VEHÍCULOS PARA DELINQUIR

 

“Las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) son un fraude; se crean en 24 horas, se usan y se tiran. Son un modelo para enmascarar sociedades ficticias”. La vehemencia de Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), incomodó al diputado de Cambiemos Luis Tonelli, cuyos gestos fueron captados fugazmente por la videocámara de su computadora. El pasado 28 de septiembre la Comisión de Legislación general de Diputados, a cargo de Cecilia Moreau, avanzó en el análisis del proyecto que busca regular este tipo de sociedades incorporadas por el macrismo en una ley para emprendedores pero que en la práctica se utilizaron, en su gran mayoría, como vehículos para el lavado de dinero, la evasión y la elusión fiscal.

Nissen detalló al menos veinte operaciones inmobiliarias millonarias realizadas a través de las SAS, citó el caso del ex funcionario macrista Rodrigo Sbarra y fue al nudo del problema cuando leyó un fragmento de una resolución de la Justicia Federal de Santa Fe que investiga la utilización de las SAS en el marco de una causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros negocios ilegales, con vinculaciones con la banda de “Los Monos”.

“La normativa regulatoria de las SAS ha recibido severos cuestionamientos por constituir un instrumento con potencialidad para ser utilizado con fines ilícitos, en tanto habilita su creación en el plazo de 24 horas a partir de requisitos simples y exiguos, empleando para ello estatutos modelos, previendo un trámite expedito de muy bajo costo, y requiriendo un capital mínimo equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles, del cual sólo se exige la integración del 25 por ciento al momento de la constitución”, leyó Nissen.

 

 

 

 

Ese fragmento forma parte de la resolución judicial firmada por el juez federal santafecino Marcelo Martín Bailaque, en la que ordenó la detención de una serie de personas y múltiples allanamientos para obtener más información sobre la posible asociación ilícita basada en la utilización de empresas fantasmas, constituidas como SAS, para blanquear dinero del narcotráfico (y otros negocios). La reunión de la Comisión de Legislación general se concretó el lunes 28 de septiembre; los allanamientos, al día siguiente.

“La verdad es que estoy consternado; esta es una medida que atenta contra la iniciativa privada y la seguridad jurídica, igual que lo que intentaron hacer con Vicentin”, expresó el cambiemita Luis Petri. Nunca mejor traída a colación a Vicentin, también investigada por haber operado con al menos 54 sociedades truchas.

“Las maniobras delictivas que usan empresas fantasmas no son nuevas, pero a partir de la creación de las SAS se levantaron todos los controles estatales y se quitaron obstáculos para cometer este tipo de delitos. La situación se libanizó”, sostuvo a El Cohete un fiscal que pidió reserva de su nombre.

 

 

DeSASnar

Las SAS fueron creadas en abril de 2017, enmascaradas detrás de la ley 27.349 (Apoyo al Capital Emprendedor), que se modificó a los dos meses con la excusa de la “desburocratización del Estado”. El macrismo las ofreció como el vehículo para el emprendedurismo nacional con fines productivos pero la norma que las creó dejó abierta la puerta para convertirlas en realidad “en instrumentos tentadores para la criminalidad económica que suele buscar legislaciones laxas”, como sostuvo María Eugenia Marano, funcionaria de la Unidad de Información Financiera (UIF), durante su exposición en la Comisión de Legislación general.

Las SAS estuvieron lejos de ser un instrumento vinculado a la idea romantizada sobre el emprendedurismo. De las 11.881 inscriptas en la IGJ entre 2017 y abril de este año, el 98 por ciento no especificó en su estatuto de creación ninguna actividad concreta, es decir que se crearon como instrumentos para distintos tipos de negocios, incluidos los ilegales. El 42 por ciento fueron unipersonales y en el 99 por ciento de este subconjunto el único socio era también el administrador exclusivo de la sociedad. El 62 por ciento de las pluripersonales, en tanto, rara vez superaban los dos socios.

Durante su exposición en Diputados, Nissen citó al menos veinte resoluciones de la IGJ con el detalle de diferentes sociedades creadas exclusivamente para realizar operaciones inmobiliarias millonarias; es decir constituidas con un capital mínimo de 17.000 pesos pero que a los tres días de su inscripción realizaban transacciones millonarias.

En su intervención, el titular de la IGJ obvió mencionar el caso del ex senador radical Ernesto Sanz, quien diez días antes del cambio de gobierno constituyó la sociedad minera e hidrocarburífera por acciones simplificadas Bergbau SAS, tal como publicó El Cohete el pasado 29 de diciembre.

 

 

 

 

Sí habló de tres causas penales en curso que dan cuenta de la matriz delictiva que venía oculta detrás de la ley para emprendedores: el caso del ex funcionario Sbarra, la causa por lavado de dinero vinculada a Los Monos en Santa Fe y otra pesquisa penal en Córdoba que investiga una asociación ilícita fiscal que generaba SAS (al menos 16 detectadas) para emitir facturas apócrifas que luego eran vendidas a diferentes empresas.

 

 

Ampliación

La historia de Rodrigo Sbarra, ex secretario de Coordinación del ex ministerio de Producción y Trabajo, es conocida. Tras el cambio de gestión en diciembre del año pasado, se hallaron 10.000 dólares en efectivo dentro del cajón de una oficina que había utilizado. Esa fue la punta de lanza para determinar que el ex funcionario había realizado contrataciones de personal a través de la consultora Cedyat, que no cumplía ningún tipo de función. Sbarra contaba con la complicidad de Claudio Daniel Giménez, ex empleado del INPI entre 2016 y mayo de 2019, quien se encargaba de visitar periódicamente las oficinas de la consultora para retirar un porcentaje de esas contrataciones ficticias.

El diputado Rodolfo Tailhade formuló la primera denuncia penal que quedó radicada en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi y en los próximos días realizará una ampliación con más información sobre las dos SAS que Sbarra armó para canalizar el pago de facturas a proveedores privados por bienes y servicios sobrefacturados o directamente inexistentes (Desarrollos Digitales Globales SAS y Depuración General Sustentable SAS).

La nueva denuncia aportará detalles precisos sobre el esquema de contabilidad paralela con el registro de los distintos proveedores que dejaban una parte de lo facturado como “retornos”. Las dos SAS constituidas por el ex funcionario macrista también le sirvieron para la compra de un inmueble comercial ubicado en Hudson, Berazategui.

“Las SAS no están sujetas a la fiscalización del Registro Público en su constitución ni durante su funcionamiento, disolución y liquidación, ni siquiera en aquellos casos en los que el capital social supere el monto previsto en la Ley General de Sociedades. Estas entidades pueden constituirse con muy poco dinero, ser administradas por terceros ajenos a la sociedad y tener un objeto muy amplio, lo que les permitirá canalizar el dinero en diversos y muy variados circuitos comerciales y mercados formales. Sumado a ello, estas entidades no deben presentar sus balances y no están sujetas al control de legalidad en ningún momento de su existencia”, escribió Marano en un artículo publicado por La Ley el pasado 2 de julio.

 

 

Nuevos negocios

La casi única argumentación del macrismo para oponerse a los cambios regulatorios para las SAS es que la actual administración despreciaría a los emprendedores y por eso “atacan” a las sociedades por acciones simplificadas; un argumento simplista que esconde más de lo que declama.

El 13 de abril de este año, el fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, le envió a la IGJ el oficio 176/2020 con un listado de SAS para investigar su constitución, en el contexto de una causa penal por narcotráfico y lavado de activos.

A través de la Resolución 194/2020, la IGJ determinó que 23 personas habían creado 36 SAS en un período de quince meses; muchas de ellas habían sido registradas, incluso, en un mismo día. Una SAS cada doce días.

Con la información de la IGJ en las manos, el fiscal Rodríguez determinó que este tipo de organizaciones comerciales se habían constituido para blanquear dinero ilícito del narcotráfico y otros negocios conexos.

Entre marzo de 2018 y abril de este año la banda investigada emitió 8544 facturas por un total aproximado de 731 millones de pesos “a pesar de carecer de capacidad operativa, técnico-económica y financiera para hacerlo, generando un crédito fiscal impugnable y gastos ficticios susceptibles de ser aprovechados por un total aproximado de 1381 contribuyentes domiciliados en distintos puntos del país”. En veinte diferentes provincias.

Con el avance de la investigación iniciada en abril, el fiscal santafesino solicitó una nueva batería de allanamientos y detenciones que se concretaron el pasado 29 de septiembre, a las pocas horas de finalizada la reunión en la Comisión de Legislación general que justamente puso la lupa sobre este tipo de sociedades.

“Cada usina (las empresas por acciones simplificadas) era utilizada para la emisión de facturas durante un breve período de tiempo y luego reemplazada por otra”, sostuvo Rodríguez; una descripción similar a la realizada por Nissen durante la reunión en la Cámara de Diputados.

Algunos de los prestanombres detrás de las SAS tenían domicilio en viviendas identificadas como posibles bunkers de la banda “Los Monos”, vínculos que también se están profundizando en la pesquisa judicial.

La instrucción de Rodríguez expuso distintos escenarios delictivos, más allá del narcotráfico, vehiculizados por la laxitud de controles reinante sobre las SAS. El negocio de las bandas como “Los Monos” dejó de ser sólo la comercialización de droga; también mueven dinero de la extorsión, el juego clandestino o la creación de empresas truchas para quien las solicite. Por eso el siguiente tramo de esta investigación apuntará a dilucidar quiénes fueron los 1300 “beneficiarios” de esas SAS. Es decir, saber quiénes las utilizaron para lavar sus propios delitos.

Un dato a tener en cuenta: muchas de las SAS investigadas en esta causa penal tienen una denominación vinculada al sector agropecuario (Agro Servicios, Agropecuaria Despertar del Norte, Agro Molino, Agro Inn, All Agro, Agro-EN); está descontado que por Santa Fe y Córdoba circula “mucho grano en negro”.

 

 

 

 

Cambios

El Senado ya le dio media sanción al proyecto que busca reestablecer los controles de legalidad sobre este tipo de sociedades, que desde su creación funcionaron como un instrumento para “esconder a los verdaderos dueños del dinero o bienes que se mueven”, destacó el titular de la IGJ. “Son la continuación de las offshore”, agregó.

La defensa que realizaron los legisladores de Cambiemos para mantener el status quo de la SAS se sostuvo en tres líneas argumentales: que se atentaría contra la constitución de nuevas organizaciones para emprendedores, que las sociedades anónimas también son utilizadas para cometer delitos (Luis Tonelli) y que las modificaciones bajo análisis generaban inseguridad jurídica, al igual que lo ocurrido con el intento de expropiación de Vicentin o el decreto sobre la TICs (Luis Petri).

En su gran mayoría, las SAS no fueron utilizadas por “los emprendedores”. Y el argumento de que habría que sostenerlas tal cual están para potenciar la creación de nuevas sociedades (creación en 24 horas sin control de legalidad, sin dar cuenta de registros societarios y con la posibilidad de liquidarlas de un día para el otro) tampoco resiste demasiado.

Entre 2017 y 2019 se inscribieron en el Registro Público a cargo de la IGJ 8099 Sociedades Anónimas, 179 Sociedades Anónimas Unipersonales y 14.602 Sociedades de Responsabilidad Limitada. “En estas 22.880 sociedades, sus fundadores ejercieron en menor o mayor medida cierto grado de autonomía de la voluntad en el diseño contractual de las cláusulas estatutarias, aunque sea de forma mínima”, escribió Darío de León, director de Sociedades Comerciales de la IGJ en un artículo publicado en El Derecho el pasado 18 de agosto. Es decir, fueron creadas con un fin específico. No suele suceder lo mismo con las SAS.

Los cambios más sustanciales del proyecto de ley que ya cuenta con media sanción del Senado son los siguientes:

*La SAS no deberá estar comprendida en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 299 de la Ley General de Sociedades (LGS). Es decir que se establece un límite para diferenciar a los pequeños y medianos emprendedores de los grandes.

*No podrá estar vinculada, en más de un treinta por ciento de su capital, a una sociedad incluida en la LGS.

*Deberá mantenerse en cualquiera de las categorías de MIPYME. Esta es una nueva incorporación que guarda una especial relación con la idea de emprendimiento y reales emprendedores.

*La documentación presentada ante el Registro público, de manera digital, estará sujeta al control del cumplimiento de los requisitos sustanciales y formales, previo a su inscripción. Es decir que se restablece el control de legalidad, excluido de la ley originaria. Y las nuevas inscripciones en Buenos Aires se realizarán en papel, por el plazo de 180 días.

 

 

Perplejidad cambiemita

“Hay un éxodo constante de empresas, no sólo por la pandemia sino por la falta de seguridad jurídica”, lanzó el diputado Petri, abonando ciertas fake news sobre la salida de empresas del país. “Hoy lo que hacemos con esta norma es dictar la sentencia de muerte a las SAS. Estas decisiones son las que hacen que las empresas cierren sus persianas. Si queremos perseguir la criminalidad, tenemos que avanzar con un régimen penal de las personas jurídicas”, agregó el mendocino.

"Es completamente inaplicable si pensamos la problemática desde la prevención. Cuando una causa penal llega a instancia de juicio oral, y hasta que se le atribuye responsabilidad a una determinada empresa, ya es tarde. El daño es irreparable y no se buscaría a los autores intelectuales de esos posibles delitos. Por eso hay que apuntar a la prevención a través de los controles de legalidad", concluyó Marano.

 

 

 

 

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