Educación pública o mercado

La postura que adopte el gobierno es decisiva para el futuro de la educación argentina.

 

La educación pública, entendida como aquella gestionada por el Estado, alcanzó carácter legal en la década de 1880. Los particulares (instituciones y personas) pudieron seguir impartiendo educación, siendo la Iglesia Católica quien ocupó principalmente ese lugar, a la vez que avanzó en terrenos de la educación estatal. En 1947 el gobierno peronista dictó la ley de subvención a la educación privada (No.13047). En las décadas siguientes esta fue cobrando cada vez más fuerza, siempre apoyada en el subsidio de los salarios docentes por parte del Estado. Es decir que en la Argentina hace ya muchas décadas que existe un sistema de cogestión estatal/privado. El subsidio ha tenido la característica de ser distribuido de manera discrecional por todos los gobiernos. En cuanto a las universidades, el Estado sostuvo y autorizó otorgar títulos habilitantes a las públicas hasta 1958, cuando la Ley Domingorena (No. 14.557) abrió las puertas a la plena libertad acción de las universidades privadas.

La discusión sobre el tema que abordamos estuvo radicada durante décadas en la derivación de fondos que requería la educación pública hacia la privada y en el favoritismo del Estado hacia el sector eclesiástico, en tanto las universidades privadas crecían silenciosamente. En el Congreso Pedagógico de 1986 se realizó una operación discursiva de enormes consecuencias políticas para la hegemonía del Estado: se aprobó que la educación pública se dividiría en dos ramas, pública de acción estatal y pública de acción privada.

Durante el gobierno de Carlos Saúl Menem se acentuaron las asociaciones de las universidades privadas con universidades extranjeras, constituyendo un circuito de educación superior de formación de dirigentes. Mauricio Macri fue el primer Presidente argentino egresado de una universidad privada y su gobierno fue el que tuvo más alta presencia de graduados de ese ámbito. La dirigencia empresarial se ve también poblada por egresados del sector educativo particular.

En la actualidad, las definiciones sobre el campo educativo son mucho más complicadas, hay nuevos actores e intereses inéditos. A finales del gobierno de Menem el desfinanciado sistema de educación pública no daba abasto para atender la demanda, al mismo tiempo que subsistía un tradicional dispositivo de exclusión de los chicos más pobres. Por ello, junto al crecimiento de las organizaciones sociales populares, surgieron miles de establecimientos para cuidados de la primera infancia, jardines de infantes, bachilleratos populares. Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se dictó la ley de educación nacional 26.206/06 que reconoció cuatro tipos de educación en el país: pública, privada, social y cooperativa y se dictó la ley sobre instituciones privadas para la primera infancia regulando su funcionamiento y la supervisión pedagógica (N° 27064/14).

En tanto, los intereses del mercado penetraban la educación argentina por varias vías. El hecho es inédito e inherente al funcionamiento de la globalización dirigida por el capitalismo financiero. Este último descubrió la educación como una fuente permanente de clientela y de enormes réditos, pero no solamente la tradicional educación privada sino especialmente la pública. En una primera etapa, durante el menemismo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo lideraron cambios en la cultura político educativa y pedagógica introduciendo el lenguaje, las normas, las formas de evaluación del mundo financiero. Apoyados en el principio de la libertad de elección de la escuela por parte de los padres, estimularon la privatización de escuelas públicas (“escuelas charter”), el financiamiento por medio de cheques personales (“vouchers”) en lugar de fondos presupuestarios, e impulsaron muy fuertemente el arancelamiento de la educación superior, con vistas a extenderlo a la enseñanza media. Los bancos privados ofrecieron préstamos para solventar estudios, que llegarían a afectar la economía de significativos sectores, como fue el caso de Chile. En la Argentina ese proceso fue contenido por la política de educación pública del kirchnerismo, pero durante ese mismo período corporaciones informáticas, comunicacionales, editoriales, hicieron punta en la colonización de los espacios educativos público y privado. Vieron la doble posibilidad de formar a su clientela, de obtener ganancias, de evadir impuestos y de mejorar su imagen pública, desarrollando formas de gerenciamiento de escuelas y universidades compartidas, la cesión o tercerización de funciones educativas del Estado como la formación docente, la administración de campus informáticos, la gestión de postgrados universitarios. La evaluación se ubicó en el primer lugar del comercio internacional de educación y constituyó el instrumento más preciado por los administradores de ese mercado.

El gobierno de Maurizio Macrì entregó la educación pública al gerenciamiento del mercado. El organigrama del Ministerio de Educación de esa gestión lo refleja, al haber establecido una Secretaría de Evaluación y suprimido las direcciones nacionales correspondientes al nivel inicial, primario y secundario y de las modalidades (educación rural, de adultos, discapacidad, intercultural bilingüe, personas en contexto de encierro, hospitalaria y domiciliaria, educación y trabajo). En enero de 2016 Macrì asistió al encuentro empresarial de Davos e invitó al mayor empresario mundial en educación, el hindú Sunny Varkey a invertir en la educación argentina. Con su fundación Gems Education, Varkey tiene programas de educación en 176 países del mundo. Uno de los inversores de GEMS es el fondo buitre Blackstone. Varkey desembarcó en la Argentina y el Ministerio de Educación y Deportes estableció con él contrataciones directas para cursos de “liderazgo educativo”( formación de educadores con criterios de mercado), un plan de “garantía de calidad” y otros. De los convenios participaron las provincias de Mendoza, Salta, Jujuy, Corrientes y Buenos Aires. El pago a Gems fue establecido en dólares, en cuotas mensuales de 150.000 U$S por un total de 5, 4 millones de U$S. Otro caso muy significativo es el de “Enseñá por Argentina”, la ONG que está en el país desde 2012 y que es una derivación de la estadounidense Teach For All, que llega a más de cuarenta países. En el nuestro recibió subsidios de los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires, de Córdoba, Salta, de empresas como LAN, Microsoft, Banco Galicia, y universidades Austral, San Andrés y la UADE. En particular, Gabriel Sánchez Zinny, socio de Esteban Bullrich, miembro y directivo de varias fundaciones dedicadas a la educación (Kuepa.com, Edunexo, Dutko Worldwide, entre otras) y funcionario de varios cargos por el macrismo, fue el impulsor de los convenios establecidos entre el gobierno nacional y Enseñá Por Argentina. El objetivo central es la formación de animadores que sustituyan docentes, creando un clima propicio para la flexibilización laboral. Sánchez Zinny fue declarado “persona no grata” por los gremios de la CABA, UTE y Ademys.

Los anteriores son solamente dos ejemplos de las decenas de fundaciones corporativas que pueblan el terreno educativo argentino. Se han instalado en escuelas, colegios y universidades públicas y privadas, como cabeza de playa de empresas interesadas en invertir en el mercado educativo o bien en sustituir al Estado en funciones del sistema educativo, que transforman en redituables. La mercantilización de la educación exige cambios fundamentales en el perfil de los educadores, tornados vendedores de contenidos; en los espacios donde se imparte educación, pues la escuela resulta menos eficiente que la enseñanza virtual, que abre la puerta a las empresas productoras de contenidos; en los objetivos y programas; en el sentido de las evaluaciones.

La situación determinada por la pandemia de Covid-19 desestructuró el conjunto del sistema educativo. De manera inesperada, la educación virtual sustituyó la presencia de alumnos y docentes en las escuelas, cobrando mucha importancia para la continuidad de la enseñanza y el aprendizaje. Los docentes han avanzado en el dominio de la tecnología, para atender la situación. Al mismo tiempo, las corporaciones intentan aprovecharla, avanzando sobre el sector público y el privado, buscando renovar y ensanchar los beneficios obtenidos durante el gobierno de Macrì. La postura que adopte el gobierno es decisiva para el futuro de la educación argentina.

 

 

 

 

1 comentario
  1. Graciela Gigli dice

    Todo sistema educativo debe ser estatal, no debería haber gestión privada y si lo hay que deban rendir un examén producido con profesores estatales para obtener título y que el estado no los subsidie.

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