Al cierre de esta edición [1], la flota estadounidense seguía frente a las costas de Venezuela, sobrevolada por aviones de la Fuerza Aérea del país suramericano, luego de que el pasado martes 2 de septiembre hundiera una lancha que había partido de Venezuela con un supuesto cargamento de drogas, violando todas las normas del derecho del mar.
Días antes, el viernes 15 de agosto, el gobierno de Estados Unidos había anunciado el despliegue ocho buques militares, 1.200 misiles, un submarino nuclear y aproximadamente 4.200 efectivos para “combatir” los Carteles de Aragua y Soles, de “origen venezolano”. De acuerdo a la CNN, “tienen como objetivo hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos por parte de organizaciones narcoterroristas especialmente designadas en la región”. Asimismo, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sostuvo que el “Presidente Trump ha sido muy claro y consecuente. Está dispuesto a utilizar todos los recursos de su poder para detener la entrada de drogas a nuestro país y llevar a los responsables ante la Justicia”, y reiteró que Nicolás Maduro “no es un Presidente legítimo” para la Administración estadounidense.
Mientras tanto, como habíamos advertido, un juez dictaminó que el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles había sido ilegal porque habían violado la Ley de Defensa de Estados Unidos: la Posse Comitatus Act de 1878. A su vez, del otro lado del espejo, el ministro de Defensa, Luis Petri, también desplegó a las Fuerzas Armadas contra el “narcoterrorismo” en nuestro país, con la fortuna de que ningún juez ha hecho lo mismo que su par estadounidense. En efecto, luego del pregonado lanzamiento de la Operación Roca en abril y ante su fracaso debido a la falta de presupuesto, Defensa anunció el relanzamiento de la misma Operación Roca el pasado jueves 28 de agosto y la conformación de una Mesa Conjunta de Coordinación, con “el fin de que las Fuerzas Armadas complementen el accionar de las Fuerzas Federales en la zona de frontera”.
Al respecto, esta vieja película requiere un poco de pasado, pero también de presente.
La droga como instrumento de injerencia
La producción y el tráfico de drogas no es un fenómeno de este siglo. La producción de opio en el sudeste asiático fue potenciada por la presencia de inmigrantes chinos, que comerciaban con India y China. Cuando el Imperio Británico consolidó su dominio en la India, se apropió de dicho tráfico y multiplicó las superficies de cultivo en dicho país, convirtiéndose así “en la mayor fuente de ingresos fiscales de la Corona Británica en sus colonias” [2]. Al incrementarse el contrabando en China, el Emperador prohibió la entrada de opio a su país en 1729, lo cual fue violado sistemáticamente por los británicos, con la complicidad de funcionarios chinos. Esta medida, entre otras, fue el detonante que provocó las Guerras del Opio (1839-1842 y 1856-1860) [3] que le costaron a China no sólo 21 millones de dólares, sino que también debió autorizar el comercio del opio y ceder su soberanía sobre la península de Hong Kong al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Es en este momento cuando los Estados Unidos entran en escena [4].
En 1909, Estados Unidos promovió una conferencia internacional conocida como la Comisión Internacional del Opio, que intentó establecer medidas regulatorias sobre la producción de dicha sustancia. Desde entonces, intentó ejercer un “liderazgo moral” sobre la problemática de las drogas, buscando convencer a otros países de la necesidad de iniciar “el control para el bien de la humanidad”. En efecto, logró plasmar esta visión sobre el consumo de sustancias en diversos instrumentos internacionales: tanto el Protocolo sobre Adormidera y Opio de 1953 como la Convención Única de Estupefacientes de 1961 adhirieron a los criterios de la política estadounidense.
Mientras tanto, a nivel nacional se vinculó el consumo de opio con los inmigrantes chinos, la marihuana con los mexicanos y la cocaína con los negros. Entonces, “lo que originalmente (fue) la amenaza de la mano de obra china, mexicana y negra, se redefinió como el peligro de fumar opio y marihuana y de consumir cocaína” [5]. En consecuencia, la Harrison Act de 1914, la Marihuana Tax Act de 1937, la Boggs Narcotic Control Act de 1956 y The Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act de 1970 no fueron producto de los efectos de las drogas en la salud, sino que tuvieron relación “más bien con cuestiones político–económicas” [6].
Años más tarde surgieron cuestionamientos a las políticas prohibicionistas en Estados Unidos. En efecto, en 1963 se creó la Comisión Presidencial sobre Abuso de Drogas, que recomendó “rebajar las sentencias, aumentar el presupuesto para la investigación, desmantelar la Oficina Federal de Narcóticos y pasar a manos de los profesionales de la salud las decisiones sobre los consumidores de drogas”. En 1970 se puso en marcha también la Comisión Nacional sobre la Marihuana y el Abuso de Drogas, que concluyó que “la actual política social y legal está fuera de proporción en relación con el supuesto daño social e individual que pueda producir su consumo” [7]. Pese a ello, Richard Nixon decidió continuar con la política de criminalización de las minorías y la oposición política, y decidió declarar la “Guerra contra las Drogas”.
Así, cuando el consumo de drogas franqueó los límites de las minorías y el consumo de heroína y crack se extendió a los jóvenes blancos anglosajones protestantes (WASP, por su sigla en inglés), el problema dejó de ser percibido como “un vicio castigable (…) que era producto de un (…) conflicto generacional (…) creaba dependencia y era una enfermedad psicológica y/o física que exigía una solución médica”. Paralelamente, comenzó a diferenciarse entre consumo y tráfico y, en consecuencia, se diseñaron políticas tendientes a eliminar las drogas, para lo cual había que dirigir “la atención a los países extranjeros” [8]. De esta manera, la Anti-Drugs Abuse Act de 1986 firmada por el Presidente Ronald Reagan (1981-1989) declaró a los narcóticos como una amenaza a la seguridad nacional, lo cual fortaleció el rol de las Fuerzas Armadas en los programas antinarcóticos en América Latina, fortaleciendo sus capacidades para intervenir militarmente en el exterior [9].
En este contexto, Naciones Unidas (ONU) organizó en 1988 una reunión cumbre en Viena, en la cual se acordó globalizar la represión contra lo que se denominó “el flagelo del siglo”. Todos los países participantes se comprometieron a luchar contra el tráfico de estupefacientes y, para ello, endurecieron sus políticas prohibicionistas. Al día de la fecha, países con diferentes regímenes políticos mantienen el enfoque de oferta [10], pese a las numerosas críticas que ha recibido.
De esta manera, los diferentes gobiernos de Estados Unidos se pusieron al frente de la lucha contra el tráfico internacional de narcóticos, intentando regular la producción, el tráfico y el consumo de drogas. Como los países de América Latina fueron considerados culpables del consumo en Estados Unidos, la potencia norteamericana los presionó para que aprobaran políticas prohibicionistas.
Después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, el Congreso de los Estados Unidos sancionó la Patriotic Act y se produjo la mayor reforma en el Poder Ejecutivo de ese país desde la Segunda Guerra Mundial, con la creación del Department of Homeland Security (DHS), que agrupó a diversas agencias con el objetivo no solo de “prevenir ataques terroristas”, sino también el tráfico de drogas.
Al día de la fecha, Estados Unidos continúa argumentando que el problema de las drogas es externo. Este enfoque le ha permitido mantener el control político de los países de América Latina: a partir del fin de la Guerra Fría (1947-1991) presionó a las fuerzas armadas de la región para que adoptaran como hipótesis de empleo la lucha contra el narcotráfico. De esta manera, y tal como sostiene Juan Gabriel Tokatlian, la Doctrina de la Seguridad Nacional fue reemplazada por la Doctrina de la Inseguridad Nacional. Asimismo, el colapso de la Unión Soviética enfrentó al sistema de defensa de la potencia norteamericana a la probabilidad de importantes recortes presupuestarios y, para evitarlos, “el Departamento de Defensa emprendió la misión de luchar contra el tráfico de drogas y protegió algunos programas que se encontraban amenazados, reclasificándolos como programas relacionados con las drogas” [11].
Al día de la fecha, las drogas siguen siendo un problema en la sociedad estadounidense. En primer lugar, el National Institute on Drug Abuse (NIDA), que analiza los datos publicados del Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS) sobre las muertes asociadas a sobredosis por consumos de drogas, informó que “más de 105 000 personas murieron en los Estados Unidos por sobredosis relacionadas con las drogas en 2023, incluyendo drogas ilegales y recetadas”.
Puntualmente, y en relación a los opioides recetados (opioides naturales y semisintéticos y metadona), heroína, opio, otros opioides sintéticos distintos de la metadona (principalmente el fentanilo fabricado Ilegalmente, IMF por su sigla en inglés) y otros narcóticos no especificados, las muertes por sobredosis habían aumentado de 49.860 en 2019 a 81.806 en 2022, “con una disminución significativa a 79.358 en 2023”. Asimismo, las muertes por heroína, si bien han disminuido desde 2016, también se hallan asociadas al IMF en un 80%. Por otro lado, los decesos vinculados con la cocaína o psicoestimulantes han aumentado en un 392,7% entre 2015 y 2023, donde el 70% de los casos se relacionaron con el IMF [12].
Al respecto, la Walden University sostiene que “desde 1999, la tasa de muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos, ajustada por edad, se ha más que duplicado”. Asimismo, esta Casa de Estudios sostiene que “más de 37,5 millones de estadounidenses consumen marihuana (…) [Aunque] es legal en algunos Estados, sigue siendo ilegal a nivel federal (…) Las drogas más consumidas después de la marihuana son, en orden: cocaína, éxtasis, LSD, metanfetaminas, heroína y crack”. De todas ellas, “los opioides son casi exclusivamente responsables del reciente y drástico aumento de muertes relacionadas con las drogas”. Por último, Estados Unidos encara este problema, en todos los niveles de gobierno, “con programas de salud pública diseñados para combatir el consumo de drogas y reducir las muertes relacionadas con estas”.
En segundo lugar, el Informe Mundial de Drogas 2025 de la ONU estima que “los ingresos anuales por venta minorista de drogas, de 110.000 millones de dólares, generados por la venta ilegal durante el período 2000-2010 en Estados Unidos, representaban cerca del 40% de los ingresos totales generados por los grupos delictivos organizados en el país. Este hallazgo respalda la observación de que los ingresos brutos totales generados por el mercado minorista de drogas en Estados Unidos (que representaron el 0,7% del PIB en 2010) han sido tradicionalmente mayores que los generados en la Unión Europea (que representaron el 0,2% del PIB en 2010). Los ingresos brutos generados por la venta minorista de drogas en Estados Unidos aumentaron de 124.000 millones de dólares en 2010 a 146.000 millones en 2016, equivalente al 0,8% del PIB”.
Por último, el informe confirma que la principal ruta de las drogas hacia Estados Unidos no parte de Venezuela.
En conclusión, el Presidente Trump [13] ha mantenido esta política porque es un instrumento más para controlar a los países de América Latina a través de sus fuerzas armadas. Así, como en loop, la amenaza comunista ha retornado como justificación para la injerencia estadounidense en la región: el jefe del Comando Sur, almirante Alvin Holsey, sostuvo que China era una amenaza en la región. De esta manera, estas dos tenazas, las falacias de China y el narcotráfico son las justificaciones a las que ha recurrido el Presidente estadounidense para firmar una orden ejecutiva que autoriza a las Fuerzas Armadas de ese país para combatir la droga en el extranjero y en aguas internacionales. Y como corolario, Estados Unidos no usa a sus militares para combatir al narcotráfico en su territorio, la Drug Enfocement Administration (DEA) regula la cantidad de droga que manejan las organizaciones criminales en el país, de manera tal que no haya violencia, y la problemática de la adicción es abordada por el sistema de salud… para quien pueda pagarlo.
Una vieja remake de lo hasta aquí expuesto es el despliegue en el Mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, y la Operación Roca en la Argentina.
Operación Rock
La Operación Roca fue autorizada a través de la resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa. El 22 de abril último se puso en marcha este operativo con el despliegue, según Defensa, de 10.000 efectivos, pero que de manera permanente involucrará solo a 1.300 militares y algún equipamiento. Sin embargo, el recorte presupuestario no solo afectó el adiestramiento, alistamiento y sostenimiento de las Fuerzas Armadas, sino también a la Operación Roca. En efecto, “a pesar del peso político del anuncio (…), no existe un presupuesto sólido que empuje a dicha operación, ya que la mayoría de los gastos recaen directamente sobre los recursos actuales del Ejército. La dotación a operar en la frontera enfrenta dilaciones logísticas”.
Asimismo, y casi en simultáneo con el relanzamiento de la operación, el Ejército realizó un ejercicio en la provincia de El Chaco, donde la Argentina no tiene conflictos ni con Paraguay ni con Brasil. Más allá de que esta actividad es un ejemplo más de que la Argentina ha renunciado a sostener su reclamo soberano con el apoyo del Sistema de Defensa, el ejercicio fue en sí una pantomima porque, de acuerdo a un oficial retirado de esa fuerza, el ministro Luis Petri y su jefe de Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac, no lograron ni siquiera desplegar una brigada: únicamente 3.000 efectivos realizaron un entrenamiento que, desde “el punto de vista de las tácticas, técnicas y procedimientos aberrantes (…), fue un sinsentido; es como querer hacer una cirugía del corazón con un sacapuntas. Son cuestiones técnico-profesionales que dan vergüenza ajena, avalada por lo menos por dos generales”.
Sin duda, Luis Petri ha sido el peor ministro de Defensa de la democracia. Es larga la lista de desaciertos recientes:
- Vaciamiento de los Liceos Militares y del Instituto Social Militar Dámaso Centeno, y de los hospitales militares;
- Vaciamiento de IOSFA, que los afiliados tendrán que recuperar aportando el 2% del sueldo básico, suplementos, aguinaldo y cualquier otro concepto salarial futuro, de acuerdo a lo previsto en el Convenio 2025-92613534-APN-P#IOSFA;
- Participación en el ejercicio Fuerzas Comando 2025, organizado por el Comando de Operaciones Especiales Sur de Estados Unidos en El Salvador para “hacer frente a las amenazas transnacionales que afectan a la defensa y la estabilidad en toda la región”, donde, por otro lado, se tuvo un pésimo desempeño, por debajo de Perú y Panamá, y solo por encima de los Carabineros de Chile, Jamaica, Costa Rica y Belice.
4. Preparación del ejercicio Atlantic Dagger 2026 y realización del Southern Vanguard 2025 en Tierra del Fuego y la Patagonia, que le permitirá a Estados Unidos la adquisición de inteligencia;
5. Los bajos salarios que ha provocado que 15.000 efectivos solicitaran la baja desde diciembre de 2023 —2.200 en 2025—, debido a la incumplida promesa de recomposición salarial, provocando además que en Córdoba se pasarán 42 comandos a la policía de esa provincia; y
6. Preparación de un acuerdo con el PAMI para que los retiros y las pensiones sean pagados por esa institución.
El neo-astizismo militante del Ministerio de Defensa ya prepara el brindis para la reunión con sus pares británicos en Londres, para celebrar que la Argentina no podrá volar sus F-16 en el sur —como ha reconocido finalmente el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Juan Battaleme [14]—, y la venta de humo Stryker, que no pueden vadear los ríos de nuestro país y no sabemos si tendrán efectivos militares para que los operen.
[1] Viernes 5 de septiembre de 2025.
[2] Arnaldo Abelardo Perrota citado por Eissa, Sergio (2005). Lucha contra el narcotráfico y su impacto en América Latina. La militarización de la lucha contra el narcotráfico en América Latina. Saarbrücken: Editorial Académica Española, p. 21. Disponible aquí.
[3] Por esos años, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y Francia también intentaron, sin éxito, obtener beneficios mediante el uso de la fuerza a través del bloqueo del Río de la Plata (1838-1840) y la Guerra del Paraná (1845-1850) contra la Confederación Argentina.
[4] Eissa, Sergio (2012). Op. Cit., p. 22.
[5] Del Olmo, Rosa (1992). ¿Prohibir o domesticar? Políticas de drogas e América Latina. Caracas: Nueva Sociedad, p. 27.
[6] Marcelo Panei citado por Eissa, Sergio (2012). Op. Cit., p. 23.
[7] Del Olmo, Rosa (1992). Ibídem, p. 24.
[8] Youngers, Coletta & Rocín, Eileen (2005), “La ‘guerra contra las drogas’ impulsada por Estados Unidos: su impacto en América Latina y el Caribe”. En Youngers, Coletta & Rocín, Eileen (Editoras). Drogas y democracia en América Latina. El impacto de la política de Estados Unidos: Washington DC: Wola y Editorial Biblos, pp. 31 y 38.
[9] Marcelo Panei citado por Eissa, Sergio (2012). Op. Cit., p. 26.
[10] Souto Zabaleta, Mariana (2017). Socialización, crisis de efectividad y persistencia en el régimen internacional de control de drogas. Buenos Aires: Arte y Parte.
[11] Falco, Mathea (1996), “La adicción al fracaso. La política antidroga de Estados Unidos”. En Archivos del Presente, Nº 6, p. 28.
[12] NIDA, agosto de 2025.
[13] Donald Trump también fue Presidente entre 2017 y 2021.
[14] “Estaríamos violando un acuerdo bilateral si esos aviones operaran en la zona de exclusión pactada con el Reino Unido”, explicó Juan Battaleme, secretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa, en referencia a las limitaciones impuestas por los Acuerdos de Madrid. Esto es falso porque dichos acuerdos nunca fueron aprobados por el Congreso. La decisión política de rendirse condujo a esta compra y a las limitaciones impuestas por Estados Unidos.
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