Conflicto de poderes

 

La decisión de Horacio Rodríguez Larreta de pedir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de inconstitucionalidad y una medida cautelar contra el decreto presidencial de necesidad y urgencia que suspende por dos semanas las clases presenciales en las escuelas porteñas, coloca al artefacto autónomo al margen de la ley y preanuncia un conflicto de poderes. En la última respuesta de su conferencia de prensa del viernes, el Presidente Alberto Fernández sostuvo que “la Corte Suprema no es tribunal originario en las cuestiones de la Ciudad, porque es autónoma pero no tiene rango provincial, y la competencia originaria habla de conflictos entre las provincias y la Nación”.

Es exactamente lo contrario de lo que opinó la Procuradora Fiscal ante la Corte, Laura Monti, cuyo dictamen express sostiene que la Ciudad Autónoma tiene el mismo derecho que las provincias a la competencia originaria de la Corte, citando un fallo previo del mismo tribunal, Gobierno de la Ciudad c/Córdoba, que hace dos años modificó un siglo de jurisprudencia y creó un fuero especial para la Ciudad Autónoma, equiparando su status al de una provincia. Monti repitió en forma textual un párrafo del escrito cabano.

El conflicto de poderes podría hacerse explícito, si el gobierno nacional rehusara asistir a lo que la Corte Suprema denominó una audiencia de conciliación, en el juicio también iniciado por la CABA por los recursos coparticipables. La presentación por la presencialidad educativa sólo ahonda esa huella que no conduce a ningún lugar válido desde el punto de vista constitucional. La cita es para el miércoles 21. Antes de la audiencia, el Poder Ejecutivo Nacional podría presentar por medio del Ministerio de Economía una excepción de incompetencia, anunciando que no concurrirá a la cita.

 

 

Procuradora Laura Monti: sale un express.

 

 

¿Rodríguez Larreta es un diplomático extranjero?

El gobierno porteño invocó el artículo 6 de la Constitución local, que le ordena agotar “las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía y para cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional”. Pero ese artículo 129 no se refiere de ninguna manera a su capacidad para acceder a la jurisdicción originaria de la Corte Suprema. Sólo dice que Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción y elección de su jefe por el voto popular. En cambio, el artículo 117 de la Constitución es taxativo acerca de la jurisdicción originaria y exclusiva de la Corte Suprema: sólo alcanza a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y a “los juicios en los que alguna provincia fuese parte”. En el resto de las causas entenderá por apelación.

Ni Rodríguez Larreta es un diplomático extranjero ni la Ciudad Autónoma es una provincia. Por lo tanto, debe iniciar el recorrido judicial por la primera instancia del fuero contencioso administrativo. Las chances de una medida cautelar son nulas, salvo un rapto de locura de Lorenzetti y Cia. Es posible que Rodríguez Larreta lo supiera y por eso prefirió una declaración de certeza y no un amparo. Un misterio que sólo él puede explicar es por qué no pidió habilitación de días y horas. Acaso porque su presentación es ante todo un escudo que esgrime contra los cascotazos que le dirigen los talibanes de su propio espacio, que han convertido lo que imaginaba como un paseo hacia el liderazgo opositor en una carrera de embolsados.

La Constitución de los Estados Unidos tiene una cláusula idéntica y su Corte Suprema interpretó siempre que no es admisible ampliar en los tribunales la nómina de personas que pueden litigar directamente ante el más alto tribunal, que en la jerga legal se denominan sujetos aforados.

 

 

La ciudad no es una provincia

El escandaloso fallo que invocó la Procuradora fiscal Monti, fue firmado por los santafesinos Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, el correntino Carlos Rosenkrantz y el cordobés Juan Carlos Maqueda, y la única disidencia correspondió a la porteña Elena Highton de Nolasco.

Esto se explica porque el voto no se debe al lugar de nacimiento de cada opinante, sino al rol que la Ciudad de Buenos Aires ha jugado en la historia argentina, a partir de su aduana, y el que sigue jugando en el presente, como asiento del poder económico y de sus grandes empresas, tanto locales como multinacionales, del Episcopado Católico, del Poder Ejecutivo Nacional, del Congreso y de la propia Corte Suprema, que tienen aquí su sede porque esta es la Capital Federal.

Más interesante aún, la Corte citó como precedente su fallo N.N. Y otros s/ averiguación de delito – Damnificado: Nisman, Alberto y otros, de 2016. Es aquel por el cual el tribunal (también con la excepción de Highton) quitó la investigación por la muerte del fiscal a la justicia de instrucción penal de la Capital y se la asignó al fuero federal de Comodoro Py. Ese fue el paso previo para declarar que el fiscal había sido víctima de un homicidio, cosa que Lorenzetti se había apresurado a afirmar en el video con el que abrió el año judicial de 2015.

En posiciones opuestas, Rosenkrantz y Highton fueron coherentes. En cambio, Lorenzetti y Maqueda firmaron votos previos junto con el gran juez Enrique Petracchi sosteniendo la doctrina correcta, y Rosatti lo hizo en uno de sus libros. Ni siquiera se sintieron obligados a exponer las razones del cambio en el fallo que ahora invoca la Procuradora Monti (la que convalidó el tarifazo de Macrì y amplió a las infracciones aduaneras la ley de blanqueo, que no las contemplaba).

Hace un mes, el juez del Tribunal Fiscal de la Nación, Juan Manuel Soria Acuña, explicó en El Cohete por qué el fallo Gobierno de la Ciudad c/Córdoba es contrario a la Constitución histórica pero también a la Convención Constituyente de 1994 que no reformó el artículo 117 para equiparar a la Ciudad con una provincia. Allí el juez detalla los artículos e incisos de la Constitución Nacional avasallados por la mayoría de la Corte Suprema. En la edición de hoy amplía el análisis y explica por qué el rango constitucional de la Ley Cafiero impide que la Corte Suprema la impugne, sólo el Congreso podría modificarla, porque a él le fue delegada su sanción por la Convención Reformadora de 1994.

 

 

Un GIL y un vivo en busca de un tribunal amigo

En el mismo sentido apartado de la Constitución, el Superior Tribunal porteño decidió entender como instancia final de apelación en la causa iniciada por León Ferrari y continuada por sus herederos, contra el marchand Gabriel Isaías Levinas. Le reclamaron 88.000 dólares por 15 cuadros del artista que retiró para vender, pero sólo devolvió cuatro y no rindió cuentas por los restantes.

GIL alegó que había vendido los cuadros a alguien de quien sólo recordaba el apellido, en negro, sin documentación respaldatoria porque esa es la costumbre en el mercado de obras de arte, que había gastado el dinero para atender su salud y que el juicio era una persecución del kirchnerista León Ferrari contra un columnista del infotainer opositor Jorge Lanata. Como era de prever estos argumentos fueron rechazados, en primera y segunda instancia del fuero en lo civil, y cuando se rechazó su recurso extraordinario, GIL acudió en queja al Superior Tribunal Porteño, que en septiembre del año pasado lo declaró admisible. La Cámara Civil rechazó esa pretensión y el Superior Tribunal elevó lo actuado a la Corte Suprema. También en este caso hubo una disidencia: la de la jueza Alicia Ruiz, la única designada allí antes de que el PRO comenzara a gobernar la Ciudad.

El caso en sí carece de relevancia, pero sus consecuencias institucionales son enormes y apuntan a otra causa: la de la quiebra del Correo Argentino del ex Presidente Maurizio Macrì, quien precisamente intenta derivar al Superior Tribunal el expediente que viene demorando durante dos décadas en el fuero comercial.

La permeabilidad de las estructuras judiciales a los grandes intereses económicos no fue abordada por el proyecto de reforma, sino todo lo contrario.

 

 

La ley Losardo a vía muerta

Recién el recambio en el ministerio de Justicia de la Nación podría frenar la desatinada transferencia de los fueros nacionales (civil, comercial, penal y laboral de la Capital Federal) a la Justicia porteña. Ese proyecto, rubricado por la saliente ministra Marcela Losardo, tampoco se adecua a la Constitución histórica ni a su reforma de 1994. El mismo juez Soria Acuña sostuvo que el Poder Judicial de la CABA tiene vedado entender y decidir causas de derecho común. Como manda la ley Cafiero, “los tribunales de la CABA tienen una competencia limitada a las materias de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributaria local; son competencias que, además, deben interpretarse con criterio restrictivo, deferente con las competencias constitucionales prevalentes de los tribunales nacionales de CABA: los federales y los de derecho común”.

 

 

Ausente con aviso

De todo esto se deriva que el Estado nacional no está obligado a someterse a una jurisdicción inconstitucional creada por el voto de cuatro jueces que no tienen las facultades constituyentes ni legislativas que se arrogan. Si el Poder Ejecutivo presentara una excepción de incompetencia de la Corte Suprema, no acudiera a la audiencia del miércoles, no acatara ninguna decisión al respecto y solicitara el juicio político de los jueces que insistieran en esa posición aberrante, quedaría entablado un conflicto de poderes. Hasta que se resolviera, el gobierno nacional seguiría disponiendo, como corresponde, de los fondos coparticipables.

 

 

La dimensión política

Por cierto, además de estas consideraciones jurídicas, el conflicto tiene una multifacética dimensión política. Este es año electoral y Rodríguez Larreta disputa el liderazgo de la oposición con Maurizio Macrì y su joker, Patricia Bullrich, quienes, junto con los radicales Alfredo Cornejo y Mario Negri, postulan el constante endurecimiento de las relaciones con el gobierno nacional. Tanto ellos como la trifecta mediática en la que se apoyan señalan la contradicción entre el DNU presidencial y las declaraciones que pocas horas antes habían hecho los ministros de Salud y de Educación, Carla Vizzotti y Nicolás Trotta, quienes dijeron que se mantendría la presencialidad escolar. Es cierto, pero los ministros son sólo secretarios del Presidente, a quien le corresponden las decisiones.

También es verdad que la suspensión de las clases genera problemas graves, tanto a los chicos ricos (que tienen tristeza pero están hartos de Zoom) cuanto a los chicos pobres (que carecen de los instrumentos tecnológicos para sostener la educación a distancia, lo cual acentúa la desigualdad). Y también a sus progenitores, que deben buscar alternativas de cuidado para las horas de clase suspendidas. Pero nada de esto puede analizarse al margen de la gravísima situación sanitaria, que el ministro bonaerense de salud, Daniel Gollán, calificó como peor que la más negra de las previsiones contempladas, y su gobernador, Axel Kicillof, definió como un tsunami, no una ola.

 

 

La gran ola de Kanagawa, de Katsushika Hokusai.

 

 

Por otro lado, las restricciones sólo tienen un plazo de vigencia de dos semanas, después de las cuales se realizará una nueva evaluación. Fernández recordó la alarma social que se produjo en enero cuando se llegó a un pico de 7.000 casos diarios, casi cuatro veces menos que ahora. Según el Presidente el movimiento de chicos, docentes, no docentes, transportistas, padres y madres representa un tercio de la circulación total de personas en el AMBA. El problema no se reduce a la dirigencia política. La señal noticiosa por cable C5N insiste programa tras programa en la necesidad del cuidado y fustiga a sus críticos. Pero entre bloque y bloque reitera la publicidad de las cervezas Miller y Schneider: en ambos casos fiestas de jóvenes sub 30 en sendas terrazas, sin distancia ni barbijos, salvo uno.

 

 

 

 

¿Qué tiene mayor impacto, el editorial de un comunicador indignado o estas imágenes ligeras de chicxs lindxs que la pasan bien? Ni la Defensoría del Público ni el ENACOM parecen haber reparado en este ataque a la salud pública, más insidioso que cualquier declaración de Macrì o Bullrich.

 

 

 

Si la CABA fuera un Länder alemán

El viernes 16, Infoemba tituló: “Angela Merkel pidió un toque de queda en Alemania, pero defendió la presencialidad de las clases”. Recién avanzado el texto se conoce que esas clases presenciales que Merkel reivindica se mantendrán mientras el ritmo de los contagios no llegue a los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Alemania está en 160. Lo que el portal de Daniel Hadad omite es que la Ciudad Autónoma padece mil casos por cada 100.000 habitantes, seis veces más que Alemania y cuatro veces más que San Pablo, en Brasil. Es decir que si la CABA fuera el 17° Länder alemán, hace meses que las clases presenciales se hubieran suspendido. Allí también los Estados provinciales resisten las restricciones dispuestas por el gobierno central, a lo que se refirió Merkel, tanto o más enojada que Alberto Fernández por esa incomprensión. La ultraderecha del neonazi partido Alternativa por Alemania (AfD) denuncia «estas orgías de prohibiciones, estos encarcelamientos, esta locura de encerrar». O, dicho en las suaves palabras del Hada Buena, el autoritarismo de Alberto.

Merkel, quien pese a su gran popularidad anunció que no buscará una nueva reelección (con 16 años es, junto a Helmut Kohl, la persona que más tiempo ejerció el cargo) también dijo que la pandemia no concluirá “hasta que se le ofrezca la vacuna a la última persona” en el mundo y que facilitar su acceso a todos los países es de “interés global”, porque la comunidad internacional no superará la crisis sanitaria y económica hasta que se haya vencido al virus en todos los países.

 

 

 

 

 

 

La vacuna

El tema de la vacuna formó parte de las conversaciones que el director para Subamérica en el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, el colombiano Juan González, mantuvo por separado con el Presidente Fernández, el ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Tomás Massa. González almorzó por Zoom con Fernández en Olivos, visitó a Solá en la cancillería y comió un asado en la casa de Malena Galmarini y su esposo, Sergio Massa, en Tigre. Massa y González se conocen desde hace once años, a través de amigos comunes del Wilson Center, que tiene programas especializados en América Latina y la Argentina.

González fue asesor en las oficinas subamericanas del Consejo de Seguridad Nacional (con Dan Restrepo) y del Departamento de Estado (con Tom Shannon) y del entonces Vicepresidente y actual Presidente Joe Biden.

 

 

El almuerzo en Olivos.

 

 

Luego de los tres encuentros con los funcionarios argentinos, González participó en una ronda con periodistas locales. Lo que sigue es una síntesis de las cuestiones que se tocaron en esos distintos encuentros, en que los interlocutores argentinos se llevaron la impresión de que Biden lo envió para tener una visión de primera mano sobre qué puede esperarse del actual gobierno de les Fernández:

Vacunas – González dijo que Estados Unidos contribuirá a través del programa COVAX, de las Naciones Unidas. En cambio, fue evasivo acerca de los millones de dosis de la vacuna de Oxford AstraZeneca, que debían envasarse allí y enviarse a la Argentina pero que fueron retenidas por el gobierno de Biden. Según el enviado, esa vacuna tiene problemas de calidad. Si fuera así, ya la habrían liberado. De hecho, el Secretario de Estado, Anthony Blinken, tuvo que batallar duro frente a los responsables de salud, para que entregaran dos millones de dosis a México.

Según el diario Washington Post, a fines de julio Estados Unidos tendría una provisión de 300 millones de dosis más de las necesarias “y se teme su acaparamiento”. El Post destaca la creciente presión sobre el gobierno de Biden para facilitar una distribución equitativa de las vacunas en el mundo. Estados Unidos prometió aportes económicos de hasta 4.000 millones de dólares para el esfuerzo global de inmunización, pero se resiste a compartir la tecnología de las vacunas o a donar parte de sus dosis en exceso.

Más de cien ex jefes de Estado y premios Nobel solicitaron a Biden que suspendiera los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas y colocara el derecho colectivo a la salud por encima de los monopolios comerciales. Este pedido fue inicialmente presentado por la India y Sudáfrica ante la Organización mundial de Comercio, y apoyado por la Argentina y otro centenar de países.

Además de Estados Unidos, la Unión Europea y Gran Bretaña, se opusieron Chile y Brasil. Entre quienes adhirieron está el precandidato presidencial demócrata que compitió con Biden en las primarias, Bernie Sanders. Una encuesta encargada por la coalición internacional Progresista que él integra indicó que el 60% de los votantes estadounidenses está de acuerdo (entre ellos 72% de los demócratas y 50% de los republicanos) y sólo el 28% se opone.

 

 

La encuesta sobre las vacunas.

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Según The Intercept, además de un enorme fracaso moral el enfoque de las grandes farmacéuticas y de las potencias occidentales es “el más estúpido frente a una pandemia que reclama una respuesta global. Ni siquiera es una posición popular que beneficie a Biden” con su electorado.

El Washington Post también informó que Estados Unidos compró dosis como para vacunar al triple de su población. El 5 de mayo volverá a reunirse la Organización Mundial de Comercio y arrecian las presiones sobre Biden para que se sume a la propuesta.

La obsesión china – Esto no impidió que González dijera a sus interlocutores que sólo su país tendría un liderazgo global ante la enfermedad y que cuando entregara vacunas [una vez inoculada toda su población] sería sin condiciones políticas, mientras que China y Rusia tenían una actitud mercantil y utilizaban las vacunas para aumentar su influencia.

China fue el único tema en el que el enviado de Biden señaló que se mantendría la línea de confrontación estratégica de Trump. González preguntó en forma directa si la Argentina contemplaba la participación china en una base logística en Ushuaia (dato que provenía de una jactancia del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella). En cambio, no dijo nada sobre la base de rastreo satelital sino-argentina de Neuquén ni acerca de la mayor inversión china en el mundo, en las hidroeléctricas Kirchner y Cepernic de Santa Cruz. Alberto Fernández respondió que “no cederemos porción alguna del territorio argentino a ninguna potencia militar. Si se construyera una base logística en la isla, como apoyo para la investigación científica en la Antártida, será solo argentina, acaso compartida con Chile y Brasil”.

González también objetó la posible participación de la empresa china Huawei en la adopción de la tecnología de 5G para la Internet de las cosas (en asociación con el Grupo Clarín), porque considera que implicaría avances de la Inteligencia china. Fernández dijo que estaba estudiando el tema, haciendo contactos con todos los posibles proveedores, incluyendo empresas de Estados Unidos, para formarse una idea de lo que más le conviene a la Argentina, pero que no era una cuestión urgente, porque antes debía asegurar la conexión en todo el país del 4G.

Venezuela y Bolivia – El Presidente argentino introdujo el tema de Venezuela, cuestionó la política de Estados Unidos y sostuvo que el Presidente Nicolás Maduro fue elegido por su pueblo. González eludió llamarlo dictador y prefirió un circunloquio según el cual la democracia venezolana no provee condiciones republicanas. Alberto sostuvo que podría hablar largamente de Maduro y de Guaidó, pero que “la pelota la tiene Estados Unidos. Yo puedo ayudar pero si no hay un gesto de distensión de parte de ustedes es imposible avanzar. Después de ese primer gesto yo puedo hacer el segundo y tal vez eso lleve al tercero. Nadie celebró tanto como yo el triunfo de Biden”. González asintió, y luego en la conferencia de prensa dijo que la salida del gobierno argentino del Grupo de Lima abre una oportunidad, porque Estados Unidos no tiene diálogo con Maduro y la Argentina podría ayudar, dado que hay mensajes que se reciben mejor si vienen a través de un líder regional. Acerca de Guaidó, González dijo: “Lo heredamos”. Los argentinos destacaron que ya ni siquiera preside la asamblea paralela y que promover que la oposición no se presente a elecciones sólo le conviene a Maduro y tiene un costo enorme para Estados Unidos. González aceptó que era así. Su idea es un acercamiento con intermediarios, como el que Obama realizó con Cuba y que culminó con el restablecimiento de relaciones en 2016. González fue uno de los funcionarios que participó en ese proceso.

Sobre Bolivia, los argentinos informaron al huésped acerca de las masacres y las violaciones a los derechos humanos cometidas luego del derrocamiento de Evo Morales y señalaron el rol nefasto del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien instaló la falsa idea de un fraude en la elección que había ganado Morales. Tampoco ocultaron su molestia por la designación como observadores a procesos electorales en Centroamérica de los políticos opositores María Eugenia Vidal y Fulvio Pompeo.

Las alianzas regionales – El enviado de Biden, quien visitó la Argentina, Colombia y Uruguay pero se salteó Brasil, planteó que el nuevo gobierno de su país se propone dejar atrás el eje que Donald Trump había establecido con Jair Bolsonaro, y en cambio se propone basar una nueva alianza regional en la relación con México, Colombia y la Argentina. Cuando le plantearon la dificultad de tal alianza con Colombia debido a las posiciones extremas de Iván Duque, González dijo que la tenía muy presente y contó la reunión en la que demandó al Presidente uribista respeto por los derechos humanos. Colombia es desde hace décadas uno de los aliados más firmes de Estados Unidos, pero González no parece tener gran afinidad con su Presidente. De hecho, mencionó que su padre fue guerrillero del M-19, el movimiento afín a Montoneros que se integró luego a la vida democrática.

La deuda externa y el FMI – Alberto Fernández narró sus discusiones con Mauricio Claver-Carone, describió las condiciones ruinosas del crédito que el FMI concedió a la Argentina en violación a su propio estatuto, por la decisión de Trump de propiciar la reelección de Macrì. González respondió: “No soy experto en finanzas pero tengo claro lo que ustedes piden. El FMI no puede ser el mismo ahora que antes de la pandemia”. Un antecedente que Sergio Massa mencionó para esta nota es que, en 2001, como dirigente estudiantil, González organizó movilizaciones contra el FMI en Nueva York.

No sería recomendable obviar los veinte años transcurridos y quedarse con esa imagen juvenil.

 

 

Massa (izquierda) y González: desde el jardín.

 

 

La música que escuché mientras escribía

 

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