En América Latina, las constituciones de cuño neoliberal surgidas en los ‘90 le restaron peso a la política y se lo otorgaron al poder judicial a la hora de terciar en la tensión entre derechos populares y capital concentrado. Este traspaso de poder genera las condiciones para la aparición de procesos de lawfare, cuya etimología en inglés deviene de las palabras “ley” y “guerra”. El lawfare combina procesos judiciales amañados, irregulares y faltos de carga probatoria, con aparatos mediáticos y servicios de inteligencia trabajando articuladamente en contra de líderes y partidos de corte nacional y popular. El resultado es la proscripción de dichos líderes, la interrupción de políticas redistributivas y, en el fondo, la alteración del orden democrático en la región.
Este 28 de junio se cumplirán 17 años del primer proceso de lawfare en la región, que implicó el derrocamiento de Manuel Zelaya en Honduras en 2009. Desde entonces, la repetición de un patrón a lo largo del tiempo y en distintas naciones permite extraer algunas conclusiones, en este caso con foco en lo que ocurre con las agendas de ciencia y tecnología como resultado de procesos de lawfare, y qué importancia debería tener este patrón en el debate cotidiano dentro del sector y para con el resto de la comunidad. Repasemos la secuencia:
Al momento de su derrocamiento, en junio de 2009, Zelaya había impulsado en Honduras una Secretaría de Ciencia y Tecnología con rango ministerial, que se desmanteló después del golpe de Estado, y sus funciones fueron diluidas dentro de organismos de planificación y competitividad del Estado. Por otro lado, el prestigioso Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología (COHCIT) fue degradado en 2010, y terminó subordinado a estructuras más orientadas a la “competitividad” económica que a la investigación científica con objetivos nacionales.
En Paraguay, Fernando Lugo fue destituido en junio de 2012 arbitrariamente, en violación de sus garantías constitucionales de debido proceso, con un plazo de 19 horas para que fundamente su defensa ante un congreso que ya había decidido su desplazamiento. En materia de ciencia y tecnología, el golpe contra Lugo condujo a un cambio importante de agendas, en especial en lo concerniente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), que pasó de una visión más política y regional del desarrollo científico a una visión más gerencial y orientada al mercado y al emprendedurismo.
La persecución judicial contra Rafael Correa fue extrema en relación al forzamiento normativo y argumentativo implementado para lograr su proscripción en 2020, a tres años de concluir su decenio en la presidencia de Ecuador. El gobierno de su sucesor, Lenin Moreno, alteró la institucionalidad judicial vigente para cimentar la persecución judicial a Correa mediante la cooptación del Consejo de Participación (CPCC). En tan sólo tres meses, destituyó al fiscal general y al presidente del Consejo de la Judicatura, abriendo el camino para que el gobierno, apoyado por las bancadas de derecha, le quitara el fuero presidencial a Correa, con una dudosa acción de la Asamblea Nacional. El desarrollo de una política de ciencia, tecnología e innovación ecuatoriana ha sido un proceso tardío, débil e inestable. En 50 años (1973-2024), las instituciones con mayor permanencia (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología –CONACYT– y Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación –SENESCyT–) no han sobrepasado los 14 años de existencia. Los presupuestos, limitados y no permanentes, financiaron sobre todo proyectos de I+D y becas de posgrado. El periodo correísta entre 2007 y 2017 fue un paréntesis con importantes recursos y novedosos instrumentos, bajo la premisa de que la ciencia y la tecnología son factores clave del desarrollo. Durante el correísmo Ecuador desarrolló una agenda significativa en su política científica y tecnológica, incluyendo la creación de la SENESCyT, que tenía entre sus competencias una mirada integral del sistema universitario, en articulación con la investigación científica y tecnológica de acuerdo con las necesidades del desarrollo del país. El gobierno neoliberal de Moreno apostó al achicamiento del Estado, concomitante con una merma en la inversión pública en el sector. A través de la Ley de Emprendimiento e Innovación, se cristalizó la retirada del Estado ecuatoriano como ordenador del ecosistema universitario y científico tecnológico en pos de la “cultura emprendedora” fomentada por el Ministerio de Producción, solapando así las competencias que tenía el SENESCYT en materia de innovación.
El caso del lawfare proscriptivo contra Lula Da Silva y destituyente contra Dilma Roussef en Brasil fue profusamente tratado en El Cohete aquí y aquí. El cambio impuesto por la administración Bolsonaro fue especialmente notorio a poco de su asunción, pues sus políticas anti-ciencia y negacionistas llevaron a una desarticulación general y el consecuente mal desempeño, medido en decenas de miles de muertes evitables a causa de la pandemia de COVID-19. Así, a pesar de contar con recursos humanos y materiales con sobradas capacidades, el gobierno brasilero se ausentó del rol de articulador de recursos estatales y privados que merecía el desafío sanitario. La llegada de Bolsonaro al poder generó un cimbronazo en materia de presupuesto destinado a ciencia y tecnología: en su gobierno el presupuesto federal para ciencia y educación cayó de alrededor del 17% del presupuesto total en 2013 a aproximadamente el 8% en 2020, según datos de la OCDE. Las instituciones más importantes de la ciencia y la tecnología brasilera, tales como el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq) y la Fundación Coordenación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior (CAPES), que juntas financian cerca de 170.000 becas de posgrado e investigación, fueron severamente afectadas por los recortes, tal como reportó la revista Nature. El regreso de Lula al gobierno de Brasil muestra que el ciclo se invierte nuevamente, y regresa el interés gubernamental y la mirada estratégica en cuanto a ciencia y tecnología.
En noviembre de 2019, Bolivia se sumió en una crisis política tras las elecciones presidenciales en las que Evo Morales fue acusado de fraude electoral por la oposición. Las Fuerzas Armadas bolivianas pertrechadas en parte por el gobierno de Macri, le “sugirieron” a Evo la dimisión, y allanaron el camino a la senadora opositora Jeanine Áñez, quien asumió una presidencia tan de facto como interina. Al igual que en los casos anteriores, el creciente sector científico-tecnológico boliviano se vio desplazado al fondo de la agenda política. Pero el caso boliviano es relevante para comprender la razón de fondo que conecta los casos de lawfare con las agendas en ciencia y tecnología. Así, como parte de los efectos buscados por los actores intelectuales del lawfare, se incluye la interrupción de iniciativas estratégicas que, desde una lógica de ruptura de la dependencia, plantean la disputa tecnológica con empresas y el lobby de Estados Unidos en sectores estratégicos. La industrialización del litio a través de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), iniciativa estratégica de cara a la transición energética global, sufrió un freno abrupto tras la asunción de Añez, quien congeló las negociaciones entre Bolivia y Alemania tendientes a agregar valor al carbonato de litio extraído de los salares bolivianos. En la misma línea, el Programa Nuclear Boliviano sufrió suspensiones en sus obras de infraestructura y programas más importantes. El gobierno de facto de Añez empantanó los desarrollos bajo la excusa de ampliar detalles del proyecto y realizar evaluaciones de factibilidad. Eso frenó no sólo el inicio de un programa nuclear en Bolivia, sino la integración con nuestro país, que comenzaba a consolidarse: en 2015, la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) argentina, a cargo del doctor Diego Hurtado, firmó un convenio en materia de regulación nuclear con el Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE) encabezado por el ingeniero Luis Alberto Sánchez, en un acto presidido por dos víctimas del lawfare en la región: Evo Morales y Cristina Fernández de Kirchner.
La situación en la Argentina tal vez sea la más simple de explicar en términos de causa y efecto. La proscripción política de Cristina es casi con seguridad la más flagrante en cuanto a la degradación del sistema judicial que la encarceló sin pruebas, tras un juicio amañado y obsceno, con el evidente accionar de medios de comunicación conniventes con la corrupción judicial y empresarial. Sus descabelladas condiciones de detención, que no sufren ni siquiera los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, son una demostración del peso específico que detenta la presidenta del principal partido opositor. Esta violencia es proporcional a las transformaciones que entre 2003 y 2015, y entre 2019 y 2023, permitieron al sistema científico-tecnológico nacional ocupar, aún con contradicciones y errores, circuitos tecnológicos estratégicos en el sector nuclear, satelital, biomédico y agroindustrial, entre otros. El desmantelamiento que el gobierno de Milei lleva adelante de toda la cadena de producción de conocimento, de sus instituciones, de sus proyectos y programas y su impacto en sectores estratégicos es mandato taxativo de los verdaderos gobernantes de la Argentina desde diciembre de 2023.
Este somero recorrido deja a las claras la relación entre lawfare, proscripción e interrupción, desmantelamiento, o desvío de las agendas políticas en materia de ciencia y tecnología en la región, y permite enumerar algunas características en común.
Reflexiones finales
- En todos los casos, el proceso de lawfare y las proscripciones resultantes derivan en que la agenda científica y tecnológica pierde prioridad política.
- Los casos presentan diferencias, por supuesto, atribuibles a la resistencia que las elites empresarias locales pueden imponer a un desmantelamiento que, en última instancia, les generará pérdida de capacidades competitivas, como es el caso de Brasil.
- Pero en países donde dichas élites son prebendarias, o con bajo compromiso por un proyecto de nación, el lawfare avanza sobre las capacidades científico-tecnológicas, en especial aquellas que formaban parte de objetivos estratégicos fijados por la política.
- Desde el punto de vista argumentativo, en lugar de buscarse el perfeccionamiento de los proyectos, programas e instituciones, se apela a la detención y desmantelamiento de los mismos bajo argumentos asombrosamente similares: necesidad de auditorías de control, búsqueda de mayor eficientización, apelaciones a la inversión privada por sobre la pública, etc.
- Un factor recurrente de los gobernantes de derecha beneficiados por los procesos de lawfare es la apuesta al emprendedorismo individual por sobre la articulación estatal y la planificación estratégica.
- En aquellas naciones que alcanzaron cierto grado de sofisticación en su sistema científico-tecnológico, o explicitaron y apoyaron abiertamente iniciativas tendientes a involucrarse en las disputas tecnológicas, o generaron cambios históricos de gran calado en sus instituciones científico-tecnológicas durante el transcurso de gobiernos populares, luego del lawfare es casi inmediata la interrupción de proyectos estratégicos (nuclear, biotecnológico, energético, espacial, etc.). En otras palabras: a mayor capacidad transformadora, mayor ensañamiento en la persecución proscriptiva, y mayor violencia en la destrucción de las capacidades instaladas. El momento actual de Argentina podría incluirse en esta descripción.
Queda abierta la pregunta acerca del grado de conciencia que los integrantes de la comunidad científica y tecnológica tienen acerca de este patrón que, lamentablemente, ya se muestra con recurrencia y rasgos en común a lo largo de países y contextos. Ante la “subjetividad del lamento” por los recortes presupuestarios, pérdida de subsidios y degradación institucional, es preciso que científicos, tecnólogos y universitarios avancemos hacia una lectura en clave histórica y política de las razones de fondo que hacen que nuestra labor tenga particularidades regionales, en comparación con los sistemas del norte desarrollado. Cuanto antes adoptemos lecturas de fondo y comprensión acerca del período histórico que se inauguró con la destitución de Zelaya en Honduras y tiene su clímax con la proscripción de Cristina y el avance del macri-mileísmo sobre la ciencia nacional, en concordancia con la debacle industrial, educativa, sanitaria y socio-cultural, más certeras serán las acciones de resistencia, y más situadas y transformadoras serán las acciones de futuros gobiernos nacionales y populares.
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