Cosas vederes, Sancho

Datos públicos que generan reacciones censoras y medios que difunden mentiras convenientes

En este extraño país suelen pasar cosas inverosímiles. No hace mucho —poco más de un año—, Cristina Caamaño, la titular de la AFI, que no es otra cosa que la Agencia que nuclea a los servicios de inteligencia argentinos, denunció que en el organismo que conduce fueron encontrados los registros de más de 400 periodistas acreditados en las cumbres del G20 y la OMC, en donde constaban sus relaciones, tendencias ideológicas y vínculos laborales y personales. Todo prolijamente realizado en base lo que se llaman “fuentes abiertas”, esto es fuentes de información de acceso público, tales como redes sociales.

La primera nota al pie sería que la Argentina posee un ley de protección de datos personales (Ley 25.326) que establece regulaciones especificas respecto a “la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean públicos o privados, destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre” (Art. 1°).

La segunda nota al pie es que esa ley establece específicamente que los bancos de datos deben contar con la autorización del titular de los datos, porque de lo contrario su incorporación sería ilegal. Y establece que este consentimiento no será requerido si se tratase de “datos que se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto”.

Se preguntarán ustedes, entonces: ¿por qué tanto pataleo con los registros de la AFI sobre periodistas? La respuesta está en la propia Ley de Inteligencia (Ley 25520), que establece taxativamente la prohibición de “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción” (Art. 4, inc. 2°).

Verán entonces que la Ley de Inteligencia señala con claridad meridiana que lo que hizo la AFI, conducida entonces por Gustavo “no vi nada” Arribas y Silvia “no sé de qué me hablan” Majdalani es ilegal, por completo.

Pero tengo que señalar que pese a la afectación de derechos de más de 400 periodistas, el tema casi no tuvo repercusión pública. La denuncia que realizó la AFI en el 2020 aún está tramitando en Comodoro Py, sin escándalos. Y quiero decirlo con claridad: eso es porque el nivel de adhesión de ciertos sectores de periodismo a las políticas persecutorias e ilegales que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri determinó que prefieran el estruendo de guardar un vergonzante silencio a siquiera emitir una opinión o un repudio sobre la actividad ilegal de los organismos de inteligencia conducidos por Juntos por el Cambio, que tuvieron como víctimas a sus propios colegas.

Bastante diferente fue la situación que se generó estos días con el informe que un grupo de periodistas realizó respecto a lo que llamaron la “Reacción Conservadora”, que no era otra cosa que la sistematización de datos de las relaciones e interacciones de personas, organizaciones e instituciones que se vinculan en torno a un eje discursivo – y de políticas activas también— en rechazo a las medidas protectorias sobre temas de género, tales como aborto o lenguaje inclusivo.

Varios puntos para marcar respecto a la encendida reacción que la breve publicación generó. El primer punto es que toda la información recopilada provenía de fuentes abiertas. Por lo tanto su recopilación, no habiendo sido realizada por la AFI ,resultaba en términos legales, perfectamente válida y legal.

El segundo punto es que rápidamente, sea por el ciberataque al sitio virtual donde se alojaba el informe, sea por decisión de quienes lo elaboraron o la organización que solventó su producción, el citado Informe desapareció del mundo digital en cuestión de horas, volviéndose inaccesible para el común de los mortales. Y ello porque generó un repudio que de a ratos fue siniestro, ya que incluyó amenazas y escraches para les periodistes que participaron en su elaboración. Y fueron pocos los medios de comunicación que defendieron a sus trabajadores de ese escarnio cruel del que eran víctimas por haber publicado información legal.

Yo no puedo ni quiero dejar de brindar toda mi solidaridad a les periodistes que debieron atravesar –en mucha soledad— ese estallido de violencia, por contar cosas que en definitiva eran públicas; y repudio sin medias tintas la conducta de los agresores.

Yo no leí el informe porque me enteré tarde. La noche de su publicación me había acostado tarde, porque estaba trabajando  en un recurso extraordinario y cuando me apronté a leer los diarios ya se había tornado inaccesible. Por ello no puedo dar mi opinión, sólo puedo señalar en base a lo que permanece aun publicado, que a priori se presenta como legal. A diferencia de las agresiones que sufrieron quienes lo elaboraron, que sin lugar a dudas son ilegales. Lo segundo que debo señalar es que me parece horrible que la agresión haya determinado la inaccesibilidad a esa información, porque sea por decisión de quienes lo elaboraron, sea por la actividad de los haters, todos los ciudadanos tenemos derecho a acceder a esos datos. Y me irrita especialmente pensar que la falta de acceso a esa información fue decisión de quienes lo publicaron. Porque sería una clara muestra de que la censura, en su forma más violenta, fue efectiva. En plena democracia. Y eso me resulta inaceptable. Debería serlo para la mayoría de nosotros.

Suelo ser bastante poco fan de la incorporación de datos en listas o bancos de datos. Y del modelo de etiquetado cuando nuestros nombres son mencionados en la discusión pública. Créanme que lo sufro cotidianamente. Medios importantes de este país me citan, no por mi nombre –que además sistemáticamente escriben mal, me cache en Dié— sino como “la abogada de Cristina” o la “ultrakirchnerista”, o dando cuenta de a quienes he defendido como abogada. Sin serme simpático, creo que es mi obligación democrática ser tolerante ante ese etiquetado que también me “marca” ideológicamente ante la opinión pública. Nada de lo que señalan me avergüenza. Doy por sentado que parte de mi trabajo va a tener cobertura pública y que, sobre mi laburo y mis relaciones con terceros, pueden opinar lo que quieran. Me alcanza con bancar yo misma lo que hago y digo. Porque no me avergüenza y decido decirlo. A riesgo o suerte, es lo que pienso. ¿Qué remedio?

Por eso me desconcierta cuando personas u organizaciones no quieren hacerse cargo de lo que dicen y/o hacen. Ok, militás públicamente en contra del aborto… ¿Por qué te preocupa que se diga? Tengo la intuición, con grado de certeza en algunos casos, de que existe una profunda hipocresía en buena parte de la discusión publica en la Argentina de estos días, donde las posiciones de muchos tienden a ser acomodaticias, en función de intereses coyunturales. Algo así como haber hecho profesión de fe de aquella frase de Marx —Groucho Marx— respecto a que “estos son mis principios, pero si no te gustan, podría sostener otros”. Tanto pienso que son hipócritas, que muchos recurren al anonimato para decir cosas que no osarían decir con su nombre y apellido y sacan a tomar aire a un odio o un prejuicio o un resentimiento que los avergonzaría, incluso en una cena familiar. Muchos están convencidos de que lo políticamente correcto es decir lo que los demás creen que está bien decir. Suelo ser partidaria de que, más importante que ser políticamente correcto es ser ideológicamente claro y que lo que digas sea aquello que pensás y que bancás con tu nombre y apellido. Si no te atrevés a decirlo o hacerlo, tal vez deberías detenerte y reflexionar sobre si podés decirlo o hacerlo. Como dice mi papá desde siempre: “Si necesitás que nadie se entere para animarte a hacer algo… tal vez no debas hacerlo” (¡Feliz día, papi! Te extraño mucho.)

Eso es más digno que enojarte, a niveles violentos incluso, porque alguien da cuenta de lo que haces o decís. Creo que es tiempo de llevar la discusión pública de la lógica de lo políticamente correcto a la lógica de la responsabilidad personal y colectiva por lo que se piensa se dice y se hace. Porque creo sinceramente que el debate hipócrita, por civilizado que se vea, no nos hace más libres ni mejores ni es lo que resguarda la democracia. (La de verdad, sin botoneras.) Y porque no puedo olvidarme de que, en el debate público, no sólo se juegan las libertades y derechos individuales sino los derechos de todos, y uno de esos derechos es el de acceder a la información. Todo lo demás son espejitos de colores.

Es tan importante en la lógica de los sistemas democráticos el derecho de acceso a la información, que posee una especial protección. Que se proyecta incluso a quienes trabajan de proveer esa información, tarea que ejercen prioritariamente personas a las que llamamos periodistas. Cualquiera puede ser un proveedor de información, pero quienes hacen de modo cotidiano eso como modo de vida, son periodistas.

En este país extraño en el que pasan cosas inverosímiles, no sólo atravesamos años en los cuales, desde la estructura del gobierno, funcionarios públicos se dedicaban a espiar de modo ilegal a los ciudadanos, sino que además, en lugar de denunciar ese espionaje ilegal y profundamente antidemocrático, muchos periodistas aparecen vinculados a esas actividades. He de ser justa y decir que no todos aparecen igualmente vinculados. Hay periodistas que aparecen difundiendo información ilegalmente obtenida. Y por éticamente cuestionable que me parezca la conducta de quienes así actuaron, no deja de ser una de las prerrogativas que tiene el periodismo para cumplir su función. Lo acepto como regla democrática y puteo cuando creo que han pasado los límites que resguardan el derecho a la intimidad de las personas.

Parte de la persecución ilegal que sufrieron los ciudadanos era solventada por fondos públicos, pero parece haber habido un sector de los que hacían cosas ilegales que no contaba con esa facilidad. Resultaban necesarios para que se introdujeran en las cloacas de las cloacas de la persecución. De los relatos judiciales, surge que este tipo de sujetos no parece haber sentido asco alguno de lo que hacían y menos aun de perseguir ganancias económicas de esa mierda a la dedicaban sus días y sus noches.

De estos sujetos que buscaban —y fabricaban— la mierda de la mierda tal vez el mas célebre sea Marcelo D’Alessio. Falso abogado y falso todo, que se dedicaba a hacer operaciones e inteligencia ilegal para jueces y fiscales de Comodoro Py, empresarios y periodistas. Por eso está procesado, dado que formaba parte de una asociación ilícita.

De todos los periodistas que interactuaron con Marcelo D’Alessio, sólo uno ha sido investigado judicialmente por formar parte de sus maniobras. Es Daniel Santoro, actual jefe de judiciales del Diario Clarín. Es el único periodista de todos los que tenía de fuente al falso abogado que parece haber formado parte activa de las maniobras extorsivas que llevaba adelante D’Alessio.

D’Alessio seleccionaba ciertas “víctimas”, personas que estaban o podían estar involucradas en investigaciones judiciales de orden penal. Y les ofrecía “soluciones” basadas en su presunto manejo de picaportes judiciales, tanto de jueces como de fiscales. Podía ser la puerta para llegar al fiscal o al juez y arreglar el “problema”. Claro, mediando un sustantivo aporte económico por parte de la víctima, que según D’Alessio se repartiría entre el funcionario judicial y el propio D’Alessio.

Cuando la víctima se negaba a contratar la solución que le ofrecía D’Alessio, empezaban los problemas para los renuentes al pago. Se ha verificado mediante investigaciones judiciales que en D’Alessio no sólo utilizaba información ilegalmente obtenida –por ejemplo registros de salidas del país de la víctima y de sus familiares—, sino que los temas que había ofrecido solucionar tomaban una inusitada difusión pública. Dos de esos casos ellos fueron difundidos por el diario Clarín, y  —curiosamente— por notas de Daniel Santoro.

De la publicación en Clarín y por Daniel Santoro la víctima era anoticiada por D’Alessio con anterioridad. Mensajes de texto y de audio y el relato inequívoco de las víctimas son coincidentes al respecto, y hay pruebas.

Hace un tiempo, por su participación presunta en este tipo de maniobras, Daniel Santoro había sido procesado por el juez de Dolores, que es quien investigó inicialmente los hechos y las obras de D’Alessio.

Y acá voy a decir algo que no suele decir Daniel Santoro en sus notas. En la Argentina rige algo llamado presunción de inocencia. Eso implica que nadie puede ser considerado culpable sin que antes haya una sentencia firme, obtenida en proceso llevado delante con todas las reglas del Debido Proceso, que lo declare culpable. Ser llamado a brindar una declaración indagatoria no equivale a ser culpable. Y ser procesado en una causa judicial, tampoco. Las personas siguen siendo tan inocentes como al principio de la causa. Y esta garantía rige para todos los ciudadanos, sin distinción alguna.

Aquel primer procesamiento a Daniel Santoro se revocó en la Cámara de Mar del Plata y se dictó lo que los abogados llamamos “falta de mérito”, esto es que no existen pruebas para sobreseer a alguien o para procesar a ese mismo alguien. En general, la falta de mérito va acompañada por la orden de continuar investigando.

Y eso es específicamente lo que sucedió en este caso. El juzgado continuó investigando y encontró nueva prueba, que a criterio del juez pondría a Daniel Santoro como participe de las maniobras de D’Alessio. Esa prueba surgió del relevamiento de mails del falso abogado, la comunicación habitual con Santoro dentro de las fechas denunciadas por la víctima e información sobre el caso el caso de Cifuentes, el empresario extorsionado por D’Alessio.

Si bien Santoro, en oportunidad de defenderse, dijo que había escrito su nota sobre Cifuentes usando de base una nota de un periodista de Rio Negro, omitió consignar que la nota se había publicado hacía más de un año antes de que la retomara Santoro para publicarla en Clarín. Pero la nota consignaba información reciente, que se comprobó había sido proporcionada por D’Alessio y que NO había sido relatada por el periodista rionegrino que escribió la nota original.

Hay algo que termina de explicar, con el grado de verosimilitud que requiere un procesamiento, por qué se procesa a Santoro.

Cifuentes se niega a pagarle a D’Alessio lo que le exigían. Entonces el falso abogado le dice que Santoro está investigando el tema y que él puede parar el escándalo. Cifuentes mantiene su negativa y recibe un mensaje de D’Alessio pidiendo que vea el programa televisivo de la noche en el cual era columnista Daniel Santoro. Esa noche, Santoro, informando sobre la situación procesal de Lula Da Silva, no menciona a la empresa acusada de haberle dado un departamento al ex Presidente de Brasil, sino a la empresa de Cifuentes. ¿Error involuntario de un periodista o mensaje mafioso? No lo sé, pero si sé que esto está demostrado judicialmente. Al día siguiente, D’Alessio se comunica con Cifuentes y le pregunta si vio el programa. El empresario dice que no lo vio y entonces D’Alessio le dice que lo vea esa noche. Y esa noche, Daniel Santoro, con una regularidad extraordinaria que parece poco casual, vuelve a cometer el mismo error y cita a la empresa de Cifuentes en lugar de la empresa brasileña.

Todo eso lleva al juez a procesar nuevamente a Santoro, atento a que, con el grado de verosimilitud que requiere un procesamiento, parece existir evidencia suficiente de que Daniel Santoro habría prestado su colaboración consciente a la maniobra de extorsión que llevaba adelante el falso abogado.

Yo no voy a opinar sobre si Daniel Santoro es inocente o culpable, No me corresponde hacerlo. Eso es algo que determinará el Poder Judicial.

Pero sí quiero expresar mi sorpresa cuando veo el comunicado de la entidad que nuclea a periodistas, cuando considera que procesar a un periodista es vulnerar la libertad de expresión. Ya había sostenido dicha entidad la misma tesis en anteriores procesamientos de Santoro.

Voy concluir diciendo que la libertad de expresión es un derecho tan importante para las democracias, que deberían ser los propios periodistas los que lo defiendan por sobre los intereses corporativos. Callar frente a la censura y las agresiones que sufrieron les periodistes que publicaron el informe sobre la reacción conservadora y esgrimir la libertad de expresión en la misma semana como única defensa frente a la imputación de un delito común, es sin duda un despropósito. No sólo en términos de defensa del periodismo como facilitador de esa libertad, sino también en términos de defensa de la propia democracia, que nos necesita libres para opinar, responsables para decir e informados para decidir.

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