“¿Qué son todas esas medallas del ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti?”, le pregunté a un oficial superior retirado. “Mirá, en realidad, hay distintivos y hay condecoraciones; de las condecoraciones, una creo que es al mérito de infantería, que te dan por terminar primero en algún curso; de las otras, dos son honorificas por haber sido agregado militar en Honduras y la otra se la dieron los yankis, puro protocolo. Los distintivos son las de paracaidista, comando, instructor de comando, instructor de esquí y andinismo y de montaña; y hay tres que corresponden a un título de grado y otro de posgrado que no me cierran”. “Le faltó la cucarda en la frente –me dijo otro oficial jefe en actividad– por destruir a la Fuerza, y por lamerle las botas a los Mileiyankis y entregar al país”. “Parecía el general de Costa Pobre”, fueron las palabras lacónicas de un general retirado consultado por este medio.
Sin embargo, no es el primero que recurre a estos disfraces que parecieran diseñados por una diputada nacional libertaria.
Por ejemplo, Luis Petri lució pantalones tácticos camuflados, borcegos y una remera de la Armada Argentina en el buque ARA “Contraalmirante Cordero” en enero de 2024. Meses después se disfrazó con un uniforme completo de la Fuerza Aérea Argentina para la firma del contrato para la adquisición de los aviones F-16. Por último, y para no dejar de lado al Ejército Argentino, uso un uniforme reglamentario de fajina, camuflado para el monte y con chaleco táctico en septiembre de 2024 en el norte del país.
Por su parte, el Presidente de la Nación tampoco ha estado ajeno a estas actitudes “costaprobrenzes”. Por ejemplo, recurre asiduamente al histórico Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín” para que amenicen su día con canciones de ABBA y para que le canten el “Feliz Cumpleaños”, entre otras puestas en escena bizarras que además degradan, con la venia de su jefe, a esta formación histórica que combatió desde la Guerra de la Independencia (1810-1824) hasta la Guerra del Atlántico Sur (1982). Por último, Javier Milei se disfrazó también, para no ser menos que su ex ministro de Defensa, cuando visitó el portaaviones estadounidense USS Nimitz.
Una primera lectura de estas actitudes, más allá de la respuesta obvia de que a estos funcionarios políticos les gusta hacer el ridículo, es que intentan congraciarse con los militares realizando gestos simbólicos: zanahorias. Sin embargo, el gobierno reparte a continuación palos, como demuestras los salarios que cada miembro de nuestras Fuerzas Armadas percibe a principios de mes y la situación operativa de las Fuerzas como resultado de los constantes recortes al presupuesto de defensa nacional, como ya hemos analizado en otras notas.
Una segunda lectura se relaciona con las relaciones civiles-militares, pero poniendo el foco ya no en los militares, sino en la política.
Así, mientras a lo largo de nuestra historia la modalidad predominante de relaciones civiles-militares ha sido la del tipo ideal dominio militar en sus dos variantes, provisoria e institucionalizada [1], pocos han sido los ministros que, desde 1983 hasta la fecha, han ejercido el gobierno civil de las Fuerzas Armadas: Raúl Borrás, Nilda Garré y Agustín Rossi, por nombrar algunos. El resto de las gestiones ministeriales entran en la categorización de acomodamiento civil deficiente.
Acomodamiento civil deficiente
Desde el retorno de la democracia, y comprensiblemente, la mayoría de la producción académica sobre las relaciones civiles-militares puso la atención en el problema de la autonomía política militar “y, centralmente, en un tipo de autonomía que se traduce en la conformación de Fuerzas Armadas como actores tutelares del Sistema Político”. Según Marcelo Sain, “todo estaba esencialmente reducido al estudio del desempeño político de los militares”. Pero a su criterio la democracia no garantiza por sí sola la conducción política del Sistema de Defensa. En palabras de este autor: “Aun existiendo de parte de las Fuerzas Armadas una clara voluntad de subordinación a las autoridades civiles, no fueron pocas las ocasiones en las que éstos se mostraron incompetentes para ejercer la conducción sobre los militares, cuando no se manifestaron simplemente desinteresados o indiferentes frente a la temática militar”.
Ahora bien, en los regímenes políticos democráticos, las relaciones civiles-militares deben poseer tres características esenciales:
- “los militares deben estar subordinados al régimen democrático y a las autoridades gubernamentales legalmente constituidas”;
- los militares deben ser iguales ante la ley; y
- las autoridades políticas deben ejercer el gobierno civil del Sistema de Defensa y, para ello, deben diseñar e implementar políticas de defensa en sus dimensiones estratégicas, internacional y de política militar [2].
En cuanto a la primera, consideramos que la subordinación política de las Fuerzas Armadas a través del control civil objetivo [3] se alcanzó en la Argentina durante la represión del último levantamiento carapintada en 1990. Desde entonces no existen dudas que las instituciones militares están plenamente subordinadas al poder político emergente según lo establecido por la Constitución Nacional. De hecho, la prueba de fuego se produjo cuando las autoridades civiles del gobierno de Fernando de la Rúa sondearon al Ejército para que reprimiera las protestas sociales en diciembre de 2001. La negativa de los militares fue rotunda [4]. En este sentido, resulta cansador escuchar la cantinela de que se debe reconciliar a los militares con la sociedad, o reinsertarlos en la misma, cuando en realidad todo esto ya es, afortunadamente, una etapa superada en nuestra historia.
En lo que refiere a la segunda, la Reforma Garré derogó el Código de Justicia Militar en el año 2008.
Sin embargo, la tercera ha aparecido solo esporádicamente en 43 años de democracia. Marcelo Sain sostiene que “la instauración de un gobierno democráticamente electo no ha supuesto necesariamente el inicio de un proceso indeclinable hacia” el gobierno civil del Sistema de Defensa Nacional. En efecto, el académico argentino considera que estamos en presencia de un “gobierno civil” de la política de defensa no solo cuando hay voluntad de subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político —sobre lo cual ya nos hemos pronunciado ut supra—, sino también cuando no hay “déficit civil”. Éste es entendido como “el ejercicio efectivo y competente de la conducción gubernamental (…) sobre las Fuerzas Armadas en todo lo atinente al establecimiento de las bases legales, orgánicas, y funcionales de la defensa nacional; la estructuración y gestión del sistema institucional de gobierno de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas; la fijación y el control del cumplimiento de las misiones y funciones institucionales específicas de esas Fuerzas; la formulación y gestión de la estructura orgánica, funcional y doctrinal de las mismas; y el tratamiento y abordaje de todas aquellas cuestiones y actividades derivadas del funcionamiento político-institucional de las Fuerzas Armadas o que supongan la vinculación o intervención de éstas”.
A nuestro criterio, éstas resultan insuficientes y deben sumarse dos rasgos adicionales fundamentales. El primero es que todo ello debe orientarse para hacer frente a amenazas externas de naturaleza militar. Según Michael Desch, citado por Sain, aquellas Fuerzas Armadas que desarrollan misiones de law enforcement tienden a “desarrollar ciertas patologías que (…) conducen a la politización de los militares (…), y vulneran la posibilidad de consolidar un profesionalismo castrense basado en la prescindencia política de los uniformados”, manteniendo su esfera de autonomía profesional: “condiciones, facultades e imperativos profesionales derivados de la organización y funcionamiento institucional de las estructuras castrenses, tal como ocurre con todo organismo estatal con especificidad profesional”.
El segundo criterio puede ser recuperado de la obra clásica El soldado y el Estado, de Samuel Huntington [5]. Un gobierno civil eficiente debe maximizar también la seguridad nacional, obviamente sin afectar los valores sociales, entre otros el régimen político democrático.
En este sentido, hemos fracasado. Recién a partir de 2019 cuando se tomó la decisión de aprobar e implementar la ley 27.565 Fondo Nacional de la Defensa —hoy derogado formalmente—, el decreto 457/2021 Directiva de Política de Defensa Nacional y el Plan de Capacidades Militares (PLANCAMIL) 2023 —ambos derogados de facto—, que fueron el resultado del trabajo mancomunado de civiles y militares de los niveles estratégicos nacional y militar entre 2019 y 2023, hubiéramos podido afirmar que se había empezado a maximizar la seguridad nacional. A partir de la llegada del gobierno libertario, y pese a las compras publicitadas, la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas ha empeorado.
Finalmente, el gobierno civil de la política de defensa supone la convergencia de al menos tres factores, de acuerdo a Marcelo Sain y German Montenegro [6]. Éstos son:
- la voluntad de ejercer la conducción política de la defensa;
- conocimientos técnicos-profesionales de los funcionarios y/o asesores políticos: y
- la competencia instrumental o capacidad operativa para implementar las políticas por parte de la burocracia estatal.
Dos aclaraciones:
- El gobierno civil no implica necesariamente que el ministro y/o sus asesores deban ser civiles. Muchos países integran a los militares retirados como ministros de Defensa, como asesores políticos y/o como burócratas del Ministerio. El problema es cuando el ministro es un militar en actividad y no sabe mantenerse en el Nivel Estratégico Nacional o incurre en otras faltas que ya hemos analizado en más detalle en otra nota. El problema no es que porte uniforme, sino “quién” porta el uniforme. El mundo libertario nos ha dado muchos ejemplos bizarros con y sin uniforme; algunos de los cuales hemos reseñado al inicio de esta nota.
- La segunda es que, a mi criterio, la voluntad debe ser entendida también como Der Wille en los términos que plantea Carl von Clausewitz [7] y más estrictamente Carl Schmitt [8]; es decir, la voluntad —y valga la redundancia— de estar dispuestos a usar la fuerza para defender los intereses vitales y estratégicos. Al día de la fecha, no tenemos ni la una ni la otra.
Ni para el desfile
El próximo 9 de julio, cuando conmemoremos el Día de la Independencia, tampoco habrá desfile militar; tal como ya ocurrió en 2025. No se trataría solamente de la situación presupuestaria que afecta —además de la posibilidad de realizar este minúsculo despliegue— el alistamiento, adiestramiento y sostenimiento del instrumento militar, sino también de los salarios reales de los integrantes de las Fuerzas Armadas, que siguen en franco declive y, en consecuencia, no hay ánimos para realizar el mismo.
Respecto al tema salarial, y muy recientemente, dos ex funcionarios del Sistema de Defensa Nacional realizaron un estudio que demuestra que los aumentos otorgados a lo largo de 2025 y los correspondientes a este año, incluida la suma fija, mantienen a una parte significante de los militares por debajo de la línea de la pobreza; tal como muestran los gráficos que facilitaron a este medio.
La investigación realizada muestra que los soldados y suboficiales y algunas jerarquías de los oficiales se encuentran por debajo de la línea de la pobreza.
Pese a ello, y a que el gobierno sigue entregando sectores estratégicos, como la Hidrovía Paraná-Paraguay, el Mar Argentino y el Plan Nuclear Nacional, entre otros, y a que se mantiene firme en su plan de convertir a las Fuerzas Armadas en Crime Fighters —en términos de Juan Gabriel Tokatlian— el apoyo al gobierno libertario parece no haber mermado.
La pregunta ya no es cómo conseguir la subordinación de las Fuerzas Armadas, sino qué propone la dirigencia política argentina para maximizar la seguridad nacional manteniendo lo que hemos conseguido en estos 43 años de democracia; pese al creciente deterioro de la misma debido a la deriva autoritaria del Presidente de la Nación.
El presidente de Costa Pobre, interpretado por Alberto Olmedio, y su gabinete, por César Bertrand y Javier Portales, entre otros, estaban tranquilos frente a una potencial invasión extranjera porque las tropas enemigas no podrían avanzar debido a la enorme cantidad de baches y cráteres en las rutas. Tal vez la suspensión de la obra pública que realizó el gobierno libertario ha sido una estrategia de defensa nacional que no supimos prever bajo toneladas de papeles con estudios de relaciones civiles-militares.
[1] Sain, M. (2010). Los votos y las botas. Estudios sobre la defensa nacional y las relaciones civiles-militares en la democracia argentina. Buenos Aires: Prometeo. En adelante, todas las referencias a Marcelo Sain pertenecen a este libro, salvo cuando se indique.
[2] Eissa, S. (2015). ¿La irrelevancia de los Estados Unidos? La política de defensa argentina (1983-2010). Buenos Aires: Arte y Parte.
[3] Si bien el concepto fue desarrollado por Samuel Huntington en su obra “El soldado y el Estado” seguimos la reformulación realizada por Ernesto López. Ver López, E. (1994). Ni la ceniza ni la gloria. Actores, sistema político y cuestión militar en los años de Alfonsín. Quilmes: Universidad Nacional de Quilmes.
[4] Eissa, S. (2015). ¿La irrelevancia de los Estados Unidos? La política de defensa argentina (1983-2010). Buenos Aires: Arte y Parte; Canelo, P. (2010). ¿Un nuevo rol para las Fuerzas Armadas? Políticos y militares frente a la protesta social, los derechos humanos y la crisis presupuestaria (1995-2002). Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO); y Sain, M. & Barbuto, V. (2002), “Las Fuerzas Armadas y su espacio en la vida democrática”. Disponible en CELS.
[5] Huntington, S. (1964 [1957]). El soldado y el Estado. Buenos Aires: Círculo Militar.
[6] Montenegro, G. (2013), “Más vale pájaro en mano que cien volando. La implementación del control político-civil sobre las Fuerzas Armadas. La experiencia argentina 2005-2010. Entre la voluntad política y las limitaciones prácticas”. En Pion-Berlin, D. & Ugarte, J.M. (Comp.). Organización de la defensa y control civil de las Fuerzas Armadas en América Latina. Buenos Aires: Jorge Baudino Ediciones.
[7] von Clausewitz, C. (1999 [1832]). De la Guerra. Madrid: Ministerio de Defensa del Reino de España.
[8] Schmitt, C. (2006 [1932]). El concepto de lo político. Madrid: Alianza Editorial, p. 79.
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