Lágrimas de cocodrilos eléctricos

Las audiencias públicas para redefinir tarifas de luz y gas fueron una puesta en escena

 

Las audiencias públicas para redefinir tarifas de luz y gas fueron una puesta en escena. Nada de lo que sucedió durante las tres jornadas de esta semana será vinculante, porque los nuevos aumentos fueron acordados durante las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los subsidios a la energía no se reducirán ya que la disparada del precio internacional de este insumo, como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, rompió todas las previsiones. Y la tan mentada segmentación será apenas un mojón en la reducción de las transferencias.

El plato servido por el Poder Ejecutivo les sirvió a las distribuidoras de electricidad Edesur y Edenor para lagrimear rentabilidad y un mayor porcentaje de aumentos que nutran sus presupuestos. “De no haber incrementos para las distribuidoras, podrían ocurrir apagones”, amenazó con tono monocorde el gerente de Planeamiento y Relaciones con los inversores de Edenor, Federico Méndez.

Con tanto llanto, ambas sociedades olvidaron de mencionar que durante el cierre del gobierno de Cambiemos, Macri y Gustavo Lopetegui pretendieron regalarles 100.000 millones de pesos en concepto de “ingresos no percibidos” por el congelamiento de tarifas aplicado entre 2006-2015, como informó el director del Cohete hace dos años. Sin embargo, con la llegada de Federico Basualdo al ENRE y luego a la subsecretaría de Energía eléctrica, se determinó que en realidad ambas empresas habían recibido más ingresos de los que les correspondía por la tarifa que ellas solicitaban. A esto se le suma un informe de la Auditoría General de la Nación de abril del año pasado, que sostuvo que el incremento de tarifas del 2.300% durante el macrismo no tuvo correlato en un mejoramiento del servicio.

Este contexto vuelve a poner en escena el rol de los subsidios como salario diferido en una economía casi indexada y la relevancia de la energía como un insumo difundido para un país que necesita aumentar su producción industrial. Es, también, el debate medular hacia el interior del Frente de Todos.

 

 

 

Apenas un rasguño

En los primeros cuatro meses de este año, los subsidios energéticos alcanzaron los 427.102 millones de pesos, lo que implica un crecimiento del 166% respecto del mismo período del año pasado. De este total, un 84,9% se destinó al sector eléctrico y un 15,1% al sector gasífero. El gobierno se comprometió ante el FMI a reducir las transferencias hacia el sector en torno al 0,6% del PBI. Lo más probable es que este año aumenten básicamente por las necesidades de importación.

Dentro de la cuenta acordada con el organismo multilateral, se pactó aplicar un esquema de segmentación para “mejorar la eficiencia” en la distribución de recursos. De aplicarse la reducción de subsidios, el ahorro para el Estado será de tan solo el 0,06% del PBI.

Para el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), las transferencias económicas al sector energético –donde también se subsidia a las operadoras como incentivo para la producción de gas— representan solamente el 10% del gasto total.

¿No será mayor el costo político de aumentar tarifas en un contexto inflacionario que el potencial ahorro para el Estado ante una quita mínima de subsidios? Desde el gobierno no creen que haya costo político. Sobre este punto, mucho favor le hizo el macrismo al considerar los subsidios como “pro ricos”, pensamiento similar al que tiene el creador de esta segmentación, Santiago López Osornio, subsecretario de planeamiento estratégico, el único funcionario que responde políticamente a Martín Guzmán dentro de la Secretaría de Energía.

 

 

 

¿Quién paga la cuenta?

Al inicio del año, Edenor –propiedad del cónclave Vila-Manzano-Filiberti— le había reclamado al Gobierno una recomposición económica de 56.800 millones de pesos que debía costearse vía aumento de tarifa. Pero el ENRE solo autorizó en febrero un incremento del 8%, lo que representó ingresos por 2.000 millones según los cálculos de la compañía.

“Esto fue muy por debajo de lo que necesitamos. Por eso consideramos que se trata de un error que pone en riesgo la calidad del servicio y posibles apagones”, advirtió Méndez durante la segunda jornada de las audiencias públicas. Pero dijo algo más: “Este desbalance no se puede sostener en el tiempo. Si no hay una readecuación tarifaria acorde, que la factura de CAMMESA la pague el Estado.”

La empresa mayorista que le vende electricidad a las distribuidoras de todo el país, con mayoría estatal, viene pagando la cuenta desde hace rato. En 2020, todas las distribuidoras del país le debían a CAMMESA 150.000 millones de pesos, de los cuales el 20% correspondía a Edesur y Edenor.

Ambas distribuidoras acumularon tamaña deuda a pesar del tarifazo del macrismo. En abril del año pasado, la Auditoría General de la Nación (AGN) elaboró un informe con la lupa puesta en lo sucedido durante el período 2016-2018.

“De la documentación suministrada por el ENRE, no pudo constatarse que la tasa de rentabilidad aprobada guarde relación con el grado de eficiencia y eficacia operativa de las empresas. El monto y la temporalidad de los incrementos tarifarios se contrapone con la exigencia de metas de reducción de cortes de suministro eléctrico. En efecto, los incrementos tarifarios tuvieron lugar al principio o incluso antes de la RTI y alcanzaron un crecimiento acumulado promedio de casi 2.300% en agosto de 2018.”

Por entonces Edenor pertenecía al holding Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin, el principal pulpo del sector energético con participación en la producción de hidrocarburos y centrales hidroeléctricas. Por su parte, Edesur sigue bajo la órbita del grupo Enel y SAESA (Nicolás Caputo).

La frase del representante de Edenor “que la deuda con CAMMESA la pague el Estado” sirve para contextualizar una idea que circuló entre algunos de los asesores energéticos de Cristina Fernández de Kirchner. El total de los pasivos de las distribuidoras del país supera, en muchos casos, al patrimonio neto de esas mismas empresas. ¿Por qué habría que seguir subsidiándolas en vez de que el Estado se haga cargo del servicio?

 

 

 

La licuación

El llanto de Edesur y Edenor durante las audiencias también sirvió para recordar otra de las maniobras urdidas durante el macrismo: la licuación de una deuda millonaria y el reconocimiento de “ingresos no percibidos” por 101.000 millones de pesos como consecuencia del congelamiento de tarifas aplicado entre 2006-2015.

Esa suerte de reconocimiento figuraba en un acuerdo secreto firmado entre Lopetegui y las distribuidoras, como parte de la transferencia de las concesionarias a las jurisdicciones locales. Según determinó el ENRE bajo la tutela de Basualdo, para llegar a ese “reconocimiento” aplicaron dos cálculos con diferentes fórmulas, en base a los tarifazos realizados por Cambiemos en 2017. El resultado fue que Edenor debía haber incrementado sus ingresos en 56.946 millones de pesos y Edesur en 44.067 millones. La autoridad de aplicación frenó ese regalito de Macri.

El importe que pretendía recibir la ex empresa de Mindlin es el mismo que reclamaron a principio de año, según lo dicho por el gerente de Planeamiento y Relaciones con los inversores de Edenor durante las audiencias públicas. Por otros medios, siguen presionando para consolidar un desfalco.

Con la lupa puesta en este convenio, el ENRE realizó otro cálculo: computó todos los subsidios recibidos por las distribuidoras en el período 2006-2015 y los comparó con la actualización de tarifas reclamada por las mismas compañías. La conclusión fue demoledora: Edesur y Edenor le debían al Estado 47.000 millones de pesos por haber obtenido más recursos de los que supuestamente reclamaban. Obviamente, no pagaron la cuenta. Tampoco se la reclamaron.

La otra maniobra señalada por el ENRE fue la licuación de deudas por multas y atrasos con CAMMESA. Según el regulador, solo por sanciones le habrían licuado a Edesur una deuda de 9.400 millones de pesos y otros 7.700 millones a Edenor. Esas multas, en vez de haber retornado a usuarios y usuarias, terminaron computándose a cuenta de “futuras inversiones”.  Toda la auditoría oficial forma parte de la causa penal iniciada por Rodolfo Tailhade que tramita en el juzgado federal N°5, a cargo de María Eugenia Capuchetti.

“Ha mediado desviación de poder en tanto se revela una finalidad distinta a la enunciada en su texto, que sólo puede calificarse como de obtención de ilegítimos beneficios económicos a favor de las empresas particulares, pues sin causa ni razón justificada en derecho, utiliza metodologías de cálculo que, en todos los casos, resultan perjudiciales a los intereses del Estado”, sostuvo la Procuración del Tesoro en una acción de lesividad iniciada por el Ministerio de Economía en septiembre del año pasado luego de las presiones de Basualdo para que Guzmán moviese una ficha en contra de pretendido desfalco.

Las acciones judiciales ahora están comandadas por la Secretaría de Energía, sujetas a los tiempos y arbitrariedad del Poder Judicial.

 

 

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 250/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí