En su fenomenal Talons of the Eagle (Las garras del águila), el profesor emérito de la Universidad de California en San Diego, Peter H. Smith, examinó las transformaciones en las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina. Allí identificó tres grandes fases dominadas por el imperialismo de los siglos XVIII y XIX, los conflictos ideológicos de la Guerra Fría y las reformas de mercado del “nuevo orden mundial” post-1991. La irrupción del segundo mandato de Donald Trump inauguró un capítulo inédito en la tipología de Smith: un despliegue de coerción e injerencia directa sólo comparable con la etapa de las dictaduras militares de los ‘70, pero que hoy se ejecuta sobre democracias constitucionales.
El escenario electoral de América Latina acaba de registrar un acontecimiento que, de confirmarse en el balotaje del 25 de octubre, tendrá decisivas implicancias geopolíticas. La primera vuelta en Brasil arrojó que el senador Flávio Bolsonaro (Partido Liberal) fue el candidato más votado con el 47,03 % de los votos (56.104.268 sufragios), superando por 1,87 puntos y 2,2 millones de votos al Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), quien obtuvo el 45,16 % (53.876.617 votos). La contienda confirmó una marcada polarización —al concentrar ambos más del 92% de los sufragios— junto a una abstención récord del 21,08 % (33,4 millones de ausentes, la cifra más alta desde 1998).
La derrota del oficialismo resulta paradójica si se la contrasta con el sólido balance económico y los avances sociales de Lula. Según el Center for Economic and Policy Research (CEPR), think tank con sede en Washington D. C., la economía brasileña creció un 9,2% acumulado entre 2022 y 2025, por encima del promedio sudamericano del 5,6 %. Tras subir el PBI un 3,2% en 2023 y un 3,4% en 2024, el crecimiento se moderó al 2,3% en 2025; todos números superiores al estancamiento del gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022).
En el mercado laboral, el desempleo cayó un 42% para ubicarse en el mínimo histórico del 5,4% (frente al 9,3% de 2022), con una reducción de dos puntos en la informalidad. Ello estuvo impulsado por la ley de "valorización permanente" del salario mínimo (indexado por inflación más crecimiento del PBI). El salario mínimo real creció un 12,7%, mientras el ingreso medio real del trabajo aumentó un 13% y la masa salarial acumulada un 19,7%. En el consumo básico, la suba de alimentos cayó al +13% bajo Lula, frente al +50% del ciclo anterior.
En lo social, la ampliación de Bolsa Família elevó la transferencia promedio de 394 a 670 reales, con un ajuste del 15% en septiembre de 2026 que fijó el haber en 777 reales —un incremento de casi el doble respecto de 2022—. Ello permitió que 5,1 millones de familias superaran la pobreza y que la FAO removiera a Brasil de su Mapa del Hambre al caer la desnutrición por debajo del 2,5 %. A ello se añadieron la Ley de Igualdad Salarial, la ampliación de las licencias por maternidad y medidas destinadas al alivio y refinanciación de deudas para trabajadores del sector informal y familias endeudadas.
Sin embargo, el retroceso electoral de Lula pareciera responder a una combinación de restricciones internas y de inédita intromisión externa. En lo interno, cabe señalar la mora crediticia (5,5%) y un severo impacto en el ingreso familiar debido a pérdidas por 62.500 millones de reales en apuestas en línea. En el plano fiscal, la persistente carga de los intereses de la deuda elevó los costos estatales en más de dos puntos del PBI. Esto empujó la deuda pública al 82,9% del PBI y el déficit consolidado al 9,48%, a pesar de que Lula redujo el déficit primario del 2,28% al 0,43% del PBI mediante reformas tributarias.
En lo externo, la administración Trump II interfirió abiertamente: impuso aranceles del 25% al 50%; ejecutó restricciones de visado y sanciones financieras al amparo de la Ley Magnitsky contra el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, descalificando los juicios por el intento de golpe de Bolsonaro; financió presuntamente con un millón de dólares a redes digitales de extrema derecha contra el tribunal electoral y el voto electrónico; y designó oficialmente al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) para favorecer la narrativa de mano dura de Flávio Bolsonaro.
Sanción a los oficialismos
Frente al avance de las extremas derechas, abundan los análisis que decretan un giro ideológico estructural en América Latina. La evidencia empírica, sin embargo, desaconseja este tipo de lecturas deterministas: la dinámica regional pareciera responder, antes bien, al patrón dominante del “voto castigo” a los oficialismos. En comicios competitivos durante el periodo 2018-2026, los gobiernos cayeron en más del 70% de los casos, independientemente de su signo político.
Esta tendencia al desplazamiento del gobierno de turno se observa a lo largo de toda la geografía regional: en la Argentina se sancionó a la centroderecha en 2019 y al peronismo en 2023; en Chile se desalojó a la derecha en 2021 y se castigó al gobierno izquierdista de Gabriel Boric a finales de 2025 frente a José Antonio Kast; en Colombia el voto desplazó a la centroderecha en 2022 dando paso a Gustavo Petro, cuyo espacio sufrió un severo desgaste cristalizado en las urnas con el triunfo de la extrema derecha de Abelardo de la Espriella en 2026; y en Honduras se castigó al Partido Nacional en 2021 y se dio un revés a la izquierda oficialista de Xiomara Castro a finales de 2025 con la victoria de Nasry Asfura.
La misma lógica se replicó en el resto de la región: en Panamá (2024), donde el Partido Revolucionario Democrático (PRD) sufrió un colapso histórico obteniendo menos del 6% de los votos; en Uruguay, donde en 2019 se interrumpió el ciclo de 15 años del Frente Amplio y en 2024 la Coalición Republicana de Luis Lacalle Pou cedió de nuevo el mando ante el retorno de la centroizquierda de Yamandú Orsi; en Guatemala (2023), donde el descontento catapultó al movimiento antiélite de Bernardo Arévalo; en Perú (2021 y 2026), donde la profunda inestabilidad institucional derivó en la caída de la izquierda oficialista y culminó a mediados de 2026 con la victoria de Keiko Fujimori; y en Bolivia, donde las elecciones presidenciales de finales de 2025 consagraron el triunfo de Rodrigo Paz Pereira, poniendo fin al gobierno de Luis Arce del Movimiento al Socialismo (MAS).
Las escasas excepciones a esta regla obedecen a factores específicos. Por un lado, se encuentran los oficialismos que lograron la continuidad debido a niveles de aprobación derivados de ejes centrales de su gestión. Es el caso de Nayib Bukele en El Salvador (2024), respaldado socialmente en su política de seguridad pública; el de Claudia Sheinbaum en México (2024), quien da continuidad y profundiza el proyecto reformista de Andrés Manuel López Obrador de redistribución del ingreso y notable estabilidad económica; y el de Luis Abinader en la República Dominicana (2024), cuya reelección en primera vuelta fue impulsada por un crecimiento económico superior al promedio regional y su gestión de las fronteras. Por otro lado, la permanencia en el poder también se explica por el control territorial de organizaciones históricas, como el Partido Colorado en Paraguay (2018 y 2023); o el control institucional en regímenes que limitaron la competencia electoral y restringieron la participación de la oposición, tal como ocurrió en Nicaragua (2021) y en los procesos electorales de Venezuela (2018 y 2024).
Este mapa refleja, en términos generales, la insatisfacción ciudadana ante el bajo crecimiento, el alto costo de vida y la inseguridad. A ello se debe añadir el eclipse del centro político, la creciente polarización y la fragmentación parlamentaria. Quienes hace un lustro interpretaron el ciclo de triunfos progresistas registrado entre 2019 y 2022 como un renovado giro a la izquierda cometieron el mismo desacierto analítico que quienes hoy pretenden elevar el actual ciclo conservador al estatus de vuelco ideológico estructural. Lejos de mapas azules o rojos sólidamente estructurados, estamos ante sociedades partidas en donde el “voto castigo” sigue siendo la variable explicativa central.
De gendarme global a hemisférico
Comprender el escenario regional exige interpretar los cambios en las prioridades de la Casa Blanca. Trump II ha consolidado un esquema de presión sobre el continente cuya intensidad rememora el intervencionismo de la década de 1970. Sin embargo, mientras en aquel período Washington apuntaló a las dictaduras militares latinoamericanas, la estrategia actual implica desplegar su coerción sobre gobiernos constitucionales e instituciones democráticas.
Esta redefinición se encuentra plasmada en la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN 2025), que abandona el viejo rol de gendarme del orden global —catalogado como un compromiso "indeseable e imposible"— para reenfocar sus recursos en el control estricto de su periferia inmediata. Esto no conlleva un aislacionismo pacífico, sino una concentración de poder militar y financiero destinada a evitar la sobreextensión global —con excepciones puntuales como Medio Oriente— y garantizar una dominación incontestada sobre el hemisferio occidental.
En esta lógica se inscribe la formulación del "Corolario Trump a la Doctrina Monroe". Al reinterpretar el postulado de 1823, el documento fija la determinación de Washington de reinstaurar un dominio irrestricto sobre las Américas. Allí se afirma: "Queremos asegurar que el hemisferio occidental permanezca (…) lo suficientemente bien gobernado como para prevenir y desincentivar la migración masiva a los Estados Unidos; queremos un hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra los narcoterroristas, carteles y otras organizaciones criminales transnacionales; queremos un hemisferio que permanezca libre de incursiones foráneas hostiles (…) En otras palabras, afirmaremos y aplicaremos un 'Corolario Trump' a la Doctrina Monroe".
Esta orientación fue complementada por la Estrategia de Defensa Nacional (EDN 2026), cuya instrucción dispone "asegurar terreno clave en el hemisferio occidental", encomendando al Pentágono garantizar el acceso militar y comercial estadounidense a geografías estratégicas desde el Ártico hasta América del Sur, con énfasis en el Canal de Panamá y Groenlandia. En este marco, el "Corolario Trump" excede al Corolario Roosevelt de 1904. Mientras este último justificaba la intervención armada ante la morosidad en el pago de deudas financieras externas, la doctrina actual asume un carácter de ingeniería política abierta, prometiendo "recompensar y alentar a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región decididamente alineados con nuestros principios y estrategia", al tiempo que articula sanciones contra las administraciones disidentes.
Las intervenciones de Trump II
La ejecución práctica de estos lineamientos se tradujo en una sucesión articulada de intervenciones directas desplegadas por la diplomacia coercitiva, el Departamento del Tesoro, la inteligencia y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El detalle cronológico de estas acciones exhibe un verdadero mapa de coerción regional:
- Honduras (abril 2025): En la antesala de las elecciones, la Casa Blanca intervino en favor del candidato conservador Nasry Asfura, postergado en las encuestas. En contraprestación, Honduras podría romper lazos con China para restablecer el reconocimiento a Taiwán. La incoherencia de la política estadounidense en nombre de la lucha contra el crimen en Honduras quedó al descubierto cuando Trump otorgó un indulto presidencial al ex Presidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por liderar un narcoestado.
- Argentina (septiembre/octubre de 2025): Ante la severa iliquidez del gobierno de Javier Milei, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, orquestó un salvataje financiero mediante la compra directa de pesos en el mercado abierto, un swap de divisas por 20.000 millones de dólares con el Banco Central y un paquete de deuda por otros 20.000 millones de dólares con bancos privados de Wall Street. La ayuda estuvo explícitamente condicionada a los resultados políticos, tal como advirtió Trump antes de las legislativas de octubre de 2025: "Si pierden, no vamos a ser tan generosos con la Argentina".
- Venezuela (enero de 2026): La proyección militar directa alcanzó su punto culminante con la operación "Determinación Absoluta". Bajo órdenes de la Casa Blanca, la Fuerza Delta y el Comando Sur ejecutaron bombardeos en Caracas y la captura y traslado forzoso a Nueva York de Nicolás Maduro y Cilia Flores para ser sometidos a juicio por narcoterrorismo.
- Panamá (enero de 2026): Bajo la amenaza de reinstaurar el control militar sobre el canal interoceánico, el secretario de Estado, Marco Rubio, forzó al Presidente panameño José Raúl Mulino a retirar a su país de la Iniciativa china de la Franja y la Ruta (febrero-abril 2025). En enero de este año, la Corte Suprema panameña anuló la concesión de la firma hongkonesa CK Hutchison en los puertos de Balboa y Cristóbal, cuyas operaciones fueron transferidas a las navieras occidentales Maersk y MSC en una maniobra celebrada por Washington como una "reconquista estratégica”.
- Chile (febrero de 2026): Tras las presiones de Estados Unidos por el proyecto de cable submarino de fibra óptica Chile-China Express (que conectaría Concón/Valparaíso con Hong Kong), el Departamento de Estado revocó las visas diplomáticas de tres funcionarios chilenos —incluyendo al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz— al acusarlos de comprometer la infraestructura crítica regional.
- Ecuador (marzo de 2026): Convertido en laboratorio del "Escudo de las Américas", el país andino presenció el despliegue de tropas estadounidenses y ataques aéreos directos contra el grupo criminal "Comandos de la Frontera". La asistencia militar y financiera a Quito se condicionó al alineamiento estricto de Daniel Noboa, quien el año previo viajó a Mar-a-Lago a recibir el aval de Trump antes de su reelección.
- Bolivia (septiembre-octubre de 2026): El intervencionismo estadounidense se proyectó decididamente sobre el sistema judicial boliviano. Tras la detención en una cárcel de máxima seguridad del consultor político argentino Fernando Cerimedo —operador vinculado a Donald Trump Jr. y articulador digital de la extrema derecha regional—, acusado por tentativa de feminicidio de la abogada boliviana Nadia Beller, la Casa Blanca inició una fulminante contraofensiva, al revocar la visa y sancionar por corrupción al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca. La detención fue denunciada como un secuestro institucional destinado a descabezar la fiscalía y garantizar la impunidad en el caso de Cerimedo.
Los desafíos de la Argentina
El escenario latinoamericano plantea severos interrogantes sobre el rumbo de la Argentina. La adopción de un alineamiento automático con la Casa Blanca ha situado al país en una posición de fragilidad inédita, comprometiendo la neutralidad histórica y los intereses permanentes de la Nación en un mapa global atravesado por intensas disputas de poder. La pretensión de transformar a la Argentina en un actor subordinado a la agenda geopolítica de Washington ha ocasionado un deterioro ostensible en la relación bilateral con Brasil —nuestro principal socio comercial y estratégico—, al tiempo que ha derivado en la cancelación de importantes proyectos de infraestructura e inversión de la República Popular China.
En este marco, resulta particularmente grave la utilización de la categoría de "terrorismo" para estigmatizar y criminalizar la disidencia social. Esta retórica se vio convalidada en la "Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político" celebrada en Washington bajo la dirección de Marco Rubio, donde se agitó el fantasma de la "extrema izquierda armada". Sin embargo, un análisis riguroso de los documentos esenciales de la política exterior, la inteligencia y la defensa norteamericanas (ESN 2025, EDN 2026, Estrategia de Contraterrorismo 2026 y la Evaluación Anual de Amenazas 2026) arroja la inexistencia de hipótesis sobre amenazas terroristas operando en la Argentina, lo que pone en evidencia la extravagante afirmación del Presidente Milei respecto de que expulsó a un total de 30.000 terroristas que venían a "dinamitar el modelo argentino".
De manera complementaria, se promueven iniciativas legislativas como el proyecto denominado "Defensa de la Soberanía Nacional", que —entre numerosos títulos que lo convierten en un proyecto de ley ómnibus— eleva de rango al Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET). Detrás de la apelación a causas de amplio consenso nacional como la cuestión Malvinas, se procura introducir una arquitectura de vigilancia y control social interno orientada a la persecución ideológica. Asimismo, el pretendido empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior y el abandono del financiamiento al equipamiento militar degradan la capacidad defensiva profesional del Estado, desviando la atención de los espacios soberanos en el Atlántico Sur y su proyección antártica.
Como ilustraba Peter Smith al repasar los ciclos de las relaciones interamericanas en Talons of the Eagle, la subordinación acrítica a las exigencias del gendarme hemisférico no garantiza prosperidad ni estabilidad, sino que acentúa la vulnerabilidad de las naciones periféricas. En un sistema internacional signado por la erosión del multilateralismo y la competencia entre grandes bloques, la Argentina debe recuperar con urgencia una política exterior y de defensa fundadas en la prudencia estratégica. Esto exige poner fin al tutelaje externo sobre los asuntos financieros y militares del país, restablecer vínculos pragmáticos y diversificados con todos los centros de poder global y consolidar una postura autónoma que priorice el desarrollo nacional y la defensa irrenunciable de la soberanía sobre las Islas Malvinas.
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