El día que la vimos muerta

Matías Martínez, el femicida de Úrsula, tenía denuncias previas pero ningún área del Estado actuó a tiempo

 

—¿Sabés quién es ese pelotudo? El que mató a mi prima.

Los nenes no tienen más de ocho años y están frente al monumento a San Martín, intervenido con imágenes de Úrsula Bahillo y pedidos de justicia en forma de cartulina. El que habla señala con el dedo la foto del femicida Matías Ezequiel Martínez que está uniformado. El otro sólo escucha y a su alrededor el silencio ocupa todo el espacio público a pesar de que hay mil personas de todas las edades. Es el tercer día de concentración en la plaza central de la ciudad de Rojas, un pueblo en medio de la llanura bonaerense de casi 24.000 habitantes que hoy está haciendo un duelo a cielo abierto. La primera marcha fue el estallido del hartazgo y el reclamo de justicia ante el crimen; la segunda, la bronca por el doble reclamo para cercar la impunidad ante la represión policial y, la tercera, la despedida. El día que la vimos muerta: el cajón con el cuerpo de la chica acaba de llegar a la parroquia principal. El pueblo calla hasta que una chica empieza tímida un aplauso cerrado que acompañará la entrada del féretro. Todos y todas quedan inmóviles afuera ante la ceremonia religiosa.

Antes, Úrsula se había visto a sí misma muerta y se lo contó a su amiga Milagros Almirón, otra adolescente de 16 años. Mili fue su mayor contención en los últimos días. Ella vio cómo Martínez incumplía la última perimetral impuesta cuando lxs cruzó en Avenida Tres de Febrero y 25 de Mayo. Fue a contarlo a la Comisaría de la Mujer por pedido de Úrsula. Las amigas salieron de ahí con un papel que “podía servir para el juicio”. Hoy Mili siente culpa por haber denunciado, porque al día siguiente a Úrsula la encontraron atravesada por al menos 15 puñaladas y ella cree que puede haber sido una represalia.

“¿Sabés qué? Yo me siento responsable de lo que pasó, porque la cabeza funciona así. Te hace sentir culpable. Después me doy cuenta que no, que yo no tuve nada que ver”, dice sin dejar de temblar. Está sentada en la vereda del Hospital María Unzué de Alvear. No se mueve más allá de ese punto en el pueblo. No puede pasar ni cerca de la casa donde vivía Úrsula. No fue a la sala velatoria ni a la Iglesia, tampoco a la plaza y mucho menos al entierro en el cementerio privado que eligió la familia. Hace un día que no come, no duerme bien y no se baña. Atiende los llamados de periodistas porque siente que esto que está pasando “se tiene que viralizar”. Con una conductora de televisión se enojó: le pusieron los audios de su amiga al aire y ella se sacó el retorno. Su último mensaje con Úrsula fue: “Me muero si por no acompañarte te pasa algo”.

 

 

 

 

La historia se repite como el perro que gira en círculos y no se atrapa el rabo. Sólo que el recorrido que hacen las pibas en ese círculo al que entran cuando piden ayuda es cada vez más frenético. Para salir del círculo de la violencia machista, entran en otro de violencia institucional cuando todo falla. Cada vez tienen mayor conciencia de cómo la violencia y la burocracia son una dupla que atenta contra sus vidas. Ellas cambiaron en los últimos años, son una generación que se hizo de herramientas y recursos pero del otro lado se encuentran con estos varones que insisten con la violencia.

Antes de la despedida colectiva en la iglesia, las amigas y vecinas de Úrsula y parte de su familia desfilaron por la casa velatoria Solari en un adiós más íntimo que empezó a las dos de la tarde. Dos adolescentes llevan flores, hacen la fila y esperan, pero cuando llegan al momento de entrar, desisten. Nunca estuvieron en un velorio y no quieren ver en Úrsula la amenaza latente que ahora pesa sobre sus vidas, el femicidio de otra piba tan cerca. “El cajón está abierto y yo no la puedo ver así”, dice una de ellas.

 

 

 

 

Otro grupito de amigas sentadas en el ventanal de una casa solo espera con las miradas perdidas en la nada cuando se larga a llover.

Ninguna piba debería pasar el verano de gira entre comisarías y fiscalías para pedir ayuda. Las denuncias formales de Úrsula fueron al menos tres. El 9 de enero, el 28 de enero —acompañada por su mamá, Patricia Nassutti— y el 5 de febrero de este año, cuando denunció a su ex pareja por los delitos de amenazas y desobediencia en tres expedientes distintos que quedaron en manos del magistrado Luciano Callegari del Juzgado de Paz local, del fiscal Sergio Terrón de la UFI 5 y la Ayudantía Fiscal de Rojas, Nora Fridblatt, y de la UFI 3, respectivamente. “Nunca creí estar denunciando a alguien por violencia de género. Quiero ser la última”, había escrito la adolescente en Twitter.

De las tres presentaciones iniciales se hicieron dos ampliaciones: el 9 de enero la madre hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer y el juzgado de Paz le otorgó una medida perimetral y el cese de hostigamiento. El 1 de febrero la madre volvió a denunciar pero el juez la desestimó. Cuatro días después, Úrsula fue a la Comisaría de la Mujer y lo denunció por desobediencia de medidas y amenazas. Los dos días siguientes amplió sus denuncias ante la ayudantía fiscal, la Comisaría y el juzgado de Paz.

A pesar de que el futuro femicida había desobedecido tres veces, ningún área tomó medidas al respecto. En su última denuncia Úrsula había pedido el botón antipánico, pero en el Municipio de Rojas no se lo dieron porque no contaban con esos dispositivos en funcionamiento, y según el área de Género y Diversidad local, no habrían recibido el oficio judicial con el visto bueno.

El 8 de febrero Martínez fue citado por la Ayudantía Fiscal para exponerle las medidas en su contra y advertirle acerca de las consecuencias de transgredirlas. Ese mismo día mató a Úrsula. Ese mismo día desde el Municipio vieron el correo en el que autorizaban el botón antipánico desde el Juzgado de Paz. Todo lo que podía fallar, falló. Todo lo que podía demorarse se ralentizó.

En el país que gritó Ni Una Menos e hizo de esa causa un movimiento social transnacional, a tres horas de la ciudad de Buenos Aires, los Juzgados de Paz no tienen guardias los fines de semana. Sábados y domingos son días de desprotección total. Las únicas que evaluaron el riesgo fueron otras pibas como la propia víctima, sus amigas y su familia. Las redes feministas están de guardia 24×7, el denuncismo es una estrategia que se instaló en los últimos años como única forma de pedido de ayuda. ¿Sabrán las pibas que en distintas áreas del Estado hay feministas que quizás pueden darle una respuesta distinta a la de la policía? ¿Pueden esas feministas dar otras respuestas a las conocidas? ¿Hay otras respuestas posibles?

No había llamadas a la línea 144, que podría haber actuado evaluando el riesgo con mayor rapidez que la policía. Tampoco se registraron pedidos de intervención de parte del área de Género y Diversidad de la localidad de Rojas. Ese espacio fue creado hace pocos meses por insistencia del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Cuenta solo con dos personas en su plantel y no tiene presupuesto propio. Para 2021 no existe dinero asignado a este área, según las organizaciones locales. Y la mesa de asistencia a víctimas tiene como presidente a un varón psiquiatra que cuenta con denuncias por violencia machista y que también coordina la Mesa Local Intersectorial en la prevención, atención y salidas de las violencias por razones de género. El círculo frenético del perro mordiéndose el rabo con varones como guardianes de esa dinámica.

 

 

 

 

—No puedo resistir que ninguna de nosotras lo vio — dice Andrea Tamasi, de la organización comunitaria de Rojas, La Casa de Todas—. No me lo puedo perdonar. Podría haber llamado al 144 porque el funcionamiento de la Justicia y de cómo actúa la policía acá ya lo conocemos. Tiene que haber una asistencia comunitaria. Resolver más allá de los mecanismos y los tiempos del Estado.

Además de las denuncias de Úrsula, las agencias y responsables estatales contaban con otras alertas. El 18 de febrero Martínez ya tenía fecha para declarar en el Juzgado en lo Correccional 1 departamental, en el marco de la causa por el delito de amenazas calificadas contra una ex pareja, Belén Miranda, que se remonta a 2017.

La cantidad desmedida de efectivos en el territorio bonaerense es una herencia del gobierno de Daniel Scioli. Desde 2005 hasta 2015 la presencia policial en la Provincia casi se duplicó: pasaron de ser 48.000 efectivos a 95.000. Martínez es uno de estos tantos que comenzó su carrera como policía en septiembre de 2015 y cosechó un acumulado de sanciones, traslados y carpetas. Según Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, durante la gobernación de María Eugenia Vidal tuvo un sumario por violencia machista que no se resolvió en tres años. A mediados de 2020 Asuntos Internos abrió una carpeta médica-psiquiátrica contra él por desobediencia a una superiora que lo colocó a hacer tareas administrativas. Ante un traslado, Martínez la amenazó: “Si me trasladan, tiro una bomba”.

Mientras cursaba ese trámite, al área de Asuntos Internos llegó que tenía una denuncia penal por violación a una nena de 14 años con discapacidad en la ciudad de 9 de Julio, el destino donde había sido trasladado y había formado pareja con una agente policial, Florencia Veloz. Entonces se inició una nueva investigación administrativa y disciplinaria. A comienzos de septiembre una Junta Médica decidió que había que retirarle el arma por el protocolo vigente en Buenos Aires y a finales de ese mismo mes se determinó que no podía cumplir ninguna tarea: lo enviaron a su casa porque no estaba en condiciones de prestar servicio. Era el paso previo para desafectarlo, pero no llegaron a hacerlo. En plena pandemia, un policía desarmado y sin actividades, obsesionado con una chica de 18 años, es un cabo suelto que abre una zona de riesgos que nadie registró.

La crisis por el coronavirus fue la excusa para demorar pericias en la causa por violación. Martínez estaba cada vez más cercado y al borde de todo pero a la vez sin ningún control. Recién a mediados de diciembre una Cámara Gesell validó el relato de la víctima de violación que tramita en la Fiscalía 2 de Mercedes. El fiscal Sebastián Villala pidió su detención dos veces: en enero y febrero de 2021. La primera no fue ratificada por el Juzgado de Garantías.

 

El último pedido de detención fue el 4 de febrero pero nunca se concretó. Fue cuatro días antes del femicidio de Úrsula: Martínez tenía que estar privado de su libertad pero no estuvo.

 

—Vine a pedir justicia y así quedé —dice Jonathan Maidana y se levanta la remera para mostrar las marcas de la violencia estatal. No puede abrir el ojo derecho. Tiene el cuello lastimado, entre otros cortes y casi no puede mover el brazo. El lunes salió a las calles: terminó golpeado con la culata de la escopeta, esposado y detenido durante siete horas. Tiene 16 años.

En la Escuela Nro. 1 Domingo Faustino Sarmiento de Rojas se montaron los ministerios itinerantes: el Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad, junto con el de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires ocuparon el espacio para tomar testimonios de la represión del lunes 8, cuando el pueblo de Rojas salió a manifestarse para reclamar justicia. La mayoría son pibes que llegan acompañadxs por sus madres o por amigas. Entran a las aulas para dar testimonio. Todavía no se determinó qué fuerza comenzó la represión, porque la policía de Rojas había pedido refuerzos a pueblos vecinos y estaban actuando distintas fuerzas de seguridad y grupos especiales.

Nerina tiene 20 años y casi pierde el ojo por un balazo de goma a muy corta distancia. Estaba de brazos cruzados frente a la comisaría. También está en la escuela dando su testimonio. “No olvidemos a Úrsula porque esto pasó en Rojas, en un pueblo donde nadie pensaba que podía pasar”, dice.

En total, el lunes hubo ocho personas detenidas, cuatro de ellas menores de 18. Hasta el miércoles todavía algunas estaban privadas de su libertad.

 

 

 

 

Las funcionarias feministas van desde la escuela devenida espacio de escucha al velatorio. Están Flavia Delmas, subsecretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género; Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, y Agostina Belastegui, directora de Intervención en Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, todas del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia. El miércoles también llegó a Rojas Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Tuvieron reuniones con el intendente cambiemita de Rojas, Claudio Rossi, que decretó tres días de duelo y para “entender el caso” se armó una línea de tiempo en su despacho.

El camino de las feministas en el Estado tiene un recorrido pero nunca es suficiente. “Interseccionalidad”, “Interministerial”, “situado” y “territorialidad” son títulos bonitos para planes y programas pero en la urgencia los conceptos necesitan estar encarnados en personas. En la diaria, la burocracia gana la disputa con funcionarios y responsables en el Estado que continúan mirando la sociedad desde una mirada cenital. Es urgente una reforma judicial, contar con funcionarixs que miren al ras del suelo, cerca de los problemas reales, y con perspectiva feminista.

 

 

 

 

En la plaza central hay un Banco Rojo, de los que se pintan como símbolo del femicidio. Nadie se anima a sentarse ahí.

Ahora que todo estalló las comisarías de Rojas fueron intervenidas y Asuntos Internos está haciendo “auditorías preventivas” en las dependencias. Además de un tío policía, las amigas de Úrsula dicen que Gabriela Peralta, titular de la Comisaría de la Mujer, está en pareja con un primo de Martínez. Si hay algo más corporativo que el patriarcado ese algo es la institución policial, la “familia policial”.

Sergio Berni, Ministro de Seguridad bonaerense, fue uno de los primeros funcionarios en arribar a Rojas. Sus laderos se instalaron en la casa de la familia de Úrsula y no se separaron de ella. Llevaron el cajón cuando se hizo la despedida. Hay respeto a la institución policial en esta familia: el abuelo de Úrsula fue parte de la fuerza.

 

 

 

 

A pesar de que hacía siete meses que el hostigamiento y los maltratos iban in crescendo, Úrsula mantuvo al margen a su familia porque las amenazas de Martínez también iban dirigidas a su mamá y su papá. El lunes por la noche cuando no contestó el celular, su padre Adolfo Bahillo cerró el negocio de comidas que tienen en el pueblo a las 21.30. Tenía un mal presentimiento. Todavía no lo volvió a abrir.

El cuerpo de Úrsula lo encontraron el lunes, cerca de las 20.30, a unos veinte minutos de Rojas, entre unos pastizales en un paraje a la altura de Guido Spano. Había llegado viva hasta ahí en el Peugeot 307 gris que manejaba el policía. La búsqueda llegó hasta ese lugar porque Martínez llamó a su tío y le confesó que “se había mandado una cagada”. Cuando la policía arribó se encontró con la adolescente asesinada y el agresor herido en su auto en un charco de sangre. Él primero intentó escapar a pie por los pastizales, pero fue reducido y arrestado. Dentro del auto había una cuchilla de carnicero con mango blanco y manchas hemáticas: creen que fue el arma homicida. Martínez asesinó a su ex novia con al menos 15 puñaladas y con la misma arma blanca se autoprovocó una serie de lesiones en un intento de suicidio o para fingir un ataque. Está detenido en un destacamento en Conesa, sobre la ruta 188, en el partido de San Nicolás.

En el bar de la esquina de la plaza principal de Rojas son las 19 del miércoles y todavía no hay hielo para la bebida. Solo hay varones sentados en las mesas. En la televisión están transmitiendo el entierro que ocurre a unas cuadras.

—Te voy a extrañar, hija. Pero voy a hacer justicia —fue lo último que le dijo Patricia Nassutti a su única hija en la despedida en el cementerio. La mujer estuvo todo el tiempo agachada ante los pies del cajón. Antes de retirarse pidió que lo acomodaran porque estaba un poco torcido.

 

 

 

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