¿Censura en el Conurbano?

Un necesario recordatorio de los avances vigentes en materia de libertad de expresión

 

El más longevo barón del Conurbano retrocede sobre un terreno que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había afianzado: el de la libertad de expresión. Con ello, le regaló un flanco a la oposición y unificó a la prensa en su contra.

Se trata de Juan José Mussi, quien maneja el distrito desde 1985, cuando puso al presidente del Concejo Deliberante de Berazategui. Dos años después, asumió la intendencia que aún hoy retiene a sus 80 años. Ahora, en su quinto mandato, empezó a enviar cartas documentos intimatorias a los medios que informaron sobre su intento por imponer una alcaidía en un barrio, sin consulta y con el sorpresivo método del tratamiento en el Concejo Deliberante sobre tablas (sin debate en comisiones), aunque el Servicio Penitenciario lo había comunicado en diciembre.

 

El intendente de Berazategui, Juan José Mussi.

 

Esto generó dos conflictos: por un lado, los vecinos temen una concentración de detenidos en el barrio, cerca de escuelas y viviendas. Por el otro, las amenazas a la prensa por parte de un funcionario de un sector político que había avanzado en sentido inverso.
La necesidad de una alcaidía queda fuera de discusión en cuanto se recuerda la falta de espacio para alojar más detenidos en comisarías y la vigencia del “fallo Verbitsky”, más la consiguiente y reiterada orden del Poder Judicial de cesar tal hacinamiento. La consecuencia más dramática de esa desidia se dio en comisarías de Quilmes y de Esteban Echeverría, con los masivos fallecimientos de jóvenes cuya culpabilidad estaba en duda, pero que padecieron una forma de pena de muerte por asfixia en sendos incendios intencionales. La oposición se limita a discutir dónde y cómo instalar las alcaidías. Es un debate legítimo entre todos los partidos y los vecinos, que no trascendería a la ciudad.

 

Uno de los rechazos que cosechó el proyecto de la alcaidía.

 

 

Los hechos previos

El 3 de junio, la mayoría mussista en el Concejo Deliberante aprobó el proyecto de apuro. El 4, la oposición hizo público que “a espaldas del pueblo, instalarán una cárcel”. Al día siguiente, en sus redes, el intendente desmintió que se tratara de una cárcel para aclarar que era una alcaidía, un lugar de paso hacia la cárcel.

El 8 de junio, un periodista jubilado de la oficina de Prensa Municipal tuvo acceso a una carta de apoyo al proyecto con los sellos de muchas entidades. Sin embargo, una consulta del sitio El Progreso develó que a algunas de ellas les pusieron el nombre en la carta sin consultarlas. El Cohete a la Luna también habló con presidentes de entidades que admitieron: “A mí me avisaron que harían la carta en nuestro nombre, pero ¿qué querías que respondiera? ¡Me dieron empleo en la Municipalidad!”. Fue después de esa nota que El Progreso recibió la intimación del intendente.

 

 

Ojito con lo que decís

Lo que dota de interés al caso fuera de Berazategui es el modo en que se expone un representante del “volver mejores”. Si bien Mussi fue un histórico menemista-duhaldista, su incorporación con fórceps al kirchnerismo debería enrolarlo en la defensa de los valores que su conducción nacional ostenta como genuinos galardones. Esta fue su advertencia a la prensa:

“En mi carácter de intendente (…), intimo a usted se abstenga de publicar falsa información referente a una supuesta ‘cárcel y/o penal’. Resulta temeraria su intención de generar zozobra en la población, con absoluta mala fe y una oscura finalidad político electoral. Hágole responsable por las infundadas y la real malicia volcada por usted, las que no hacen más que poner de manifiesto su mala fe y su intencionalidad de perjudicarme personal y políticamente. Hágole saber que –salvo retractación inmediata en un sentido veraz– le acarreará graves consecuencias derivadas de las acciones que entablaré”.

Lo de “oscura finalidad político electoral” tal vez esté fundado en que el director del sitio, Gustavo Pulido, es precandidato de un partido de derecha con las más bajas intenciones de voto. No obstante, la carta no fue dirigida a él sino al portal informativo.

La referencia a la “real malicia” merece más detalle. Se trata de una doctrina tomada de la jurisprudencia estadounidense en el caso “Sullivan vs. New York Times”, por la cual la Corte Suprema estableció que, en casos de interés público, se invierte la carga de la prueba y es el denunciante quien debe probar que el periodista o el medio sabían que publicaban una mentira que afectaría al funcionario y aún así lo hicieron, con verdadera intención de dañar. El Progreso resumió el historial del tema en una nota al respecto.

El otro caso es el del más experimentado Adrián Di Nucci, del semanario quilmeño El Suburbano:

“Intimo a que en 48 horas ratifique o rectifique las afirmaciones, imágenes y dichos, bajo apercibimiento de, ante su silencio, tenerlas por ratificadas. Para el caso que rectifique, EXIJO que sea en las mismas características extrínsecas que las cuestionadas. Se lo EXHORTA a que se abstenga de desinformar (…) y a no hacer uso de mi imagen de manera burlesca (…). Hago reserva de iniciar querella criminal por calumnias e injurias (…) como de ejercer las acciones civiles que el derecho privado me concede”.

Este texto atrasa doce años, ya que los delitos de calumnias e injurias fueron despenalizados para casos de “interés público” a partir de que el gobierno de CFK impulsara la reforma del Código Penal en 2009. Por entonces, el Congreso modificó los artículos 109, 110, 111 y 113 de la ley 26.551, en los que agregó que no se considerarán delitos las “expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas”.

 

 

Repercusiones

Lo primero que hizo la prensa local fue unirse en un comunicado que sumó las firmas de colegas de Quilmes y Florencio Varela, las otras ciudades que conforman ese Departamento Judicial. Le siguieron pronunciamientos de FOPEA y ADEPA, siempre prestos en este tipo de situaciones contra el actual oficialismo.

Miguel Gaíta es un encumbrado dirigente de ADEPA. Secretario en esa entidad desde hace un cuarto de siglo, es también director del semanario La Palabra de Berazategui. Desde allí se recordó que “de conformidad con los estándares internacionales, los funcionarios públicos deben ser capaces de tolerar críticas, aún severas y cáusticas”.

 

 

Es probable que la molestia del intendente esté dada por el fotomontaje de la “cáustica” portada que abre esta nota, a juzgar por su exigencia de que no se usara su imagen para fines “burlescos”. Si así fuera, su reacción dista de la que ha tenido su líder partidaria frente a la innumerable cantidad de portadas de alcance internacional que la han tratado desde “loca” y “ladrona” hasta “objeto de deseo”.

 

 

¿Por qué importa?

El Cohete es comandado por uno de los protagonistas que sentó un precedente para todo el continente al sur de Estados Unidos.

En 1992, Horacio Verbitsky fue condenado por partidarios del entonces Presidente de la Nación que cumplían funciones en la Corte Suprema. La acusación fue haber cometido “desacato” al juez Augusto Belluscio. El periodista llevó el caso al sistema interamericano de derechos humanos y el gobierno de Carlos Menem buscó frenar el proceso mediante el compromiso de eliminar del Código Penal esa medieval caracterización. No obstante, los funcionarios pasaron a querellar periodistas por el delito de “calumnias e injurias”, como amenaza hacer ahora el intendente.

En 1999, luego de que el periodista llevara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otros cuatro casos, el Presidente Fernando de la Rúa ratificó el compromiso del anterior gobierno. También contó con la firma de Adolfo Rodríguez Saá, quien no llegó a impulsarlo a causa del a brevedad de su mandato. Verbitsky recordó que “el Presidente Néstor Kirchner prometió hacerlo, pero no cumplió”.

En 2009, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en el caso de Eduardo Kimel) ordenó al Estado argentino que modificara los artículos del Código Penal sobre calumnias e injurias, Cristina Fernández envió el proyecto que garantizó que nadie pudiera ser perseguido por lo que dijera o escribiera. En ese momento se discutía la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que –a diferencia de lo que planteaba el Grupo Clarín– no procuraba restringir la libertad de expresión y difusión de informaciones, sino ampliarla.

También los no-peronistas presentaron proyectos en igual sentido, y gran parte del espectro político recibió con regocijo la derogación. Por entonces, Verbitsky escribió que no él, sino múltiples actores habían protagonizado esa lucha de tres décadas.

Es tarea de las generaciones que le seguimos levantar las mismas banderas y mantenerlas en alto, sea cual fuere la dirección de los vientos. Son estandartes que él no bajó ni cuando fue blanco de andanadas de mentiras aviesas.

El intendente Mussi está a tiempo de sumarse a la ancha vereda de la gente que camina en pos de expandir libertades, y no de apresarlas.

 

 

 

 

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