Huevoduro a la carta

Para Lorenzetti, en la Argentina no existe el lawfare

 

Luego de que distintas organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos y políticas marcharan el 1° de febrero reclamando a lo largo y ancho del país por un Poder Judicial democrático e independiente, el juez de la Corte Suprema de la Nación Ricardo Lorenzetti realizó declaraciones en radio Mitre. Para expresarse al respecto de la movilización, eligió el programa del servidor Eduardo Feinmann, quien en marzo de 2017 se refirió a los “vínculos” con “el poder” del secretario general del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel, y mostró fotos de los hijos del dirigente sindical. Ante tal interlocutor, Lorenzetti sentenció que “en la Argentina no existe el lawfare”. Esas declaraciones podrían integrar un suplemento humorístico, como el del historietista chileno René Rodolfo Ríos Boettiger, más conocido como “Pepo”, creador de Condorito y de Huevoduro, de gran parecido con Lorenzetti.

 

 

 

 

“Quiero dejar bien en claro para todos los que nos escuchan que la Corte no va a acceder a ninguna presión, como nunca hemos cedido”, dijo Lorenzetti. Y señaló que desde 2004 forma parte de la Corte Suprema de la Nación y que esas marchas no tienen influencia en sus decisiones “porque nosotros tenemos que aplicar la Constitución, la ley, de modo igual. Para todo el mundo. Sea poderoso, sea débil. Viva en el interior, viva en la Capital. Es decir, la Corte es una institución seria”, manifestó con una tranquilidad que, si se puso colorado, por radio no se evidenció.

 

 

El silencio es salud

Para Lorenzetti, quien tiene “una larga experiencia en esto” (en referencia a las movilizaciones en repudio al accionar del Poder Judicial), “el silencio es lo mejor… y dedicarnos a nuestro trabajo, que es proteger a las personas”. Cuando el servidor le expresó que “una manifestación popular está bien, pero el problema es cuando esa manifestación popular es apoyada por miembros del gabinete nacional pidiendo la renuncia de ustedes”, el cortesano respondió que no se puede generalizar, pero “que no se puede aceptar que una persona que tiene una causa judicial o tiene un procesamiento o ha cometido un delito y es investigado pida que el juez que lo investiga renuncie. Esa es una base del Estado de Derecho. Los jueces tienen que tener la estabilidad necesaria”, aseguró. Así, lejos de dejar abierta la posibilidad de presentar un recurso para que un juez de manifiesta parcialidad sea apartado de una causa, Lorenzetti realizó una defensa corporativa con el único prisma que reina cuando el pueblo marcha: la defensa cerrada del partido judicial.

En relación con los otros poderes del Estado, el supremo dijo que la Corte tiene una idea clara: “La Corte tiene que ser independiente y resistir cualquier tipo de presión, venga de donde venga, sea de otros poderes políticos o de cualquier modo. Pero la garantía que nosotros debemos dar a la población es que la Corte es independiente y aplicar la Constitución, la ley, con serenidad, con templanza. No reaccionamos ante cualquier coyuntura. Debemos ser serenos. Lo que la gente necesita –nuestro pueblo–, es que haya serenidad, tranquilidad, seriedad en los grandes temas que tenemos que resolver”. Aunque el pueblo movilizado pidió otra cosa, el miembro de la Corte parece no haber escuchado. Además resulta paradójico que afirme que la Corte no reacciona “ante cualquier coyuntura”, cuando justamente él, siendo presidente del máximo tribunal, al inaugurarse el año judicial el 3 de marzo de 2015 propició que en un video en el que se incluían víctimas de crímenes y tragedias impunes se proyecte la imagen del fiscal Alberto Nisman, fallecido el 18 de enero de ese año. Aunque no existía ningún elemento probatorio de que su muerte fuera provocada por terceros, a escasos días de su deceso, Lorenzetti –al igual que la oposición política– utilizó la muerte de Nisman, alentando la idea falsa de que había sido asesinado. Era una respuesta al discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, cuando la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner habló del “partido judicial”.

Durante la entrevista con Feinmann, con su habitual tonada episcopal, Lorenzetti dijo que en el caso del ex Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, “en ningún momento hablaron de lawfare, ni Lula ni el juez”. Aunque existan varias entrevistas donde Lula habla del lawfare que sufrió, Lorenzetti no lo ha advertido. Cuando el obsesionado con la Vicepresidenta preguntó: “¿Para usted, doctor Lorenzetti, el lawfare existe o no aquí en la Argentina? Porque Cristina insiste con eso”, el juez de la Corte respondió que respetaba “una opinión”, pero “para mí, no. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Nosotros en la Corte Suprema siempre hemos tenido la misma conducta. Yo desde el año 2004, que entré a la Corte Suprema, he dictado los fallos con una línea de principios que sigo sosteniendo ahora, porque yo tengo muchos libros publicados, tengo presencia en muchos foros internacionales y yo no voy a cambiar mi opinión por una coyuntura política. Creo que en eso tenemos que ser serios”, señaló.

Alejado de la buena “conducta” y los buenos “principios” que Lorenzetti resalta de la Corte, está el espanto de la decisión adoptada en febrero de 2017 –por acuerdo de sus miembros– en el caso Fontevecchia. El alto tribunal, con absoluta arbitrariedad y discrecionalidad, se arrogó la potestad de decidir cuándo dar cumplimiento a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Con esta decisión, la Corte hace prevalecer los principios de derecho público interno que para ella derivan del artículo 27 de la Constitución por sobre las sentencias de la Corte IDH. Es decir, que ha decidido que cumplirá las decisiones del tribunal internacional en la medida que entienda que no se oponen a estos principios que extraerá de una interpretación conservadora de la Constitución al asociarlos al momento originario y no a los principios que surgen de una lectura armonizada de la Constitución con los pactos de derechos humanos incorporados”, señaló el Centro Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre el fallo. También indicó que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sólo se atribuye un importante margen de discrecionalidad para determinar qué decisiones serán o no ejecutables y con qué alcance, sino que refuerza la idea que desarma el bloque de constitucionalidad federal y retrotrae a una interpretación constitucional que desengancha al país del derecho internacional de los derechos humanos”.

 

 

 

 

Lorenzetti también recordó en la entrevista la posición de la Corte Suprema en el fallo Rizzo, cuando en 2013 los cortesanos pusieron fin al intento de reforma que buscaba dotar de mayor participación ciudadana al Poder Judicial. “De los ministros actuales, estábamos el doctor (Juan Carlos) Maqueda y yo y resolvimos claramente con estos conceptos: que no puede haber un Poder Judicial que no sea independiente, que no puede haber un Poder Judicial sometido a la voluntad popular porque las mayorías se pueden equivocar, pueden cometer injusticias y entonces es necesario que alguien proteja a las minorías”. Nadie tiene dudas de que la Corte Suprema cumplió muy bien ese rol cuando la minoría que estuvo en el poder desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2019 realizó la brutal transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen. La Corte cumplió un papel primordial en la Argentina de supresión de derechos de Macri.

Sobre ese aspecto, Lorenzetti recordó que “el conflicto que hubo fue fuerte. Yo era presidente de la Corte. Con el tema de la democratización de la Justicia, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de todas esas medidas y los fundamentos de la sentencia Rizzo y otros posteriores son muy claros. El Poder Judicial tiene que ser independiente. Imagínese si tuviera que depender de la voluntad política de cada momento, eso sería una gran inseguridad para los ciudadanos”, dijo, y de hecho, lo fue. Como lo reveló Alejandra Dandan en El Cohete a la Luna, Lorenzetti y Enrique Coti Nosiglia se reunieron con Macri y el por entonces presidente de la Corte “le pidió al Presidente una colaboración para sosegar a los dos colegas del máximo tribunal que habían llegado con el nuevo gobierno”.

 

En busca de sosiego.

 

 

Con respecto a la mala imagen que tiene para la sociedad la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti sostuvo “que el Poder Judicial en ningún país del mundo tiene buena imagen porque la función no es buscar buena imagen. Imagínese que si nosotros quisiéramos populismo judicial sacando sentencias que le gusten a la gente para mejorar las encuestas, sería trágico. No es la función de los jueces y juezas hacer política para mejorar su imagen. Lo que tienen que hacer es buscar prestigio. Y el prestigio se logra con fallos sensatos, ajustados a la ley. Y sobre todo con principios que uno sostiene a lo largo del tiempo”. Los principios de la Corte incluyen avalar las prisiones preventivas, lo que permitió naturalizar la existencia de presos políticos. La llamada “doctrina Irurzun” debe atribuírsele a Ricardo Lorenzetti, quien redactó esa resolución rechazada por sus colegas de la Corte y que por eso se la trasladó al entonces presidente de la Cámara Criminal y Correccional Federal, Martin Irurzun, tal como lo describió Irina Hauser en su libro Rebelión en la Corte. Dicha “doctrina” le aplicaba a los ex funcionarios kirchneristas cierto “poder residual” que podían utilizar para desviar o encubrir las investigaciones de las que eran objeto. Con esa excusa, por las dudas marche preso.

Las consecuencias de esa “doctrina” fueron bien explicadas en otro artículo publicado por Aleardo Laría Rajneri en El Cohete el pasado 30 de enero. “Las consecuencias prácticas de esta creación jurisprudencial se evidenciaron cuando el juez Claudio Bonadío dispuso el procesamiento y la prisión preventiva del ex canciller Héctor Timerman y otros cinco dirigentes kirchneristas en diciembre de 2017. Ahora sabemos que no sólo las prisiones provisionales eran arbitrarias, sino que el proceso mismo había sido irregularmente reabierto por los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, asiduos visitantes de la residencia de Olivos para jugar al paddle con el ex Presidente Mauricio Macri”, describió en su nota “Responsabilidad política de la Corte”, donde también señaló que “las prisiones provisionales sufridas injustamente por los acusados no sólo deben atribuirse al juez Bonadío. La Corte Suprema permaneció impasible, sin acoger los numerosos recursos que los abogados defensores presentaron frente a un caso de irregularidad tan manifiesta”. Sin embargo, para Lorenzetti no hay lawfare en la Argentina y la Corte tiene principios.

 

 

 

 

 

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