Consultada sobre si reconocerá el resultado de las elecciones en caso de perder, Keiko Fujimori respondió “vamos a ver”. Desde entonces, un conjunto de personalidades de la política y del arte, como el reconocido periodista César Hildebrandt, han señalado que, a pesar de que no les gusta ninguno de los candidatos, no viciarán su voto y se lo darán a Roberto Sánchez.
Hildebrandt, al igual que los otros, ha reconsiderado su voto y sostiene ahora que “la mejor opción es votar propositivamente e impedir que el fujimorismo tenga plenos poderes”. Un eventual gobierno de Fujimori consolidaría un poder absoluto y autoritario, dado que ya tienen el control sobre instituciones claves como el Congreso, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, entre otras. El voto por Sánchez, en estas circunstancias, representa una defensa democrática frente a la opción totalitaria de Fuerza Popular.
El último simulacro de votación de IPSOS –realizado una semana después del debate presidencial en el que Roberto Sánchez aplastó a Fujimori– da cuenta de un empate técnico en el que Sánchez se acerca a Keiko con un total de votos válidos del 49,8%, mientras que la candidata de Fuerza Popular recibe 50,2%. Como las crepitaciones del pan que en la puerta del horno se nos quema, como diría César Vallejo en Los Heraldos Negros, Keiko, para quien la presidencia ha estado literalmente “en la puerta del horno” en múltiples ocasiones, sabrá hoy si se le vuelve a quemar en el último segundo, lo que representaría su cuarta derrota consecutiva.
Ante estos movimientos tectónicos, el embajador estadounidense en el Perú, Bernie Navarro, visitó las oficinas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para decirles a los funcionarios lo valiosa que es la democracia e instarlos a trabajar arduamente para garantizar el resultado de las elecciones. El embajador parece haber olvidado que el Presidente que lo nominó en el cargo alentó la toma del Capitolio e hizo un llamado a una insurrección en enero de 2021, para evitar que el Congreso designara oficialmente a Joe Biden como legítimo ganador de la presidencia. Asimismo, que Trump le reclamó a Lula da Silva por el juicio que condenó a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por ser el autor intelectual que incitó de forma coordinada a miles de sus simpatizantes a invadir de forma violenta el Palacio presidencial de Planalto, el Congreso Nacional y la sede del Tribunal Supremo en Brasilia. Este plan contemplaba el arresto y posterior asesinato del Presidente electo Lula da Silva, de su Vicepresidente Geraldo Alckmin, y del magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para evitar la transición democrática de mando.
El debate presidencial
La percepción generalizada es que a Keiko Fujimori no le fue bien en el debate presidencial del domingo pasado, lo que se atribuye a una estrategia defensiva, falta de propuestas nuevas, mala conexión con el público al leer todas sus intervenciones sacadas de una ruma caótica de papeles sobre su podio, y la inclusión en su equipo técnico de personajes polémicos como un dirigente del club de fútbol Universitario de Deportes, que no solo provocó el rechazo de la hinchada rival, sino que era opositor acérrimo de Keiko en elecciones anteriores. La candidata no pudo responder los ataques de Sánchez cuando señaló que Fuerza Popular gobernó desde el Parlamento y realizó un copamiento institucional. La dicotomía de “orden o caos” y el combate al comunismo fueron ejes principales de su discurso.
Roberto Sánchez, más solvente y relajado, dijo que él había trabajado toda su vida, “como todos los peruanos de a pie” (a sus casi 51 años, Keiko nunca lo ha hecho) y que se había quemado las pestañas para terminar sus estudios de sicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que no tuvo la suerte de tener un tío (en referencia a Vladimiro Montesinos, que solventó los estudios de Keiko en Estados Unidos con dinero del Estado) que le regalara nada. Contó que pasó dos años en un seminario religioso en Lima cuando era un adolescente, donde recibió una marcada influencia de la Teología de la Liberación, y se definió como un hombre de fe.
El golpe más duro de Sánchez a su rival ocurrió al momento de recordarle las recientes declaraciones del candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, Miguel Torres, quien dijo públicamente que “había sido muy difícil sacar a Pedro Castillo”, que su salida no fue sencilla y que respondió a una “suma de esfuerzos” articulados que involucró al Congreso de la República, al Ministerio Público (Fiscalía) y al respaldo activo de diversos medios de comunicación.
El arte de lo posible
Sánchez ha formado una alianza con sectores de centro izquierda que han moderado el programa de gobierno que su agrupación política Juntos por el Perú inscribió en el JNE. Sin embargo, las agrupaciones empresariales han mostrado preocupación por este cambio, pues piensan que podría tratarse de un lobo vestido de corderito. No deberían preocuparse pues esas fuerzas políticas de centro izquierda abandonarían a Sánchez si se alejara del Programa de Consenso acordado. Juntos por el Perú no podría gobernar sin una alianza, por su reducida representación en el parlamento. Pero la Cámara de Comercio de Lima (CCL) solicitó el miércoles un pronunciamiento urgente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para determinar lo siguiente:
- si la difusión de un plan de gobierno diferente al inscrito constituye una infracción a la normativa electoral;
- que precise cuál de los documentos posee validez jurídica para efectos de la votación programada para hoy; y
- adoptar las acciones que considere pertinentes para garantizar la igualdad entre los postulantes y proteger el derecho de los ciudadanos a recibir información auténtica durante el proceso.
Injerencia de Estados Unidos
Ese mismo miércoles, el embajador Bernie Navarro realizó una visita oficial a la sede del JNE con el propósito de conocer y supervisar de primera mano las acciones de fiscalización, despliegue logístico y seguridad informática que el organismo viene implementando para la segunda vuelta electoral. Acudió en su calidad de jefe de la Misión de Observación Electoral de la Embajada de Estados Unidos, algo que no es habitual en la diplomacia internacional. Los diplomáticos destacados en un país evitan presidir o protagonizar de forma visible estas actividades, básicamente porque la Convención de Viena prohíbe a los diplomáticos inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor. Ser la cara visible de una fiscalización electoral puede interpretarse como una intromisión. Luego de su visita al JNE, Navarro emitió un pronunciamiento remarcando que Estados Unidos apoya a las instituciones democráticas del Perú y enfatizó que el JNE tiene la “tarea de suma importancia” de asegurar que las elecciones sean transparentes y creíbles.
Menos de 24 horas después, el JNE atendió la exigencia formal de la Cámara de Comercio de Lima y advirtió que el “plan de consenso” de 114 páginas difundido por Sánchez no está reconocido dentro del marco del proceso electoral vigente, que ningún plan de gobierno puede ser modificado ni sustituido en el tramo final de la campaña de cara a la segunda vuelta, y que el único texto vinculante para la postulación de Juntos por el Perú es el que fue inscrito formalmente al inicio del proceso.
La respuesta al JNE la dio el diplomático de carrera, embajador Manuel Rodríguez Cuadros, quien se ha incorporado como vocero político de Juntos por el Perú. Afirmó que el ajuste del plan no constituye una infracción legal sino una obligación democrática de segunda vuelta y explicó que, tras recibir el apoyo de agrupaciones como Ahora Nación (de Alfonso López-Chau) y Primero la Gente, entre otros, el partido tenía el deber ético de incorporar sus propuestas técnicas para garantizar estabilidad y un gobierno de unidad.
Rodríguez Cuadros añadió que el documento de consenso abraza de forma nítida la economía social de mercado, el pleno respeto a la propiedad privada y la continuidad de los Tratados de Libre Comercio (que por cierto fueron violados por el gobierno estadounidense al imponer un arancel de 10% a países que los habían suscrito). Anunció que en una eventual gestión de Roberto Sánchez no habrá estatizaciones, nacionalizaciones ni confiscaciones. Defendió que la inclusión explícita del respeto a la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR) y la propuesta de ratificar a Julio Velarde buscan llevar tranquilidad total al sector empresarial.
Asimismo, recalcó que la discusión sobre la legalidad de un plan de consenso de Juntos por el Perú oculta el verdadero problema del país, que se expresa en una profunda crisis social e institucional, exacerbada por una insuficiencia en el crecimiento económico que el plan de consenso busca subsanar con crecimiento y equidad.
En el plano internacional, Rodríguez Cuadros ha enfatizado que una de las prioridades del plan de consenso es normalizar y garantizar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Corte IDH), que el país buscará una posición de no alineamiento activo y priorizará sus vínculos con instituciones de la región, como los organismos subregionales de integración, e impulsar la CELAC o incorporar al Perú en la moribunda Unasur.
El temor de la derecha
En el Perú existe un terror al cambio: cualquier modificación a la Constitución representa “una amenaza comunista que nos convertirá en Venezuela o Cuba” o generará enorme incertidumbre que ahuyentará la inversión privada. Si bien el Plan de Consenso ofrece garantías a la empresa privada, sí se contemplan algunas modificaciones a la Constitución, por la misma vía que lo ha hecho Fuerza Popular desde el Congreso durante los últimos cuatro años.
La Constitución del Perú es una suerte de arroz con mango. En lo político, tiene en su articulado esa fuente de inestabilidad mediante la cual se puede vacar a cualquier Presidente por la vaga norma de incapacidad moral permanente, lo cual se pretende acotar. En el ámbito económico, el artículo 58 señala que el Perú tiene una economía social de mercado, cuando en realidad es un modelo neoliberal a lo Chicago Boys que ha mercantilizado exprofesamente la salud y la educación, y atentado contra las pensiones. Los datos de pobreza, desnutrición crónica, anemia infantil, tuberculosis, falta de acceso al agua potable y alcantarillado son una muestra de ausencia y falta de gestión del Estado.
En cambio, el Plan de Consenso de Juntos por el Perú sí plantea modificar el artículo 60 de la Constitución, que establece un rol subsidiario del Estado en la actividad empresarial. Es decir que solo puede intervenir si la inversión privada es incapaz o no tiene interés en cubrir esa necesidad (por ejemplo, llevar conectividad o agua a zonas rurales muy alejadas, donde no es rentable para un privado). El plan de gobierno u hoja de ruta plantea que el Estado no debe estar atado de manos para intervenir en sectores donde la empresa privada comete abusos o monopolios (como los medicamentos, peajes o servicios básicos). El plan propone modificar el artículo 60 mediante el voto en el Parlamento para permitir que el Estado cree empresas públicas estratégicas en alianza con el capital privado, debilitando el actual candado constitucional.
Ninguna Constitución tiene una radicalidad tan extrema como la establecida por la del Perú. En Chile existe la empresa estatal de cobre CODELCO y una empresa de litio. Estados Unidos no tiene un artículo constitucional que prohíba al Estado hacer empresas. De hecho, el gobierno federal posee y opera gigantescas corporaciones públicas como Amtrak (ferrocarriles) o el servicio postal (USPS). En Europa (Francia, Alemania, España), donde todavía prevalece el modelo de Economía Social de Mercado original, el Estado y los privados coexisten. El Estado interviene activamente para corregir fallas de mercado.
Ninguno de los dos candidatos despierta un entusiasmo masivo y ambos cargan con un antivoto pesado. En el marco de la presente campaña, Fujimori ha mantenido la narrativa de que el proceso anterior fue injusto y que en aquella ocasión les robaron los votos, aun cuando la OEA y hasta el propio gobierno estadounidense legitimaron los resultados. Debido a estas declaraciones, diversos analistas y opositores han advertido sobre la posibilidad de que el fujimorismo vuelva a denunciar irregularidades si el conteo oficial no la favorece.
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