LA FRAGILIDAD DE LA MEMORIA

“Después de la peste viene el orden”, decía Foucault refiriéndose al disciplinamiento y control social

 

El gobierno de Alfredo Cornejo fue el primero y el que más eficientemente aplicó la doctrina Bullrich, reprimiendo y criminalizando la protesta social.

Lo hizo a través del control del Ministerio Público Fiscal, los ataques sistemáticos a los jueces y una política de copamiento del Poder Judicial.

Según datos publicados, desde el 10 de diciembre de 2015 más de 60.000 personas han sido víctimas de represión violenta al participar en manifestaciones pacíficas, 117 han sido privadas de libertad y 333 han sido imputadas por diversos delitos.

Durante el gobierno de Rodolfo Suárez la pandemia agudiza el carácter autoritario del régimen. Más de cien trabajadores de la Municipalidad de la Capital han sido violentamente reprimidos e imputados en estos días por violar el artículo 205 del Código Penal, que reprime con prisión de seis meses a dos años al que violare las medidas adoptadas para impedir la introducción o propagación de una epidemia, norma que en Mendoza aplica el Ministerio Público local a pesar de tratarse de materia federal.

Proyectado en el tiempo que dure la emergencia sanitaria, es muy probable que Suárez supere a Cornejo en la criminalización de la protesta social de la mano de ese artículo.

Desde diciembre de 2015 hasta la fecha, el índice de prisionización mendocino, que ya se ubicaba entre los primeros del país, subió un 62,85%, llegando a mediados de este año al 333,05% x cada 100.000 habitantes, muy por encima del índice de 283 dado a conocer por la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires en su informe 2019 correspondiente al año 2018.

 

 

 

 

La pandemia global impone restricciones a las libertades públicas, pero no debe confundirse con un estado de excepción para profundizar el modelo autoritario que se impuso en Mendoza a fin de 2015. Así, la manipulación arbitraria e ilegal del artículo 205 del Código Penal por parte del Ministerio Público provincial había producido según información oficial al mes de mayo más de 5.000 detenciones. Mientras, la Ministra federal de Seguridad Sabina Frederic aclaró que reprimir a quienes realizaron el banderazo en el Obelisco porteño sería inconstitucional.

A contramano de las preventivas aconsejadas por la Organización Mundial de la Salud para descomprimir establecimientos carcelarios, en Mendoza se incrementó en un 4,18% el índice de prisionización en la pandemia respecto de diciembre de 2019, reprimiendo brutalmente las huelga de hambre de las mujeres de la cárcel de Borbollón el mismo día en que se iniciaba una Mesa de Diálogo en la tomada cárcel de Villa Devoto.

 

 

La complicidad judicial

El 26 de julio de 2017, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mendoza condenaba a prisión perpetua a los ex jueces Romano, Miret, Carrizo y Petra Recabarren, por su participación primaria en crímenes de lesa humanidad que detentaron el poder en la Cámara Federal de Mendoza hasta que fueron destituidos en 2011. En la extensa sentencia, se explica cómo la participación del Poder Judicial en cada uno y en todos los casos fue necesaria para que pudieran consumarse los crímenes.

El régimen autoritario que se ha impuesto en Mendoza también requiere de la complicidad judicial. Ya cuenta con la participación necesaria del Ministerio Público Fiscal, clave en un proceso acusatorio, cuyo titular es parte de la Mesa Judicial para criminalizar sistemáticamente a quienes protestan y a legisladores de todos los bloques de la oposición, a la vez que omite actuar de oficio y reprimir los delitos donde se encuentran denunciados funcionarios oficiales.

Con la pandemia también se profundiza la política de copamiento de la Corte Suprema de Justicia. En secreto y destrozando todos y cada uno de los principios republicanos, el régimen autoritario impuso a María Teresa Day, clave para la mayoría automática.

La designación de la candidata del Opus Dei con oscuro curriculum aún no está firme, ya que en fallo plenario y previa audiencia pública que ya ha sido convocada para el próximo 30 de julio se decidirán las acciones entabladas por todos los bloques opositores y organismos de derechos humanos, ya que la misma jamás fue magistrada y no reúne los 10 años de ejercicio de la profesión que requiere la Constitución.

En su primer acto, María Teresa Day ya le dio satisfacción al gobierno, al colocar al Ministro de Gobierno de Cornejo como Presidente de la Suprema Corte en el marco de un verdadero golpe institucional.

La fragilidad de la memoria es el título que eligió Ricardo Ponte para un libro esclarecedor. Allí nos cuenta que Emilio Civit, parte de la generación que dio forma a la Mendoza moderna, solía no contestar a las preguntas del público y de la prensa. Alguna vez explicó que lo hacía porque confiaba en la “fragilidad de la memoria social”. El prócer conservador, después de la epidemia de cólera que arrasó con gran parte de la población más pobre de la “ciudad vieja” destruida por el terremoto, decidió invertir en la construcción de un Parque para cambiar el paisaje del pedemonte mendocino, en lugar de construir las obras de agua potable y cloacas para la ciudad vieja, para cuyos habitantes se reservaba la aplicación de modelos de disciplinamiento y control social.

Es cierto que el control del Poder Judicial que pretende imponer manu militari el gobierno de Suárez, bajo el paraguas protector de la pandemia global y la presidencia del máximo tribunal por quien hasta hace pocos meses fue Ministro de Gobierno de Cornejo, son actos repulsivos al discurso republicano de los restos mortales del partido radical decidido a encabezar la derecha más pura y dura y eso le permitirá avanzar en temas resistidos por los mendocinos, como es el caso del ahora inviable fracking y la minería contaminante. Y garantizar impunidad en las denuncias por corrupción en la licitación de la cuestionada obra Portezuelo del Viento, entre muchos usos a requerimiento oficial. Entre ellos, permitirá consolidar la política de violación sistemática de derechos humanos que el régimen autoritario ha impuesto y que sufren miles de mendocinos y mendocinas criminalizados por ejercer el derecho a la protesta, fundamento de la libertad de expresión y de una sociedad democrática.

“Después de la peste viene el orden”, decía Foucault refiriéndose a los dispositivos de disciplinamiento y control social propios del higienismo social del siglo XIX.

En el caso mendocino, podríamos decir que la peste también pone en evidencia, para el que lo quiera ver, un orden autoritario que se profundiza en territorio que hasta hoy forma parte de la República Argentina.

 

 

 

 

 

 

 

 

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