EL PATRIARCADO INMOBILIARIO

Rechazo a la muralla en la Costanera y 2400 millones de pesos para instalar el discurso del gobierno porteño

 

El 27 de noviembre se inició la audiencia pública más larga y numerosa de la historia de la Ciudad de Buenos Aires: durará dos meses y terminará a fines de enero del año que viene. Se inscribieron 7.053 personas para tratar el delirio urbanístico de construir una muralla de torres de siete manzanas con edificios de hasta 10 pisos en plena costanera de la ciudad, particularmente en el predio conocido como Costa Salguero.

Hasta ahora participaron alrededor de 320 personas que ejercieron el derecho a expresar sus pareceres al cuerpo legislativo. El 99% manifestó su absoluto rechazo al proyecto impulsado por Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió, Martín Lousteau, Roy Cortina y Graciela Ocaña. Sólo tres personas, que son o fueron empleadas del gobierno porteño, se expresaron a favor.

Al principio de la audiencia intervinieron alrededor de 20 expositores invitados por la presidencia de la Comisión de Planeamiento Urbano, principalmente arquitectos varones que defendieron el proyecto apelando a su legitimidad por ser el resultado de un concurso de ideas cuyo jurado estuvo integrado en su totalidad por varones. Las bases de este concurso fueron cuestionadas también por la Justicia. Pareciera que la planificación y el urbanismo no se sujetan a la Constitución ni a la voluntad de la comunidad (planificación participativa) sino que responden a un ejercicio patriarcal del poder orientado a buscar argumentos para sustentar la lógica especulativa inmobiliaria y la apropiación privada de lo público.

Los arquitectos sostuvieron que los espacios deben ser seguros, que deben tener vitalidad y colaborar a construir ciudad. En esto no habría desacuerdos. La gran distancia de criterios entre la ciudadanía que interviene en las audiencias y los “expertos” expositores se aprecia cuando estos últimos consideran que la única forma de lograr estos objetivos es con la venta de la totalidad del predio de Costa Salguero y la autorización para construir un nuevo barrio suntuoso a la vera del río como un paso más en la extensión de Puerto Madero hacia el norte de la ciudad. Entienden que “llevar ciudad” sólo es posible con la construcción en manos privadas de residencias lujosas, hoteles, comercios, etcétera, cuando lo que principalmente define a las ciudades son sus espacios públicos y sus bienes comunes. Democratizar el espacio público para habitarlo en igualdad de condiciones, desde una perspectiva ecofemista, nada tiene que ver con privatizarlo.

El patriarcado técnico-inmobiliario, que no sólo responde a intereses especulativos financiero-inmobiliarios sino que monopoliza la discusión institucional de la planificación urbana, nos ofrece cemento, torres y megaobras de infraestructura. Este modelo, que nos ha llevado al despojo de nuestros bienes comunes y a la destrucción de los ecosistemas urbanos, es incompatible con los nuevos paradigmas urbanos que tienden a una nueva relación con la naturaleza y a un mayor compromiso con la igualdad urbana. Necesitamos recuperar la totalidad del borde costero para mitigar los efectos del cambio climático, desentubar progresivamente los arroyos, construir biocorredores y diseñar nuevas obras de infraestructuras desde el paradigma de la sustentabilidad ambiental.

Al plan sistemático de privatización de tierras y servicios públicos que venimos denunciando hace más de 13 años el GCBA nos lo vende como procesos para crear “vitalidad urbana” y “llevar ciudad”. Tendrán el año próximo 2.400 millones de pesos para lograr que este discurso se traslade a los medios masivos de comunicación como pauta oficial.

Hablando de seguridad, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) emitió un dictamen el 25 de noviembre expresando que no autoriza el emplazamiento del emprendimiento inmobiliario con sus alturas porque afecta las actividades y la seguridad de aeropuerto Jorge Newbery.

Lousteau, en una entrevista que le realizó Reynaldo Sietecase, reitera estos argumentos. Al igual que Diego Santilli considera que Puerto Madero es un ejemplo de urbanización y es la garantía de seguridad de los espacios verdes próximos. El entrevistador lo confronta con una pregunta simple: ¿Dejar todo parque no es mejor? Sí, puede ser, responde Lousteau. Nos preguntamos entonces por qué no impulsa un proyecto que respete la Constitución y la voluntad ciudadana al destinar la totalidad de la superficie a un gran parque público, que desde la Coordinadora la Ciudad Somos Quienes La Habitamos se ha bautizado como Parque Público “Nuestro Río”.

 

 

El odio a la Democracia Participativa

El artículo 1 de la Constitución de la Ciudad, a impulsos de la ciudadanía, determinó algo extraordinario: que la Ciudad de Buenos Aires debe gobernarse bajo una Democracia Participativa. La soberanía política de la ciudadanía ya no debiera ejercerse solamente cada dos años en los actos electorales sino diariamente en cada una de las decisiones que adopte el GCBA. La participación pasa de meras recomendaciones o consultas a ser entendida como un acto de co-decisión entre representados y representantes, es decir entre la ciudadanía porteña y el gobierno. Ya no más cheque en blanco político.

Esta forma de gobierno, a la que no estamos para nada acostumbrados, requería una Ley Marco que regule estas instancias de participación. Durante casi 25 años no se avanzó en esta dirección y se continuó con las instancias de participación que responden al formato de la democracia representativa con audiencias públicas meramente formales y sin posibilidad de cambiar las decisiones previamente adoptadas por el ejecutivo o la legislatura.

Las movilizaciones ciudadanas y algunas sentencias judiciales en contra del GCBA activaron los resortes de defensa de la concentración del poder público en cabeza del Jefe de Gobierno. En la última sesión se aprobó una ley que obliga a dar intervención obligatoria al Ministerio Público Fiscal en cada causa e instancia en que la ciudadanía plantee violación de derechos. A partir de ahora, las ciudadanas y ciudadanos deberán enfrentarse al aparato del gobierno y del Ministerio Público Fiscal a la vez.

Y, para cerrar el año, se votará la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que reduce las instancias de participación a mecanismos ya existentes y fracasados: las audiencias públicas, el referéndum, la consulta popular y la revocatoria de mandato. Todas instituciones que pertenecen al paradigma democrático que la Constitución pretendió abandonar. Queda a discrecionalidad del GCBA la participación de los Consejos Consultivos Comunales, única instancia democrática novedosa. La ciudadanía perderá el derecho constitucional a co-decidir con el gobierno.

Esta ley orgánica significará la muerte de la Democracia Participativa. El Jefe de Gobierno con más superpoderes en la historia democrática de la ciudad ha decidido seguir consolidando una monarquía inmobiliaria de facto. Nada nuevo para este fin de año.

 

 

 

 

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