Decisiones claras conservan la salud

Frente a las presiones de la derecha, el gobierno debe proteger a las mayorías sin pedir disculpas

 

La virulencia de la segunda ola de contagios con el Covid-19 en mutación ha puesto al gobierno frente a una serie de disyuntivas que hubiera preferido no afrontar. Todxs, sin excepción, querríamos que esto no estuviera ocurriendo. Que el deterioro material y espiritual producido por la pandemia no existiera, pero allí está. La peligrosidad del nuevo rebrote nos obliga a repensar lo hecho en 2020 y aprender lecciones. Pero del análisis se deben extraer conclusiones prácticas urgentes.

En vista del peligro en el que está hoy el sistema sanitario público y privado, es evidente que el cuadro es peor que el ya vivido. Y también que todo lo que se hizo el año pasado en materia de cuidado, cierre y medidas de apoyo a desempleados, trabajadores y empresas sirvió, y mucho, para que el espectáculo no fuera dantesco. Estos primeros meses de 2021 muestran que el aislamiento y la distancia de 2020, con todo lo inesperada y dificultosa que fue su implementación, evitaron un colapso que disparara la cantidad de muertos.

Pero el gobierno, que fue capaz de reaccionar con realismo y a contramano del mensaje que emanaba del poder económico y de la derecha individualista, debió enfrentar en el último tramo del año una corrida cambiaria y aumentos desmesurados de precios porque “había mucho dinero en la calle”. Insólitamente, en un país dañado y empobrecido, la derecha sostenía que no hacía falta aumentar el gasto público.

En síntesis: el gobierno salió a sostener la economía y el empleo, para lo cual debió emitir dinero, aunque de ninguna forma en las enormes magnitudes que se inyectaron en algunos países centrales. El hecho es que ese dinero, vital para una buena parte de nuestros compatriotas, fue la excusa para justificar una operación pro-devaluatoria y las sucesivas oleadas remarcatorias, sin fundamento en lo que realmente ocurría con la economía.

Hacia noviembre se logró controlar la corrida. Se quebraron las expectativas de una mega devaluación, pero los precios continuaron subiendo, por razones cada vez más inexplicables desde las lecturas convencionales. Se pudo observar durante todo 2020 que el gobierno está sometido a fuertes presiones, tanto desde la política como desde el frente económico, cada vez que toma medidas correctas.

 

 

Vida y economía

Probablemente la experiencia del año pasado, que cerró con una contracción importante del PBI (9,9%), haya llevado al gobierno a recalcular los costos y beneficios de la acción anti pandémica. Es cierto que se aprendió bastante de lo ocurrido en 2020, en el sentido de distinguir entre distintos tipos de actividades sociales y productivas, que tienen grados diversos de peligrosidad y que agregan mayor o menor valor económico.

Luego de la debacle macrista y de un año adicional de caída del producto (similar a Italia, Francia o India) inducida por las medidas de cuidado de la salud pública, es sensato tratar de proteger la incipiente recuperación, que organismos internacionales estiman llegaría al 6%.

Sin embargo, también la incesante presión negacionista de la derecha local afecta a las lógicas de la acción gubernamental y puede incidir –mal– en las decisiones que se tomen en 2021. El gobierno se encuentra frente a una ecuación, falsa, que sostiene que a mayor protección sanitaria, más gasto, más déficit y, por lo tanto, más inflación y/o presión sobre el dólar. Los grandes actores económicos creen en eso, o fingen hacerlo, y actúan en consecuencia.

Sin embargo, sabemos perfectamente que la operación sobre el dólar fue una jugada de un conjunto de actores domésticos que aprovecharon su capacidad de liderazgo social y de los medios de comunicación a su disposición para forzar una medida desastrosa para el gobierno y para la mayoría del pueblo. Y que el movimiento de precios –que sorprendentemente no cesa de sorprender a los funcionarios– tiene su base fundamental en el poder de mercado de los formadores de precios más que en realidades materiales objetivas.

Ni el dólar ni los precios se controlarán porque el Estado deje de gastar en lo que debe gastar en una pandemia.

La historia económica argentina prueba en forma abrumadora que las recetas en las que dicen creer los grandes actores económicos no sirven para nada. Allí están para comprobarlo el ex Presidente Mauricio Macri y su titular del Banco Central Guido Sandleris, con su emisión 0 y su inflación del 50% anual.

Si se acepta el principio de que todo gasto o transferencia que realice el Estado irá a parar al dólar paralelo y/o a los precios, se está proponiendo la anulación de la acción estatal y el congelamiento del país en una situación distributiva inaceptable. Cada impulso al crecimiento, cada estímulo al empleo, cada emprendimiento productivo, daría pie a que suba el dólar paralelo o los precios.

Llevado al extremo, una limosna dada por la calle puede ser inflacionaria o llevar al alza del dólar. Este nivel de distorsión cultural-ideológica no debe ser aceptado y menos transformado en guía para la acción gubernamental, porque conduce a un perfil de sociedad fracturada y violenta.

 

 

¿Proteger o protegerse?

Es de buena política no gastar más de lo necesario, ni emitir moneda en forma caprichosa. Pero otra cosa muy distinta es aceptar el programa económico y social neoliberal porque si no los “mercados” se perturban y generan turbulencias.

El gobierno tiene por delante dos tareas prioritarias: combatir lo más eficazmente posible la pandemia y mantener lo más pujante posible la recuperación económica.

Debe quedar claro que cuidar a la población requiere gastos significativos, tanto en el aparato sanitario y en el costo de las vacunas, como en los apoyos y subsidios que deben otorgarse para evitar el sufrimiento social extremo a desempleados, suspendidos y empresas afectadas directamente por las medidas de protección. No será escatimar en estos gastos lo que convencerá a los especuladores, monopolios y golpistas cambiarios para que cesen de hacer lo único que saben. Por el contrario, restringir los gastos en protección sí puede dañar a los sectores para cuyo cuidado el gobierno fue votado.

Esto no es una abstracción teórica.

Especialistas y estudiosos de la cuestión pandémica en nuestro país ya advertían en febrero lo que se nos venía, dado lo que se observaba en Europa, pero también en Brasil y Paraguay. Sin embargo,  no se defendió la política rigurosa que Formosa tenía en ese lugar clave del territorio nacional, se siguió alegremente con los vuelos internacionales para alegría de los sectores medios altos, no se levantaron oportunamente barreras sanitarias más robustas, y se demoró en tomar nota de la expansión vertiginosa de las nuevas cepas. Se había debilitado toda publicidad masiva de alerta e información y el propio ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta negó reiteradamente el papel de la presencialidad escolar (y el evidente aumento de la circulación de gente en transporte público que conlleva) en la diseminación pandémica.

Pueden haberse confundido en estos meses lo que eran demandas empresariales privadas y de ciertos colectivos sociales (parte de las familias), con la agenda pública necesaria para responder a la emergencia. A pesar de que ese rumbo laxo ahora se está corrigiendo, la inhibición a asumir el gasto público necesario para que el esquema de cuidado proteja la salud y proteja al trabajo debe ser superada.

Proteger a las mayorías con claridad y convicción, sin pedir disculpas, será la mejor forma que tendrá el gobierno de protegerse de los embates de quienes, de todas formas, aprovecharán cualquier oportunidad para dañarlo.

 

 

FMI: o nuevo default, o colonia

Tampoco es aceptable que una burocracia externa como la del Fondo Monetario Internacional (FMI) le imponga al gobierno el ritmo de reducción del déficit del Estado. Las autoridades máximas del Fondo han reconocido la gravedad del cuadro global y el ineludible impacto en las economías del mundo, y más aún en la periferia. Pero luego la burocracia de ese organismo procede como si la situación fuera la de 2019. Reclamarle a la Argentina que, en este contexto, se embarque en un camino de reducción de déficit es sencillamente negacionista del cuadro de la economía mundial y de nuestros gravísimos problemas sociales.

Que miembros del Fondo empiecen a hablar sobre hacer tributar a los ricos es, por ahora, otro comentario tan pintoresco como poco comprometido. Cuando en los ’80 les agarró la furia privatizadora al FMI y al Banco Mundial, taladraron a todos los gobiernos y sus funcionarios y los presionaron de mil formas para que adoptaran esas propuestas reclamadas por el capital global. Todavía no se ha visto ningún préstamo del FMI condicionado a que se le impongan tributos (en serio) a los ricos, o que se elimine la triangulación de exportaciones y el contrabando. Tampoco se conocen amenazas y sanciones del FMI a gobiernos que toleren la distribución inequitativa de la riqueza.

El FMI fue socio en la política ruinosa que derrumbó el PBI argentino en 2018 y 2019. Su propuesta de negociación parece destinada a consolidar este cuadro de postración, con la mochila de piedra de una deuda externa y eterna.

La Argentina enfrenta este año vencimientos de deuda externa con diversos organismos por 11.4 mil millones de dólares. Espera refinanciar más de 5.000 millones con el Club de París, pero el panorama que se abre a partir de 2025, si se acuerda el Programa de Facilidades Extendidas a diez años, sólo puede desembocar en un nuevo default argentino.

La razón es sencilla: de 2025 a 2030 vencerán cada año, aproximadamente, 20.000 millones de dólares de deuda con acreedores públicos y privados, cifra imposible de pagar si se pretender hacerlo simplemente con los dólares obtenidos del comercio exterior. Por más optimistas que sean las proyecciones en relación con la evolución de las exportaciones argentinas, no hay cómo llegar a un saldo comercial que cubra esas cifras. Sobre todo si se mejora el nivel de vida de la población y se incrementa la demanda interna y, por lo tanto, las salidas de divisas por importaciones.

Claro, si se le abren al país las oportunidades de financiación externa podría ir evitando el default tomando nueva deuda, y así seguir. Pero ¿cuál sería el costo para que la famosa comunidad financiera internacional se decida a darle crédito a nuestro país?

El año pasado el gobierno cerró una exitosa negociación con los acreedores externos privados, pero el riesgo país no ha bajado. La tasa a la cual aspiran los prestamistas internacionales a la Argentina se mantiene en niveles insólitos: 16% más la tasa internacional.

Hipótesis: la Argentina fue metida en una trampa estructural, con la complicidad explícita de Cambiemos, que la ata en forma permanente a la supervisión de un organismo que le reclama políticas que limitan sus posibilidades de desarrollo. Estará castigada financieramente hasta que no se subordine.

¿Qué le piden a la Argentina? ¿Las tradicionales “reformas estructurales” que ya han mostrado sus bondades bajo el menemismo? Puede ser, pero un gobierno popular no las puede implementar. Entonces ¿qué están pidiendo? ¿Que directamente gobierne el país un custodio y promotor de sus intereses, como Macri o sucedáneos?

Si ese fuera el caso, si la derecha volviera a gobernar, el alivio al endeudamiento no provendría de mejorar la estructura productiva del país, sino de ceder recursos estratégicos para beneplácito de diversas corporaciones internacionales. Recordemos el legado menemista de los puertos al borde del Paraná cedidos a corporaciones privadas y la hidrovía concedida a empresas extranjeras. Fue la cesión a intereses globales de una arteria clave, que aporta a la posibilidad del país de autogobernarse. Un Paraná en manos de multinacionales y grandes capitales locales que sirvió, y sirve, para que miles de millones de dólares sean sustraídos a lxs argentinxs. Los neoliberales argentinos podrían reducir el peso de la deuda pagando con soberanía, y así lograrían el derecho a poder endeudarse nuevamente, en un ciclo reiterado de degradación internacional del país.

Volviendo al presente: nuestro país no puede autodestruirse para que los burócratas fondomonetaristas cubran el mamarracho del crédito otorgado al macrismo, ni puede firmar cronogramas de devolución de deuda imposibles de cumplir, que lo condenan a repetir el camino económico del alfonsinismo.

Nuestra sociedad tiene que tener en claro lo que nos están pidiendo y lo que se está poniendo en juego.

 

 

 

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