El encierro como respuesta

“A quince años del fallo Verbitsky, en el peor de los escenarios imaginables (hacinamiento carcelario en los niveles históricos más altos y la irrupción de una pandemia de transmisibilidad inusitada), la Suprema Corte vuelve a restringir el habeas corpus colectivo como garantía de protección judicial efectiva para amparar los derechos de las personas privadas de la libertad a la salud, a la vida, a la prohibición de detenciones arbitrarias y penas crueles e inhumanas”.

Mario Coriolano, en su presentación ante la CSJN en 2014

 

Hace pocos días, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictó el fallo Verbitsky II, por el cual revocó una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires tras el reclamo de un grupo de defensores oficiales sobre las degradantes condiciones de detención en el ámbito bonaerense, en el marco de la ejecución de su precedente Verbitsky I (véase fallo completo). En aquella sentencia del 3 de mayo de 2005 la CSJN había hecho lugar a un habeas corpus correctivo interpuesto por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que denunciaba el agravamiento de las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires. Por entonces determinó, entre otras medidas, que debía cesar el encierro en comisarías, una práctica habitual e ilegal.

En 2014, varios defensores oficiales, encolumnados tras el activismo del recientemente fallecido Defensor de Casación, Mario Coriolano, volvimos a denunciar la persistencia de la violación de las garantías constitucionales en materia de detención desde 2005. También la nula o casi baja incidencia que tuvo –desde entonces– la política criminal de los distintos gobiernos provinciales en bajar esas cifras, que incluso se vieron agravadas con la decisión del Ministerio de Seguridad bonaerense de rehabilitar los calabozos policiales, en clara contradicción con lo resuelto por la Corte.

 

 

Más allá de unos años de mejora, durante el tiempo inmediatamente posterior al fallo de 2005 la situación volvió a agravarse. A partir de 2012, la población penitenciaria total pasó de 30.000 detenidos a casi 50.000.

Todo esto, a su vez, repercutió sobre el uso de las comisarías como espacio de encierro permanente: la cantidad de personas alojadas en comisarías aumentó un 426% en ese lapso y alcanzó un pico de 5.661 en noviembre de 2020. Hoy se mantiene en niveles intolerables.

 

 

 

Asimismo, el agravamiento ha implicado aumento de la población femenina en unidades y alcaldías de la provincia, siendo el año 2018-2019 el pico de mayores tasas.

 

 

Como podemos apreciar, durante el gobierno de Cambiemos de 2015-2019, los datos de encierro a nivel general se dispararon. Pero luego no volvieron a caer. Esto se debe a muchos motivos (como los efectos de la pandemia), pero también –principalmente– a que no hubo una decisión fuerte, en términos de política criminal, de invertir estos datos.

Una iniciativa en esta línea fue impulsada ni bien asumió el nuevo gobierno bonaerense en 2019, cuando puso en funciones la llamada “Mesa Interinstitucional de Diálogo”, a través del decreto 24/2019. Constituyó un intento por modificar este panorama, teniendo en cuenta las presentaciones de los defensores oficiales y organismos de derechos humanos. Sin embargo, el tema generó tal revuelo mediático que la cuestión no tardó en volver hacia atrás (véase también aquí). Desde entonces, todo parece seguir igual, e incluso –como hemos visto en la estadística– ha empeorado el panorama, mostrando signos claros de colapso carcelario.

El cuadro que sigue ilustra la sobrepoblación en tanto duplicación del encierro, en función de las plazas disponibles.

 

 

La persistencia de una política criminal basada en el uso del encarcelamiento como única respuesta ante las conflictividades sociales, surge con total claridad de estos datos. Evidentemente, el costo político institucional de sostener las Mesas Interinstitucionales de Diálogo no fue soportado ni por el Ministerio Público de la provincia, ni por la Suprema Corte, pero tampoco por la política criminal del gobierno bonaerense. Se sigue acumulando un problema estructural, lo que recicla dinámicas de violencia y crueldad –aunado a los riesgos de la pandemia intramuros– que producen una catástrofe humanitaria en el sistema carcelario pocas veces vista.

Hace pocos meses fallecieron dos de las personas más comprometidas con este problema, me refiero a los doctores Mario Coriolano y Eduardo de Lazzari. Ambos fueron –cada uno desde sus ámbitos– puntales en el intento de lograr estos cambios. Ante este panorama, ojalá, en su homenaje, vengan tiempos mejores.

 

 

 

• El autor es ex defensor oficial y actualmente director de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

 

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