La promoción del abogado Lisandro Catalán al reflotado Ministerio del Interior ofreció un botón de muestra sobre el modo en que Javier Milei se propuso modificar algo sin cambiar nada, de acuerdo a su definición en el discurso posterior a la derrota electoral bonaerense.
Anunciada tras el porrazo en las urnas, la designación de Catalán recién se oficializó el lunes, en el comienzo de una semana que comprobaría que la disposición de un nuevo fusible no alcanzaría para descomprimir la relación con las gobernaciones provinciales y las bancas de la Cámara de Diputados con que tienen terminales.
El gobierno sumó allí dos nuevos reveses y se evidenció débil en el súbito reparto de generosidad, con la distribución de Aportes del Tesoro Nacional hasta entonces restringidos y el intento de frustrar el rechazo al veto a la Ley de Financiamiento Universitario con la oferta de adelantar los números contemplados por el proyecto de Presupuesto de 2026 a octubre de este año.
Como señaló Horacio Verbitsky el domingo pasado en El Cohete, no es la primera vez que el apellido Catalán aparece asociado al mundo universitario en el marco de un programa de desinversión pública, con especulación financiera, endeudamiento externo y fuga. El nuevo ministro es hijo del también abogado Juan José Catalán, que ejerció el Ministerio de Cultura y Educación entre junio de 1977 y agosto de 1978, cuando se desplegó sobre los claustros universitarios una persecución que buscó complementar la represión gruesa del primer año de dictadura.
El paso de aquel Catalán por el gabinete del dictador Jorge Videla no se inscribió sólo en la criminalidad del terrorismo de Estado sobre el mundo académico, sino también en la premisa de que debía reducirse la inversión en él. Igual que para los liberales y anarcocapitalistas actuales, para el padre del nuevo ministro del Interior en la Argentina de 1977 había demasiadas universidades públicas. La sociedad argentina ha puesto límites claros a la repetición del primero de los fenómenos, y las multitudinarias marchas contra el veto de Milei atestiguan que procura hacerlo también para evitar la reedición del segundo.
Como decía un Catalán
Como su hijo, Catalán padre asumió varios días después del anuncio de su designación. El Ministerio había permanecido vacante más de un mes, bajo el mando del militar Albano Harguindeguy, porque las internas castrenses no terminaban de resolver a quién colocarían en uno de los dos únicos casilleros conferidos a civiles. El otro era Economía, donde se preparaba para clavar sus tablitas José Alfredo Martínez de Hoz.
El primer conflicto reconocido por el nuevo ministro fue el salarial, para entonces muy instalado en la agenda pública. Algunas provincias enfrentaban ya la deserción de docentes de los niveles primario y secundario, y en el universitario se comprobaba la aceleración del éxodo de investigadores e investigadoras al exterior.
Como ocurriría casi medio siglo después, el gobierno dictatorial argentino
- celebraba ganar en las comparaciones consigo mismo, con una desaceleración de la inflación de 354% en 1976 a 160% el año siguiente;
- en medio de esa evolución en los precios, en julio de 1977 otorgó un aumento salarial de 34% a los maestros, pagadero en tramos hasta marzo de 1978;
- declamaba a la educación como prioridad, reconociendo la abrupta y pronunciada caída del poder adquisitivo del sector desde 1975, pero sólo consentía abordarla si no comprometía el equilibrio fiscal; y
- ante los probables inconformes, advertía que la concesión de mayores porcentuales podría lanzar a la economía argentina “en una carrera de inflación y de incremento de su déficit fiscal”.
En materia económica, los canales de difusión pueden haber variado tras casi cinco décadas, pero la construcción narrativa de los programas no se renueva. Con su política restrictiva en inversión, la dictadura empujó a los Rectorados al arancelamiento y la imposición de cupos de ingreso. Esos caminos son imposibles hoy, porque quienes encabezan las universidades nacionales no son interventores designados por el Poder Ejecutivo, sino funcionarios electos por el voto de sus comunidades académicas.
Catalán padre fue un pionero en la reproducción de una muletilla que se repite con frecuencia desde 2015: en septiembre de 1977 afirmó que las 26 universidades públicas y 24 privadas existentes hasta entonces eran demasiadas para el país. En ese momento, el periodo cuestionado era el transcurrido entre 1972 y 1975, cuando se crearon trece universidades nacionales. La mayor parte, en el interior del país.
Complementando esa premisa, los subalternos de Catalán en la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Asuntos Universitarios buscaron instalar la idea de evaluar las “falencias”, las “reales necesidades”, el “rendimiento” y la dimensión de las universidades públicas, con las de reciente creación bajo el principal velo de sospechas.
Aquellos funcionarios se llamaban Gustavo Perramón Pearson y Manuel Gómez Vara. Como comisionado municipal e interventor de la Universidad Nacional del Sur, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía habían manejado dos de los resortes más importantes del poder público en Bahía Blanca, que para 1977 acababa de sufrir una inédita forma de persecución sobre decenas de sus más destacados académicos.
Tierra arrasada
Cuando Catalán asumió su cargo en el Ministerio, el mundo universitario ya había sido arrasado por una feroz cacería sobre sus claustros. Sin embargo, la preocupación oficial explícita era profundizar la represión, de modo de volver irrevocable el resultado. Escribas del régimen como el diario La Nueva Provincia celebraban hacia abril de 1977 que “la guerrilla está herida de muerte” pero advertían que “con la subversión recién se ha empezado”. En su primer mensaje a la población, el 13 de julio, Catalán propuso “encauzar con vigor este proceso que tan generosa y valientemente las fuerzas armadas han ofrecido al pueblo argentino”.
Como contó El Cohete, el mismo clima atestiguan las actas del Consejo de Rectores de Universidades Nacionales, a cuyas autoridades el ministro había recibido en los primeros días de ese mes. Los recortes periodísticos relatan que la preocupación común era el ahogo presupuestario, que tornaría difícil la continuidad de la actividad académica a partir de octubre de ese año.
Antecedente del actual Consejo Interuniversitario Nacional, el CRUN había celebrado su primer plenario en febrero de 1977. Por diversas razones expuestas en las actas, Catalán no asistió a ninguna de las sesiones del CRUN, convocadas alternativamente en la Capital Federal y ciudades universitarias del interior del país. La primera tras su designación se organizó para fines de agosto en Bahía Blanca, sede a la que Gómez Vara acercó el apoyo ministerial a las autoridades universitarias designadas por el régimen. De las reuniones participaban regularmente oficiales de las tres Fuerzas Armadas.
En las semanas previas a ese encuentro, la Cámara Federal bahiense había confirmado las prisiones preventivas ordenadas sobre un numeroso grupo de docentes e investigadores de la UNS, secuestrados con el inédito aval de una causa judicial por “infiltración marxista”. La puesta en escena se respaldó en abundante propaganda mediática e incluso derivó en un cruce público entre los tenientes generales Alejandro Lanusse y Videla. Uno de los infiltrados marxistas era Gustavo Malek, ministro de Educación durante la dictadura de Lanusse.
Los plenarios del CRUN solían incluir sesiones reservadas, que no quedaban en actas más que mencionadas. En el de Bahía Blanca, los rectores dictatoriales abordaron bajo esa reserva el tema “Seguridad” junto al coronel Agustín Valladares, responsable del “Operativo Claridad” que desplegó acciones de inteligencia sobre la comunidad educativa y cultural para la confección de listas negras con los siguientes objetivos del plan criminal. La comandada por Valladares era, desde el año anterior, la línea clandestina de acción sobre el sector.
Pecados capitales
La versión abierta de la persecución en el mundo educativo quedaría impresa en papel un bimestre después, cuando el Ministerio conducido por Catalán circuló un folleto titulado Subversión en el ámbito educativo. Por si quedaban dudas, su subtítulo invitaba: “conozcamos a nuestro enemigo”.
El material se propuso llevar a docentes, directivos, familias e incluso estudiantes el alerta sobre manifestaciones de una “agresión marxista internacional” cuyo inicio fechó en la Reforma Universitaria de 1918. La larga lista de acciones sospechosas incluía:
- la participación en movimientos feministas, de juventudes o de ancianos;
- tomar partido por una ciencia “atea”, el divorcio o la unión libre;
- indicar lecturas de libros infantiles “que acompañen al niño en su lucha por penetrar en el mundo de las cosas y de los adultos, que los ayuden a no tener miedo a la libertad, que los ayuden a querer, a pelear, a afirmar su ser”;
- esgrimir la libertad académica para la elección de bibliografía en niveles superiores;
- reclamar “que todos puedan estudiar”, señalar “que el deporte universitario está mal encarado” o pedir por aumento del presupuesto, la liberación de obreros y estudiantes presos, el retiro de la policía de la universidad o la implementación de cursos nocturnos para quienes trabajaban.
Catalán debió renunciar en agosto de 1978, cuando pretendió impulsar una regionalización de la oferta académica, como modo de suprimir carreras. Con ello se ganó la enemistad de las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, con peso específico propio dentro del ecosistema académico, lo que derivó en su salida del gabinete dictatorial. Un antecedente que quizá convenga que otros tengan presente.
Hasta que no se vayan los tipos como vos este país no va a cambiar nunca.
Sépalo la gente. Porque el país que se quiera construir en los próximos 20 años depende de su voto.
El país que propone esta gente ya lo conocemos. Es el que heredamos todos los argentinos en diciembre… https://t.co/oBfvjMkwvU— totocaputo (@LuisCaputoAR) September 17, 2025
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