El fuego injusto

La CIDH condena las muertes de cuatro mujeres hacinadas en la Brigada Femenina de Concepción de Tucumán

 

Cuatro mujeres jóvenes, hacinadas en una comisaría de Tucumán, murieron carbonizadas el 2 de septiembre pasado mientras protestaban para exigir el traslado a unidades penitenciarias. La provincia que hasta la semana pasada gobernó el flamante jefe de gabinete de ministros, Juan Manzur, ni siquiera cuenta con un Mecanismo Local de Prevención de la Tortura que controle los lugares de detención y aporte alternativas eficaces para prevenir este tipo de hechos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el episodio, exige una investigación seria y reitera la obligación del Estado argentino de terminar con la utilización de dependencias policiales como lugares de alojamientos permanentes de personas privadas de la libertad.

Compartimos el comunicado de la CIDH:

«La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la muerte por incendio de cuatro mujeres privadas de libertad en una comisaría de Tucumán, en Argentina; además urge al Estado a investigar los hechos con debida diligencia reforzada y adoptar medidas inmediatas para evitar la repetición de este tipo de hechos; asimismo, le recuerda que debe cesar la utilización de comisarías como lugares de alojamiento permanente.

«Según información pública, el 2 de septiembre de 2021, a causa de un incendio en la comisaría Brigada Femenina de Concepción, en la provincia de Tucumán, cuatro mujeres privadas de libertad perdieron la vida: María José Saravia, Macarena Salinas, Micaela Mendoza y Yanet Santillán. De acuerdo con información de la sociedad civil, dicho centro de detención policial carecía de elementos de protección ante incendios y las instalaciones eléctricas no se encontraban en buenas condiciones. Sumado a dichas condiciones, los hechos se enmarcarían en un contexto de hacinamiento y deplorables condiciones de detención.

«A través de sus distintos mecanismos, la Comisión Interamericana ha manifestado su especial preocupación por la situación en que se encuentran las personas detenidas en las comisarías. En particular, advirtió que estas personas permanecen alojadas en dichos establecimientos durante meses, pese a que están destinados a detenciones transitorias; caracterizados también por falta de infraestructura y servicios básicos para garantizar condiciones de detención respetuosas de la dignidad humana. En este sentido, la CIDH se pronunció en los comunicados de prensa de 21 de junio de 2010, 19 de octubre de 2016 y 9 de marzo de 2017, y en sus Informes Anuales de 2018 y 2020. Adicionalmente, otorgó las Medidas Cautelares 187-10, 496-14 y 37-15, a favor de personas privadas de libertad en comisarías o dependencias policiales de la Provincia de Buenos Aires.

«Al respecto, la Comisión recuerda que los Estados tienen un deber especial de protección respecto de las personas bajo su custodia. Esta obligación implica garantizar condiciones de detención compatibles con la dignidad humana, y adoptar medidas necesarias que permitan prevenir situaciones de riesgo que amenacen su vida e integridad personal. En este contexto, se reitera al Estado de la Argentina la necesidad de implementar acciones urgentes y efectivas para que cese la utilización de dependencias policiales o comisarías como lugares de alojamiento permanente de personas privadas de libertad; además, con el propósito de enfrentar eventuales situaciones de emergencia, le insta a adoptar medidas para garantizar que los centros de detención cuenten con estructuras adecuadas y seguras, medios idóneos, planes de acción y personal suficiente y capacitado para mitigar el riesgo.

«Asimismo, la Comisión Interamericana urge al Estado argentino a investigar los hechos, con la debida diligencia y sin demoras. Al respecto, recuerda que los Estados tienen el deber de conducir investigaciones serias, diligentes e imparciales de todos los hechos ocurridos en centros de privación de libertad que resulten en personas fallecidas o heridas. Lo anterior, a fin de esclarecer los hechos, sancionar a las personas que hayan tenido algún grado de responsabilidad y reparar a las víctimas. En particular, considerando que las víctimas eran mujeres privadas de su libertad, la CIDH recuerda a los Estados su deber de actuar con debida diligencia reforzada en la prevención, protección, investigación, sanción y reparación de toda forma de violencia y discriminación basada en género. Ello, con el apoyo de autoridades competentes e imparciales capacitadas en el tema.

«La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia».

 

 

 

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