La marca de la patota

Identifican y detienen a cuatro ex policías de Etchecolatz por secuestros y asesinatos

 

Los felicitaron por haber participado de un operativo que terminó con un muerto, un desaparecido, una madre y dos hijos secuestrados, una casa desvalijada y hasta con un perro muerto y otro robado. Fue en 1978. Desde entonces mantuvieron un anonimato que les permitió gozar de la vida familiar y la jubilación, pero un juzgado federal de Lomas de Zamora ordenó su detención la semana pasada – a pedido de la fiscalía. Fueron indagados junto a sus jefes, Jaime Lamont Smart, Miguel Etchecolatz y Juan Miguel Wolk, quienes probablemente esta semana sumen un nuevo procesamiento por delitos de lesa humanidad.

 

 

La destrucción

—No vuelva por su casa por al menos dos años– le recomendó el jefe de la comisaría 1 de Berazategui a Marcelina Juani cuando le anunció que se iba en libertad después de semanas detenida.

Le quedaba poco a lo que volver. Vivía en Marco Avellaneda 3239, en Rafael Calzada, con sus dos hijos – uno de nueve y otro de catorce años. Con ella se habían mudado dos sobrinos, Horacio Wenceslao Orué y Raúl Aguirre.

Ella era testigo de Jehová. El 22 de abril de 1978 había prestado su casa para una reunión. Cada tanto, sonaba el timbre. Un vendedor de esto, un vendedor de aquello. Los timbrazos le llamaron la atención, pero, cuando los visitantes se fueron, buscaron recuperar la calma familiar. Ya era de noche y aprovecharon para ver unos dibujitos animados en un proyector que Horacio había conseguido.

Un nuevo golpe a la puerta. Una pistola que se asoma por una ventanita.

—¡Abran! ¡La policía!

Cuando Marcelina entornó la puerta, vio entrar a tres hombres. Su sobrino Horacio salió corriendo hacia atrás de la casa. Uno de ellos gritaba: “¿Cuántos son, cuántos son?”

—Tirá una granada, así van a salir– decía otro de los policías.

El mayor de los chicos trataba de agarrarle las manos para que la destrucción no fuera peor. Uno de los perros, un ovejero alemán, ladraba con desesperación al ver la irrupción de la patota en su casa.

—Matalo– dijo uno de los hombres armados, y el otro obedeció.

Marcelina y los chicos terminaron tirados boca abajo en el jardín. Escucharon tiros. Al tiempo, le anunciaron que habían asesinado a Horacio, que había salido corriendo por los techos. No vieron su cuerpo.

 

 

Una estadía en el infierno

Durante horas, Marcelina y los chicos vieron cómo los hombres cargaban canastos con sus pertenencias a unas camionetas. Se iban llevando todo lo que tenían – incluso se llevaron a la otra mascota, un perro salchicha, que terminó siendo asunto de controversia entre la familia y uno de los captores.

A ellos mismos los subieron a una camioneta. Los dejaron acostados y sintieron el peso de los borcegos sobre sus espaldas. Primero pasaron por la regional de Calzada, pero la estadía en el horror tuvo epicentro en la comisaría 1ra. de Berazategui, ubicada en la calle 11.

Entraron con los ojos vendados. La madre les pidió ahí que cada tanto tosieran para saber que estaban. Escuchaban los alaridos de otros detenidos mientras eran torturados. La mujer pudo reconocer la voz de su otro sobrino, Raúl. Estaba tan lastimado que al mayor de los chicos le ordenaron que lo llevara al baño. Marcelina lo vio como si lo hubieran “baldeado”. Empapado. No supieron más de él tampoco.

Uno de los policías le pidió a Marcelina que designara a una familia de confianza para entregarle a los chicos. Ella salió unas semanas después. El comisario le dijo que se había tratado de un error – un error que todavía siente en el cuerpo como escalofríos cuando suena el timbre de su casa.

 

 

La Primera de Berazategui funcionó como centro clandestino durante la dictadura.

 

 

 

 

Los documentos

Un comunicado de la Unidad Regional de La Plata decía que el 22 de abril de 1978 se había hecho un operativo policial en Berazategui, en el que detuvieron a cuatro NN. Uno de ellos habría dicho que había un “aguantadero” en Rafael Calzada. Hacia allá fue una comitiva de la comisaría de la zona. Hubo un operativo y un muerto. Al día siguiente, la Dirección General de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires-Lanús informó que la persona abatida era Horacio Orué, y que el hecho había sido comunicado por el jefe de área militar 112 con asiento en La Tablada.

El jefe de la comisaría 1ra de Berazategui era Rodolfo Ricardo Cuartucci. Él mismo armó un memo para poner en conocimiento de la Unidad Regional VI de La Plata lo actuado por sus hombres. Allí mencionaba, entre otros, a Héctor Omar Amado, Juan Humberto Keller, Juan Domingo Salerno, Carlos Alberto González y Ángel Juan Salvatore. La acción mereció una felicitación de Ovidio Ricchieri, quien suplantó a Ramón Camps al frente de la Bonaerense.

Los papeles decían que el operativo se había hecho en una causa por robo de automotores y falsificación de documentación. Pero los documentos mostraban también que Orué, un pintor de 42 años, estaba en el radar de las fuerzas de seguridad desde un tiempo atrás.  Por ejemplo, consignaban que en 1967 había sido parte de una sociedad de fomento con otros “elementos disociadores” y que en junio de 1970 había sido detenido en Avellaneda por estar sospechado de ser el conductor de la camioneta en la que Montoneros trasladó el cadáver del general golpista Pedro Eugenio Aramburu después de su ejecución.

 

 

La causa

El memorándum policial no sólo arroja información sobre quiénes participaron del operativo, sino también sobre cuál podría ser el destino de Orué. Dice concretamente que la comisaría consultó con el Regimiento de Infantería 3 de La Tablada qué hacer con el muerto. Les contestaron que “debía ser inhumado de acuerdo a la práctica”.

La práctica, durante la última dictadura, fue enterrar cuerpos sin nombre para impedir su identificación. La familia se enteró con el tiempo de que Orué habría sido inhumado en una fosa común en el cementerio de Calzada. Fue un sepulturero que vivía en el barrio quien le contó a los Juani que habían llevado el cuerpo de Orué días después del operativo en su casa y mientras ellos estaban secuestrados.

En el juzgado de Lomas de Zamora de Juan Pablo Augé tramita una causa por los entierros clandestinos en la zona. La investigación está delegada en la fiscalía de Cecilia Incardona, que motorizó los pedidos de detención. Augé estuvo de licencia la semana pasada y las detenciones fueron ordenadas por su colega Federico Villena, que tomó declaración indagatoria a los siete acusados. Será Augé quien deba resolver su situación procesal. Son solo tres los que están detenidos en un penal: Etchecolatz, Amado y Salerno. El resto está en domiciliaria.

El juzgado también pidió la detención de Salvatore, que vive en Toronto, Canadá. Es una causa que puede ramificarse hasta el Poder Judicial, que consintió durante semanas la detención de la mujer y de sus hijos.

 

 

Los represores

Amado (67), Keller (74), Salerno (71) y González (73) tenían en su mayoría grados bajos al momento del operativo en la casa de Rafael Calzada. Eran lo que en la jerga se conocía como "la patota" y revistaban en la comisaría de Berazategui, identificada como centro clandestino en la sentencia de 2014 del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata en el juicio por La Cacha.

Del otro lado estaban los jefes: Smart, Etchecolatz y Wolk. Etchecolatz está detenido desde 2006, aunque tuvo unos meses de excarcelación entre diciembre de 2017 y marzo de 2018. El jueves pasado fue indagado en Lomas.

Ese mismo día, la Corte Suprema rechazó un pedido que había hecho para ser beneficiado con el cómputo del 2x1. El único que votó a su favor fue el presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, a quien Etchecolatz no se cansa de elogiar en distintas cartas que envía para amenazar a otros integrantes del Poder Judicial. El represor lo califica como el "único con coraje" por sostener que el beneficio del 2x1 sigue siendo aplicable para criminales de lesa humanidad.

 

El único con coraje, define Etchecolatz a Rosenkrantz. Carta difundida el 18 de septiembre de este año tras un fallo adverso de la Sala IV de la Casación.

 

Smart es probablemente el más exitoso en su cruzada judicial. Ex ministro de Gobierno bonaerense, sigue sin tener sentencia firme, pese a haber recibido su primera condena en 2012. También logró separar de las causas al juez federal platense Ernesto Kreplak. Está en domiciliaria desde el año pasado, viviendo en su casa de la calle Libertad, desde donde se ufana de haber recomendado a otros condenados a perpetua reservar información —probablemente sobre el destino de sus víctimas— para que se conozca en 2040. Para entonces, es probable que ni ellos ni las madres o abuelas que buscan estén con vida. Su hijo homónimo confirmó la iniciativa de Jimmy en el libro Hijos de los '70.

Durante su indagatoria, rememoró cuando fue convocado por el entonces gobernador de facto Ibérico Saint Jean, pero negó haber tenido control de la Bonaerense. En plena dictadura, Smart fue uno de los fundadores del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), de cuyas filas salieron varios funcionarios del actual Ministerio de Justicia – entre otros, el propio Germán Garavano. Esta semana, FORES organizó una actividad que tuvo sentado a Rosenkrantz en primera fila.

 

 

 

 

Los sospechosos de siempre

Otro de los indagados fue el Nazi Wolk, jefe máximo del Pozo de Banfield, el centro clandestino más grande del circuito Camps. Desde sus oficinas en el centro clandestino de Luis Vernet y Siciliano, Wolk también comandaba la Zona Metropolitana de la Bonaerense.

Wolk, Smart y Etchecolatz deberán afrontar el año próximo un juicio por lo sucedido en los “pozos” de Banfield y Quilmes. La causa está elevada a juicio desde 2012, pero los tribunales se tomaron su tiempo para llevar a cabo el proceso. Siete años que pronto serán ocho.

El TOF 1 de La Plata no tiene jueces titulares. En este juicio van a intervenir magistrados de San Martín, Walter Antonio Venditti, Eduardo Guillermo Farah y Esteban Carlos Rodríguez Eggers. Los magistrados convocaron a una audiencia para el próximo 5 de diciembre en La Plata. Será para discutir las cuestiones preliminares del juicio. Por ejemplo: cuándo empezará, quiénes serán los testigos convocados y dónde se realizará.

Los jueces son de San Martín y planean llevar la causa hacia esa jurisdicción. Querellantes y fiscales acordaron esta semana resistir la pretensión del tribunal de hacer el juicio en otro lugar que no sea La Plata.

 

 

 

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