TE PASO POR ENCIMA

 

Un avezado financista de Rosario que suele manejar los excedentes económicos del sector rural incorporó a su ejercicio diario no sólo seguir de cerca las cotizaciones del tipo de cambio oficial, blue, MEP o contado con liquidación sino que ahora le agregó el valor de las monedas digitales. Es que muchas empresas del sector empezaron a recurrir a este activo para ingresar dinero de la venta de soja sin tener que pasar por el Banco Central.

Se compra la moneda digital que hoy está en 17.000 dólares, pagan lo que deben localmente y se hacen de los pesos a valor contado con liquidación o intercambian el bit coin con otra empresa. Ese dinero, producto de la venta de granos en el exterior, no pasa por ningún lado, resume el financista ante este Cohete. Cuando se refiere a “ningún lado”, significa al Banco Central, situación que también es asumida dentro de la autoridad monetaria. Siguen sin liquidar divisas, sentenció ante este Cohete un experto regulador del mercado cambiario.

El informe de coyuntura del Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social (GERES) indica que si bien el valor exportado del complejo oleaginoso-cerealero cayó el 1,7 por ciento interanual entre enero y septiembre, la liquidación de divisas correspondiente al mismo período se desplomó un 16,0 por ciento interanual.

El mismo guarismo se confirma al analizar el nivel de liquidación de divisas en relación al total exportado, que en el período analizado se ubicó en el 78 por ciento, muy por debajo del promedio de los últimos cinco años (97 por ciento). Es más, ni siquiera se registró tanta especulación por parte de los exportadores durante el conflicto por las retenciones móviles.

Entre enero y septiembre de 2008, la liquidación de divisas del complejo agroindustrial había sido del 94 por ciento y al año siguiente ingresó más dinero de lo que declararon como exportado. Nota al pie: mientras la derecha agropecuaria llevaba a los pequeños y medianos productores a los cortes de ruta, los grandes jugadores continuaban con su esquema de negocios sin tener que exponerse demasiado.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, estuvo reunido esta semana con la cúpula de la Unión Industrial Argentina, presidida por Miguel Acevedo (Aceitera General Deheza). Los empresarios y el funcionario coincidieron en que el actual tipo de cambio es competitivo, que la cuestión cambiaria está estabilizada (por el momento) y que no habrá devaluación. En el corto plazo, esto no está en discusión. De hecho, el último informe del Banco Central sobre el mercado de cambios indica que en octubre hubo un 68 por ciento menos de compras neta del billete verde gracias a las últimas regulaciones sobre la cuenta capital.

Pero todo indica que las cerealeras cuentan con la capacidad de manejar el ritmo en que liquidan sus divisas (a discreción), por lo que son un factor a monitorear permanentemente por su capacidad de incidir en la presión cambiaria.

La diferencia en el porcentaje liquidado respecto del mismo lapso de 2019 equivale a 2.836 millones de dólares, según el análisis de GERES. Por caso, fuentes oficiales indicaron a este Cohete que la empresa Vicentin no liquidó 500 millones de dólares y el Grupo Olio (Diaz y Forti), que venía operando en las instalaciones de la empresa quebrada, tiene sin liquidar otros 400 millones de dólares, que podrían haber sido canalizados a través de la compra de moneda digital. La semana pasada, el Ministerio de Agricultura le suspendió la matrícula RUCA (Registro Único de la Cadena Agroalimentaria).

Además, al 4 de noviembre los productores tenían vendido el 57 por ciento de la actual cosecha de soja, por debajo del 63 por ciento del año anterior, incluso a pesar de que el precio internacional de la oleaginosa viene picando en punta.

“Suponiendo que toda la soja vendida con precio pendiente a fijar (existe el compromiso de entrega) aún está en poder de los productores, estos mantenían 21 millones de toneladas (sin vender + precio a fijar), por un monto equivalente a 10.127 millones de dólares”, indica el último trabajo del GERES.

 

De carne somos

En la semana que concluyó debía haberse concretado una nueva reunión entre el Gabinete económico y el Consejo Agroindustrial Argentino para continuar con la letra chica del proyecto de ley que promete llevar las exportaciones agroindustriales de los actuales 65.000 millones de dólares a los 100.000 millones. Pero la muerte de Maradona cambió la agenda de todes.

Desde el Gobierno indicaron al Cohete que durante las últimas semanas los equipos técnicos oficiales y del CAA trabajaron bien, donde se incluyeron varios cambios al borrador que había presentado originalmente la industria.

Uno de los temas que el sector pretendía abordar en la reunión suspendida tenía que ver con una reducción de las retenciones a las exportaciones de carne. La lógica del planteo es similar a la promesa que hicieron de una mayor liquidación de divisas a cambio de una reducción de los derechos de exportación a la soja, algo que no ocurrió.

El pedido es llevar las actuales retenciones del 9  al 5 %. El cálculo que realiza la industria es que, de modificarse el actual esquema, podría haber un ingreso extra de 3.000 millones de dólares por mayores ventas al exterior entre 2021 y 2023. Y, que por el aumento de esas exportaciones, la recaudación por derechos de exportación podría incrementarse en 200 millones de dólares.

El representante de la Mesa de Carnes que se sienta en las discusiones con el Gobierno y el CAA es Dardo Chiesa, ex titular de Confederaciones Rurales Argentinas. El actual titular de esta patronal, Jorge Chemes, expresó en la semana que durante este complejo año tuvieron una mala mirada desde el Gobierno (a pesar del trabajo realizado con el CAA), al mismo tiempo que renovó el pedido para una reducción de todo el paquete impositivo. Sin embargo, confesó que hasta ahora lo más rentable para el sector viene siendo la ganadería.

“Sin dudas, hoy la carne vacuna se ubica en un primer lugar y es lo que mejor está en materia de renta agropecuaria”, sostuvo Chemes. ¿Entonces por qué bajarles las retenciones? Desde el Gobierno sugirieron  que, en realidad, las mayores exportaciones de carne estarán condicionadas por los precios internacionales –con un posible incremento a partir de 2021 – y por los efectos en el comercio mundial derivado del Covid más que por la baja de las retenciones.

Según el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (CICCRA), en octubre cayó el consumo interno, al mismo tiempo que aumentaron las ventas al exterior que ya representarían el 28 por ciento de la producción total. La industria pretende que, con los mismos niveles de producción, el sector pueda exportar más que lo que se destina a consumo interno. El sueño de la Mesa de Enlace. De los precios al consumidor, no se ocupan.

Lobby

La Unión Industrial Argentina (UIA) no deja de expresar su malestar sobre el Aporte Solidario Extraordinario, que en la semana que comienza podría convertirse en ley. Para la AFIP, serán alcanzadas 12.000 personas, es decir el 1,2 por ciento de quienes pagan Bienes Personales. La patronal industrial dice que serán afectados los dueños y dueñas de 3300 empresas, muchas de ellas pequeñas y medianas de más de 100 empleados, según su visión.

En el universo de empresas industriales que manejan en la UIA, habría 2.834 organizaciones que poseen entre 100 y 500 empleados, con el 22 por ciento de la masa salarial. Y 509 compañías con más de 500 empleados (45 por ciento de la masa salarial). “Un patrimonio de 200 millones en la industria, donde se contabiliza la maquinaria pesada, no es algo fenomenal”, indicaron desde la UIA al Cohete.

El Aporte Solidario es solo uno de los proyectos que enfurecen a los industriales. El etiquetado de alimentos, teletrabajo e incluso la nueva ley sobre el manejo del fuego integran el menú de lobby antes los legisladores y legisladoras, que podría trasladarse a la extensión de las sesiones ordinarias y extraordinarias.

 

A tiro del FMI

Para el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), no habría que perder de vista que detrás de los intentos de diálogo entre el Gobierno y los diferentes representantes del establishment existe una línea económica ortodoxa impulsada por el poder económico local –agrupado particularmente en AEA- que pretende que el país solicite un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional condicionado a reformas estructurales en el marco de las renegociaciones del perimido acuerdo.

“De esa manera, buscan aprovechar la crisis de deuda dejada por un gobierno apadrinado por ese círculo rojo, para condicionar al gobierno popular y llevarlo a implementar una política económica y unas reformas contraria a los intereses de su base electoral”, sostuvo un reciente informe del CESO.

La Argentina es hoy el país donde el FMI tiene comprometida la mayor parte de sus recursos (32,2%) muy lejos de Egipto, el segundo país en importancia (12,2%).

Las señales que intentan dar desde el Poder Ejecutivo es que no habrá “ajustes estructurales” como suelen ser los Programa de Facilidades Extendidas del FMI, tal como lo indican los principales 15 acuerdos vigentes en el mundo según un análisis de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE).

Acuerdo político

“Es necesario acordar un programa que sea más superador que el de 2018. Y ese es el espíritu de las dos partes. Este programa será el de la Argentina y no uno impuesto por el FMI. El país enfrenta desafíos de corto y mediano plazo que requerirán un conjunto de políticas cuidadosamente calibradas para fomentar la estabilidad, restablecer la confianza, proteger a los más vulnerables y establecer las bases para crecer", sostuvo Sergio Chodos, representante argentino ante el FMI.

En este sentido, la mayor tensión sigue pasando por el Congreso. Este lunes el Senado avanzará con el proyecto de ley que busca establecer un límite al endeudamiento en dólares y, sobre todo, que cualquier acuerdo con el FMI deba pasar por el parlamento.

Es la idea del gran acuerdo político que imaginan desde el oficialismo para exhibir ante el organismo supranacional, como también el programa plurianual que debería enviar Guzmán con metas macroeconómicas para los próximos tres años, donde sobresaldría el tan mentado equilibrio fiscal.

 

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