúpula empresarial argentina, deteriorando gravemente el mercado interno y el poder adquisitivo de la mayoría del pueblo argentino, y volvió a atar la economía argentina a la injerencia del capital financiero y sus organismos de crédito. Asimismo, asistimos al retroceso de la autonomía nacional conquistada en los años anteriores”.

 

 

En esta ocasión, busco registrar la injusticia realizada contra los militantes populares que aún permanecen como rehenes del macrismo porque, aunque electoralmente derrotado, sus dañinos efectos represivos persisten.

Milagro Sala ya es hoy para nosotros un símbolo de lucha y de resistencia del campo popular. La persecución a Milagro y a los compañeros de la Túpac Amaru es un hecho emblemático de las contradicciones existentes en nuestras democracias latinoamericanas.

Con la ayuda de Tocar fondo buscamos recordar y relacionar hechos aparentemente lejanos o de ámbitos diferentes para hacer un análisis político que nos permita ubicarnos hoy ante el gobierno y el contexto del Frente de Todos.

Se trata de entender el papel de la lucha por los territorios indígenas (de norte a sur) y el papel de las políticas de ambiente instrumentadas durante el gobierno de Cambiemos que, en la actualidad, persisten y continúan dañando.

En la página 89 leemos que “en enero de 2016, Milagro Sala fue detenida en la provincia de Jujuy cuando protagonizaba un acampe pacífico”. Sin que mediara un juicio ni una condena, el gobernador Gerardo Morales decidió encarcelarla. Esta semana se cumplieron los 2.000 días de la detención arbitraria e ilegal.

Los organismos de Derechos Humanos, entre ellos, la APDH, denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entidades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que reconocieron la ilegalidad de la detención y que recomendaron a los gobiernos provincial y nacional atender a los pedidos de estos organismos. Asimismo, en junio de 2018, la visita de una Comisión de Juristas integrada por abogados de Canadá, Colombia y Estados Unidos, que realizó un Informe como Delegación Internacional para la Argentina, observó una cuestión que se vuelve cada vez más significativa, por lo que la citamos textualmente:

“El otro tema grave de derechos humanos (o quizás aún catastrófico) es la destrucción ambiental ocurriendo en Jujuy al mismo tiempo de estas graves violaciones de los derechos de los pueblos originarios. Los derechos de estos pueblos han sido vulnerados por las acciones de los gobiernos provinciales y federales en alquilar tierras indígenas y por la venta de los derechos minerales a corporaciones extranjeras” (APDH, 2021, página 91).

 

 

Las políticas de tierras y la persecución de Milagro

Aquí está la clave de la prisión ilegal de Milagro Sala y de los militantes de la Túpac Amaru. Para la conservadora y elitista sociedad jujeña, la acción de Milagro se convirtió en símbolo y causa imperdonable para la oligarquía.

La edificación de viviendas con cooperativas de la construcción, la producción de textiles, las escuelas de educación básica y terciaria a partir de la organización social, las actividades culturales, deportivas y recreativas, así como las de rehabilitación que se iban multiplicando en Alto Comedero y en el centro de San Salvador, se volvieron intolerables. Otra Jujuy se estaba gestando. Se respiraba ese clima en 2015.

Por eso, con la herramienta documental que es el libro Tocar fondo de la APDH, podemos atar algunos cabos para entender el por qué y hacia qué dirección iba la política de destrucción de Cambiemos.

En el capítulo Políticas ambientales (página 193), encontramos un dato sobre tierras que, en primera instancia, no pareciera estar relacionado con la detención arbitraria de Milagro. Sin embargo, tiene conexión con los siniestros hechos represivos de Jujuy:

“El 10 de diciembre de 2015 el Presidente Mauricio Macri otorgó a la Secretaría (de Ambiente) rango de Ministerio y designó como titular al rabino Sergio Bergman. El 5 de septiembre de 2018 el gobierno de Cambiemos degradó el Ministerio a rango de Secretaría, dentro de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación”.

Ese hombrecito que resultaba ridículo por su ignorancia y falta de incumbencia en el área, tenía una misión principal en la cadena de mandos de la mafia organizada por el macrismo: realizar las entregas de las tierras para las explotaciones territoriales extractivistas.

 

 

 

Fue el rango ministerial el que permitió por decreto 820/2016 modificar la ley 26.737 de Tierras Rurales con el objetivo de quitar restricciones a la venta de campos a extranjeros y a la especulación inmobiliaria. Leemos en la página 200 de Tocar fondo: “Entre enero de 2016 y septiembre de 2017 el Registro Nacional de Tierras Rurales entregó 172 certificados de habilitación a nuevos propietarios extranjeros”. Pero, ¿quiénes son los propietarios mayoritariamente extranjeros? Según un informe de la Federación Agraria, hay “un millón ciento trece mil hectáreas en manos de empresas radicadas en Antigua y Barbuda, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo” (página 201). Es decir, el negocio realizado por el macrismo se concretó en términos formales con la función del personero Bergman, hecho ministro.

 

 

¿Por qué la política del odio?

La propaganda mediática contra los dirigentes populares fue el escudo que ocultó, durante los cuatro años de destrucción del Estado, los actos ilegales del gobierno que hoy podemos encontrar analizando los diarios y relacionando los hechos.

En 2017 se sucedieron las persecuciones de militantes indígenas organizados en diferentes regiones del país. Podemos encontrar relaciones entre las políticas mineras y las tierras comunitarias.

Ese año, en nuestra región patagónica (como lo vemos en el capítulo de Justicia, páginas 40 y 41 del libro) la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue quien llevó adelante la represión y la criminalización del pueblo mapuche, ejecutada por su jefe de Gabinete, Pablo Noceti (con antecedentes de defensor de genocidas en La Pampa y Entre Ríos). Como personero de Bullrich vino al sur con el relato del RAM, instalando el odio y la persecución a jóvenes militantes por los derechos indígenas en Chubut y Río Negro. Este nefasto funcionario, junto con la ex ministra de Seguridad, son políticamente responsables de los asesinatos de Santiago Maldonado el 28 de junio y de Rafael Nahuel, el 25 de noviembre, ejecutados por las fuerzas de seguridad. En el sur no existía el odio social que ellos instalaron como estrategia de ocupación territorial.

Noceti renuncia en 2018, o sea, abandona el cargo sucio en Seguridad. Del mismo modo y en la misma época deja el cargo Bergman en Ambiente. Los dos ya habían desempeñado el papel de testaferros del macrismo, el primero instalando el odio genocida de la tristemente llamada “Campaña del Desierto”; el segundo, avalando la entrega de recursos naturales a empresas especuladoras. Una conjunción perfectamente planificada de norte a sur, que no pudimos ver en esos tiempos.

 

 

La propiedad de las tierras de los pueblos originarios

Revisando Tocar fondo, no caben dudas de que el plan de destrucción y vaciamiento aplicado en nuestro país no fue una improvisación de un grupo de ladrones locales, sino una orquestación compartida por bandas asociadas de ladrones internacionales. Cada sector ocupó su puesto destructivo para realizar el ataque al estilo piraña y luego instalar los gendarmes para custodiar territorios y personas.

Hoy, transcurridos cinco años, también podemos ver que la criminalización y la prisión arbitraria, ilegal, dictatorial y absurda de Milagro se hicieron y reafirmaron en un pacto electoral con compra de votos al estilo de la década de 1930. Un pacto entre un radical –el represor Morales– y un peronista –el secuaz Rubén Rivarola–, ambos odiadores de Milagro por el cambio cultural que la Túpac produjo en la sociedad jujeña. Estos dos socios en el negocio electoral sostienen una alianza para explotar tranquilamente el litio de Jujuy (la Minera Exar S.A. es una empresa argentina, conformada por Lithium Americas Corp. (LAC, yanqui) y Ganfeng Lithium Co. Ltd. (china), dedicada al desarrollo y producción de litio en el Salar Cauchari-Olaroz (“Proyecto Cauchari-Olaroz”), en la provincia de Jujuy, República Argentina.

Es para esta rapiña que necesitan destruir a la organización Túpac Amaru como símbolo político y social, porque desde Alto Comedero, en 2003, inició la recuperación colectiva de tierras para viviendas familiares y para la producción en cooperativas. El que acompañó con su perspectiva federal y tomó la decisión sobre el territorio se llamaba Néstor Kirchner, un Presidente peronista que confiaba en la capacidad organizativa del pueblo.

Es útil recordar que por la decisión política del Presidente, con la sanción de la ley 26.160 de Comunidades Indígenas se logra en 2006 la conformación del CPI (Consejo de Pueblos Indígenas) para la delimitación territorial de las comunidades indígenas, un principio para la organización territorial comunitaria en todo el país. La ley que empezó a aplicarse durante los gobiernos de Néstor y Cristina, fue interrumpida en 2016 con la llegada de Cambiemos.

Leemos en la página 65 del libro que la ley 26.160 se prorrogó, pero no se aplicó. Durante el gobierno de Cambiemos las provincias se aliaron con el gobierno nacional y no usaron los recursos financieros disponibles para aplicarla.

En otros capítulos de Tocar fondo podemos detectar la relación entre las tierras, los territorios del Estado y las políticas de represión hacia los pueblos originarios. El capítulo de Justicia (apartado de Presas y presos políticos), en la página 87 menciona un “nuevo paradigma represivo”. En su momento nos sorprendió y desconcertó por ser una planificación mafiosa, cuidadosamente realizada sobre ciudadanos elegidos políticamente para criminalizarlos como actores individuales. Se tapó con la sombrilla de la corrupción como arma de primer ataque, para después focalizar con testigos, burdamente comprados, en unos delitos extraños y, a veces, incongruentes. Sin embargo, por ser ataques sorpresivos e individuales desde los medios de prensa hegemónicos, tuvieron el efecto de parecer verdades incontrastables, por un tiempo.

Hoy, al analizar estos hechos desde la lógica de la violencia institucional, el plan de arrebato de tierras a los pueblos originarios estuvo y está en el origen de estas políticas gubernamentales que aún se ejercen para entregar las tierras codiciadas, tanto por los especuladores inmobiliarios asociados al turismo, como por el extractivismo minero de los recursos naturales.

Si bien los pueblos originarios son preexistentes a los Estados y las normas del derecho indígena están por encima de las leyes del derecho común –ya que tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional– toda esta construcción legal ha sido ignorada.

El INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), el organismo de aplicación de la ley 26.160 de delimitación territorial, se transformó en un ente burocrático durante la connivencia con el macrismo y hoy transcurre con una política de continuidad en la omisión.

En síntesis, vemos que los ministerios de Seguridad y de Ambiente del macrismo se articularon para la rapiña de los buitres locales asociados a los extranjeros y dejaron una destrucción social que aún no ha sido reparada.

Antes de las últimas elecciones provinciales en las que le negaron el derecho a votar, mientras Morales y sus cómplices le endilgaban una absurda condena, Milagro dijo: “Vivimos en un gobierno nacional y popular y lamentablemente en Jujuy seguimos peor que con Macri” (La Nación, 18/06/21).

No podemos dejar que sigan destruyendo de este modo los símbolos de la militancia y el sentimiento de pertenencia e identidad nacional. Hoy tenemos que hacer la movilización popular por las redes, aunque sabemos que, como dice la canción, los pueblos no perdonan y un día la ley se ha de cumplir.

Estos datos y muchos otros pueden encontrarse en Tocar fondo, cuatro años de Gobierno de Cambiemos de la APDH, un libro de autoría colectiva que recopiló información basándose en la disponibilidad pública de los medios de prensa.

 

 

 

*La autora es integrante de la APDH Regional Bariloche.

 

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