SIN CÓDIGO

Residuos peligrosos con el río Paraná como destino final

 

La empresa PTP Warrant S.A de Guillermo Misiano, ubicada en el partido de Ramallo y con habilitación de “servicios logísticos” desde 2013, contrató a Agri Liquid Solutions (ALS), una firma complementaria del mismo grupo PTP que se dedica a la fabricación de fertilizantes líquidos fosforados. ALS no está habilitada por la Municipalidad y el espacio que ocupa no está reconocido como zona industrial. Una denuncia de la asociación Unidos por  Vida y el Medio Ambiente (UPVA) y el Foro Medio Ambiental (FOMEA) llevó al fiscal Matías Di Lello a dar intervención al Departamento de Delitos Ambientales de Policía Federal, que tomó muestras líquidas y sólidas para analizar al costado del predio donde corre un cauce de agua que desemboca en el río Paraná. Las muestras están fuera de los parámetros establecidos en la Ley 24.051 de residuos peligrosos. El Juzgado Federal 2 de San Nicolás dispuso allanamientos en las empresas de los Misiano.

 

 

 

La denuncia de UPVA Ramallo y FOMEA San Nicolás expresa que PTP Warrant “simula actos jurídicos, como la supuesta celebración de contratos de locación con terceros, para intentar deslindar responsabilidades, aunque en definitiva toda esa actividad ilegal que infringe la ley 24.051 se despliega dentro de su predio, con total conocimiento de situación y bajo la dirección encubierta de sus directivos”. En otra causa que tramita en el Juzgado Contencioso de San Nicolás, en la que se investiga la responsabilidad empresarial que le costó la vida al joven operario Martín Santillán y donde la sustancia manipulada quedó esparcida en el suelo, Misiano alegó que no corresponde aplicar a su actividad las leyes provinciales y nacionales que protegen el medioambiente. Ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), el empresario expresó que “nuestra actividad no dista mucho de lo que sería una cochera o playa de estacionamiento… Por este motivo es que no poseemos materias primas como insumo, ya que no se realiza ningún tipo de proceso industrial”.

Pero Misiano alquiló su predio a una empresa de su propio grupo para que explote una actividad que de habilitarse debería estar en el parque industrial para que su impacto en el medio ambiente sea menor. El contrato entre PTP y ALS establece que “la locataria destinará el inmueble exclusivamente para la fabricación de fertilizantes líquidos, sus subproductos y todo tipo de sales de solución acuosa para la industria». Como fiador solidario a favor de ALS figura Daniel Misiano, que en una nota de La Nación de mayo apareció como titular de ALS ofertando sus productos y aceptando una cesión de crédito de las deudas que Vicentin tiene con productores, acopiadores y cooperativas.

El abogado que representa a las asociaciones ambientales, Fabián Maggi, contó a El Cohete que “a raíz del allanamiento efectuado se pudo verificar el funcionamiento de una empresa de características industriales en un predio rural”. Maggi apuntó a la responsabilidad política por “el impacto contra el ordenamiento territorial de Ramallo” y lamentó que “vemos a los concejales y al Poder Ejecutivo preocupados por intentar sanear situaciones de empresas que envían un código sin haberlo trabajado adecuadamente para que sea aprobado por la provincia —que no creemos que suceda— en lugar de estar preocupados en que dentro de ese predio no funcionen industrias que no están permitidas”.

 

 

Cuestión de código

Que empresas como las de Misiano puedan degradar el medio ambiente se debe a que la política de Ramallo tiene una deuda con la sociedad que es la discusión seria para elaborar un Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT). En lugar de un COUT planificado y discutido, lo que existe son ordenanzas-parche de cambios de zonificación en favor de los negocios de privados y del mercado inmobiliario. Así pasó con la zona costera denominada El Tonelero, considerada área de amortiguación ambiental por la riqueza de su humedal hasta que en 2011, por decisión del entonces intendente radical Ariel Santalla avalada por los concejales, pasó a ser zona industrial. Por otra ordenanza se otorgó la concesión por quince años —con un canon irrisorio de 1.500 pesos por mes— a PTP Warrant de los hermanos Misiano.

Como contamos  en El Cohete, el cambio de zonificación en 2011 fue judicializado porque existen más de 58 viviendas en el lugar. La resolución de la cautelar determinó que siga siendo rural. La provincia no homologó —a pesar de la insistencia del poder político local, que desde 2011 amplió la zona industrial a favor de intereses privados— el COUT de Ramallo por deficiencias técnicas y legales. El pasado 3 de septiembre el Concejo Deliberante aprobó la resolución de enviar el expediente “22600-3233/12 a la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial a fin de continuar con el proceso de convalidación de la ordenanza 5684/17”. La resolución fue aprobada por la mayoría del bloque de Juntos por el Cambio y por Valentina Domenech, de 1 País.

Entre las zonas rurales que por la ordenanza de 2011 pasaron a ser industriales están las treinta y cinco hectáreas de Horacio Salazar, suegro del intendente Gustavo Perié, que se presentó en las audiencias públicas como expositor  en 2017 y se pronunció a favor del puerto que Misiano quería concretar, contrario a la gran mayoría de los expositores que defendieron el sitio. Salazar ninguneó la ley de bosques y la riqueza del humedal: “Cuando a mí me vienen a decir que hay un bosque nativo, que esto, que el humedal, yo les digo: pero muchachos, ¿saben cuántas veces aparecen y desaparecen las islas en el río Paraná”. Y como confesión de parte agregó: “Yo tengo un problema particular, parecería que estoy defendiendo un interés porque precisamente en el año 1979 compré el campo ese en El Tonelero”. Esa ordenanza de 2011 quedó suspendida por la medida cautelar que se sostiene hasta hoy. El poder político local cambiemita piensa que si la provincia homologa el COUT, la cautelar cae. Esos intereses particulares y familiares también están en juego. Los Misiano no se presentaron en su momento a defender su proyecto de puerto en las audiencias públicas de 2017.

Consultada sobre la decisión del intendente y los concejales de enviar a la provincia el expediente para la convalidación del COUT, la presidenta de UPVA, Evangelina Romano, expresó que “se estarían violando las leyes nacionales y provinciales, además de no tener ningún estudio de impacto ambiental sobre toda la zona afectada, cambiada de manera irregular, con falacias y sin argumentación fundada, de rural a industrial”. Para otra militante de UPVA, Mariana Rearte, la decisión “nos deja desprovistos de zonas de amortiguación ambiental en toda la costa paranaense del distrito de Ramallo”. “Además toda la zona norte de Ramallo se vería afectada”, destacó.

 

 

El humedal en El Tonelero.

 

En las audiencias públicas de 2017 y 2018 primó la idea de mantener como reserva y amortiguación ambiental la zona costera aún no afectada, ya que gran parte de ella sufre el impacto de Bunge y demás empresas instaladas. Romano advierte que el envío del código a la provincia “no significa que no pueda ser objetado como ya lo hicimos en otra oportunidad” y adelanta que “nuestros abogados estarán presentando una oposición administrativa porque se siguen violando las mismas leyes que se violaban, con el agravante de que no se tuvieron en cuenta las audiencias públicas de 2018”.

Al finalizar esas audiencias, el presidente del Concejo Deliberante de Ramallo, Sergio Costoya, de Juntos por el Cambio, prometió “analizar con mucho detenimiento todo lo que se dijo”. Agregó que “el tiempo no nos va a correr, ni ningún empresario nos va a correr para tomar una decisión que va a regir el futuro de nuestra comunidad”. “Es una normativa que tiene que salir con el consenso de toda la sociedad y obviamente por unanimidad de todos los integrantes del Concejo Deliberante”, dijo. Mantuvo su palabra durante dos años: el 3 de septiembre, por decisión de su espacio, envió el COUT como estaba para que la provincia lo homologue sin tener en cuenta lo discutido.

 

 

 

 

 

 

En las audiencias de 2018 invité a disertar al arquitecto Eduardo Reese, director del área de Derechos Económicos y Sociales del CELS, quien participó a través de un video. “El hecho de promover el desarrollo económico del municipio no puede ir en desmedro de otros derechos y de otras cualidades del municipio como lo es la calidad ambiental”, destacó. A los concejales de todos los bloques les interesó su mirada y en noviembre de 2018 resolvieron por unanimidad invitarlo a exponer sobre urbanismo en el marco del tratamiento del Código de Ordenamiento Territorial de Ramallo. Reese no pudo estar porque había asumido compromisos con anterioridad y la invitación no volvió a repetirse.

 

 

 

 

 

Recomendaciones no atendidas

Tampoco se tuvo en cuenta para el COUT el estudio que reveló que las calidades de agua para el consumo y la pureza del aire están seriamente comprometidas en Ramallo. Se decidió ignorar el informe titulado “Validación de un modelo de gestión de riesgos ambientales y salud en el partido de Ramallo” realizado por el Programa de Medio Ambiente y Salud (PROMAS) y el Centro de Estudios Interdisciplinarios (CEI) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), por iniciativa del intendente peronista Mauro Poletti, que determinó:

  • Las aguas presentan cuatro aspectos a los que se debe considerar: niveles de arsénico y nitratos, baja clorinización y presencia de microorganismos patógenos. Todos ellos asociados a patologías crónicas como cáncer, malformaciones e infertilidad; y con patologías de evolución aguda o subagudas, como los trastornos digestivos.
  • Pureza de la calidad de aire comprometida en casi todo el partido. Si bien la evaluación se realiza por metodologías indirectas, como la identificación de líquenes, expresan condiciones que no son las esperadas.
  • La situación de salud, en la única variable que pudo evaluarse –mortalidad por cáncer– muestra un escenario comprometido. El riesgo relativo de esta mortalidad en varones ubica a Ramallo con un porcentaje significativo por encima de la región. Los cánceres digestivos están involucrados en un 65% por encima para ambos sexos. En la población masculina se observan aumentados los respiratorios (85%), endócrinos (35%) y reno-vesicales (66%). Estos grupos de cánceres están asociados a niveles elevados de arsénico y nitratos, y en algunos casos a la baja pureza de calidad de aire.
  • Con respecto a la actividad industrial resulta de gran utilidad poner el foco en los vínculos entre el emplazamiento de las grandes industrias, las áreas urbanizadas y los componentes ambientales.

Además del estudio obviado en el código enviado a la provincia existe un informe del OPDS que sostiene que los sectores de bosques nativos del partido de Ramallo corresponden a los talares de barrancas y delta, lugar que se pretende como zona industrial. Con respecto al humedal de la zona El Tonelero, se le debería dar mayor valor no sólo porque actúa como esponja y evita inundaciones sino por lo que explicó la veterinaria Mirta Armoa en una audiencia de 2017: “Si los bosques son los pulmones de una ciudad, los humedales son los riñones”. Destacó que “los humedales filtran de lo que va a proveer de agua dulce, agua potable en forma directa o agua para las producciones”. La importancia de su bien hidrológico radica en que “amortiguan el oleaje, mantienen una línea de costa, evitan la erosión, absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno, filtran contaminantes y nutrientes, contaminantes que nosotros en la zona norte tenemos las industrias”.

Ramallo puede promover un modelo de desarrollo de alta diversificación, pero para eso es necesario un COUT que ordene las diferentes actividades y al mismo tiempo cuide los espacios y el suelo, preservando la calidad ambiental de la costa ribereña a sabiendas de que la calidad del aire se encuentra seriamente comprometida.

 

 

 

1 comentario
  1. Luis Juan dice

    Estimado Fernando:
    Excelente crónica analítica.
    Una humilde digresión, si me permite:
    En efecto, “sin códigos” es el proceder de los meritocráticos que, a lo largo y ancho del país, actúan de esta manera que, por su gravedad manifiesta contra la salud pública, medioambiental y los recursos naturales para sustento de las actuales y futuras generaciones, deberían resultar crímenes de lesa humanidad.
    No obstante, de mínima, una nueva Constitución debería contemplar los postulados de los artículos 38º, 39º y 40º de la Constitución de 1949.
    Lo que molesta sobremanera es el grado de absoluta impunidad con el que se manejan, sin que la formalidad institucional tenga la potestad suficiente para hacer tronar el escarmiento.
    Resulta imperioso que la formalidad, asuma el poder conferido por voluntad popular y actúe en consecuencia, especialmente, modificando la manzana podrida más evidente que se encuentra camuflada dentro de dicha formalidad, sin pertenecer a ella (ya que el poder judicial es la garantía final de los poderes fácticos).

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