La trama de la persecución

 

Se empieza a develar el entramado que se conformó para reabrir una causa penal en la que nunca hubo delito. La estructura de la operación incluyó a integrantes de la Sala I de la Cámara de Casación (en su conformación de 2016), dirigentes de la DAIA, la mesa judicial macrista –que hoy detenta un prófugo– y al propio ex Presidente. El armado del rompecabezas, en su formato cronológico, exhibe un fresco inédito de obscenidad jurídica, orientado a perseguir, proscribir y encarcelar, de forma desembozada, a dirigentxs políticos y sociales.

Quienes participaron de la acusación de traición a la patria contra Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman, entre otros, han pergeñado de forma tosca e inicua una operación que empieza a desbaratarse y ponerse en evidencia tras un lustro de falacias, artificios y fraudes. La propuesta del fiscal Marcelo Colombo de impulsar nuevas medidas de prueba en forma previa al inicio del juicio oral y público sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán, y la decisión del Tribunal Oral Federal 8 de convocar a una audiencia en la que se prevé la participación de Cristina Fernández de Kirchner y los ex integrantes del Consejo Directivo (CD) de la DAIA, Santiago Kaplun y Daniel Belinky, produjo una estampida entre quienes compartieron con estos dos últimos dirigentes la conducción, entre los años 2015 y 2018. Kaplun era socio de Ramiro Rubinska en 2016, cuando se requirió la reapertura. Este último es el esposo de Ingrid Meischenguiser, cuya hermana Evelyn es cónyuge de Borinsky.

En mayo de 2016, Kaplun comunica a algunos prominentes colegas del CD que existía una decisión política del gobierno de Mauricio Macri de reabrir la causa, que ya había sido desestimada por el juez federal Daniel Rafecas y por la Cámara Federal respectiva. Según los informantes de El Cohete, dicha decisión había sido transmitida a Kaplun por Waldo Wolff.

El 16 de mayo, el CD decide constituirse como querellante. En el acta respectiva no figuran las firmas de quienes avalaron dicha resolución. Sólo dos integrantes firman el acta. En esa misma reunión, sin solución de continuidad, se informa de la próxima recepción que les brindará el Presidente Macri, en la que se abordará la temática del reinicio de la causa, con su respectiva operación político-mediática. El jueves 23 de junio de 2016, Wolff anuncia la acusación contra Rafecas ante el Consejo de la ‎Magistratura “porque no ha realizado su ‎labor como corresponde”. En diálogo con el programa conducido por Eduardo Feinmann, el ex vicepresidente de la DAIA agregó que su denuncia incluye a Cristina Fernández de Kirchner. Al otro día, 24 de junio, Macri recibe a la DAIA y se compromete a garantizar que la causa por el Memorándum sea reabierta.

A la salida de la reunión, Santiago Kaplun comenta que consultará el tema con el juez de la Cámara de Casación Mariano Borinsky, con quien tenía un vínculo estrecho a través de su socio, Ramiro Rubinska, concuñado del casador. Luego de la reunión con Macri, Kaplun brinda una entrevista al portal de noticias Vis a Vis (editado por el ex secretario de Derechos Humanos de Macri, Claudio Avruj, y por el esposo de Patricia Bullrich, Guillermo Yanco) admite que hablaron, entre otros temas, del Memorándum. Ese mismo viernes a la tarde los asistentes del Presidente se contactan con Borinsky y el lunes subsiguiente (27 de junio) queda registrado el primer ingreso del casador al polideportivo de Olivos. Luego de esa reunión se suceden otras 15, reveladas por Ari Lijalad. Dos horas después del encuentro de Macri con el integrante de la Cámara de Casación, Kaplun deja constancia del éxito del convite y explicita en el Acta número 81 del CD la decisión de presentarse en forma simultánea a los juzgados de Rafecas y Bonadío. La operación ya estaba garantizada desde la Casa Rosada. Mientras tanto, Waldo Wolff de forma coordinada continúa con su campaña de hostigamiento hacia el juez de primera instancia que había desestimado originariamente la causa por falta de delito. “Voy a seguir intentando que se destituya al juez Rafecas”, ratifica.

Cuando se divulgaron las 16 visitas de Borinsky a Macri, el juez alegó que se trataba de visitas relacionadas con su rol como referente máximo de la Comisión encargada de reformar el Código Penal, creada por Macri el 13 de febrero de 2017. Sin embargo, como señaló El Cohete, existieron seis reuniones previas a la fecha consignada como inicio del programa de reforma. Durante los 18 meses que duró la tarea de dicha Comisión se produjeron sólo cuatro de las quince visitas de Borinsky. El 11 de agosto de 2016 ingresa en Olivos por segunda vez. Coincide, quizás de forma azarosa, con la fecha en que la Sala I de la Cámara de Casación se aboca al tratamiento de la causa por el Memorándum.

 

 

El poder esquivo

 

 

Entre agosto y diciembre de 2016 se suceden los intercambios entre Kaplun y Borinsky –en forma directa o a través de interpósitas personas– respecto al poder que necesitaba la DAIA para presentarse como querellante. El fiscal ante la Cámara de Casación, Javier De Luca, consideró en un escrito presentado ante la Sala I que “los letrados de la entidad se dieron un poder a sí mismos en lugar de obtenerlo del órgano con capacidad legal, la Asamblea de instituciones”. Efectivamente: los integrantes del CD de la DAIA se negaban a convocar a una asamblea de las instituciones socias, por dos razones. Por un lado porque no tenían la certeza de conseguir los avales mayoritarios de sus adheridas: la AMIA –una de las socias, justamente la que expresa la mayor cantidad de votos dentro de dicha asamblea– no acordaba con la presentación. Pero además, una asamblea hubiese obligado a dejar constancia de la falacia del número de miembros.

La DAIA dice contar con más de un centenar de entidades cuando en realidad apenas llegan a ser tres docenas, muchas de las cuales son auténticos sellos de goma, como la Asociación Israelita de Galitzia, el Movimiento Sionista Apartidario y AMZE. El 2 de agosto, pese a la oposición del fiscal De Luca, la DAIA presenta un poder flojo de papeles que la Sala I, con dos subrogantes, acepta.

Los pasillos de Comodoro Py ya conocían el devenir de la reapertura. El 16 de agosto de 2016 Ricardo Sáenz, el fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, participa de un encuentro co-organizado por la DAIA de Córdoba y profetiza la próxima reapertura de la causa del Memorándum. En esa ciudad, los organismos de derechos humanos le recuerdan su fallo a favor de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final –en abril de 2003– cuando Cristino Nicolaides, ex jefe del Ejército, se avino a realizar un planteo judicial. Sáenz argumenta que las leyes de impunidad eran previas a la reforma constitucional de 1994, motivo por el cual no podían aplicarse los tratados internacionales que delimitaban los crímenes de lesa humanidad. Uno de sus cofrades, el diputado Waldo Wolff, lo acompañó a brindar una conferencia en Tucumán un mes después. El 22 de septiembre el fiscal Sáenz anuncia ante las cámaras del portal de noticias Vis a Vis que la causa del Memorándum, “(ya sea) en Casación o en alguna segunda instancia, se va a terminar reabriendo”.

El 6 de diciembre el presidente de la Cámara de Casación, Alejandro Slokar, cita a un plenario del tribunal para tratar las subrogancias de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky en la Sala I. Al otro día, el 7, queda estipulado que a partir del 1° de enero de 2017 las subrogancias culminan y que se procederá a una nueva conformación de la Sala I. Santiago Kaplun entra en pánico porque presagia que se puede cambiar la conformación de la sala. “Lo importante de esta audiencia –señalaba sin pudor Kaplun ante el órgano periodístico Vis a Vis– es que se lleve adelante con la conformación actual de la Sala”. Para evitar esa incertidumbre, Borinsky y Hornos estipulan el día 19 de diciembre como fecha para realizar la audiencia. Mientras el diario Clarín refuerza la andanada contra Slokar: “El juez kirchnerista, que preside el tribunal, busca una sorpresa para desplazar a los jueces que votarían investigar la denuncia de Nisman”.

Carlos Mahiques, ex ministro de María Eugenia Vidal y padre del funcionario de Macri, aterrizará pocos meses después –sin atravesar ningún concurso– en la misma Cámara de Casación donde su hijo dejó las huellas del apriete a Ana María Figueroa. Como parte de una estrategia de pinzas prefijada, Waldo Wolff es enviado a presentar una denuncia contra el presidente de la Cámara de Casación, Alejandro Slokar, para garantizarse que se realice la audiencia del día 19 de diciembre. El 12 el presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, se reúne con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien le confirma que Hornos se plegará al voto de Borinsky –garantizado por Kaplun– y que Figueroa no se ausentará.

 

 

El shopping fórum

 

 

El 19 se realiza la audiencia de la que participan el presidente de la DAIA, su vicepresidente Alberto Indij, Santiago Kaplun y el abogado Gabriel Camiser. Kaplun intenta entregar una provocadora carta que la presidenta de la Sala I rechaza. Por esa razón, el presidente interino de la DAIA por renuncia de Cohen Sabban, Alberto Indij, despidió a Kaplún. Al salir de la audiencia, Kaplun declara ante los medios que “la reapertura es inevitable”. Cuatro días después, Borinsky va en consulta a Olivos, en el marco de su séptima visita al polideportivo. Consigue la anuencia presidencial y el 29 se anuncia la reapertura de la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner y una media docena de dirigentes populares. El fallo, además, ordenaba desplazar al juez Rafecas y a la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones, que había desestimado la apelación. Al día siguiente se sortea la causa y cae en manos de Ariel Lijo. El mismo día, el fiscal ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz declara: “No hay que descartar que el juez sorteado sostenga que la causa por traición a la patria de Bonadío está más avanzada y mande todo a Bonadío”.

La operación sigue su curso: Lijo teatraliza su intención de quedarse con la causa para disimular lo que ya estaba preanunciado por Sáenz. Para hacer más creíble la dramatización, le entrega en compensación a Rafecas la causa Odebrecht. Las compensaciones son el formato usual a través del cual los magistrados descargan (intercambian) causas cuando reciben un expediente de otro juzgado. Ese procedimiento es asumido como un compromiso de darle continuidad a la instrucción.

Bonadío le reclama el expediente a Lijo bajo la justificación de su causa melliza, cuando el demandante debiera haber sido Lijo, dada la mayor antigüedad del expediente heredado de Rafecas. Pero esas no fueron las instrucciones dadas por el entonces presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. El 1° de junio de 2017 Lijo le entregó la causa a Bonadío, que se dio a la tarea de dictar detenciones a varios de los imputados. Esa misma noche, un celular avieso captó la celebración de Lorenzetti y Bonadío en un recoleto restaurante porteño. Festejaban lo que suponían el fin del kirchnerismo.

La futura audiencia prevista por el TOF-8 dejará en claro las operaciones simultáneas pergeñadas para sostener la lógica neoliberal y adscribir a la Argentina al tablero geopolítico dictado por el Departamento de Estado. En pocos meses, esta grotesca causa será desestimada. Pero en esta ocasión –al igual que en lo sucedido en investigación del atentado a la AMIA– es muy probable que los acusadores terminen reconvirtiéndose en imputados. Por lo menos alguna parte de la sociedad habrá comprendido que perseguir, ensuciar, difamar, encarcelar y asesinar –como lo han hecho con Héctor Timerman– no puede ser aceptado como parte del juego político.

La DAIA presentó un débil escrito ante el Tribunal Oral Federal 8 rechazando todas las medidas de prueba solicitadas por la fiscalía y las defensas. Entre los puntos técnicos señalan que discutir la intervención de Hornos y Borinsky en la causa es extemporánea porque ya fue discutida y saldada en la instrucción. Sin embargo, no tienen en cuenta que aquella recusación se presentó cuando aún se desconocían los encuentros secretos de los magistrados con el presidente Mauricio Macri y el asesoramiento de Borinsky a la DAIA. También afirman que esta nueva recusación a los jueces es extemporánea porque tiene un plazo de 48 horas, y la defensa utilizó tres semanas. Sin embargo, olvidan que la defensa no recusó a los jueces porque eso es una planteo que se hace en Casación donde actualmente no hay ninguna instancia abierta para hacerlo. Esto es un pedido de nulidad en las puertas del juicio oral que puede hacerse en cualquier momento del debate. Por último, y como argumento de fondo, señalan que la defensa no aportó pruebas para mostrar que los jueces hablaron del Memorándum con el ex Presidente, y que las visitas son intrascendentes porque Mauricio Macri no es parte de la causa. Sin embargo, el argumento tampoco refuta lo que planteó la defensa: Carlos Beraldi señaló justamente, y en ese sentido, que aunque no pudiera probarse que el Memorándum hubiera sido la razón de los encuentros, sólo bastan esas visitas para viciar la imparcialidad de los magistrados. Finalmente, una convocatoria a los integrantes de la Comisión Directiva de la DAIA para testimoniar sobre posibles encuentros con el juez Mariano Borinsky. Sobre el particular, los datos están a la vista. Posiblemente estén preocupados.

 

 

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