Una voz en el teléfono
Cimadevilla grabó a la ex vicepresidenta Michetti cuando le pidió protección para el ex fiscal Barbaccia
La ex Vicepresidenta Gabriela Michetti exigió que la Unidad Especial AMIA, dirigida entre 2016 y 2018 por el ex senador radical Mario Cimadevilla, protegiera al ex fiscal José Barbaccia en el juicio por encubrimiento del atentado al edificio de la DAIA y la AMIA. Lejos de aceptar el reclamo, Cimadevilla grabó el diálogo, que puede escucharse aquí, en el que Michetti le recriminó que en la indagatoria a Barbaccia no se había cumplido lo que acordaron. En un tono imperativo, Michetti se dirige a Cimadevilla:
—Escuchame una cosa. Estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José, y que los… el tema pasó por vos pero que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podés explicar?
La semana pasada, Cimadevilla volvió a señalar en declaraciones públicas el hostigamiento del ex ministro de Justicia Germán Garavano contra los abogados de la querella para propiciar la absolución de algunos de los imputados: Barbaccia, el también ex fiscal Eamon Mullen, el ex presidente de la DAIA José Beraja y el comisario Fino Palacios, el primer jefe de la Policía Metropolitana, a quien Maurizio Macrì dijo haber designado por recomendación de las embajadas de Estados Unidos y de Israel. Pese a ello, Mullen y Barbaccia fueron condenados a dos años de cárcel, en carácter condicional, por no haber cumplido con sus deberes funcionales, un delito menor en la causa por encubrimiento. Beraja y Palacios sí fueron absueltos. En sus últimas declaraciones, Cimadevilla dijo que Garavano invocaba al entonces Presidente Maurizio Macrì como responsable del reclamo de impunidad. El segundo de Garavano en el Ministerio de Justicia, Claudio Avruj, fue el más próximo colaborador de Beraja en la DAIA. El banquero presidía la organización y Avruj era su director ejecutivo. Él fue quien hizo en enlace entre Macrì, cuando aún era alcalde porteño, y el primer ministro de Israel Biniamin Netanyahu.
Intereses ajenos al proceso
En marzo de 2017, el gobierno decidió decidió sumarse a la estrategia de la DAIA, por medio del abogado de la UCR Miguel Inchausti, y no buscar la verdad sino la conveniencia política. Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley exigido por la DAIA, que habilita el juicio en ausencia, lo cual permitiría cerrar el caso con un fallo sólo en apariencia legal, condenando a quienes los aparatos de inteligencia de Washington y Tel Aviv señalen. El proyecto nunca fue tratado por el Congreso, pero los dos abogados de la querella del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Mariana Stilman y Ezequiel Strajman, presentaron su renuncia. La carta que Stilman dirigió a Garavano recuerda que fue designada a pedido de la diputada de la Coalición Cívica Libertadora Elisa Carrió y trabajó sin inconvenientes hasta que Garavano dispuso que el hasta entonces letrado sustituto Inchausti “oficiara de enlace con el señor ministro y sea quien lleve adelante la querella”. Tanto las directivas impartidas por el ministro y sus colaboradores como las diferencias de criterios profesionales con Inchausti “dificultan seriamente el desarrollo de mi labor como letrada representante de una de las partes acusadoras del juicio, con el debido apego a las normas éticas profesionales, así como afectan mi conciencia jurídica”. Añade que la búsqueda de la verdad es un deber ineludible del Estado, “sin aferrarse a preconceptos o intereses ajenos al proceso”. La renuncia se debe a las diferencias de criterio con quien “tiene su real aval para tomar las resoluciones, en tanto goza de una mayor confianza del jefe de ese Ministerio e invoca sus directivas expresas”. Tales diferencias de criterio “resultan insalvables” y le impiden ejercer su rol con “la libertad y la probidad que considero necesarias”, sobre todo en “una causa que por sus implicancias me genera un superlativo compromiso moral y una alta sensibilidad social ante el reclamo de los familiares de las víctimas”. Al despedirse, le comunicó a Garavano que seguiría trabajando con Cimadevilla en la sistematización del análisis y el informe sobre las pruebas, para que pueda ser utilizado como insumo en el alegato.
Encubrir el encubrimiento
Es lo último que el gobierno deseaba. Garavano resolvió el 11 de abril de 2017 instruir un sumario para investigar la renuncia de los abogados y su propio desempeño. El 28 de abril, Carrió se dirigió a Laura Alonso, dado que Garavano también había dado parte en el tema a la Oficina Anticorrupción para que determinase si existía un conflicto de intereses. “No seré cómplice de un intento de obstruir la Justicia en dicho proceso de enorme gravedad institucional”, tronó la chaqueña. Dice que Stilman siguió sus instrucciones “en cuanto a que indagara sin condicionamientos respecto a las responsabilidades de los funcionarios acusados”. Cuando Stilman le contó que en el ministerio le reprocharon una decisión tomada en la audiencia por la que se quejaron las defensas, y le informaron sobre el posible traslado a otra función, Carrió agrega que “mantuve una dura conversación telefónica con el ministro”, en la que le advirtió que “si se afectaba la línea acusatoria se estaría encubriendo”. Cuando el veedor de su tarea designado por Garavano le reclamó que adoptara un perfil más bajo y no hiciera muchas preguntas, Stilman se dirigió a Cimadevilla, que la respaldó. Pero el ministro les informó que “él decidiría a quiénes se acusaría y a quiénes no”. Por eso, la propia Carrió le indicó que renunciara, “en tanto se podría ver comprometida en un posible intento de encubrimiento y de una obstrucción de justicia”.
El 11 de mayo un asesor de Garavano, Martín Gershanik, le preguntó a Cimadevilla por email si respecto de los renunciantes Stilman y Strajman “evaluaron la posibilidad de presentar una nota en la actuación administrativa conforme lo que hablamos personalmente. Si les parece puedo darles una mano con eso y redactar un borrador”. Cinco días después, por la misma vía le hizo llegar “una propuesta de nota, a la que Germán le dio el OK para que firmes en el expediente”. La nota aprobada por Garavano para que Cimadevilla la presentara en el sumario abierto por Garavano para determinar cómo actuó Garavano decía que la renuncia “fue motivada por un malentendido en el marco de un intercambio de ideas que tuve con la doctora Stilman respecto del enfoque que debía adoptar la querella”.
Cimadevilla no fue complaciente con estos requerimientos y el 31 de enero de 2018 hizo saber a Garavano que el alegato de la Unidad AMIA seguiría la línea de la fiscalía con la que debía coadyuvar en la causa. Al día siguiente, 1° de febrero de 2018, Garavano se hizo cargo de las competencias de la Unidad AMIA, relevando de hecho a Cimadevilla. El 6 de febrero, Carrió acusó a Garavano y a Daniel Angelici de manipular la causa AMIA para encubrir a los encubridores Mullen y Barbaccia. En lugar de los abogados de la querella, Garavano designó un día antes de los alegatos al abogado José Console, miembro del tribunal de disciplina de Boca Juniors. Ese tribunal es un semillero de grandes valores con una compulsión a los escándalos de prensa que afectan al gobierno de turno y al que no debería dejar de prestársele atención. Console solicitó la absolución de los ex fiscales, según Carrió debido a vínculos de amistad con “funcionarios del ministerio de Garavano”. El Cohete informó entonces que el amigo de los ex fiscales era el propio Garavano e identificó como nexo a la esposa de Barbaccia, la agente orgánica de la SIDE durante el menemismo, Silvina Rivarola O’Connor. Cuando Garavano era el Procurador porteño, Silvina Rivarola O`Connor fue su Directora de Coordinación y representación Nacional ante Organismos Internacionales de la Unidad de Información Financiera (UIF). El Cohete reprodujo un video de septiembre de 2015, un mes antes de la primera vuelta electoral de ese año, en el que Rivarola O’Connor diserta en la Universidad de Stanford sobre democracia liberal e independencia judicial. En tono de arenga política puso en duda que CFK fuera abogada, y agregó que si lo es se olvidó de todo lo que estudió. También la acusó de manipular a la justicia para conseguir la impunidad de lo que llamó corrupción rampante en su gobierno. Además, Barbaccia fue uno de los aportantes con 10.000 pesos a la campaña electoral del oficialismo de entonces.
En su alegato, el disciplinario boquense Console solicitó la absolución de los ex fiscales Mullen y Barbaccia. En cambio la acusación aprobada por Cimadevilla pedía condenas para ambos por todos los cargos. Stilman renunció entonces también a la Unidad AMIA, una vez más con acuerdo de Carrió, quien pidió el juicio político de Garavano.
El 13 de marzo de 2018, Garavano desarticuló la Unidad AMIA alegando que ya había cumplido con su finalidad. Una semana después, el 22 de marzo de 2018, Cimadevilla denunció por encubrimiento, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas a Garavano, Inchausti, Gershanik, Console y otros siete funcionarios del ministerio de Justicia. Ercolini, cuya esposa era la vocera de prensa de Garavano, María Julia Kenny, derivó la denuncia a otro juzgado.
En julio de 2018, el fiscal Carlos Rívolo la desestimó alegando que la decisión de modificar la posición de la querella se debió a “diferencias políticas” entre Garavano y Cimadevilla y no a un delito. En enero de 2019, Cimadevilla dijo que Garavano en persona le comunicó que no debían acusar a Mullen y Barbaccia porque eran amigos, ni al comisario Fino Palacios por su relación con Macrì. En un informe final dirigido a Macrì que se puede leer aquí, sostuvo que aquel gobierno intentó convertir su dependencia en una unidad especial de encubrimiento. Añadió que no había intención de conocer la verdad, sino de mantener un manto de sospecha indefinido sobre los enemigos de Estados Unidos e Israel, como Irán. El ex senador radical también se dirigió el 12 de marzo de 2019 a sus correligionarios de la UCR. Sostuvo que la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 puso de manifiesto “que el Estado nacional, a través de la querella del Ministerio de Justicia, nuevamente interfirió en desmedro de las causas vinculadas a la AMIA, esta vez intentando desviar y entorpecer el proceso destinado a esclarecer las responsabilidades de aquellos funcionarios que malograron la investigación del más grande atentado terrorista de América Latina”.
Cimadevilla cierra ahora el círculo con la difusión del audio en el que la propia Vicepresidenta Gabriela Michetti le recrimina no haber cumplido con lo que le exigían para asegurar la impunidad del ex fiscal Barbaccia.
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