IDEAS FIJAS

 

La insistencia de la Vicepresidenta CFK en un aumento de suma fija para todas las categorías salariales es simultánea a la decisión judicial de acorralarla con una multiplicidad de fallos adversos, que incluye desde causas penales hasta la composición del Consejo de la Magistratura y que se intensificará en la semana que comienza.

Esto ocurre mientras los precios de bienes de consumo masivo, como alimentos, bebidas y artículos de limpieza, crecen por encima de sus costos de producción (e incluso del índice general de inflación), lo que se traduce en un incremento en las utilidades de las empresas con mayor grado de concentración en los mercados y una merma en la participación de todos los trabajadores en el ingreso. Es la puja distributiva al palo, que reconoció hasta el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, al defender el presupuesto en el Congreso: la inflación es impulsada por las excesivas ganancias patronales. Eso explica el camino elegido por el Ministro de Economía, Sergio Massa, para desacelerarla, mediante acuerdos con empresas líderes para que de aquí a marzo los precios no crezcan más del 4% mensual.  Que vaya a cumplirse es la gran duda, y dependerá de la efectividad de las zanahorias que se ofrecen y de los palos blandidos para castigar a quienes no hagan su parte. Salarios e inflación son las incógnitas de la ecuación. Esta columna se abstiene de formular vaticinios. Veremos.

 

 

 

La inflación y el salario

El Presidente Alberto Fernández ha declarado su preocupación por este descontrol, que impide cumplir con el propósito de que el salario recupere posiciones, cosa que no está ocurriendo salvo en muy contados sectores híper rentables y con organizaciones sindicales muy fuertes, como bancarios y aceiteros, con elevado nivel de formalidad en relación de dependencia. La caída es muy profunda entre quienes sobreviven con tareas precarias o con empleo en alguna de las administraciones estatales.

El fundamento de Cristina para inclinarse por el aumento de suma fija es que desde principios de 2021 el promedio de los salarios privados registrados tuvo mejor desempeño que la mediana, que es el salario debajo del cual está la mitad de los trabajadores que menos gana. Este es el techo a romper y obedece a la menor capacidad de negociación de los salarios más bajos del sector privado en un régimen de alta inflación. La suma fija mejoraría proporcionalmente más de la mediana hacia abajo. Como dijo Cristina en el congreso metalúrgico, no es alternativa sino complementaria a la negociación con los patrones. La suma fija recuperaría el nivel perdido, las paritarias mantendrían el poder adquisitivo ante la escalada inflacionaria.

El Centro de Economía Política (CEPA) cuantificó los efectos de un aumento de suma fija, con una serie de gráficos muy didácticos. Una suma fija de 25.000 pesos permitiría superar el poder adquisitivo que dejó Macrì en 2019 y si fuera de 46.500, mejoraría más del 30% el salario real, y equipararía el poder de compra con que se fue Cristina en aquel inolvidable diciembre de 2015, único caso en la historia de un gobierno despedido por una multitud entusiasta el último día de su mandato.

 

 

 

Esto implicaría un reparto más equitativo de las ganancias de productividad obtenidas por cada puesto de trabajo, dado que la producción creció con menor costo laboral. El fenómeno acentuado bajo el actual gobierno es la baja sensible del desempleo pero con remuneraciones que no permiten superar la línea de la pobreza. Esta discordancia sustenta las posiciones opuestas de Alberto, quien señala los índices de crecimiento de la producción y el empleo, y Cristina, que constata la poquedad distributiva y prevé sus consecuencias electorales. Ninguno falta a la verdad, pero observan distintos aspectos del mismo proceso.

 

 

 

Tal aumento no afectaría la actividad de las empresas, porque tanto las ventas como las ganancias que han tenido este año fueron extraordinarias, sostiene CEPA.

 

 

 

 

 

 

El bono bullet

Esta afirmación es indiscutible para la cúpula patronal, que el INDEC releva en su Encuesta Nacional a Grandes Empresas, que incluye a las 500 primeras. Pero no luce tan evidente para el conjunto de la economía y, en especial para las empresas medianas y chicas. Enrique Aschieri, docente en la Universidad Nacional de Moreno y último pelo del bigote de Frigerio que camina por las pampas chatas, insiste desde su primera columna en El Cohete en que el salario es un precio político, determinado por la lucha de clases, y que el Estado puede fijarlo para estimular el consumo y la inversión, sin que impacte en la inflación. Ante mi pedido de que explicara el mecanismo que lo haría posible, en abril de 2022 escribió esta nota cuya relectura es recomendable. Propone un préstamo del Estado por cuatro meses, con fondos depositados por las empresas en la ANSES como cargas sociales, contra un bono bullet (un instrumento que se cancela íntegro al vencimiento). Con el crecimiento que esto produciría, luego de ese cuatrimestre las empresas estarían en condiciones de pagar esos nuevos salarios sin aumentar los precios ni requerir el préstamo.

Pero Fernández se opone al aumento de suma fija, como insistieron todos los trascendidos de su comitiva íntima en el viaje a Francia e Indonesia. Pero hasta ayer se abstuvo de explicar por qué. Lo hizo en París, con una referencia a los municipios y el pequeño comercio, que ya había adelantado al Cohete. En cambio se inclina por el bono de 45.000 pesos en dos cuotas de la mitad, este mes y el próximo, que decretó de urgencia el viernes, como refuerzo alimentario para adultos sin ingresos y a los aumentos a jubilados que anunció Economía.

Según el mandatario, el 65% de los trabajadores que ganan menos de 90.000 pesos mensuales son empleados de los municipios, y el 30% de Comercio. Esa habría sido la línea de corte acordada con Cristina la única vez que hablaron del tema en los términos de Catarella: de persona a persona y personalmente. Un aumento de 30.000 pesos mensuales para esos trabajadores destrozaría a los municipios, cree el Presidente. Además, mientras quien ganaba 90.000 pasaría a 120.000, aquellos que percibían 100.000 y 110.000 quedarían clavados, por debajo de la categoría inferior. En la reunión de la semana pasada, posterior al Congreso del Partido Justicialista en Mar del Plata, un grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires le plantearon que ni siquiera podían pagar los sueldos actuales sin ayuda de la Nación o la Provincia. El acuerdo paritario con los camioneros también pesa sobre los municipios, para los cuales la recolección de la basura es uno de los principales gastos del presupuesto. Algunos municipalizaron el contrato, con lo cual ahorran el 21% del IVA, pero de todos modos respetan el convenio de los conductores, cree el Presidente.

Consultado para esta nota acerca de por qué no lo explicaba en público, respondió que no quería regalarle a Clarín el título “Alberto le respondió a Cristina”. En realidad, Clarín no necesita ese tipo de insumos para la tarea de demolición del Presidente y la Vicepresidenta que acomete cada día con renovado entusiasmo. Por el contrario, ante la ausencia de explicación, queda la idea de que se opone porque es ella quien lo impulsa. “No quiero dejarla como presionando con algo imposible de cumplir”, afirmó.

Cada municipio tiene su propio sindicato estatal, que no depende de las estructuras nacionales de ATE ni UPCN. Daniel Catalano, secretario general de ATE en la Capital Federal, y adjunto de la CTA nacional, reelecto en los comicios de la semana pasada, entiende que las provincias tienen recaudaciones y ahorros aplicables al rubro salarial de los municipios y que lo que falta es una definición política. Es posible que algunos del Norte y del Litoral no puedan cumplir. Por eso piden una Paritaria nacional de los trabajadores municipales, que se financie desde la Nación y las provincias, del mismo modo en que se asiste a los docentes. Pero esa propuesta no ha sido evaluada.

Tanto Alberto como Cristina sostienen que el Ministro de Economía coincide con lo que cada cual propone. Sergio Tomás Massa despejó la duda: está de acuerdo con Cristina y Alberto lo sabe, pero no lo dice en público por respeto. La propuesta goza además de un amplio consenso social, según Analogías.

 

 

 

 

Respecto de los trabajadores de Comercio, luego del aumento del 20% acordado en la paritaria para este mes, el básico para la categoría inferior pasó a ser de 126.771 pesos mensuales y las dos categorías siguientes de 129.490 y 130.396. No se advierte por qué razón sólo la primera debería recibir el incremento de suma fija. Si fuera de 25.000 pesos, este sería el resultado, próximo al 30%, con diferencias minúsculas entre las tres categorías inferiores:

 

 

El recorrido didáctico de CEPA incluye el aumento de suma fija que el actual gobierno concedió al asumir, que mejoró el poder de compra del salario en un promedio del 7%.

 

 

Pero entonces el primer decreto fue sólo para los privados, al mes se firmó otro, para el sector público nacional, pero que no era obligatorio para los municipios, que no lo pagaron, con la excepción de Quilmes. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, entiende que ahora también la suma fija debe ser solo para los trabajadores privados registrados, que desde 2019 vienen perdiendo contra la inflación. En cambio, afirma que los estatales van a terminar el año ganando. Su gobierno aseguró una mejora de entre 90 y 94% hasta fin de año, pero los municipios no adhirieron.

Durante los gobiernos de Cristina la suba del Salario Mínimo Vital y Móvil era una opción para aumentar los básicos de convenio, pero ya no es así, porque su variación también se refleja en los planes Potenciar y en la Prestación Universal para el Adulto Mayor, con lo cual incrementa el gasto, y para que su efecto fuera significativo debería incrementarse no menos del 70%, con una repercusión fiscal insostenible.

El otro tema sobre el que han fijado posición Alberto y quien ha devenido su principal colaboradora, la portavoz Gabriela Cerruti, es la eventual suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. El gobierno entiende que el kirchnerismo no tiene los votos suficientes para hacerlo. Pero escarbando en esta apariencia aparece otra lectura: Cristina no está segura de la conveniencia de ese cambio propiciado desde La Cámpora. Teme que provoque un abroquelamiento de la oposición y le regale la épica de la que por ahora carece. Sergio Massa, quien desde hace años se opone a las PASO, insiste en que los votos alcanzan para suspenderlas. “Estaba seguro, pero ella me hizo dudar de que fuera una buena idea”, comentó esta semana.

 

 

Hacete amigo de Juez

El martes 8, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda hicieron lugar al recurso extraordinario presentado por los senadores de PRO Luis Juez y Humberto Schiavoni, declararon nula la  designación como representante de la segunda minoría del Senado para integrar el Consejo de la Magistratura del senador peronista Martín Doñate y consideraron que la partición del bloque Frente de Todos resulta inoponible a los fines la conformación del Consejo. En el cuarto punto de la decisión el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, dispone comunicarle lo resuelto al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, quien enhebra así un récord difícil de superar:

  • En diciembre de 2015 fue designado ministro de la Corte en comisión y por decreto presidencial, lo mismo que su colega Rosenkrantz.
  • En octubre de 2021 fue electo presidente de la Corte Suprema por su propio voto, igual que Rosenkrantz para la vicepresidencia.
  • En diciembre de 2021 declaró inconstitucional la ley 26.080 de conformación del Consejo de la Magistratura que tenía 15 años de vigencia y repuso la ley 24.937, derogada por el Congreso.
  • En abril de 2022, por esa decisión asumió como presidente del Consejo de la Magistratura.
  • El 8 de noviembre de 2022 subrogó al Senado de la Nación en sus atribuciones constitucionales.

El amparo de Juez y Schiavoni había sido rechazado en primera y segunda instancia en el fuero contencioso administrativo federal. La sala V de la Cámara de Apelaciones, sostuvo que estaba en juego “el funcionamiento político interno del Poder Legislativo y que, por ello, no resulta justiciable”. Al interpretar el artículo 66 de la Constitución Nacional y el artículo 55 del Reglamento del Senado, sobre la formación de los bloques, citó el fallo que la misma Corte dictó en abril de 2020, sobre las atribuciones del Senado para dictar su propio reglamento. En ese sentido, indicó que lo relativo a la «oportunidad» y a la «intencionalidad», son “cuestiones inherentes al funcionamiento interno de la cámara y responden a las reglas de la lógica política”. Sin embargo, la Corte entiende que la cuestión resulta justiciable y debe ser sometida a su “severo escrutinio”, porque lo contrario ubicaría “a otro Poder del Estado por encima de la Constitución y de las leyes”. El fallo establece que en la fecha de la notificación de la sentencia sobre el Consejo, la segunda minoría del Senado era el Frente PRO. Por eso la división del Frente de Todos en los bloques del Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana “viola el indudable objetivo de pluralidad representativa en la integración del Consejo”.

 

 

Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda.

 

 

El fallo acumula descalificaciones y frases despectivas dirigidas a “la presidencia del Senado”, que no forma parte del cuerpo y que sólo tramitó las decisiones adoptadas por los legisladores:

  • Se trata de una maniobra para ocupar un lugar que no le corresponde;
  • Desconoce el principio de buena fe;
  • Es ilegítimo y manipulativo,
  • Ese artificio o artimaña procura obtener un rédito ilegítimo.
  • Tal ardid o manipulación lesiona la exigencia de representación política (en este caso, con relación a las minorías) y, “en definitiva, su ideario democrático”.
  • Quiebra las reglas más básicas del debido proceso legislativo y la obligación de respetar y acatar el proyecto de república democrática que establece la Constitución.

Lo más notable es que el fallo sólo tiene validez hasta el viernes 18, cuando vencen los actuales mandatos, con lo cual es ostensible la intención de transmitir un mensaje político. Uno más.

Por otra parte, Cambiemos hizo lo mismo en la Cámara de Diputados, dividiendo en dos el bloque PRO/UCR, para que el macrista Tonelli ocupara el lugar de la kirchnerista Fernández Sagasti en el Consejo. Como era de prever los senadores peronistas consideran inoponible el fallo a la designación de los representantes del cuerpo en el Consejo e insistirán con Doñate. Además, desde la Cámara de Diputados se promoverá el juicio político de los tres jueces de la Corte (Lorenzetti no firmó porque en el fallo de diciembre de 2021 dijo que sólo el Congreso puede poner en vigencia una ley) y hay varios proyectos en elaboración tendientes a terminar con la intromisión de la República Autónoma del Cuarto piso en temas reservados a la soberanía popular.

 

 

Antipolítica y negocios

Si bien Rosatti actúa como mascarón de proa de esta ofensiva antipolítica, es necesario prestar atención a Rosenkrantz. Por ejemplo:

  • Dos de las grandes empresas que según los trabajos de CEPA empujan la inflación hacia arriba, son clientes del estudio que tenía cuando fue designado en la Corte. En las audiencias de confirmación en el Senado dijo que se excusaría en las causas de sus ex clientes, pero este año se retractó, considerando que el transcurso de cinco años lo libera de ese compromiso, cosa que no consta en ninguna ley ni Código.
  • En 2014, con el propósito de volver a juzgar a Cristina en las causas en las que fue absuelta, Rosenkrantz prologó un libro con dos trabajos sobre el tema, uno del entonces secretario de Martín Irurzun en la Cámara Federal, Federico Morgenstern. En cuanto asumió en la Corte, Rosenkrantz lo designó como prosecretario letrado para asuntos de confianza. Morgenstern redactó el fallo del 2×1 en la causa Muiña por crímenes de lesa humanidad, instigado por el Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj.
  • Durante la presidencia de Raúl Alfonsín, Rosenkrantz integró el Consejo de Consolidación de la Democracia, junto con otro abogado de grandes empresas, Alfredo Mauricio Vítolo, el asesor jurídico de Avruj. Vítolo propugna el perdón a los militares detenidos por crímenes de lesa humanidad. Especialista en derecho corporativo y director él mismo de grandes empresas, como consecuencia de sucesivas fusiones, es socio de Emilio Cárdenas en uno de los mayores estudios del país, Nicholson y Cano Abogados. Entre su principales clientes hay otro integrante de la lista de CEPA.
  • En el caso Fontevecchia, la Corte contradijo con el voto de Rosenkrantz una larga jurisprudencia, anterior incluso a la reforma constitucional de 1994, y sostuvo que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son obligatorios para la Corte argentina, que se reserva la última palabra.
  • Como se ve, un verdadero programa. Armisticio con los torturadores, guerra a los políticos, menoscabo del sistema internacional de defensa de los derechos humanos y siempre negocios.

 

 

 

Lúmpenes y financistas

Mañana la Vicepresidenta recusará a la jueza María Eugenia Capuchetti, por su reticencia a expandir la investigación del atentado más allá de los ejecutores materiales. Quien sí está dispuesto a hacerlo, pese al freno que le aplicó la sala de la Cámara Federal integrada por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens, es el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien no solo procesó a los revolufederales que la Cámara había dejado en libertad, sino que está indagando acerca del financiamiento otorgado al grupo de alborotadores por Caputo Hermanos. Nada más llamativo que la inexplicada relación entre la familia de dos grandes empresarios que alternan con la elite financiera internacional y los presuntos jóvenes indignados que amenazaban en forma abierta con matar a la Vicepresidenta, a su hijo y a cualquier kirchnerista que pasara cerca. No menos extraño es el comportamiento del indicador de Riesgo País, que cayó en julio y agosto, antes del atentado, debido a que alguien comenzó a comprar bonos argentinos mientras la manada huía en estampida de los demás mercados emergentes. Imposible no preguntarse si alguien sabía que estaba por producirse un acontecimiento que los mercados celebrarían como un regalo celestial.

El abogado de la Nueva Centro Derecha, Hernán Seivane, negó que Brenda Uliarte sea la persona cuya fotografía publicó El Cohete hace dos semanas en Operaciones de Inteligencia.  “Era otra piba”, dijo.  La identificaron como Fátima Mercado. No, era Brenda Uliarte.

Aquí podés ver a las dos. La presencia de Uliarte en la movilización de los revolufederalistas del 2 de abril en Plaza de Mayo muestra la coordinación entre estos grupos aparentemente distintos.

 

Fátima Mercado y Brenda Uliarte. El mismo día, dos personas distintas.

 

 

 

 

El contexto global

Esto ocurre en un contexto global cuya interpretación no es pacífica. Dos encuestas difundidas con pocas horas de diferencia abonan esta imprecisión. Zuban, Córdoba y Asociados preguntó de frente sobre identificación ideolólógica  y comprobó un avance de posiciones de derecha.

 

 

 

 

Pero el mismo universo de respondentes consideró remota la posibilidad de la llegada al poder en la Argentina de opciones fascistas o comunistas.

 

 

 

Analogías registró amplias diferencias en favor de un aumento en la inversión pública en educación, ciencia y tecnología, en las empresas públicas, y en contra de su privatización y de la del sistema previsional. También fueron muy favorables las opiniones sobre YPF y Aerolíneas Argentinas.

 

 

 

Estas sombras también se proyectan sobre los análisis electorales sobre los distintos países de la región y del mundo. ¿Hay un regreso de las preferencias populistas o del centro hacia la izquierda, o una derrota de los gobiernos, cualquiera sea su definición ideológica? Las recientes elecciones en Brasil y Estados Unidos mostraron el fracaso electoral de las posiciones más extremas de derecha, personificadas en Jair Bolsonaro y Donald Trump. Como es habitual en las elecciones de medio término, el partido en el gobierno retrocedió respecto de la elección presidencial previa, pero mucho menos que en las últimas décadas, y no se produjo la ola roja que se vaticinaba. En varios estados los candidatos negacionistas, conspiranoicos, antisemitas, antivacunas, antiaborto y supremacistas apoyados por el ex Presidente Donald Trump perdieron ante contendientes demócratas que hicieron campaña con la defensa de la democracia y de los derechos. Fue el mejor resultado para un gobierno en 40 años. Ni siquiera es seguro que Trump anuncie este semana que volverá a apostar por la presidencia en 2024, para lo cual le ha surgido un competidor muy fuerte, el reelecto gobernador de Florida Ron DeSantis, quien tiñó de rojo un estado swinger. Recién la segunda vuelta, dentro de tres semanas, definirá quién controla el Senado y cuál es la ventaja republicana entre los diputados. Las mujeres tuvieron un rol decisivo, en respuesta al fallo de la Corte Suprema en la que, con apenas un mandato presidencial,  Trump logró una mayoría de dos tercios con extremas posiciones de derecha, lo cual establece un punto de contacto con la Argentina. Allí y aquí, el gobierno de los jueces amenaza la subsistencia de la división republicana de poderes, ya corroída por la inclinación judicial a favorecer con sus decisiones la conveniencia del gran capital por sobre los derechos de los trabajadores.

La pretensión de imponer el criterio de los jueces sobre el de los gobernantes electos tuvo una manifestación extrema en Estados Unidos en la década de 1930, cuando una Corte Suprema conservadora declaró inconstitucionales en forma sistemática las leyes y decretos del Presidente Franklin Delano Roosevelt en aplicación de su programa de intervencionismo estatal para la reactivación económica conocido como New Deal. La Corte llegó a decir que la democracia estaba de vacaciones y había vuelto Nerón.

Luego de que Roosevelt fuera reelecto en 1936, la Corte, influida por el juez que él designó, Felix Frankfurter, estableció otra jurisprudencia: la Justicia debe auto-restringir su actividad, porque el menos democrático de los poderes no puede imponerse a un Presidente o un Congreso elegidos por el pueblo. “Si los jueces quieren ser predicadores, deberían dedicarse al púlpito; si pretenden ser primariamente configuradores de una política, el Parlamento es su lugar. Los jueces obstinados son los menos defendibles entre todos los que atacan al imperio de la ley”, escribió Frankfurter.

La Corte argenta ignora esas minucias.

 

 

 

 

La música que escuché mientras escribía

 

 

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