Gobierno de salida, resistencia en alza

La crisis imparable precipita los acontecimientos y las luchas gremiales se incrementan

Imagen principal: la policía contra los laburantes de Sierras Blancas. Según uno de los 
representantes de los desocupados no estaban armados. Foto: Leo Petricio. Diario Río Negro.

 

Según datos del Ministerio de Producción y Trabajo de marzo del 2019, se perdieron en el último año 268.000 puestos de trabajo. La crisis imparable va precipitando los acontecimientos. Los pequeños y medianos empresarios están atados a la suerte de sus empresas y trabajadores, mientras que los grandes capitalistas apuestan en la timba financiera y lloran en busca de Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC). Baste ver el ejemplo del CEO de la metalúrgica Aluar, Javier Madanes Quintanilla. Según relató al diario digital Infobae, en abril esa fábrica de aluminio colocó 150 millones de dólares al 6,7% de interés. Al referirse a la otra gran empresa del grupo, su semblante cambió y se puso serio. La producción de neumáticos se destina en un 70% al mercado local y acusa el rigor de la baja en la demanda automotriz, por lo que Fate solicitó un PPC. Los beneficios de la bicicleta financiera son para ellos y la crisis la pagan los trabajadores, con el 20% del plantel en la calle por reducción de turnos. El acuerdo con el sindicato (SUTNA, neumático), que se opone por principios, terminó sometido a esa realidad frente los hechos consumados. Madanes recalcó que no quiere volver al kirchnerismo, pero tampoco a lo que hace Macri. Interesante dilema el de los ricos que ganaron más dinero con el populismo que con el gobierno de los CEOs.

La semana arrancó con la quinta marcha de “Ni una menos”. En las principales ciudades del país se congregaron mujeres de todas las edades con prevalencia de las más jóvenes bajo la consigna de “Ni una menos, vivas nos queremos”, dejando la imagen de un movimiento tan masivo como incluyente y carente de liderazgos públicos que las represente. El movimiento de mujeres, que realizó al comienzo del gobierno de Raúl Alfonsín su primer encuentro nacional (ya son 34 encuentros anuales), está en el origen de todas las luchas por la igualdad de géneros. Su fortaleza radica en la horizontalidad y los consensos, ya que no utiliza votaciones para aprobar los acuerdos y ha demostrado un avance sostenido y creciente en el tiempo. Cinco marchas contra los femicidios y masivas concentraciones a favor de la legalización del aborto dan cuenta de una etapa de la historia donde la movilización popular determina los rumbos.

 

Quinta marcha de “Ni una Menos”.  FOTO: TELAM

 

En otros tiempos fue el sindicalismo el que convocaba y centralizaba la lucha callejera. Hoy ese espacio está compartido con las mujeres, los movimientos de derechos humanos y los movimientos sociales. Las dirigencias sindicales obviaron recordar que los desaparecidos eran parte de su historia, que las mujeres son también trabajadoras y que los movimientos sociales aglutinan laburantes desocupados. El desafío de esa articulación desde el movimiento obrero espera a los nuevos dirigentes que están surgiendo al calor de las luchas del presente.

Justificado por la caída de las ventas se realizó un acuerdo a la baja entre Renault y la seccional cordobesa del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), para “proteger la fuente laboral y minimizar las pérdidas económicas”. Se acordó la reducción de la jornada laboral a seis horas y habrá una rebaja de salarios (al 70% del nivel actual) hasta el 31 de marzo de 2020. Se prevén suspensiones temporales y adelantos de vacaciones. Renault mantendrá los 1.500 puestos de trabajo de la planta Nissan en Santa Isabel. El acuerdo forma parte de su política empresaria tras la caída de varios proyectos del polo de fabricación de pickups inaugurado en 2015. El gobierno y las empresas buscan acuerdos similares con metalmecánicas también afectadas por la baja del consumo. Rubén Urbano, secretario general de la seccional Córdoba de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) negó su acuerdo para convenios similares al de los mecánicos. “El salario no alcanza y es imposible recortar”, señaló Urbano y advirtió que ante cada PPC presentado por las empresas, su gremio se plantará a discutir si la crisis es real o es una simulación para bajar costos.

Otro antecedente flexibilizador impulsado por Cambiemos es el de febrero de este año en la industria metalúrgica de Tierra del Fuego. El secretario general de la UOM de Río Grande (también diputado nacional), Oscar Martínez, señaló que el sindicato debió asimilar ese duro golpe porque no quedaban alternativas. Calificó de “extorsión del gobierno nacional” al convenio firmado para reducir los ingresos en un 30% en el sector metalúrgico de Tierra del Fuego hasta junio de 2020. “Es como el chiste del prisionero que le dicen que lo van a matar si no acepta el dunga-dunga y bueno, tuvimos que aceptar el dunga-dunga”, señaló Martínez. En todo el país empresas con siderales facturaciones y ganancias a nivel global, de Carrefour a Coca-Cola, de Volkswagen a Pepsico, solicitan el PPC para ajustar su plantilla laboral con despidos de bajo costo, al uso del precursor Armando Cavalieri (comercio, SEC), en abril de 2018, que fuera denunciado por la oposición de su propio gremio por la maniobra inconstitucional.

La flexibilización del convenio petrolero para Vaca Muerta es un hecho que carga con la maldición temprana de ocho muertes desde su rúbrica. Jubilación anticipada, reubicación de trabajadores, operaciones simultáneas en yacimiento, montaje y desmontaje en horario nocturno, nuevos mecanismos de control para reducir ausentismo; las cuadrillas pueden estar incompletas, modificación de la jornada laboral. Ya no se contarán como parte de esa jornada las horas de descanso y las horas de viaje hasta el yacimiento.

En ese marco, la pelea donde usan a los necesitados de puestos de trabajo en Vaca Muerta ha llegado a extremos de violencia sin límite. Varios medios provinciales del Neuquén dieron a conocer la pelea entre matones sindicales que llevó esta semana a una balacera de 50 disparos y al menos cinco heridos, con un delegado herido de gravedad por un tiro en la cabeza. Sucedió el miércoles en Sierras Blancas, cuando de las camionetas descendieron unas 20 personas armadas y arremetieron contra los trabajadores que se encontraban en el obrador de la contratista. Como saldo de la agresión, además de los heridos, quedaron los daños al auto del delegado y orificios de disparos en algunos camiones. Según el diario Río Negro, las facciones del sindicato, Víctor Carcar por un lado y Juan Carlos Levi por el otro, están detrás del tiroteo, pero ellos se desvincularon del hecho y Carcar hasta desconoció que hubiera “sectores” dentro de UOCRA y pidió que “la justicia actúe en consecuencia”. Sospechosamente, el silencio de radio cubrió la noticia en el resto del país.

En la década menemista, como culminación de las leyes de flexibilización laboral, se modificaron por goteo gran parte de los convenios colectivos de trabajo, liquidando una de las grandes conquistas logradas con los convenios de los años ’70. En el neoliberalismo la precarización aumentó mediante la tercerización, con el lema “bajar los costos laborales: ser más flexibles para ser más competitivos”. El gobierno actual intentó sin suerte avanzar en leyes y regulaciones para asegurar las ganancias de las empresas. La Argentina siempre ha tenido un alto porcentaje de sindicalización en relación al resto del mundo. Por eso las políticas laborales de este gobierno tienen el claro objetivo de destruir a las organizaciones sindicales y demonizar a sus dirigentes. Un clima laboral de época nefasto y muy complicado.

Tras el sexto paro general en la gestión de Macri, los dirigentes sindicales aparecen como encargados de defender los ingresos de los trabajadores inscriptos. Esas tareas siguen delegadas en sindicalistas profesionales. Algunos son apreciados por sus bases por todo lo obtenido con sus acuerdos colectivos, aunque el resto de los trabajadores —incluidos los cinco millones de trabajadores de la economía informal, hijos no reconocidos de las relaciones laborales clandestinas—  no los valoran por sospechas de corrupción, kilométricos mandatos que a veces llegan a medio siglo, y tienden a desconfiar de ellos por no tener en cuenta a los excluidos o por ser poco democráticos.

En el marco desolador de cierres y despidos a diestra y siniestra, resulta emblemático el cierre de la metalúrgica Eitar, de Quilmes Oeste, que dejó a 240 personas sin pagar aguinaldo, vacaciones y salarios. Los empresarios se fugaron una noche de mayo tras retirar las computadoras con toda la información económica y productiva de la firma. Tras la apertura de importaciones y la caída vertical del consumo, el detonante de la crisis fue un reclamo de la AFIP en febrero, que aceleró la quiebra sin considerar al personal dependiente. Una pequeña muestra de un Estado que no tiene una política de empleo para proteger al trabajador. Los fugitivos escaparon dejando atrás el discurso de “somos una gran familia”. Después de tener 400 empleados, tres turnos y horas extras en 2015, se llegó a la situación actual de trabajadores sobreviviendo del trueque y la olla popular y venta de pequeñas comidas tras años de suspensiones, sin atención médica y deudas de aportes patronales. La UOM de Quilmes respalda la solicitud ante el INAES de formar una cooperativa para continuar la producción. (foto)

 

Eitar: Los dueños dejaron atrás la idea de “gran familia” y se fugaron.

 

Como síntesis desoladora del fracaso de la gestión industrial macrista podemos tomar el despido de 38 laburantes de Pelopincho, fábrica de las piletas de San Luis, dueña de los mejores momentos del verano en los fondos de las casas obreras de todo el país durante los días sin vacaciones en Miami ni San Clemente. Los chicos, de duelo. Los padres y madres, que viajamos como ganado en el tren o los colectivos sin aire, pensamos angustiados en la vuelta a producir.

El paradigma de la ilegalidad declarada es el siniestro jefe de la propaganda en medios estatales, Hernán Lombardi, quien echó a 357 trabajadores de Télam en 2018 y recibió 241 cautelares en contra. Su reforma laboral pretende la derogación del Estatuto del Periodista, la eliminación de la jornada de 6 horas, el cierre de corresponsalías en el interior y la clausura de los controles sobre la pauta publicitaria. La resistencia se extendió durante 119 días de huelga donde los funcionarios se borraron (hasta hoy no aparecen por las oficinas de Télam). En las vísperas de la conmemoración del Día del Periodista, Lombardi forzó una modificación del reglamento de toda la Justicia Nacional al sólo efecto de despojar a los jueces de la sala V de las causas favorables a los trabajadores. Los camaristas escuchan al candidato Alberto Fernández, quien prometió “poner a Télam de pie”. Cualquier fallo adverso quedará agarrado con alfileres a la decisión política del Estado y el nuevo gobierno. Las trabajadoras y trabajadores de Télam iniciaron un “acampe permanente” frente a la Cámara del Trabajo, a la expectativa de nuevas medidas mientras Lombardi busca sin suerte generar un clima de intimidación policial.

La consecuencias del experimento patronal macrista se sienten en carne viva y lo pagan los viejos, los niños y los que resisten el ajuste, como el caso de Daniel Ruiz, congresal petrolero de Comodoro Rivadavia preso por las protestas durante el debate para imponer la reforma previsional. “Comodoro” Ruiz es un preso ejemplar en pabellón común, rehén a cuenta de la detención del militante rosarino que con una bazuka de utilería agarrada con cinta arrojaba las habituales bombas de estruendo. Sufren también la represión los trabajadores afiliados a Sanidad de Craveri, acampados en la puerta del laboratorio en Devoto, que reclaman por el incumplimiento patronal a la conciliación obligatoria, ya que persiste en los despidos de cerca del 20% de su plantilla. Cada vez que puede, la Policía de la Ciudad demora a los delegados de forma intimidatoria pero el acampe sigue. Una pelea ejemplar bancada por los vecinos del barrio.

Aunque su gobierno esté de salida, Cambiemos procura avanzar como lo hizo en toda su gestión hacia una mayor precarización en los empleos. La suba de la desocupación favorece la flexibilización y pone a los trabajadores en la disyuntiva de resignar derechos adquiridos para conservar el trabajo. La embajada y el FMI, los grandes medios, la elite financiera, las energéticas y las patronales del campo siguen jugados por Macri y no hay que subestimarlos. Los intentos de quebrar la acción sindical han fracasado, como puede verse con los docentes y los aeronáuticos. La derrota social que necesitaban para la implementar el ajuste está en veremos. El corto período que falta para llegar al traspaso del gobierno amenaza con ser cada vez peor para los trabajadores. Aguantemos, que vendrán tiempos mejores.

 

 

 

 

1 comentario
  1. Manuela dice

    En un corto plazo vamos a revertir la problemática que causó este gobiernos !!!!!

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