Mugidos de guerra
La mesa de enlace se pintó la cara
El discurso de los falsos autoconvocados del sector rural fue protagonista de la previa al acto realizado en la ciudad de San Nicolás el viernes 9 de julio. Y las redes sociales resultaron claves para ocultar identidades y, con ello, los intereses de quiénes siempre aparecen tras bambalinas, en este caso el poder real de las grandes cerealeras exportadoras. Por más que digan lo contrario, actúan en tándem con la llamada Mesa de Enlace. Mucho más ahora que el Estado nacional pasará a cobrar el peaje del canal fluvial del Paraná por donde sale el 80 por ciento de las exportaciones agroindustriales.
Con esta convocatoria, sucedió algo similar al conflicto por las retenciones móviles de 2008. Las caras visibles de los ruralistas que salieron a las rutas sirvieron, por entonces, de pantalla de las grandes cerealeras que antes de la aplicación de la Resolución 125 ya habían liquidado parte de su cosecha para evitarse la suba de los derechos de exportación.
El anonimato de las redes sociales y la farsa de los autoconvocados también les sirvió para pintarse la cara e instalar el discurso de la antipolítica. Quizás por eso utilizaron la imagen de una vaca camuflada de verdeoliva o decidieron subir al escenario al ex militar Marcelo Llambías Pravaz, destituido en 2005 por haber sido condenado a 9 años de prisión por el homicidio del teniente coronel retirado Jorge Osvaldo Velazco y señalado como uno de los torturadores en plena guerra de Malvinas. En marzo de este año, el intendente de La Plata, Julio Garro, lo invitó a un acto, tras lo cual se ganó el repudio de la agrupación local de excombatientes CECIM.
“Hoy escuché hablar a las fuerzas vivas, a la industria, el comercio, escuchamos hablar de la educación. Todos les pedimos a los corruptos inútiles que nos gobiernan que nos devuelvan la Patria”, sostuvo Llambías Pravaz desde San Nicolás.
Siempre se les ven los hilos. Una de las organizadoras fue Techi Cavoti, productora de frutos secos en la zona del Delta del Paraná. Los periodistas de La Red Rural Sebastián Salvaro, Ricardo Bindi y Marcos López Arriazu la entrevistaron días antes del acto. Entre risas y elogios mutuos con los conductores, Techi mostró la hilacha:
“Yo era muy combativa en los años '73 y '74, estaba en una carrera en Ciencias Exactas y la verdad que los muchachos entraban con el fusil al hombro disfrazados del Che Guevara porque se disfrazaban de soldaditos revolucionarios. Mi tío fue decano interino de esa facultad, conocían bien su pensamiento. A él le pusieron dos bombas.”
Su tío fue Carlos Roberto Cavoti, pionero del desarrollo de la computación en el país pero también funcionario de Juan Carlos Onganía, Alejandro Agustín Lanusse, secretario de ciencia y tecnología en el '75 con Isabel de Perón y López Rega, cargo en el que continuó luego del Golpe Cívico Militar Eclesiástico.
"Que a ningún político se le ocurra tocar el micrófono", vociferó la organizadora.
Lo cierto es que el acto estuvo apalancado por las distintas Sociedades Rurales del país, cuya entidad madre es Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Por eso no es casual que Jorge Chemes, titular de CRA, haya cerrado con un discurso que buscó emular el clima de beligerancia de años atrás.
Carteles
Típica escena de aquellos piquetes de la abundancia: camionetas blancas y brillantes, 4 x 4, vehículos que a la distancia relucen su bajo kilometraje. Boinas, banderas, bombachas campestres, ahora se le suman los barbijos al tono y carteles con los colores de la bandera argentina.
“¡Basta! ¡Respeto a la Constitución!” “Los Fernández vienen por nosotros”. “Cristina Presa”. “Menos mal que existe la grieta sino estaríamos junto a estos hijos de puta”, podía leerse en la remera de un “autoconvocado”.
Después del ex militar Llambías Pravaz, llegó el turno de Fernando Sáenz Valiente, representante de la Cámara de Consignatarios y uno de los dueños de Sáenz Valiente Bullrich y Cía. S.A.
“La 125 nos unió a los ganaderos, agricultores y a todo el campo argentino. Somos el corazón del país. Nuestro rol dentro de la economía argentina es vital, entonces: ¿cómo puede ser que haya argentinos muriendo de hambre? Nuestra actividad es manoseada por los gobiernos de turno. Tenemos la carga impositiva más grande de Sudamérica. Necesitamos más seguridad, más policía rural, más educación para los hijos de los que trabajan en nuestros campos que no tienen Internet”, sostuvo. Y muchas veces tampoco tienen derechos laborales, ya que la informalidad en el sector rural orilla el 60 por ciento.
Siempre hay un Sáenz Valiente dando vuelta, ya sea aquellos que hicieron negocios en el macrismo (ver Los negocios de los Sáenz Valiente) o quienes reclaman una baja de impuestos y total apertura económica.
Es cierto que el sector agroindustrial aporta divisas, que en un contexto estructural de restricción externa son claves, pero también es cierto que tienen la capacidad de sentarse sobre esas divisas o sus cosechas y presionar por una devaluación, como sucedió entre septiembre y octubre del año pasado cuando varias cerealeras fueron intimadas por el Banco Central.
Lo que no es cierto es que sean la principal actividad económica del país. Según datos de Hacienda, el sector agropecuario (sin pesca) representa el 9,5 por ciento del Valor Bruto de Producción, mientras que la industria lo hace en un 31 por ciento.
Mientras los discursos se sucedían, Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agroindustria, se paseaba entre los manifestantes. Patricia Bullrich hacía lo propio pero montada en un caballo.
“Este es un gobierno que prohíbe la producción y no respeta la propiedad privada”, lanzó el ex funcionario ante las cámaras de TN para luego hablar de la pandemia: “Ellos son los culpables de que no permitieran ingresar vacunas confiables. Tenemos 100.000 muertos, hago cargo a todo el gobierno nacional de esas muertes”.
Los organizadores
El cierre del acto estuvo en boca de los integrantes de la Mesa de Enlace, la cara visible detrás de los autoconvocados.
“Quiero dejarle un mensaje al Presidente de la Nación. Le diría que será difícil mantener una relación con un sector tan potente como el nuestro si no nos llama a dialogar. ¡Presidente, por favor, no destruya!”, vociferó Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural para luego reclamar por la “hidrovía” y gritar “¡el campo somos todos!”
El otro que gritó fue Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria. “¡El pueblo argentino tiene que levantarse y no estar de rodillas!” Por momentos, se parecía al “Minga” De Angeli en pleno conflicto por la 125. “¡Que no utilicen nuestras divisas para someter al pueblo a la pobreza, eso no lo queremos más!”
El tono que eligieron fue de guerra, en sintonía con la imagen de la vaquita camuflada de verdeoliva que circularon por las redes. ¿Les alcanzará la arenga para conseguir algo más? Desde la organización informaron que hubo 10.000 vehículos y 65.000 personas. Las fotos hablan de diez veces menos.
El cierre fue de Jorge Chemes, presidente de CRA, y no por casualidad. Detrás de esta organización se nuclean las distintas sociedades rurales del país que apalancaron la realización de este acto, que poco tuvo de autoconvocado.
“Participamos por la defensa de la Constitución Nacional, porque queremos más mérito y menos acomodo, para decir basta a la presión tributaria asfixiante y a la pobre devolución en servicios del Estado y en defensa del sistema republicano de Gobierno”, indicaron desde CRA horas antes del inicio del acto.
“No estamos dispuestos a que este gobierno tire el país por la ventana”, lanzó Chemes, mientras el público gritaba: “¡Que se vayan!”
“Este es un gobierno mentiroso porque no asume los errores que comete y a través de esa mentira termina echándole la culpa al campo”, siguió. “¡Ya van a ver en las urnas!”, le respondían.
“Acá está la Mesa de Enlace que hoy está más fuerte que nunca. Tenemos la fortaleza suficiente para llevar adelante todos los embates que hagan falta en la medida en que no nos respondan ante lo que necesitamos. Tengamos muy en claro con quiénes confrontamos. Esa es la fortaleza que mostramos acá. La fortaleza de una Mesa de Enlace que tiene muy en claro hacia dónde hay que ir para que no nos pasen por encima”, concluyó Chemes, con un claro tono beligerante.
Tras bambalinas
Los que no aparecen son los mismos actores de siempre: las grandes cerealeras exportadoras con la capacidad de fuego suficiente para decidir, por solo capricho, cuándo liquidar divisas o no hacerlo. Son un pequeño grupo de sociedades – Cofco, ADM, Cargill, Dreyfus, AGD, Bunge, Oleaginosa Moreno, Molino Agro, Vicentin/Glencor— que concentran el 80% de las exportaciones del sector.
Y son las empresas que harán lo posible para que el Estado tenga la menor capacidad de control posible sobre el río Paraná, las sociedades que, a través del Consejo Agroindustrial Argentino, presionaron para que no hubiera cambios en la concesión de la vía fluvial.
¿Por qué quieren al Estado lo más lejos posible del cobro de peaje de la mal llamada hidrovía? Si el Estado pasa a cobrar dicho peaje, ya no dependerá solamente de las declaraciones juradas que subscriben las empresas para informar el tonelaje que llevan en cada embarcación.
“Que el Estado nacional cobre el peaje a los buques y puertos permitirá algo de trazabilidad. ¿Por qué decimos “algo”? Porque falta ver lo que ocurre en tierra, por ejemplo, desde la siembra hasta el acopio, hasta la planta de secado, desde el almacenaje a la molienda, desde la producción de aceite a su uso como simple aceite o biocombustible, desde los puertos paraguayos a los puertos argentinos”, puede leerse en un reciente informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate), coordinado por Sergio Arelovich, auditor en Vicentin en representación del Banco Nación.
Este es un punto: los cambios anunciados la semana pasada son una herramienta más del Estado para saber cuántos granos o toneladas de aceite salen efectivamente de los puertos.
Otro punto que puso en alerta a las exportadoras es que en el corto plazo se vencen muchos permisos de usos sobre los puertos que vienen usufructuando desde que se concesionaron en la década menemista.
En el país existen 101 puertos legales, de los cuales 33 son públicos y 68 privados. La mayoría están concentrados en Buenos Aires y Santa Fe. Entre ambas jurisdicciones cuentan con 64 puertos, de los cuales 50 son de gestión privada.
No son pocos los actores políticos y sociales que piensan que con la discusión en torno al Paraná también debería profundizarse la pregunta sobre quiénes deberían manejar los puertos del país.
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