Los brazos de la pinza

La Ley de Bosques Nativos, freezada por la urbanización VIP en El Bolsón

 

Este invierno comenzó la urbanización del cerro Perito Moreno en el ejido municipal de El Bolsón, paciente proceso de al menos quince años por parte de capitales privados y varios gobiernos para imponer la modificación a la matriz rural tradicional de la zona. Ya había empezado el volteo de árboles cuando, a mediados de agosto, el gobierno de Río Negro aprobó un cambio en el uso del suelo de alta montaña para permitir a una empresa el desarrollo de infraestructura comercial y residencial en 287 hectáreas, a más de 900 metros sobre el nivel del mar. Hace seis años, previsora, la provincia desarticuló todo espacio de consulta y participación comunitaria prevista por la Ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos, en acuerdo con el gobierno municipal y el silencio de la Legislatura.

El ejido de El Bolsón tiene casi 140.000 hectáreas, cerca de seis veces la superficie de Bariloche y casi siete la de la ciudad de Buenos Aires. Tiene la mayor masa de bosque nativo andino-patagónico de las 600.000 hectáreas identificadas en el primer mapa inventariado por ley en 2010. El área rural incluye las tierras altas de veranada hacia el oeste, cruzando el río Azul, que corre de norte a sur; la zona de chacras de Mallín Ahogado y Los Repollos; y el paraje Cuesta del Ternero al sureste. Allí viven familias criollas de viejo arraigo y gente mapuche, mucha organizada en comunidades. Poca población en grandes extensiones surcadas por agua dulce sin contaminar, con mucha carga de humedad en el suelo, es el objetivo estratégico del capital concentrado que se mueve cómodo con los intendentes de turno, el Concejo Deliberante local y el Poder Judicial. Las firmas de los Emiratos Árabes, el grupo Tavistock (de Joseph Lewis), Burco (de origen belga) y de Alberto Roemmers (laboratorios farmacéuticos) se fortalecen y expanden en los límites de ese ejido, mientras la población local sufre grandes incendios, se hacina en tomas de tierra y resiste la criminalización por el ejercicio de sus derechos al territorio y a un techo.

Laderas del Perito Moreno S.A. lleva adelante el proyecto de urbanización sobre tierras públicas cedidas al Club Andino Piltriquitrón (CAP) para un centro de esquí y otras propias, compradas en operaciones hechas en violación a la Ley Q 279 de Tierras Fiscales vigente, que la Justicia ordinaria probó, aunque no las consideró delitos en un fallo de 2017. Este proyecto recibió y recibe los beneficios de insertarse en el proceso general del despojo de la fase neoliberal, que en la zona se materializa a partir de 1994 con la compra-venta de Lago Escondido y la aprobación de leyes provinciales a su medida. A su vez, este avance en el Perito Moreno tracciona en favor de intereses sectoriales demorados por el rechazo popular, como la construcción del aeropuerto privado de Lewis en la recta de El Foyel, sobre la ruta nacional 40.

 

 

Paciencia y lobby

El centro de deportes invernales en el Perito Moreno fue el comodín para acceder a la tierra primero, acapararla en los alrededores y justificar una urbanización (villa turística) en altura. En el año 2000, el CAP recibió 606 hectáreas para ampliar el centro de nieve con expresa prohibición de que los derechos de explotación fueran cedidos a terceros. Cinco años después, el CAP impulsó la modificación de esa ley con el objeto de permitir la concesión a privados para la explotación del centro de esquí. El gobernador Miguel Saiz (UCR) firmó un acta-acuerdo que lo permitió y, con mayoría en la Legislatura, creó por ley el Ente de Desarrollo Integral del Cerro Perito Moreno (ENDIPEM) que en 2011 llamó a licitación pública para la adjudicación de una concesión de obra pública en el cerro dentro de un área de aproximadamente 2.100 hectáreas. A la par, ya se había iniciado el proceso de compra-venta irregular de tierras fiscales aledañas que fue denunciado penalmente. Falta determinar la superficie total que comprende ahora el proyecto, ya que la escasa documentación oficial disponible es confusa al respecto.

Por otra parte, la licitación fue dudosa, ya que el ENDIPEM no estaría jurídicamente en condiciones de llamar a una licitación. No se profundizó porque el impacto ambiental negativo que supone el proyecto desató la movilización popular. Para esa licitación formaron cuatro firmas integradas por las mismas personas y un modesto capital inicial: Laderas del Perito Moreno S.A., Inversora del Perito Moreno S.A., Laderas del Paralelo 42 S.A. e Inversora del Paralelo 42 S.A. Los desarrolladores venían de probar suerte en Villa La Angostura (sur de Neuquén), donde pretendieron licitar las pistas provinciales que ampliaron las del cerro Bayo y un faraónico loteo con cancha de golf y telecabina, iniciativas surgidas en los parques del country Cumelén. Maximiliano Mazza, instructor de esquí; Fernando Emilio de Tezanos Pinto, directivo de bancos y financieras, y José Irusta Cornet, beneficiado con la desregulación y privatizaciones de la televisión en los ’90, formaron primero Laderas del Cerro Bayo S.A. y después las cuatro que usaron en El Bolsón. “Pepe” Irusta era el más popular en Villa La Angostura, aunque la residencia cumeleña es propiedad de Tezanos Pinto a través de Las Semillas S.A.

 

 

La ley como obstáculo

El pragmatismo de los sucesivos gobiernos provinciales permitió desconocer las numerosas intimaciones de la autoridad de aplicación federal de la Ley de Bosques Nativos para que Río Negro trate en la Legislatura la actualización al mapa del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN), que fija las tres categorías de protección indicadas en rojo (máxima protección), amarilla (restricciones a usos) y verde (con usos permitidos). Esta urbanización necesitó que no se enviara nunca el OTBN actualizado en febrero de 2015, producto de un trabajo multisectorial participativo de meses. Quedó en el freezer el cambio de categoría verde a amarillo (como zona de amortiguación) sobre lotes correspondientes a Laderas, pues impedía el plan de desarrollo presentado en 2011, según la empresa y sus aliados: CAP, el ENDIPEM y la Cámara Comercial, Industrial y Agropecuaria Regional.

El recurso institucional del freezer estuvo claro. Faltaba el momento político, que llegó este invierno. El 8 de junio, Mazza ingresó formalmente el proyecto de cambio de uso de suelo. El 28 de julio, obtuvo de la autoridad forestal local autorización para apear 1.000 metros por cinco metros de ancho, antes que el proyecto total tuviera la luz verde oficial. Fernando Malaspina, secretario de Producción provincial, autoridad de aplicación de la ley 4.552, autorizó a Mazza el plan de cambio de uso del suelo para el proyecto “Desarrollo integral del cerro Perito Moreno villa turística” teniendo como base el primer ordenamiento de 2010, que tenía carácter provisorio. La resolución 016 firmada por Malaspina está fechada el 17 de agosto y corregida el 23, ya que el primer texto autorizaba el loteo de 32 fracciones, cuando en realidad son 312, según copia extraoficial del documento. Autorizó la primera etapa de fraccionamiento para urbanizar en 287 hectáreas cuya nomenclatura catastral el funcionario público no identificó. Así es que persiste la duda si es en tierras del CAP (dos fracciones) o en algunas de las cuatro fracciones inscriptas a nombre de Mazza (que suman aproximadamente 1.660 hectáreas), así como si la apertura de camino aprobado es en alguna de esas seis fracciones o en un séptimo inmueble afectado.

 

Pueblo chico

En la memoria de la experiencia colectiva están las cinco mil personas en la calle rechazando la urbanización VIP. A fines de 2015, estuvieron avanzadas las negociaciones de Laderas para vender el proyecto al grupo Vía Bariloche, que había comprado CAPSA y la concesión del Cerro Catedral. Miguel Pichetto, entonces senador peronista, participó personalmente de esas gestiones que se hacían en oficinas en Buenos Aires. La militarización de la zona andina enrareció el clima de negocios, que la Justicia de Viedma había despejado en abril de 2017 con el fallo que licuó las responsabilidades sobre las maniobras con tierras fiscales.

En El Bolsón vivía Santiago Maldonado, el joven muerto durante la represión a la Pu Lof Resistencia Cushamen encabezada por la Gendarmería Nacional el 1° de agosto de 2017. Tampoco ayudó el desembarco de los capitales cataríes en el río Alto Chubut. La gobernadora Arabela Carreras fue una de las que más contribuyó a tensar el conflicto territorial con la lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, Parque Nacional Nahuel Huapi, alejando la mirada de El Bolsón. Intervino personalmente en el cerco y desalojo de la lof Gallardo-Calfú, en El Foyel, a fines del año pasado, lo que fue reivindicado como un triunfo por parte de voceros de los capitales con tierras en la zona. Los actos administrativos de Malaspina y del Servicio Forestal Andino simplemente legitimaron las decisiones políticas.

La pinza sobre el territorio tiene brazos locales. Bruno Pogliano, intendente de El Bolsón, fue contador de Hidden Lake S.A., la firma que controla la estancia Lago Escondido. Ese vínculo es su fuerza tanto como su debilidad. Al momento de recibir la tierra, al frente del CAP estaba Gerardo Rudolph, hoy presidente del Concejo Deliberante local. Su hijo ya comercializa los lotes de la primera etapa de Laderas, llamada comercialmente “La Balconada”, un barrio residencial en 165 hectáreas.

 

 

Las víctimas de las pinzas también tienen nombres y apellidos conocidos. La inmobiliaria Murgic pretende arrasar con el cementerio histórico de la familia Ponce Hube, a pesar de que la fracción está protegida por una ordenanza que lo declaró patrimonio cultural bajo protección. Unos kilómetros más al norte, familias fueron desalojadas de la toma de una fracción del INTA, propiedad del gobierno nacional. Algunas fueron presionadas a irse a Puelo (Chubut) para evitar su judicialización, a vivir sobre los escombros y las cenizas de los incendios de febrero-marzo pasados. El gobierno provincial alienta proyectos de turismo en territorio mapuche, multiplicando los conflictos mientras el Poder Judicial se toma su tiempo para resolver los casos. La comunidad Las Huaytekas está rodeada por grandes capitales (Roemmers y Emiratos Árabes). Este año se reafirmó en un sector, El Chucao, que es fiscal sin mensurar, pero que el Servicio Forestal Andino reclama como propio, organismo que en represalia le impide mover la leña indispensable para la vida familiar. Tampoco se resuelve el conflicto con un inversor petrolero de Comodoro Rivadavia, que usurpó una fracción para hacer un loteo que está paralizado. La comunidad no está dispuesta a negociar su territorio con José Luis Zilberberg, el desarrollador inmobiliario.

 

Las Huaytekas.

 

Finaliza el invierno y todavía no se reparó el daño sufrido con los incendios del verano. Falta agua para la población existente y Rudolph impulsa una ordenanza para facilitar la subdivisión de la tierra de la zona de chacras, ya resistida en la zona de Mallín Ahogado.

Demasiado territorio para una gestión estatal subordinada al capital concentrado, al destello de la foto de inauguración, al corto plazo del proceso electoral y al largo plazo de los fondos de inversión ajenos.

 

*Javier Grosso, geógrafo, docente de la Universidad Nacional del Comahue, realizó la cartografía para esta nota.

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 250/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí