Cárceles, jueces y rendición de cuentas

Los jueces no están por fuera de las leyes

“El sistema no castiga a sus hombres: los premia. No encarcela a sus verdugos: los mantiene”.
Quién mató a Rosendo. Rodolfo Walsh.

 


Como las fases de la estrategia del gobierno para enfrentar la pandemia, también ingresamos en una nueva con respecto a la polémica derivada de las excarcelaciones y las prisiones preventivas morigeradas como consecuencia del temor del ingreso de la Covid-19 a las cárceles. Hablaron todos los actores.

El diputado Sergio Massa pidió el juicio político del juez de ejecución de Bahía Blanca Claudio Brun y lo haría con otros más.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires hizo lugar a la apelación del fiscal Carlos Altuve y suspendió los efectos del hábeas corpus colectivo al que hizo lugar el juez Víctor Violini.

Además, el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires, que son los lugares donde más se tensó la cuerda, explicaron algo básico. Dijeron que son los jueces quienes tienen la facultad de encarcelar y excarcelar a los ciudadanos. El propio Presidente Alberto Fernández afirmó en declaraciones periodísticas el lunes pasado que el problema carcelario viene desde hace muchos años.

De hecho, fuentes ligadas a la academia rememoraron que el 3 de mayo del año 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró, en el caso “Verbitsky”, la emergencia en las cárceles y comisarías bonaerenses y estableció la obligación de los jueces de remediar las condiciones de hacinamiento de los detenidos por tal como estaban las cosas, se infringía la constitución. Esas fuentes también dijeron que hubo algunos avances gracias a aquella sentencia, pero que en los últimos años la Justicia provincial aumentó la cantidad de procesados con prisión preventiva.

Y hablaron los jueces. La Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional y el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires emitieron extensos comunicados. Esas entidades, muy representativas, señalaron que los jueces no tienen ninguna responsabilidad acerca del estado de las cárceles y denunciaron la vulneración de la independencia judicial, frente a las críticas por algunas excarcelaciones o por algunas prisiones domiciliarias.

Es parcialmente cierto que los jueces no tienen capacidad para mejorar la infraestructura carcelaria. No obstante, son ellos quienes deciden dictar prisiones preventivas y está en sus manos administrar los tiempos de los juicios. Si las cárceles, como revelan los números, están habitadas con personas presas preventivamente, alguna explicación deberían ensayar quienes tienen a su cargo los expedientes. Además, si bien ellos no tienen capacidad para hacer o deshacer las prisiones, sí tienen la obligación de cuidar las condiciones en que se cumplen las detenciones. Por lo tanto, una parte del problema efectivamente es un asunto judicial.

Algo similar ocurre con la singular razón a la que los jueces recurren cada vez que se los critica. Dicen que no se puede criticar a un magistrado por el contenido de las sentencias. Hablé con expertas/os en derecho constitucional. Me explicaron que ello no es tan claro ni terminante, ya que existe una protección de la Constitución que apunta a que los gobiernos de turno no puedan expulsar a un juez por su criterio a la hora de aplicar la ley. Esto significa que si un juez interpreta de un modo determinado una ley no puede ser molestado. Pero no es todo.

En efecto, ello no se extiende a los errores que los jueces puedan cometer cuando aplican la ley. De lo contrario, el armado de causas, la arbitrariedad, el incumplimiento deliberado de los procedimientos y cualquier decisión solamente anclada en la voluntad de los magistrados no podría tener otro tipo de examen que la del recurso de apelación en el marco de causa. En esa perspectiva los jueces estarían casi por fuerza de las leyes. Por lo tanto, hay un punto medio. La línea es fina, pero existe. Si un juez falla contra la ley, su conducta puede ser analizada. Se trata de una cuestión relacionada con la rendición de cuentas. Es un terreno propio de la ciencia política, en el que me siento más cómoda.

De acuerdo con nuestro sistema republicano, todos los funcionarios están sujetos a esa acción de explicar, porque explicar no quiere decir despedir. Los que son electos se someten a elecciones, es lo que en politología se llama accountability vertical. Los que no, a los controles de otras agencias del Estado. Están sujetos a la accountability horizontal. Es el caso del Consejo de la Magistratura que debe examinar el trabajo de los jueces. Dicho examen no significa una interferencia en sí misma. Puede serlo. Pero no siempre.

No obstante, los jueces ante el menor planteo reivindican la independencia y la autonomía de la Justicia. En rigor de verdad, creo que se confunde la discrecionalidad con la independencia y la autonomía. Estas dos últimas palabras son piedras angulares de la república democrática, mientras que la discrecionalidad es propia del despotismo o la tiranía.

 

 

 

* Publicado en #Dosjusticias

 

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2 Comentarios
  1. Cecilia dice

    Hola la nota es excelente y el comentario del compañero del cohete, Juan, tbn. De todas formas hago la aclaración q me parece q en argentina están sometidos a la justicia de ejecución penal solo a Aquellos q obtuvieron sentencia o condena.
    Y lo más preocupante en la sobrepoblación carcelaria es cómo bien lo dice la nota aquellos q tienen prisiones preventivas que en muchos casos superan en ese estado los dos años. Es decir debemos ver el pocentaje de personas c prisiones preventivas pero tbn dentro de ese universo deberíamos hacer un corte y contabilizar a cuantos se los mantiene en esa condición superando los dos años. Y allí obtendríamos mayores precisiones sobre la demora de la justicia en etapa de instrucción. Lo cual nos llevaría a que necesitamos con urgencia implantar el sistema acusatorio que promete mayor dinamismo sobre todo en esa etapa del proceso.

  2. Juan dice

    Excelente artículo de Catalina De Elía. Muchas gracias por el aporte.

    Soy lector del «El Cohete» desde México. Argen-mex, nos dicen (o nos decimos) a quienes vivimos en este país latinoamericano pero venimos de Argentina.

    Quisiera retomar dos puntos del artículo. El primero es el referido a la responsabilidad judicial en la situación carcelaria. Al respecto coincido con el enfoque de la autora acerca de la responsabilidad que le cabe a las personas que encarnan buena parte de ese poder público sujeto a «accountability» horizontal, aunque creo que resulta necesario hacer dos precisiones: por un lado, la lupa debe ser puesta en los y las juezas que se encargan del control material de la ejecución penal, es decir, la justicia de ejecución penal. Esa debe ser la instancia fundamental que requiere ser fortalecida (con nuevos instrumentos legales) para que puedan empezar a exigir/ordenar, por medio de sus fallos, la transformación de las condiciones de vida en las prisiones. Y debe ser una justicia especializada, con normas procesales propias y una tipología de controversias también propia (ya no puede seguir siendo aceptado que se recurra a vías «todo terreno» como las acciones de hábeas corpus que, además, han dado -a lo largo de mucho tiempo- probadas muestras de ineficacia, con excepciones, desde luego). La especialidad de esta instancia también debe alcanzar a las funciones de los demás actores: una defensa especializada (pública y privada), una fiscalía especializada (y con funciones definidas que partan de un principio de interdicción de la actuación simbiótica del MP con la autoridad administrativa) y la legitimación de visitantes, defensores con derechos propios y organizaciones de la sociedad civil. El sistema procesal debe ser adversarial-oral. Se trataría de una justicia vigorosa y de proximidad. Al contrario de ello, pretender que las altas cortes, como ocurrió en el internacionalmente afamado caso Vertbisky, solucionen los problemas cotidianos de la prisión es como querer cortar el pasto del jardín desde la azotea de una casa de varios pisos. Es decir, no es una vía eficaz, ni mucho menos oportuna, puesto que si llega lo hará siempre tarde, demasiado tarde. Por otro lado, es necesario reflexionar cuál es el grado de responsabilidad que puede asignársele a la la justicia penal, que ordena las prisiones preventivas, en relación a las condiciones de internamiento. Una pauta para guiar esa reflexión tal vez pase por la premisa según la cual para resolver los problemas de la prisión deben buscarse soluciones dentro del marco jurídico que la regula. Es decir, ¿para resolver la tortura (o maltrato) por hacinamiento en las cárceles importa que lleguen muchas o pocas personas (marco jurídico penal y procesal penal) o importa que estas realmente aseguren condiciones dignas de vida para esa población (marco jurídico de ejecución penal)? Entonces, para cerrar este primer aspecto aquí retomado del artículo, la responsabilidad de la justicia de ejecución no solo es parcial, sino que -por omisión- es una responsabilidad absoluta (aunque, debe ser dicho, en Argentina y en buena parte de la región, la justicia de ejecución no tiene ni las herramientas legales ni las institucionales para poder reprocharle esa responsabilidad por completo).

    El segundo punto que quisiera retomar es la necesidad de dejar de pensar a las cárceles como un espacio ajeno a la sociedad democrática, en el que está permitido transformar a seres humanos adultos (aun contra su voluntad) para convertirlos en buenos ciudadanos. Esa pretensión es violatoria de la dignidad personal, implica la intromisión del Estado en un aspecto de la vida humana que debería estar reservado a toda autoridad, así como lo está con las personas que viven fuera de prisión. Si hay algo que necesito cambiar en mi personalidad, yo decidiré autónomamente intentar hacerlo. Nadie, ni nada, tiene la potestad de imponérmelo. Lo mismo debería regir para las personas en prisión que solo son seres humanos que, en algún momento de sus vidas, han tomado una decisión desafortunada (para otro espacio pueden dejarse las reflexiones acerca de las relaciones que seguramente existen entre esa decisión desafortunada y otra serie de infortunios sociales, como la exclusión y la violencia, por mencionar dos).

    Por lo tanto, en este segundo aspecto, la responsabilidad de lo que pasa en las cárceles es de toda la sociedad, empezando por los gobernantes (obviamente, jueces/zas incluidas), pasando por las instituciones educativas de todos los niveles (desde la escuela primaria se introyecta esta narrativa), muy especialmente la universidad, los organismos internacionales que siguen sosteniendo en sus discursos e instrumentos (aún en los más «modernos») posturas que abogan por ese modelo de «defensa social» que la realidad se encarga de contradecir permanentemente.

    Las cárceles deben garantizar condiciones dignas y respetuosas de la autonomía personal, lo demás se dará por añadidura; si la persona presa percibe que el Estado la respeta, tal vez se plantee genuinamente intentar un cambio en su vida pero ello no pude ni debe convertirse en una condición para acceder a derechos en su internamiento (las fases del sistema progresivo) ni para acelerar la recuperación de la libertad. Los beneficios pre-liberacionales deben ser un derecho cuya materialización no puede estar asociado al cambio (el binomio «concepto/conducta» de la tradición penitenciaria argentina es un anacronismo inaceptable).

    Si llegaste hasta acá en la lectura de este comentario, entonces no solo te lo agradezco enormemente, sino que además te digo que este modelo es posible y se está instrumentando en México. Aquí te dejo una liga en la que podes bajarte en PDF una explicación breve y accesible del mismo: http://bit.ly/ABC-EjecuciónPenal

    Si te interesa profundizar el tema: [email protected]

    Gracias a la autora por el artículo y al Cohete por su calidad informativa y compromiso social!

    Juan Morey

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