Abolicionismo para la contaminación

Tumban una obra excelente y frustran un avance institucional, con consecuencias irremontables

 

La prestigiosa revista Enviromental Monitoring and Assessment, gerenciada por la Universidad de Maine, publicó una investigación realizada por científicos argentinos del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA), en la que demuestran que hay altos niveles  de plaguicidas en la cuenca del Paraná, desde Formosa hasta Buenos Aires, en 22 lugares del trayecto donde desembocan afluentes del gran río. Hallaron endosulfan (de uso prohibido), clorpirifos (prohibidos en Estados Unidos por alta toxicidad); y la concentración de glifosato aumenta a partir de la cuenca de Santa Fe (obviamente usado por los sojeros) aunque pesticidas hay en todos lados. Apuntan un dato escalofriante: en los últimos 20 años la concentración de plaguicidas aumentó un 900%.

Durante 2012/2014 trabajó una comisión convocada por la Presidente CFK con el objetivo de elaborar un proyecto de nuevo Código Penal y concluyó con un anteproyecto que se puede leer en el sitio de SAIJ (Sistema Argentino de Información Jurídica del Ministerio de justicia) y que muy probablemente sea el mejor cuerpo de normas punitivas del mundo occidental. Si hubiera sido sancionado, las conductas que ocasionaron el desastre referido habrían provocado la apertura de decenas de causas penales por delitos con penas de tres  a diez años de prisión y multas de hasta 360 días, que podrían llegar eventualmente a quince años de prisión y 720 días multa (cada día de multa puede llegar a igualar a un salario mínimo vital y móvil) que se destinaría a un fondo de asistencia a las víctimas y familias de los condenados (artículos 204 incisos 2 y 3; y 34, incisos 1,2 y 3). No sólo los autores materiales directos serían penalmente responsables, sino también las personas jurídicas podrían ser sancionadas por esas contaminaciones (art. 204, inc. 6), según el artículo 60 desde multas, suspensión o cancelación de actividades, suspensión de uso de patentes y más (incisos desde la “a” a la “j” del citado artículo). Parece que la Presidenta no advirtió la brecha y los integrantes de la comisión fueron el abogado y ex juez de cámara peronista León Arslanián, la abogada dirigente socialista María Elena Barbagelata, el luego mini Presidente de la Nación, dirigente del PRO, abogado Federico Pinedo, y el exitoso abogado penalista de Cambiemos Ricardo Gil Lavedra, presididos por el jurista Raúl Zaffaroni, ex Juez de la CSJN y actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Este magnífico proyecto estaba destinado a ser convertido rápidamente en ley, por su valía y construcción política plural, pero una brutal ofensiva de Clarín y su cuasi monopólico aparato mediático, usando y proyectando a un político oportunista que por entonces era el delfín elegido por la corporación para la sucesión presidencial, instalaron en la opinión pública, sin dar razón alguna porque no había ni una, que el proyectado era un código “garantista” favorecedor de delincuentes.

Lograron tumbar una obra excelente y frustraron un avance institucional inmenso, con consecuencias prácticas insuperables. Deberían hacerse cargo.

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