EL DERECHO A UN RESPIRADOR

Una pregunta que preocupa tanto a médicos como a posibles pacientes

 

Una pregunta ética se extiende con preocupación en el ámbito de los profesionales de la salud, en particular entre quienes trabajan en Unidades de Cuidados Intensivos, y también entre la población en general, en el actual contexto de la pandemia por coronavirus. La pregunta es: ¿qué hacer, si en un hospital, ciudad o provincia, o en todo el país, en una semana dada en la evolución de la epidemia, hay más pacientes con insuficiencia respiratoria severa que requieren asistencia respiratoria mecánica (ARM) que el número de camas con ARM disponibles? ¿A qué pacientes se debe asignar los respiradores disponibles?

Esta situación ya ha ocurrido en Italia y en España con fuertes críticas al manejo de la situación, y ahora está pasando en Nueva York, donde el gobernador Andrew Cuomo declaró que la guerra de licitación de los 50 estados por comprar respiradores, sin una centralización nacional, era como estar ofertando en eBay. Mucho peor es el horror en Guayaquil, donde todos los recursos sanitarios son escasos y no hay camas hospitalarias comunes para internar pacientes ni ambulancias suficientes para recoger y trasladar los muertos. El gobierno argentino tiene conciencia de estos dramas y trabaja con amplia participación de expertos y una firme voluntad política para que esta emergencia sanitaria no llegue, procurando moderar con diversas medidas el aumento de la población infectada, en especial de los grupos más vulnerables, para que haya menos personas que padezcan cuadros respiratorios graves y así no se desborde la capacidad de respuesta del sistema de salud. Pero el fantasma y su amenaza siguen presentes y obligan a pensar respuestas racionales y éticamente justificadas por procedimientos democráticos e imparciales, para los criterios que han de guiar las decisiones en esa situación límite.

 

 

 

 

La complejidad de los hechos

 

Hay distintos niveles sanitarios, políticos y sociales que se relacionan con el disponer o no de un número suficiente de respiradores frente a la epidemia. Pero aquí me enfocaré en los dilemas éticos del profesional de salud que debe decidir, con una carga moral abrumadora sobre su conciencia, a qué pacientes asignarles un soporte vital cuando no tiene suficientes recursos para todos los que lo necesitan. Me interesa especialmente debatir sobre los fundamentos de los criterios a aplicar en estos casos y sobre la autoridad que legitime esos criterios para tomar decisiones de vida o muerte de las personas.

La ARM se indica, principalmente, para los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave (IRAG). La enfermedad por coronavirus (Covid-19) causa, en un 1-3% de los pacientes infectados, esos cuadros. Pero hay otras enfermedades que también causan IRAG y hay pacientes que pueden entrar en IRAG sin tener todavía confirmación de su test. Hay pacientes con otras enfermedades que también puedan producirles insuficiencia respiratoria, y que si se infectan de coronavirus tendrán más de una causa posible de IRAG. Los casos clínicos son muy distintos aún con las semejanzas que puedan tener entre unos y otros. Son tan distintos como cada persona lo es. La atención clínica es individualizada.

Un estudio de 36 pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) por complicaciones como distrés respiratorio agudo (DRA), una de las formas más graves de IRAG, entre 138 pacientes con neumonía por Covid-19 en el mes de enero en Wuhan (China), mostró que la media de edad de los pacientes ingresados a UCI era de 66 años a diferencia de los pacientes con neumonía no ingresados en UCI, que era de 51 años. Desde enero, comienzo de la epidemia, hasta ahora, la edad de los mayores se ha confirmado  como un factor de riesgo para la necesidad de recibir un respirador así como para la mortalidad de los pacientes. La potencia de este dato predictivo para un caso particular es, sin embargo, muy limitada por un amplio número de variables concurrentes al momento de pronosticar su probabilidad de sobrevida.

El paciente propio de las terapias intensivas es el paciente crítico, definido como aquel que tiene una amenaza de muerte que por tener alguna chance de que sea transitoria es potencialmente reversible. Las UCI manejan instrumentos que miden la gravedad de sus pacientes en orden a cuán posible sea el que su cuadro sea transitorio y pueda revertirse. Uno de esos instrumentos se llama  APACHE II (Acute Physiology And CHronic Health Evaluation), en el que la edad igual o mayor a 65 años no suma más de 10% de puntaje negativo en la mortalidad aproximada  de la población general en UCI. Cabe preguntarse entonces, en el caso de Covid-19, qué porcentaje habrá de jugar la edad ante las otras doce variables de pruebas y análisis que se evalúan. Y si bien el instrumento contempla corregir la mortalidad aproximada resultante según el diagnóstico al momento del ingreso a UCI, la pregunta es: ¿cuánto corregiremos el total resultante de todas las otras variables cuando este diagnóstico sea Covid-19? ¿Será una corrección comparable a la de un traumatismo craneoencefálico, un embolismo pulmonar o un shock séptico, entre otros diagnósticos posibles?

 

 

 

 

 

 

 

¿Quién decide si soy útil socialmente?

En distintos países han comenzado a aparecer algunos documentos que procuran dar respuesta a la  asignación de cuidados intensivos y ARM, cuando los respiradores y otros recursos son escasos. En España, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) publicó “Recomendaciones éticas para la toma de decisiones en la situación excepcional de crisis por pandemia Covid-19 en las unidades de cuidados intensivos” (21-03-2020).

Hay algunos puntos rescatables en el documento, como cuando dice: “Los pacientes a quienes se les apliquen estos criterios deben recibir información sobre lo extraordinario de la situación, así como de las medidas adoptadas, tanto por obligación deontológica como por deber de transparencia y del mantenimiento de la confianza en el sistema sanitario”. Nos recuerda nuestra obligación de respeto de la ley de Derechos del Paciente. Es un punto central en orden a la imparcialidad de las decisiones. Pero la concepción general del documento es confusa, a veces contradictoria y hasta rechazable; por lo que poco hace para llevar claridad responsable que ayude a los profesionales con el peso de sus decisiones.

Se enuncia un “Principio coste/oportunidad”, diciendo: “Tener en cuenta que admitir un ingreso puede implicar denegar otro ingreso a otra persona que puede beneficiarse más. Evitar el criterio ‘primero en llegar, primero en ingresar’”. Una redundancia, porque de esto trata el dilema. Se utiliza el concepto de “triage”, esto es, la clasificación de todos los enfermos en cuatro grupos que nos indicarían la gravedad y por tanto el orden de prioridades en la asignación de los recursos, pero la definición técnica de esos grupos es tan conocida por cualquier médico intensivista que no aporta ninguna diferencia ética. De hecho, y en sentido estricto, nuestro dilema lo tenemos con el grupo 1 de prioridad que es el que necesita respirador, de modo que el supuesto triage no tiene utilidad alguna. Por eso es que lo que sigue es una retórica inconducente.

Se habla de privilegiar la “mayor esperanza de vida”, pero de lo que se trata, precisamente, es de decir cómo la definimos, si con el APACHE corregido con otros scores o cómo, y sobre todo, quién es la autoridad responsable que determinará “el nivel de corte” entre aquellos cuya esperanza de vida se presuma no alcance el valor suficiente para que le sea atribuido un respirador. Se dice también: “Siempre debe existir un beneficio grande esperable y reversibilidad”. Pero este es un concepto de toda terapia intensiva ante cualquier enfermedad. Otro supuesto igualmente vago, es el afirmar que “un criterio de racionamiento es justificable cuando se han empleado ya todos los esfuerzos de planificación y de asignación de recursos”. Pero la pregunta es: ¿cuáles han de ser esos esfuerzos? Se habla también de “principio de justicia distributiva”, pero las decisiones quedan libradas al criterio del profesional de salud.

Lo más criticable de un documento preparado por una sociedad científica, además de no ayudar al esclarecimiento de los graves dilemas éticos que enfrentan los profesionales de terapia intensiva, es cuando sostiene que se deben “aplicar criterios estrictos de ingreso en UCI basados en maximizar el beneficio del bien común». “Tener en cuenta el valor social de la persona enferma» y que “cualquier paciente con deterioro cognitivo, por demencia u otras enfermedades degenerativas, no sería subsidiario de ventilación mecánica invasiva”. No sólo hay que rechazar la discriminación y violación de derechos fundamentales de las personas que esto supondría, sino también preguntar qué autoridad tiene una sociedad científica para establecer criterios de justicia que no forman parte de sus atribuciones.

 

 

 

La comunidad es la vida que respiro

 

 

El problema de la justicia imparcial en la asignación de recursos de sostén vital escasos es que las decisiones de vida o muerte en una epidemia han de tener el nivel social más alto de participación y acuerdo público, porque exceden la responsabilidad médica. No es ético que los profesionales de la salud hagan justicia social. Y tampoco es ético cargarles a ellos con esa responsabilidad. La autoridad del médico para no brindar tratamiento se limita a las situaciones de futilidad absoluta, esto es, aquellos pacientes en que toda medida no logrará revertir la proximidad de la muerte. Pero en terapia intensiva se tratan enfermos críticos, que tienen una amenaza de muerte potencialmente reversible aplicando medidas de sostén vital, entre ellas ARM. De modo tal que un paciente crítico es por definición aquel en quien la futilidad de los tratamientos es relativa y por tanto no puede eliminarse la subjetividad en esas decisiones. Y si bien en las UCI se establecen escalas de gravedad de esa amenaza, la suspensión o retiro de sostén vital, aún en los casos éticamente más justificables como lo son aquellos en que la posibilidad de que el paciente pueda salir alguna vez de la UCI es muy remota, se acuerdan con el paciente cuando esto es posible o con la familia. Es decir, la legitimación no reside exclusivamente en el médico. De no ser estos los casos, las decisiones de vida o muerte deben establecerse por criterios fundados, universales y explícitos de autoridad pública competente como lo es el INCUCAI para la asignación de órganos para trasplante, porque de ese modo es cómo, al universalizarse el criterio, se neutraliza la arbitrariedad del que decide. Y en una pandemia, esa autoridad debe ser nacional como lo es el Ministerio de Salud, porque no es admisible que en lo público y lo privado, o entre una y otra provincia, se apliquen distintos criterios.

En ese sentido, el Comité de Bioética de España, en su “Informe sobre los aspectos bioéticos de la priorización de recursos sanitarios en el contexto de la crisis del coronavirus” (25-03-2020) afirmó: “Habrá que adoptar unos criterios en la asignación de recursos que sean comunes para todos los españoles, de modo que no se produzcan graves inequidades asistenciales entre unos y otros. Para ello instamos al gobierno español a crear con prontitud una comisión que apruebe esos criterios, integrado por expertos que puedan aportar las perspectivas científica, clínica y bioética. (…) Cualquier criterio que se adopte deberá basarse en el pleno respeto a la dignidad de la persona, la equidad y la protección frente a la vulnerabilidad”.

Y el prestigioso centro de bioética The Hastings Center de Nueva York, en su documento “Ethical Framework for Health Care Institutions Responding to Novel Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19). (16-03-2020), ya había propuesto guías para ayudar a los comités de ética de los hospitales en las consultas y apoyo a los profesionales de salud por la pandemia: “La ética en salud pública nos guía en el balance entre las necesidades de los individuos y aquellas del grupo”.

 

 

 

 

 

Nuestro gobierno viene tomando decisiones políticas éticamente fundadas para planificar y cuidar a las personas frente a la epidemia. Pero la Argentina se enfrenta no sólo a la posible escasez de recursos sanitarios materiales, sino a la falta de un organismo nacional capaz de deliberar, asesorar y establecer guías éticas generales para profesionales de salud y para tantos comités de ética que debieran ayudar en decisiones en salud como la eventual asignación de camas escasas de cuidados intensivos. Esto ayudaría a garantizar el derecho a la salud en condiciones de imparcialidad y equidad. Cuando Eduardo Luis Duhalde fue Secretario de Derechos Humanos (2003-2012) se avanzó notablemente hacia ese organismo, pero su muerte frustró ese empeño. El desafío de su creación es hoy más acuciante que nunca.

 

 

 

 

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16 Comentarios
  1. HERNÁN DE ROSARIO dice

    En su artículo Juan Carlos Tealdi toca un tema que hace a la esencia de la ética médica: si los pacientes gravemente infectados por el coronavirus superan en número a las camas de terapia intensiva disponibles ¿qué criterios deben utilizar los médicos para elegir quienes se salvarán y quienes perecerán? Sinceramente no me gustaría estar en el pellejo de aquellos médicos que, en las salas de terapia intensiva de los hospitales y sanatorios de España e Italia, están afrontando semejante situación límite. El criterio que se ha impuesto es el de la edad: entre un paciente grave de 85 años y otro paciente grave de 45 años, se elige al último para salvarlo. Así de simple, así de dramático.

    Lo real y concreto es que el coronavirus ha puesto dramáticamente de manifiesto la fragilidad del ser humano, la delgada línea que separa la vida de la muerte, nuestro aspecto estremecedoramente desvalido frente a un virus muy potente, invisible y que no hace distingo alguno entre un conductor de colectivos y un primer ministro.

    Esta cuestión acaba de ser analizada de manera formidable por el escritor Sergio Sinay en un artículo publicado en Perfil el pasado domingo.

    Frágiles, mortales y desnudos

    Para comprobar la validez de una teoría científica es necesario refutarla mediante su contrario. Solo mientras ese contrario no exista se puede considerar cierta la teoría. Esta es la idea de falsación, concepto epistemológico que explica la dinámica del avance científico. El progreso se produce a través de sucesivas falsaciones. Una teoría es desplazada por otra, que logra refutarla. Ese es el paso a paso del progreso de la ciencia. Toda teoría resulta válida hasta su desplazamiento. No hay verdades científicas eternas, por mucho que perduren. Son todas transitorias, corresponden a un momento, a una circunstancia, a una etapa histórica. La falsación es un concepto introducido por el austriaco Karl Popper (1902-1994), eminencia de la filosofía científica y política. Apareció por primera vez en su libro La lógica de la investigación científica, de 1934. Conviene recordarlo hoy, cuando la aparición del coronavirus muestra lo poco que la ciencia sabía acerca de él, y abundan entre científicos, epidemiólogos, estadígrafos, e incluso gobernantes, contradictorias hipótesis sobre tratamiento, origen y curación. Todavía no existe una teoría unánimemente aceptada que pueda dar lugar a una falsación igualmente fundamentada. Y la divulgación pandémica de noticias falsas vía redes sociales, el tratamiento mediático mayoritariamente sensacionalista, la paranoia colectiva y el oportunismo de algunos científicos irresponsables que aspiran a la fama a cualquier precio no ayudan a obtener más claridad.

    Si se repasa la historia de la medicina, se verá que abunda en procedimientos que alguna vez se consideraron indiscutibles y que hoy (tras sucesivas falsaciones) se ven con horror, con incredulidad y hasta con humor, aunque hayan dejado regueros de víctimas. Entre ellos la sangría, la administración de mercurio por boca, los enemas de vinagre o bilis de jabalí, los cortes longitudinales de ano para extraer cálculos, las esponjas embebidas en belladona, láudano y cianuro como método anestésico fatal, las cirugías practicadas con navajas en peluquerías, la inyección de aceite de alcanfor contra la epilepsia, etcétera. Algunos de esos procedimientos corresponden a la Edad Media y antes, otros son posteriores y hasta tocan el siglo XX. Nada asegura que, dentro de un par de siglos, muchas de las teorías, antídotos, medidas sanitarias y gubernamentales que se desenvainan contra el Covid-19 den lugar al asombro, la incredulidad y quizás la risa. Es posible también que bastante de lo que se ha escrito y especulado (incluso esta misma columna y tantas otras) sea tomado como dato curioso, casi enternecedor por la ignorancia, el voluntarismo, el pseudoconocimiento que evidenciaba. Si todo eso ocurriera, y es muy probable que ocurra a la luz de la historia, esos humanos del futuro se reirían de la soberbia y la pretensión de los humanos del presente de haberse convertido en demiurgos (en la filosofía platónica y neoplatónica se llamó así a semidioses creadores del universo) que ya lo sabían todo, lo controlaban todo y estaban a salvo de lo imprevisible.

    Quizás el pequeño coronavirus vino, entre otras cosas, a provocar una profunda herida narcisista en la humanidad actual. Nosotros. Sabemos poco y cuesta admitirlo. El virus gritó que los reyes del universo están desnudos, que no lucen las deslumbrantes ropas que creían vestir. La comprobación asusta, provoca pánico. Nos recuerda lo que preferíamos olvidar. Somos frágiles y mortales. Duele aceptarlo. Como reacción nos sentimos atacados, hablamos de guerra (parece que solo podemos ser cooperativos y solidarios si creamos enemigos) y tomamos medidas hiperbólicas. Cuarentena a mansalva. Muerto el perro se acabó la rabia. Pero no es así. Muerto el perro solo se acaba el perro. Quizás sea tiempo de parar la mano con la épica, con las falsas dicotomías como economía o salud. Quizás sea tiempo de pensar en una economía para la vida y no en la economía para la muerte, que basa su ganancia en industrias y mercados que viven de la guerra, de la enfermedad, de la desigualdad. No sea que el futuro nos muestre ridículos y no heroicos.

    1. gorilagorila dice

      Te fuiste de la Ëtica a la Epistemología (no me gusta Popper), de lo normativo a lo propositivo.
      Respecto de los médicos, ¿ahora? ¿en España o Italia? ¿recién te enterás de una problemática sobre la que se ha escrito parvas dsde hace décadas?.
      Donde además de elegir entre dos o más enfermos muchas veces tenés que elegir entre uno y un mismo paciente.
      Y no te creas que es tan aterrador o heroico. Mas bien te diría que es parte de la profesión y de su rutina.

      Frágiles, mortales y desnudos. Suena bien

  2. Claudio A. Rapoport dice

    Y de los que sí necesiten un respirador, que sucedería si se respeta el orden de llegada al hospital, sin decidir nadie sobre quien estaría en condiciones de sobrevivir o no ?.

    1. julio González Esteves dice

      Entiendo que en ese caso volvemos al punto de la equidad. Si quién llega antes lo hace por estar en .mejores condiciones socioeconómicas?

  3. gorilagorila dice

    Un dilema es ante todo un error. «De los laberintos se sale por arriba».
    Y ese arriba es la práctica cotidiana en donde por escasez de recurso (¿les gustan respiradores?) el planteo es cotidiano.
    Sea por mala praxis ( la experticia en salas de emergencia -«shocks rooms»- es un recurso escaso)
    Paradoja del sistema que tiene una explicación pedestre en la que donde deberían estar los mejores están los más inexpertos. O sea por desorganización o por sobrecarga. Hoy en el sistema público no hace falta la pandemia para que no alcancen los respiradores. Ni los agentes de salud.
    En el sector privado según y conforme. Cuánto tenés es cuánto hay y así y todo nadie te garantiza nada. Pero de cualquier manera y si no hay PAMI a la vista la prevalencia de enfermos críticos es incomparablemente menor que en el hospital público. De hecho uno de los criterios rectores para la admisión en Terapia Intensiva es la facturación y no la gravedad.
    Bueno, pero volvamos al hospital público de combate ( ej. un Interzonal). Si tuviste la suerte de salir de las camillas de la guardia y te admiten en la UTI entras al piloto automático. Y no siempre en manos expertas.
    Ahí hay tiempo de hacer APACHES, SOFAs o el escore que se te ocurra. Pero hete aquí que no sirven para tomar decisiones individuales. Están concebidos para la predicción en grandes poblaciones.
    Viene entonces el análisis cualitativo que guste o no queda en manos del médico. O en el mejor caso de los médicos reunidos en pase de sala. Aquí el concepto de «ensañamiento» hoy «futilidad» puede ser un buen criterio en manos de criteriosos. Y no significa eutanasia (si no pasa un verdugo) sino «limitación del esfuerzo». Aquí se considera posibilidad de vida pero también calidad de vida.
    Los Comités de Ética pueden servir en otro tipo de situaciones pero casi nunca en la negativa a respirar.
    Y serían inaplicables normas federales. Menos criterios taxativos como los del INCUCAI. Situaciones incomparables.
    Pero hasta que se respira hondo para decretar la limitación pasan semanas, meses a veces y hasta incluso años.
    Mientras algunos se van solos de graves que entraron o se vol vieron nomas, y entonces se decidirá quién del shock room sube.

    No hace falta pandemia. Pero no hay mal que por bien no venga si sirve para poner las cartas sobre la mesa.
    Menos consumismo compulsivo y más salud, bienes simbólicos, educación…
    ¿Quedará en la memoria colectiva (de los que pueden) un registro apenas de que se puede vivir con menos y compartir?
    No creo.

    Mi homenaje a todos los agentes de salud a pesar de las barbaridades que escribo. Hacen lo que pueden y lo que el sistema les induce.

  4. Gagliano Ernesto dice

    ESTARÍA BUENO UN POCO DE HISTORIA, CUANDO UNA GUÍA ÉTICA EN ARGENTINA AYUDO A GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD EN CONDICIONES DE IMPARCIALIDAD Y EQUIDAD?

    1. Osvaldo Rey Sumay dice

      El autor de la nota se comporta como un auténtico terapista. En ningún momento habla de calidad de vida. Solo interpreta que los seres humanos tienen dos posibilidades, vivir o morir, que es un criterio para teólogos y filósofos con tiempo ilimitado para decidir, no lo es para un terapista. La calidad de vida con que egrese el paciente de UTI es un factor a considerar tan o más importante que su posibilidad de sobrevida. También creo que ante la urgencia de un caso con destino a UTI es harto dudoso la eficiencia de una actitud asamblearia para decidir. Una de las soluciones para la mayor disponibilidad de camas en UTI es abandonar el criterio de lucro que lleva a la internación fútil de pacientes que pueden prescindir de tal recurso. Por último quiero recordarles a los terapistas (esta denominación genérica los delata dado que todos los médicos somos terapistas) que el dilema de marras nos sucede de alguna manera a todos los médicos que nos enfrentamos a casos donde la vida del paciente está en riesgo.

    2. Juan Carlos Tealdi dice

      Todo el tiempo el INCUCAI aplica «Criterios Bioéticos» que «aseguran su accesibilidad (a los órganos) y transparencia, garantizando igualdad de oportunidades y equidad distributiva entre todas las personas inscriptas en la lista de espera».

  5. M. F. Bouza dice

    Urgente los Comité de Ética hospitalarios a aprontarse en el tema… Ahí también participa la comunidad pero el tiempo apremia.

  6. mariano dice

    Estimado el ventilador no es el problema mas importante. Piense que para conectar a un paciente a ARM, primero alguien lo tiene que anestesiar y colocar un tubo endotraqueal y encima luego tiene que saber usar ese equipo que no es fácil y cuidar de un sin número de otras variables no respiratorias. Así que mas preocupante es que no hay terapistas intensivos para el cuidado de tantos pacientes ( apenas alcanzan sin la pandemia). Pronto va haber médicos atendiendo pacientes con ARM que no saben como se usan estos aparatos y demás cuidados críticos.
    Así que se puede tener un montón de ventiladores y un montón de gente que no sabe usarlos. Y a estos ( los médicos, enfermeras, etc) no se los puede fabricar.

  7. Gastón Cito dice

    Muy buen artículo, Juan Carlos!

    Esclarecedor y súper necesario en ésta etapa pre-Pandemica, y a la vez sin «hacer como si..» .
    Creo ahí anida la gran diferencia con la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), que entre el apuro, la desesperación y su «Deber Decir algo», delinean Recomendaciones generales que No se adaptan a un tiempo y un contexto completamente nuevo e impensado…

    Gracias por tu aporte!

  8. Marcela dice

    Pienso que dejar en manos del medico,la ultima decision de la vida de otra persona es moralmente inaceptable,sabiendo que muchos profesionales de la salud no lo quieren hacer. Por eso insisten en que se queden en casa. A los que se les pide que salvenvidas (sin importar la edad) en una pand3mia tengan que designar quien vive.
    La vida es un bien muy preciado y la dignidad de la vida también.

  9. Mauro dice

    El autor no brinda respuesta a la pregunta que realiza y que es título de la nota. En mi caso, considero que se debe asignar el recurso del respirador a quien con el, tenga mas chance de sobrevivir a la situación clínica grave que atraviesa. Todo el esfuerzo debe brindarse siempre al que por mínima que sea tenga alguna oportunidad de sobrevida. No importa la edad ni nada que permita discriminar, salvo la posibilidad de exito del uso del recurso.

    1. Carlos dice

      No está planteando si darle o no ARM a quien médicamte la necesite sino a quién dársela ante la falta del recurso y quién tendría que elaborar el protocolo que le otorgue al profesional la herramienta de decisión.

  10. Ricardo Comeglio dice

    1) La Constitución prohíbe otorgarle al Ejecutivo la suma del poder por el que, entre otras cosas, la vida de las personas quede en sus manos. Por lo tanto ningún órgano, organismo, institución o persona que dependa del Poder Ejecutivo puede determinar a quién negarle la asistencia de un respirador.
    2) La misma Constitución determina que cuando hay una diferencia de interpretación de las normas, sean ésta las que sean, incluso las acordadas entre particulares mediante un contrato, los que resuelven dicha diferencia son los Jueces. Únicos autorizados constitucionalmente a decidir.
    3) La posibilidad de una resolución «inmediata» de la cuestión por parte de un Juez es casi nula y haría inútil que se intentara, además de que la decisión de un Juez siempre puede ser apelada y la última en resolver sería la Corte. Llevando el asunto un tiempo que no se tendrá.
    4) Como el dilema sólo lo resuelve la justicia y en última instancia la Corte Suprema, hay que radicar una «acción declarativa de certeza» ante dicha Corte Nacional por parte del Poder Ejecutivo para que ésta determine cómo se resolverán esos casos.

    1. Carlos dice

      No está planteado como una cuestión legal porque el dilema es ético y sin un protocolo que le exima al profesional cercano al requirente ser quien defina ante la falta de recursos, propone comités de variados integrantes que establezcan la mecánica a adoptar.

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