Balanceos

Crece el movimiento de rechazo por el TSJ porteño y golpea las puertas de la Corte

 

En octubre de 2017, la Asociación Nacional de Juezas y Jueces del Trabajo (ANJUT) llevó a Montevideo el primer listado que sistematizó las denuncias contra el Poder Ejecutivo por la injerencia y ataques al fuero laboral. El listado entregado durante una audiencia a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue el antecedente del informe que posteriormente emitió el relator de Naciones Unidas, Diego García-Sayán. Y la antesala de la causa de la Mesa Judicial, donde aquellos magistrados se encuentran entre sus víctimas mayoritarias. Hoy son parte de la muy ancha avenida que se opone a la ampliación de competencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la Justicia nacional. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que alerta sobre ese avance desde mitad de año, prepara resoluciones conjuntas en los expedientes para rechazar los envíos. Desde ese fuero también parte una inquietud importante. No sólo es el Correo y Socma, dicen. También hay una metódica elaboración de un esquema que a largo plazo elimine a quienes garantizaron derechos.

“Si especulamos con que quieren lograr un nuevo gobierno –sostiene uno de los camaristas–, van a tener a la Justicia laboral y nacional bajo la órbita de la Ciudad, y eso es bastante coherente para quienes piensan en una ingeniería de despidos o en insistir con reformas laborales para las cuales necesitan otra Justicia, porque con la Justicia como está no pueden pensar en hacerlo. Por un lado, hacen esta movida procesal con los recursos. Avanzan en la Legislatura. Y por otro, mandan a Elisa Carrió a hablar de derogar la ley de despidos. Con lo cual es evidente que van a volver a impulsar esas reformas y necesitan otros jueces”. También explica cómo están trabajando en este momento desde los juzgados. “Somos treinta jueces en la Cámara”, dice. “Algunos piensan en una acordada y otros en escribir en los expedientes algo más lacónico, de una sola línea: ‘No ha lugar por improcedente’. Vamos a sacar una resolución muy breve y vamos a rechazar la reforma. Algunos camaristas quieren hasta sancionar a los abogados que vengan con esos planteos. Yo no creo que prospere, pero lo digo para que veas la gravedad y la calentura que hay”.

 

 

Plenario de la CIDH en Montevideo, 2017.

 

 

Esta semana, esa calentura por la reforma porteña tuvo una foto que muestra la dimensión del rechazo en una marcha multitudinaria que tuvo lugar el día martes frente al edificio de Cerrito 760, sede del Tribunal Superior de Justicia porteño. Hubo representación de gremios judiciales diversos, desde los referenciados con Julio Piumato hasta las líneas de Vanesa Siley, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación y el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU). Estuvo la Asociación de Magistrados y la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio. Y hubo rechazos públicos del Colegio Público de Abogados, de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo y hasta la menos pensada: del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, en la voz de su secretario, Guillermo Lipera.

 

 

 

Otro de los actores que se sumó fue la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales, que reúne a jueces de todo el país y está presidida por el camarista de Comodoro Rivadavia Javier Leal de Ibarra, quien sostuvo que la ley es inconstitucional, avanza contra las facultades del Congreso y pone en riesgo el sistema democrático.

 

Leal de Ibarra, al asumir la presidencia de la Junta de titulares de Cámaras Nacionales y Federales.

 

 

Para algunos, la intervención de Leal de Ibarra debe leerse como una señal de aval de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la rebelión de magistrados. Esa es una teoría que otros no comparten, pero es posible pensarla en el contexto de aislamiento actual de las nuevas autoridades del máximo tribunal. Esta semana pasó por el cuarto piso una comisión de la Junta de Jueces y Juezas de Tribunales Orales Federales (JUTOF). Hubo quien consultó a Horacio Rosatti y a Juan Carlos Maqueda por la salida de Elena Highton de Nolasco. La jueza no había estado presente en el acuerdo del nuevo presidente de la Corte, y el lunes presentó la renuncia. Ya no iba a la Corte desde el inicio de la pandemia. Había superado el límite de los 75 años de edad, pero se suponía que iba a permanecer en el cargo hasta fin de año. Ante aquel visitante, Rosatti y Maqueda dijeron lo mismo: que la renuncia los había sorprendido. Maqueda negó los rumores según los cuales también él iba a irse. Y habló de la auditoría de la obra social. Los jueces llegaron para presentarle a Rosatti una lista de pedidos domésticos. Creyeron que el encuentro podía caerse por la noticia de la renuncia que sacudía a la prensa, pero entendieron que la Corte estaba tranquila con jueces que parecían buscar mejorar el estado de alianzas. Eso es también lo que puede pasar en este conflicto. Hay que ver cómo se tensan las cuerdas, y de qué lado queda el Tribunal que hasta ahora convalidó la ampliación de facultades del TSJ.

La discusión técnica sobre el tribunal es de larga data. En el último tiempo, la ampliación de las facultades tuvo un hito importante con el fallo de la Corte conocido como antecedente Bazán, del mes de abril. El fallo estableció que el  Tribunal Superior de Justicia de la CABA debe intervenir como tribunal de alzada en conflicto de competencias de los juzgados nacionales en territorio porteño. Hasta entonces, eso era decidido por la Corte. La ley que ahora votó la Legislatura de la Ciudad avanza ya no sobre el conflicto de competencia, sino sobre el contenido de los expedientes al erigir al Tribunal Superior como alzada de los juzgados nacionales de distintos fueros. La legisladora Lucía Cámpora explicó cómo está integrado ese TSJ y las razones de esa avanzada.

 

 

Lo que hay que agregar es que sin la ley, el TSJ ya había avanzado sobre los expedientes en casos menos trascendentes, como la causa Levinas, y en otros de impacto político, como el de Correo Argentino, ahora a la espera de resolución de la Corte. Por abajo, aún existe una discusión sobre alcance, límite y modo del traspaso de una parte de la Justicia a la Ciudad, que debe pasar por el Congreso. Para unos, eso requiere federalizar una parte de la Justicia nacional. Y ceder otra parte. Para otros, el traspaso comenzó con fallos como el antecedente Bazán. Así lo explica una alta figura de la Justicia porteña, consultada por El Cohete. “Desconozco el origen de la iniciativa, así como las razones por las cuales la Legislatura decidió aprobarla en este momento. Tampoco tengo idea sobre lo que hará al respecto el Jefe de Gobierno. Lo que puedo decir es que la Procuración se pronunció sobre la cuestión al dictaminar en el caso Chocobar. En ese caso, el acusado solicitaba que su proceso fuera revisado en última instancia por el Tribunal Superior de Justicia. Como se explicó allí, el planteo era una derivación correcta de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos “Corrales”, “Nisman” y, especialmente, “Bazán”. Allí se dejó en claro que los magistrados de la Justicia nacional son jueces locales, al igual que los jueces porteños. Y que el Tribunal Superior de Justicia es el superior común entre ellos, al menos para resolver los conflictos de competencia. De cualquier manera, creo que la opinión pública pierde de vista la contundencia de esa jurisprudencia respecto de la autonomía jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires. Para la Corte, la demora en concretar el traspaso es una omisión inconstitucional, frente a la cual ya no hay excusas. A eso hay que añadir que la Constitución porteña obliga a todos sus funcionarios (en cualquiera de sus poderes) a reivindicar la autonomía local”.

La postura no es compartida. Esta semana hubo una caravana de visitas al Ministerio de Justicia de Nación donde asociaciones, jueces y camaristas le pidieron a Martín Soria distinto tipo de acciones. Mónica Cuñarro estuvo en una de las reuniones. Fiscal y parte de la Asociación de Magistrados, sostiene que “la ley votada por la Legislatura de la Ciudad no sólo quiebra el orden federal y las competencias del Congreso nacional –explicó a El Cohete–, sino que viola el principio de juez natural, competencias y jurisdicción, lo que es pasible de acciones ante las Naciones Unidas y la CIDH, generando responsabilidad internacional al Estado argentino. Espero que las asociaciones y el Estado tomen las acciones que lo impidan”.

 

La fiscal Cuñarro.

 

 

Alberto Lugones es vicepresidente del Consejo de la Magistratura, juez e integrante de la misma asociación. “El tema es muy serio”, dijo a El Cohete. “Acá están creando una superjusticia que va por arriba de las justicias nacionales, que tendrá capacidad de meterse por encima de todos los temas: el Correo, pero también otros temas sensibles sobre los que tienen intereses. Están buscando que ciertos personajes pesados, empresas y amigos queden protegidos, y para eso terminan convirtiendo al TSJ en un aguantadero”. Luis Raffaghelli es integrante de la Cámara del Trabajo, uno de los jueces que pide definición de la Corte Suprema y que esta semana exigió el veto de Horacio Rodríguez Larreta. “Creo que él está entre la espada y la pared –dice– porque la ley es inconstitucional y si la promulga queda peor que los legisladores que la aprobaron”.

 

 

 

 

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