El crimen de los endeudadores seriales

La Oficina Anticorrupción presentó la querella penal contra Macri & Cía. por el préstamo con el FMI

 

“Los imputados ejecutaron un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional”. Tal como anticipó la semana pasada El Cohete, la Oficina Anticorrupción (OA) presentó a última hora del viernes la querella criminal contra Mauricio Macri, Federico Sturzenegger, Guido Sandleris, Nicolás Dujovne y Luis Caputo por el préstamo solicitado al Fondo Monetario Internacional y destinado casi exclusivamente a financiar la fuga de capitales.

La denuncia llegó luego de que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) analizara el informe del Banco Central sobre la salida de divisas durante el período 2016-2019, sumado al dictamen legal de la autoridad monetaria y toda la documentación enviada por el Ministerio de Economía.

La querella no sólo apunta a determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados sino que pretende dilucidar quiénes fueron los ganadores tras el desfalco.

“Es necesario establecer quiénes fueron los mayores titulares reales de LEBACs en el período 2016-2018, a fin de determinar si guardaban vinculación con los aquí imputados. Cuando hablamos de titulares reales nos referimos no ya a las entidades bancarias, sino a los beneficiarios finales: los clientes de dichas entidades que las adquirían mediante aquella”, puede leerse en la denuncia. Para ello, la OA solicita como medida de prueba el levantamiento del secreto fiscal.

La denuncia fue presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, donde ya tramita la causa 3561/2019 “Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”. El fiscal es Franco Picardi, quien ya le había solicitado a la magistrada la conformación de un equipo interdisciplinario entre el Banco Central, la AFIP y la Auditoria General de la Nación (AGN) para avanzar en la pesquisa.

El texto firmado por el titular de la OA, Félix Crous, deja entrever los cuestionamientos hacia el propio organismo internacional pero aclara, enfáticamente, que no es de su competencia avanzar en una causa penal contra los funcionarios del FMI.

La denuncia, anticipada por Alberto Fernández durante la apertura de sesiones ordinarias, puso nervioso a más de uno. Clarín no tardó en instalar la falacia de que se proponía llamar a declarar a funcionarios del Fondo.

No fueron los únicos que estuvieron alterados durante los últimos días. Algunos buitres, tenedores de bonos locales, salieron esta semana de sus cuevas para enviarle un mensaje al gobierno nacional.

“Nos preocupa el precio de los títulos que parecen de remate”, dejaron trascender a través de algunos voceros mediáticos de la City. En el (F)ondo, son los mismos que ingresaron al canje del año pasado –protagonistas de la bicicleta financiera durante el macrismo– que presionan para que el Ministerio de Economía cierre cuanto antes un acuerdo con el FMI como condición (y elemento condicionante) para la estabilización macroeconómica que ellos mismos contribuyeron a desestabilizar.

“Es un tema pendiente pero no algo urgente”, volvió a publicar la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) en su último informe. “No hay clima de un acuerdo inminente”, señalaron a El Cohete desde el Banco Central.

En las últimas semanas hubo un cambio de prioridades, que de alguna manera da cuenta de las propias tensiones hacia el interior de la coalición gobernante. La querella penal contra Macri y los endeudadores seriales de su gobierno es una marca de ello. También lo es el manejo futuro de las tarifas por los servicios públicos. Dicho cambio hace suponer que la renegociación de la deuda con el Fondo quedaría para luego de las elecciones de medio término.

 

 

Lobby emergente

Los tenedores de títulos que ingresaron en el canje del año pasado dejaron trascender que emitirían un “duro comunicado” contra el gobierno, preocupados por la baja en el precio de los bonos y el aumento del riesgo país. Desde Economía calificaron el mensaje como una acción de lobby mediatizada.

Lo cierto es que el país ya tiene cerrado el acceso a los mercados internacionales, con lo cual ni el precio actual de los títulos públicos ni el riesgo país deberían marcar el pulso de la coyuntura.

“Luego del canje del año pasado, el precio de los bonos era de 68 dólares cada 100. Ahora se fueron a 34 dólares cada 100. Pero esto no es relevante en el corto plazo ya que no hay necesidad de refinanciamiento en lo inmediato. El Riesgo País no determina la diaria. Además es necesario remarcar que existe un deterioro en la mayoría de los países emergentes”, señala Nicolás Zeolla, jefe de investigaciones de la FIDE.

En ese derrotero sobresale Ecuador, que podría funcionar como un espejo local. “Con un título a diez años y un acuerdo ya cerrado con el Fondo, aunque de menor magnitud del que necesitaría la Argentina, el precio de sus papeles sigue la misma trayectoria de los bonos argentinos”, agrega Zeolla.

 

 

 

“En Argentina todavía no está la gran señal para fortalecer la posición de los bonos que es sumar reservas de verdad. La compra de dólares del Central por ahora no se ha plasmado en un ciento por ciento en acumulación de reservas. Faltan varios meses de comprar y comprar. De todas maneras, hay mucho tiempo hasta 2024 para reordenar la macroeconomía como enfatiza insistentemente el ministro Guzmán”, explica Sergio Chouza, investigador de la Universidad Nacional de Avellaneda.

 

 

 

Paris siempre estuvo cerca

Uno de los motivos por los cuales algunos sectores reclamaban un rápido acuerdo con el FMI era la situación de la Argentina en relación al Club de París. “Son temas independientes. Y lo principal es que no tenés condicionales”, explicó a El Cohete un funcionario del Banco Central.

En mayo vencen 2.130 millones de dólares por pagos de capital al Club de París; en septiembre vencen 1.825 millones con el FMI y en diciembre otros 1.825 millones. Según la FIDE, lo que podría agregar cierta tranquilidad en el corto plazo es la decisión del FMI de incrementar los Derechos Especiales de Giro (DEG, la denominación de la moneda del organismo) que podría aportarle al país una liquidez de 3.300 millones de dólares.

“Esa ampliación de los DEG podría servir para consolidar el escenario de tranquilidad cambiaria de cara a la cosecha gruesa y bajar el ritmo de las negociaciones con el FMI”, agregó la FIDE. O utilizarse para cancelar el vencimiento con el Club de París.

Lo cierto es que la volatilidad de los títulos públicos y las presiones –por  ahora solapadas– de los buitres no alteran la (tensa) calma que se percibe puertas adentro del Gobierno. Otro funcionario del BCRA lo graficó de la siguiente manera: “Cuando vas a comprar una casa, en el momento en que empezás a dialogar directamente con el dueño, ahí es cuando se va a los bifes. Ahora, las conversaciones que el staff técnico del Fondo mantiene con el Banco ocurren entre una y dos veces por semana pero son muy light. Es como seguir hablado con intermediarios. No hay un clima de acuerdo inminente”.

De todas maneras, las cartas se verán mejor cuando Guzmán viaje a Washington dentro de diez días. A su vez, Alberto Fernández podría tener la oportunidad de dialogar directamente con el dueño ¿del acuerdo? (para seguir con la metáfora señalada más arriba) cuando concurra a la Cumbre contra el Cambio Climático, invitado directamente por Joe Biden, Presidente de Estados Unidos.

Mientras tanto, las negociaciones van por un borde, es decir que se buscan apoyos internacionales para lograr que el nuevo acuerdo con el Fondo, para la cancelación de los 44.000 millones de dólares, sea superior a los diez años. En este sentido, la querella contra Macri podría significar un duro espejo para el organismo internacional, que ya reconoció que se realizará una investigación interna por dicho préstamo.

 

 

Malversación

La denuncia de la OA recordó que el préstamo del Fondo fue, cuantitativamente, el más grande su historia, al superar en un 1.110% la cuota parte que la Argentina posee dentro del organismo.

“Advertimos que las razones esgrimidas para la concesión del empréstito excepcional nunca se materializaron en un acuerdo formal, ni en un acto de nuestra administración mediante el cual se lo aceptara y, por fin, que el préstamo fue malversado, ya que se burlaron los objetivos consagrados en los instrumentos de negociación y la finalidad se dirigió a satisfacer el interés de los especuladores financieros, asegurando su ganancia antes del anunciado default”, puede leerse en el texto de la OA.

La SIGEN, por su parte, verificó que los compromisos asumidos con el FMI fueron contraídos sin contar con la previa intervención de los órganos competentes en la materia, ni con la información económica, financiera ni jurídica necesaria para su celebración.

Lo más probable es que en los próximos días la Procuración del Tesoro, a cargo de Carlos Zannini, se presente como querellante dentro del expediente a cargo de Capuchetti.

 

 

Tarifas

Si la cuestión fiscal está en el centro de la negociación con el Fondo, también lo están las tarifas de los servicios públicos de gas y electricidad.

Alberto Fernández adelantó en la apertura de las sesiones ordinarias que se enviará un proyecto de ley para declarar la emergencia de estos servicios. Allí habló de la necesidad de desdolarizar los contratos vigentes, algo no tan sencillo ya que muchas empresas podrían recurrir a tribunales internacionales, según el análisis que realizan desde la Secretaría de Energía.

Las empresas energéticas, especialmente las integradas verticalmente, fueron las grandes ganadoras de los tarifazos aplicados durante la Alianza Cambiemos.

Pampa Energía, empresa del Grupo Mindlin, tiene negocios en la generación térmica, transporte (Transener) y distribución (Edenor), además de participar en el mercado de los hidrocarburos. En 2018 obtuvo una ganancia integral del ejercicio de 8.435 millones de pesos, mientras que al año siguiente se anotaron una ganancia extraordinaria de 33.000 millones. Es decir, un incremento del 291%. Durante el último año de gestión de la Alianza Cambiemos, la compañía pagó dividendos por 2.858 millones de pesos, casi 10 veces más que lo pagado en 2018.

No por casualidad Pampa Energía figura entre las principales empresas que fugaron dólares durante el período macrista, sólo superada por Techint (ver Los 100 de Macri). Esta es una pista de los posibles grandes beneficiados con el endeudamiento denunciado por la OA.

Luego del discurso en la Asamblea Legislativa, circularon dos borradores entre el Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía y el bloque del Frente de Todos en Diputados. Uno lo elaboró directamente Sergio Massa y otro corresponde a lxs funcionarixs más alineados con Cristina Fernández de Kirchner. Son proyectos antagónicos, aunque se buscará una síntesis entre ambos.

La iniciativa elaborada por el titular de la Cámara baja está alineada con una eliminación de subsidios. Es decir, “la convergencia –en las facturas– de los costos totales requeridos para satisfacer la demanda interna”.

El proyecto de Massa sostiene que las actualizaciones tarifarias se realizarán según el porcentual de variación del RIPTE o el IPC según el segmento de usuarios. Y que las tarifas para los residenciales de bajos ingresos no podrán superar el 80% de las de los usuarios residenciales de ingresos medios.

Sin embargo, en otra parte del proyecto –que todavía es un borrador sujeto a negociación– sostiene que si los usuarios residenciales actualmente pagan el 80% de la tarifa (el resto se cubre con subsidios), hacia fines del 2022 deberían pagar el 100%.

En un contexto con altísimos niveles de pobreza y una actividad económica todavía en recuperación, la eliminación total de subsidios –en pos de alcanzar el equilibrio fiscal pretendido por Guzmán y el propio FMI– parecería inviable.

El otro proyecto bajo análisis apunta a realizar “una revisión de los costos de generación de energía que propendan a su disminución”. También autorizaría al Poder Ejecutivo a “constituir un fondo de afectación especial que concentre los subsidios destinados a las empresas concesionarias”.

Guzmán necesitaba avanzar con una actualización tarifaria cercana al 30% –lo mismo que reclaman las distribuidoras eléctricas–, atada a la negociación con el FMI por la cuestión fiscal. En contraposición, aparece la postura de no convalidar un incremento superior al 9%.

De patearse el acuerdo con el Fondo para los últimos meses del año, quedará claro que primaron las urgencias del contexto económico (y electoral). En el (F)ondo, la disputa hacia el interior del Gobierno –sujeta a negociación permanente– es sobre los instrumentos y el rumbo que debería adoptar el modelo económico en un contexto de crisis.

 

 

 

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