El hobby de los generales

 

En un momento en que el presupuesto del Pentágono se dispara hacia el billón de dólares al año y los debates sobre cómo responder a los desafíos planteados por Rusia y China están en el centro de atención, es más importante que nunca hacer una evaluación independiente del mejor camino a seguir.

Idealmente, esto implicaría un análisis objetivo por parte de expertos imparciales y formuladores de políticas basado en una vigorosa conversación pública sobre la mejor manera de defender al país. Pero la mayoría de las veces, los intereses especiales prevalecen sobre el interés nacional en las decisiones sobre cuánto gastar en el Pentágono y cómo deben asignarse esos fondos.

Una práctica que introduce sesgos en la configuración de la política de defensa es la puerta giratoria entre el gobierno de Estados Unidos y la industria armamentista. El movimiento de altos funcionarios retirados del Pentágono y de las Fuerzas Armadas hacia la industria armamentista es una práctica de larga data que plantea serias dudas sobre la apariencia y la realidad de los conflictos de intereses. Principalmente porque emplear a ex oficiales militares bien conectados puede dar a los fabricantes de armas una influencia enorme e injustificada sobre el proceso de determinación del tamaño y la forma del presupuesto del Pentágono.

Un informe de 2021 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental encontró que 1.700 altos funcionarios gubernamentales habían asumido puestos en la industria armamentista durante un período de cinco años, un promedio de más de 300 por año. Y un nuevo informe de nuestra organización, el Quincy Institute for Responsible Statecraft, encontró que esta práctica es particularmente pronunciada entre los altos generales y almirantes. En los últimos cinco años, más del 80% de los generales y almirantes de cuatro estrellas retirados (26 de 32) pasaron a trabajar en el sector armamentista como miembros de directorios, asesorías, lobbystas o consultores.

Por ejemplo, Boeing reclutó al ex jefe de operaciones navales, almirante John Richardson, tras su retiro del servicio gubernamental. El almirante se unió al directorio de la compañía dos meses después de su ceremonia de retiro. Boeing fue el sexto contratista más grande del Pentágono en el año fiscal 2022, con un total de adjudicaciones de contratos principales que ascendieron a 14.800 millones de dólares.

Otro ejemplo destacado de un oficial de cuatro estrellas que va a trabajar para un contratista importante es el general retirado de la Infantería de Marina Joseph Dunford, quien se desempeñó como jefe del Estado Mayor Conjunto antes de jubilarse en septiembre de 2019. Cinco meses después, Dunford se unió al directorio de Lockheed Martin.

El grupo más reciente de  retirados de cuatro estrellas no sólo está buscando empleo con los grandes contratistas, sino que también se está diversificando para trabajar para pequeñas y medianas empresas que se centran en tecnología de punta, como drones de próxima generación, inteligencia artificial (IA ) y ciberseguridad.

Por ejemplo, el ex jefe del Comando de África,  general Stephen Townsend, se unió a una empresa llamada Fortem Technologies, que se dedica al espacio aéreo y la defensa contra drones. El general Mike Murray, ex jefe del Comando de Futuros del Ejército de Estados Unidos, ingresó a las juntas directivas de tres empresas emergentes de tecnología de defensa: Capewell, Hypori y Vita Inclinata. Y tanto el ex jefe de la Oficina de la Guardia Nacional, general Joseph L. Lengyel, como el ex vicejefe de Operaciones Navales, almirante William K. Lescher, comenzaron a trabajar para empresas de inteligencia artificial al dejar el servicio gubernamental.

Si la experiencia pasada sirve de guía, esta nueva afluencia de ex oficiales militares al sector armamentista distorsionará las prioridades de gasto del Pentágono y promoverá presupuestos militares más altos de lo que serían si no hubieran tenido influencia en nombre de sus empleadores corporativos.

Como se documenta en nuestro nuevo informe y en análisis anteriores del Proyecto sobre Supervisión Gubernamental, existen numerosos ejemplos de altos funcionarios militares que han abogado por armas disfuncionales mientras estaban en el gobierno y luego trabajaron para las empresas que produjeron esos sistemas. Además, los ex oficiales militares han desempeñado un papel central a la hora de impedir que el Pentágono se deshaga de armas que ya no quiere o necesita, como el Littoral Combat Ship, caro, de bajo rendimiento y estratégicamente innecesario. Es difícil rastrear la prevalencia de este tipo de actividad debido a la limitada información disponible sobre lo que hacen los oficiales militares retirados una vez que se unen a la industria armamentística.

La propuesta más completa para abordar el problema de la puerta giratoria es la “Ley de Ética y Anticorrupción del Departamento de Defensa”, de la senadora Elizabeth Warren, que incluye varias de las medidas que se describen a continuación.

Como mínimo, para limitar la influencia indebida de los cuatro estrellas retirados y los posibles conflictos de intereses que resultan del empleo posterior al servicio de ex oficiales militares, se deben tomar las siguientes medidas:

• Prohibir a los oficiales de cuatro estrellas trabajar para empresas que reciben mil millones de dólares o más en contratos con el Pentágono anualmente.
• Ampliar a cuatro años los “períodos de enfriamiento” antes de que los funcionarios jubilados puedan trabajar para la industria armamentística. Esto garantizaría que los contactos clave o la información clave que el funcionario pudo haber tenido conocimiento mientras prestaba servicio no proporcionarán una ventaja enorme.
• Aumentar la transparencia mediante informes precisos sobre el empleo post-gubernamental de oficiales militares retirados, incluido el requisito de que los contratistas de defensa informen sobre sus interacciones con funcionarios gubernamentales relevantes.
• Ampliar la definición de lobby. Las restricciones y leyes actuales sobre el lobby permiten a consultores, miembros de juntas directivas y otros funcionarios corporativos actuar como defensores de la industria armamentista sin ser definidos como lobbistas, lo que les permite evitar restricciones relevantes que de otro modo se aplicarían.

Hay demasiado en juego, tanto en dólares de los contribuyentes como en nuestra seguridad futura, como para permitir que los conflictos de intereses y las políticas de intereses especiales den forma al presupuesto del Pentágono. Ahora es el momento de que el Congreso actúe para reducir la influencia de la puerta giratoria.

 

 

 

 

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