EL PEOR COSTE DE LA AFI

 

El 14 de diciembre de 2015, Daniel Angelici y Gustavo Arribas entregaban sus datos en Casa Rosada con tres minutos de diferencia. Iban a la Privada del Presidente. A cuatro días de la asunción, Mauricio Macri había designado al vendedor de jugadores en la dirección de la Agencia Federal de Inteligencia donde Angelici colocaba a uno de sus hombres, Juan Sebastián “El Enano” De Stéfano en la Dirección de Asuntos Jurídicos. La foto de una sociedad que se extendió cuatro años surge del pedido de acceso a la información publicado por Poder Ciudadano.

 

 

 

 

Jurídicos fue el área de mayor expansión de la AFI. Y el corazón en la estrategia de despliegue sobre el Poder Judicial. Fue una oficina históricamente nutrida de un puñado de agentes que en los últimos años contrató a un ejército de abogados. Lo que no se sabía es que además añadió varias áreas de Operaciones. Creó una Dirección de Asistencia al Crimen Organizado y Delitos Federales Complejos ( sí, ése era su nombre, Asistencia al Crimen) con un número de 20 a 30 agentes para transcribir escuchas que ya realizaba otra área. Y sumó policías y ex policías provenientes de los rezagos (sic) del denominado Proyecto AMBA, una hipótesis que había quedado planteada por el caso D'Alessio que acaba de ser confirmada por una declaración ante la Bicameral de Inteligencia del Congreso.

“La Dirección de Jurídicos no fue una mera área administrativa encargada de recibir un oficio y comunicarlo hacia adentro”, explicó Martín Coste el viernes 26 de junio en la Bicameral. “Fue la estructura más fuerte de la gestión Arribas-Majdalani. Y esto lo digo porque su propia orgánica lo demuestra: la cantidad de direcciones, la cantidad de personal y todo lo que se fue asociando internamente, demostraba cómo ellos habían crecido de una manera exponencial y el resto de las direcciones se achicaba”.

Director de Contrainteligencia desde junio de 2018 hasta diciembre de 2019, Martín Coste agregó: “Si vamos a la práctica, era una dirección administrativa, pero tenía agentes operativos”.

—¿La Dirección de Jurídicos tenía agentes operativos? —preguntó el diputado Leopoldo Moreau—. ¿Hacían tareas de calle?

–Tenían personal operativo, tenían ex policías o policías en comisión. De ahí surgen muchas… Del rezago que quedó del AMBA con el señor Pinamonti terminó en Jurídicos. 

–¿Estaban directamente en Jurídicos o crearon alguna oficina particular para eso?

–No, no. Mismo piso —dijo—, dos oficinas al lado.

Su testimonio pasó inadvertido, pero provocó la decisión de la Bicameral de convocar a De Stéfano, en una fecha que será decidida mañana. Y dotó de racionalidad a una Agencia con áreas de divergencias y complementarias, a la que describió como un mecanismo que empezó a funcionar como una empresa que se llenó de policías cuya formación no es de análisis sino represiva y que una y otra vez cambió organigramas, misiones y objetivos a golpe de la pluma de Jurídicos.

 

 

El loteo

Coste ingresó a La Casa en 2002. Se especializó en la agenda de las nuevas amenazas tras la caída de las Torres Gemelas. Dio clases en la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI). En 2016 lo convocó el entonces Director Operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, a quien había conocido en la ENI. Coste pasó a ser su segundo como Director de Contrainteligencia. En 2017 cambió de área. Y en 2018 volvió a reemplazar a Dalmau Pereyra, quien pasó de agregado a Chile. Desde entonces y en los papeles fue una de las figuras más importantes de la estructura de la AFI con el cargo histórico de Antonio Horacio Stiuso. Sin embargo, la Dirección Operacional de Contrainteligencia ya no era la misma Dirección General de Operaciones de Jaime. Y la Agencia tampoco lo era.

Gustavo Arribas preservó el control de Finanzas y según Coste, manejó la disciplina de los agentes con la conducción de Asuntos Internos y de Sumarios donde colocó a Roberto Real, un amigo del fútbol de toda la vida: la persona que administró los polígrafos y guardó en su armario las cámaras y micrófonos hallados en enero. Silvia Majdalani retuvo el control de Operaciones pero en una era en la que las áreas administrativas se llenaron de estructuras operativas.

“Existieron cuestiones difíciles de llevar”, dijo Coste. “La Agencia tenía un equipo de trabajo muy complejo en Contrainteligencia mal llamado Dirección General de Operaciones. A nosotros nos decían que éramos Directores Generales de Operaciones, pero la DGO existió hasta 2014 porque el responsable era el director de todas las operaciones de la Agencia”. A partir de diciembre de 2015, hubo direcciones de operaciones en Análisis Estratégicos, en el Sistema de Inteligencia de Señales, en Exterior, en Contraterrorismo. “Y muchas otras direcciones administrativas que no deberían haber tenido Operación —dijo—, como Jurídicos, Recursos Humanos, Apoyo, etcétera. Por lo tanto, el Director General de Operaciones no era un director de una dirección, el director general de Operaciones era la subdirectora”: Ocho o Silvia Majdalani.

De acuerdo a esta lectura, Silvia Majdalani asumió el control de la totalidad de las áreas de Operaciones: la Jaime de los últimos cuatro años. ¿Pero es así?

 

 

 

La agenda

Coste dijo que la Agencia se llenó de policías y ex policías. Un dato que explica parte de la integración de la banda de los Super Mario Bros. Y el cambio en la agenda de operativos.

–¿Antes no entraba gente de las fuerzas de seguridad? —preguntó Cristian Ritondo.

–Eran jubilados –dijo Coste—. Creo que hubo dos ex policías famosos, de 35 años de servicio, en Asuntos Internos. Pero en mis 18 años de servicio nunca trabajamos con policías. No lo digo porque hayamos tenido directores que no querían tener policías, sino porque el pensamiento es totalmente asimétrico: la Policía tiene un pensamiento táctico y un modelo represivo. Nosotros, un pensamiento más estratégico. Y somos una fuerza civil, con una carrera civil.

"Cuando se insertan policías acostumbrados a la investigación y no al proceso de Inteligencia —dijo—, van tras la información, no conservan el secreto. En ese contexto, la Agencia absorbió casos de fuentes policiales: una persona que vendía marihuana, una persona que transportaba armas, casos chicos que hacían que tengamos una estructura trabajando para la investigación criminal".

Hacia mediados de 2018, Dalmau Pereyra partió a Chile. Coste tomó su lugar. Y encontró entre sus subordinados a Alan Ruiz. Cambiaba la agenda. El juez Luis Carzoglio iba a ser visitado por De Stéfano para exigirle la detención de Hugo y Pablo Moyano. El 1° de agosto estallaba la causa de la fotocopias de los cuadernos en Comodoro Py 2002. Y la AFI montaba el espionaje sobre el Instituto Patria. Apenas llegó al cargo, Coste intentó sacar a Ruiz. No pudo. Dijo que Silvia Majdalani lo pidió y lo retuvo.

–Dejalo como director –dijo Majdalani—, yo lo veo como una persona súper capacitada, es lo mejor que tenemos en este momento, era lo que siempre quise.

Y agregó:

–Me costó un montón sacárselo a Patricia Bullrich, porque trabajaba con ella.

 

 

Patria

Coste habló de Jurídicos. Lo hizo en el caso del Instituto Patria. Él había estado de vacaciones. Dijo que se enteró por los diarios. Que preguntó. Y le dijeron que lo había ordenado Alan Ruiz. Y Ruiz, que lo había ordenado Majdalani. Cuando le llegó la primera citación de la justicia, Jurídicos le pidió dos cosas: que diga que la pesquisa se había hecho en el marco de una causa que llevaba adelante el juez Federico Villena de Lomas de Zamora por el G20. Y dijo: “Yo sabía que era una mentira”. Y también le pidieron que elaborase informes de inteligencia con la excusa de una amenaza de grupos anarquistas a algunos políticos.

“Me informaron que teníamos que hacer un procedimiento interno para dejar todo el circuito. Me solicita el área de Jurídicos que haga un circuito con informes relacionados a distintos tipos de personajes políticos como Ocaña, Wolff, Camaño, Santilli, Cristina Kirchner”. Y repitió: “A mí me consta (que la supuesta amenaza) era mentira”.

Cuando le preguntaron por qué no denunció lo que estaba pasando, dijo que no tenía dónde hacerlo. La AFI estaba tomada por una red de parentescos. En Sumarios estaba Real, amigo de Arribas. En Recursos Humanos, Silvia Girón, ex esposa de Arribas y luego Paula Irasciela, segunda esposa. El jefe de gabinete era Darío Biorci, cuñado de Majdalani. En Asuntos Internos estaba Julio Becerini, segundo de Gastón Quindi, otro amigo de Arribas. Y en Jurídicos, De Stéfano.

 

 

Los doctores

De Stéfano es un punto que une a D'Alessio, los Super Mario Bros y los aprietes a los jueces. Visitó a Carzoglio, tuvo bajo su órbita a Pablo Pinamonti de quien D'Alessio buscaba una credencial y a quien le reportaba cuando sentó en Comodoro Py a Gonzalo Brusa Dovat como el Centeno de PDVSA. Y a él se refería Alan Ruiz en los audios grabados por los espías como quien se encargaba de emprolijar los seguimientos ilegales que exigía Majdalani. Coste avanzó en ese mapa para describir tal vez lo que fueron sus  herramientas: el área de ex policías y policías del AMBA. Y las escuchas.

Coste contaba con cuatro o cinco personas para la transcripción de escuchas, que dependía de Contrainteligencia. A mediados de 2017, el juez Villena ordenó escuchas a Mario Segovia, detenido por narcotráfico en Ezeiza. Hoy se sabe que bajo el paraguas legal de esas escuchas se grabaron las conversaciones con familiares, amigos y abogados de los políticos presos que fueron llegando a dos pabellones. Parte de las grabaciones se filtraron en la Operación Puf volanteada por Carlos Stornelli en los tribunales de Retiro en enero de 2019 para protegerse de las esquirlas del caso D'Alessio. Segovia que al parecer explica mucho, también explica la duplicación del área de escuchas en la AFI con una estructura que quedó a cargo de Coste y otra en Jurídicos.

“Había muchas líneas telefónicas tomadas –dijo Coste— y no nos dejaban tener más gente de escuchas telefónicas. Entonces, el área de Jurídicos armó una dirección, que se llamaba Asistencia al Crimen Organizado y Delitos Federales Complejos, si mal no recuerdo, que hacía transcripciones”.

Moreau volvió a intervenir:

—¿El área de Jurídicos? –preguntó.

–El área de Jurídicos –respondió Coste—, con ayuda de personal que estaba antes en la SIGINT, que vendría a ser de Operación de señales, en CITEFA, en el primer edificio, adelante. Era una cantidad: veinte, treinta personas que hacían transcripciones.

Coste dijo que estaban duplicando el trabajo.

–Ellos hacían escuchas, pero no pasaban por sus manos –dijo Moreau—. ¿O sí pasaban por sus manos?

–Ellos lo que hacían era escuchar, transcribir y, si había algo para la causa, en un sobre cerrado nos decían: esto está bueno para la causa.

–¿Y el resto?

–El resto lo escuchaban ellos.

—¿Y no sabe qué hacían con ese material?

–No.

A los policías y ex policías y a las escuchas, también se añadió la SIGINT: una dirección operacional electrónica, donde uno de los analistas señala que estuvo la primera y segunda versión del Pegasus, tal como había denunciado HV en El Cohete. En diciembre de 2019, el poderoso programa de espionaje israelí capaz de leer mensajes de WhatsApp y de Telegram desapareció de la Agencia. Para no dejar huellas.

 

 

En clave de mafia

De Stéfano es el nombre que aparece escrito en lápiz en uno de los pizarrones que el juez Villena les mostró a quienes se acercaron a Lomas de Zamora, en una carrera contra el tiempo que lo llevó a convocar a testigos y a detener 20 personas. La causa pasó ahora al juez Pablo Augé por decisión de la Cámara de La Plata, que dio crédito al temor de parcialidad de las defensas que describieron que Villena dio cobertura legal a las operaciones de la AFI. Augé ya investigaba el desprendimiento del espionaje al instituto Patria. Delegó la investigación en los fiscales que llevaron adelante la primera etapa: Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. Fiscal y fiscala intervinieron también en la causa de Lomas de Zamora en la medida que el juez se los permitió. Comodoro Py busca todavía quedarse con la causa a través del fiscal Guillermo Marijuan que pidió la derivación completa. La Bicameral generó un espacio que amplifica políticamente el debate.

Rocco Carbone suele mirar el Estado cambiemita en clave de mafia: la articulación de lo legal con lo ilegal. Aquí están algunas de las claves para volver a pensar a la AFI.

 

 

 

 

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