INFLACIÓN Y ACUERDO SOCIAL

El oficialismo ha insertado a ultimo momento un caballo de Troya en el aparato del Estado

 

El tiempo vuela mientras el país asiste silencioso al posicionamiento frenético de un Macri que no renuncia a mover los hilos del poder para imponer su proyecto de exclusión social. Sabe que el camino para obstaculizar la gestión del próximo gobierno también pasa por el control de la maquinaria estatal, un control ejercido desde sus mismas entrañas y a través del accionar de un personal jerárquico que responda a sus directivas cuando, desde el llano, lidere a la oposición. Para ello, luego de la derrota electoral del mes de octubre, el oficialismo arremetió con decretos y resoluciones de último momento destinadas a garantizar la estabilidad de funcionarios leales y de alto vuelo en los recovecos de la administración nacional.

El impulso inicial fue dado por el titular de la ANSES quien, a días de cesar en el cargo, dejó sin efecto una resolución del 2016 por la que limitaba las funciones de todo el personal jerárquico nombrado durante su gestión al periodo que durase esta última, y la sustituyo por la resolución 266/2019. Esta otorgó estabilidad en el cargo a los 70 directores nombrados desde 2016. Siguiendo la misma senda, el Ministro de Relaciones Exteriores se apresuró a nombrar por decreto a funcionarios leales en áreas claves de la política exterior. La épica restauradora fue completada esta semana por el propio Presidente al firmar el decreto 788/2019, que extiende a cinco años los cargos del personal jerárquico en el Estado, un universo que en principio engloba a más de 2.500 funcionarios. Su remoción implicaría el pago de indemnizaciones millonarias equivalentes a los sueldos que cobrarían en todo ese periodo. El decreto también otorgó aumentos salariales a los más altos cargos de la Administración Publica, a ser pagados por el próximo gobierno a partir del 1° de enero del 2020. Alberto Fernández ha dicho que revisará los últimos nombramientos. Sin embargo, y más allá de la malversación de tiempo y recursos que esto implica, será difícil impedir que los mismos no tengan algún impacto sobre el accionar inicial del próximo gobierno. Subrepticiamente, el oficialismo ha logrado insertar a ultimo momento un verdadero caballo de Troya dentro del aparato del Estado en momentos en que una nueva coalición política accederá al gobierno y enfrentará intensos conflictos tanto a nivel interno como a nivel internacional.

 

 

 

Estos movimientos del oficialismo se acompañan por otros no menos alarmantes, tendientes a concretar rápidamente negociados de Macri y sus amigos. Entre estos se destaca el intento de traspasar próximamente el puerto de Buenos Aires a la Capital Federal, frustrado momentáneamente gracias a la movilización de los gremios que, al denunciar la maniobra, obligaron a la Administración General de Puertos (AGP) a emitir la resolución 174/2019 que posterga hasta marzo del 2020 la apertura de ofertas inicialmente programada para el lunes 2 de diciembre. La movilización gremial logró en este caso exponer una operación harto sospechosa, vinculada con los negocios inmobiliarios del Presidente y sus amigos. Al mismo tiempo, mostró el camino a seguir en los próximos meses para desarticular operaciones originadas desde adentro de la administración del Estado.

Todo indica que el cambio de gobierno se dará en circunstancias económicas y políticas muy difíciles. Macri las define como “bases sólidas para el crecimiento futuro del país”. La enormidad de este relato estalla contra la realidad concreta: una economía devastada como si hubiera habido una guerra y acosada por la inminencia de vencimientos de deuda imposibles de saldar con los recursos del Estado; diecisiete meses de caídas consecutivas de la producción industrial; más de la mitad de la capacidad instalada de la industria en estado ocioso; dos años de caída del consumo; un achicamiento de la economía a los niveles de 2009 y cerca de 38% de la población viviendo en la pobreza y la indigencia. En este panorama desolador reina una inflación desmadrada que no ha podido ser contenida ni con el ajuste ni con las políticas monetaria y cambiaria aplicadas por Macri y el FMI. A partir del 10 de diciembre, el nuevo gobierno deberá batallar contra este flagelo. Este será un enfrentamiento decisivo: orientara el rumbo que seguirá el país en los próximos meses. De esta batalla dependerá el grado de conflictividad interna, la legitimidad del gobierno frente a los que lo votaron y su capacidad para sacar al país del laberinto en que Macri y el FMI lo han sumergido.

 

 

 

 

Inflación y relaciones de fuerza

La importancia de la inflación en la Argentina trasciende su índole endémica y su impacto negativo sobre el bolsillo de los argentinos. Desde mediados del siglo pasado, ha jugado un rol decisivo en la vida política argentina. Luego de la caída del terrorismo de Estado, la inflación ha sustituido a los golpes militares como mecanismo de desestabilización política de gobiernos elegidos democráticamente. Es, pues, un fenómeno que expresa algo más que una “puja distributiva” entre sectores que pugnan por apropiarse de una mayor cuota del excedente, los ingresos, las rentas y la riqueza acumulada en el país. En la Argentina, esta pugna ha trascendido lo estrictamente económico para socavar gobiernos y a la propia democracia. Esta doble lógica de la inflación caracteriza al momento actual.

En tanto resultado de una relación de fuerzas, la inflación involucra conflictos entre distintos sectores sociales con intereses económicos diferentes, contradictorios y hasta antagónicos. No es, por lo tanto, el simple resultado de la capacidad para trasladar los aumentos de costos a los precios, de imponer o resistir transferencias de ingresos entre sectores vía precios y salarios. Definir a la inflación como puja distributiva implica oscurecer un hecho crucial: los trabajadores y los empresarios no tienen la misma fuerza relativa para imponer sus demandas. Tampoco tienen la misma fuerza relativa los distintos sectores empresarios que pugnan entre sí por apropiarse de una mayor cuota de los ingresos. La fuerza que determina el resultado de la puja distributiva depende, en ultima instancia, del grado de control sobre los mercados y por lo tanto sobre la posibilidad de formar precios. Así, las empresas que controlan de un modo monopólico u oligopólico mercados de bienes e insumos de importancia estratégica para el conjunto de la economía pueden fijar precios y condiciones de pago en forma anticipada e independiente de la alteración real de su estructura de costos, gravitando de un modo decisivo sobre el conjunto de la economía.

En la Argentina de las ultimas décadas la formación de precios se ha regido por la lógica de acumulación de un complejo empresario altamente concentrado, local y transnacional, que domina mercados de importancia vital para el conjunto de la sociedad. Este sector empresario realiza ganancias extraordinarias, muchas veces con muy poca inversión real, y aplica para ello la capacidad que tiene de influir en el flujo de bienes y servicios. El desabastecimiento en puntos neurálgicos de las cadenas de valor, y eventualmente de la economía, ha sido una de las armas mas efectivas para imponer los intereses de una minoría sobre el conjunto de la sociedad.

 

 

 

 

 

Inflación y grandes empresas 

La inflación argentina tiene así una raíz estructural, que viene de lejos. La capacidad de formar precios ha permitido a un grupo reducido de grandes empresarios tener la sartén por el mango y hacer rápidamente ganancias extraordinarias y con la menor inversión posible. Esto sigue ocurriendo, tanto en el área de la producción industrial y agropecuaria como en las finanzas y la comercialización interna y externa.

El poder de estos sectores empresarios altamente concentrados es mucho mayor que la capacidad que otros sectores sociales y empresarios tienen de resistir transferencias de ingresos que los desfavorecen. Hoy esta situación es todavía más flagrante gracias a la proliferación de la pobreza, el desempleo estructural y una recesión sin piso que devora a las pymes y destruye al conjunto de la economía argentina. Hoy los asalariados en los distintos sectores de la economía tienen poca o ninguna capacidad de negociación salarial, situación que se agrava en muchos casos por la escasa legitimidad de la dirigencia de algunos grandes sindicatos que los representan.

Frente a ellos, en cambio, los sectores patronales más poderosos consolidan rápidamente su organización en vísperas del cambio de gobierno. Las entidades empresarias del campo rechazan cualquier intento de aumento de las retenciones a las exportaciones de sus productos y venden anticipadamente su producción para evadir aumentos de las retenciones por parte del futuro gobierno. Con el mismo objetivo, los exportadores agropecuarios también venden anticipadamente una cosecha que todavía no ha sido levantada. El resultado final será una menor entrada de divisas durante la gestión del próximo gobierno, y amenazas flotando en el aire de un posible paro agropecuario con eventual desabastecimiento e impacto sobre la producción agroindustrial.

Otros sectores empresarios, hasta hace muy poco integrantes de la cadena de WhatsApp del Presidente (y en algunos casos, fiscales de mesa de Cambiemos en la elección de octubre) buscan hoy atrincherarse en la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA), cuya dirección esta en manos de poderosos grupos de capital local con intereses globales (Techint, Arcor, Clarín, Laboratorios Bagó, Cartellone, Supermercados Coto y La Anónima). Esta semana seis grandes empresas de los sectores energético, alimenticio, automotor y tecnológico se han integrado a la AEA, reforzando el poder de esta entidad que dice agrupar a las empresas mas importantes del país, generando empleo para 240.000 personas, facturando por 53.000 millones de dólares y exportando 9.000 millones de dólares. Esta entidad defiende “la libertad de contratación y de fijación de precios” y se opone a cualquier intento de control de precios (clarín.com 27 11 2019, pagina12 28 11 2019). La misma resistencia es expresada por los grandes supermercados que ya han manifestado su oposición a la ley de Góndolas con la que el próximo gobierno intentará garantizar la competencia y el acceso de los productos de pequeñas y medianas empresas y de la economía popular a los comercios y supermercados (ámbito.com 25 11 2019).

 

El Acuerdo Social

Luego del triunfo electoral, Alberto Fernández convoco a todos los sectores empresarios a conformar junto con los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil un Consejo Económico y Social para discutir políticas futuras en materia de precios y salarios y elaborar un consenso que permita controlar la inflación. Recientemente su futuro ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y dirigentes de la CGT, han hecho saber que se evalúa la posibilidad de un aumento del 20% de los salarios más bajos ni bien asuma el próximo gobierno, con el objetivo de reactivar la economía “poniendo dinero en el bolsillo de la gente”. Esta posibilidad ha sido rechazada por todas las entidades empresarias, incluyendo a la UIA, la CGE y la Cámara argentina de la Construcción (ámbito 24 11 2019).

 

 

 

El jueves de esta semana Alberto Fernández asistió a una conferencia en la UIA y ante numerosos empresarios, muchos de ellos incluidos en la AEA, amplió sus definiciones y su compromiso con la producción industrial y la generación de empleo. Adelantó créditos para la industria y medidas diferenciales para el interior del país y sostuvo que “el debate no es por cuánto tiempo congelamos precios y salarios, es qué hacemos para que la Argentina se ponga de pie… Todos tienen que entender que algo tienen que resignar» (ámbito 28 11 2019).

Así, en vísperas de asumir el gobierno ha entablado un diálogo directo con los sectores más poderosos del empresariado para hacerles entender que es necesario ceder algo, conciliar intereses para que el país pueda crecer, generar trabajo y poner fin al caos actual. Esta propuesta, sin embargo, choca con una remarcación de precios que se acelera con el correr de los días. Se estima que la inflación de noviembre superará el 4 % y se anuncian nuevas subas de precios de las tarifas y los combustibles para “compensar” el congelamiento impuesto por el gobierno luego de las PASO y la variación en el tipo de cambio ocurrida desde ese entonces. Paralelamente arrecia la presión de las petroleras y las corporaciones energéticas para impedir la modificación de contratos y mantener la dolarización de sus precios. La polvareda que levantan estos conflictos de incidencia inmediata sobre el bolsillo de la población contribuye a invisibilizar una nueva realidad: Vaca Muerta, el dínamo capaz de producir en poco tiempo mas dólares que el mítico campo argentino, empieza a perder iridiscencia.

 

 

 

Crisis financiera, estancamiento global y exportaciones

La nacionalización en los dos últimos meses de varios bancos chinos de tamaño mediano y las recientes corridas bancarias en otros tres bancos chinos han encendido las alarmas en relación a la fragilidad del sistema financiero internacional en su conjunto. El sistema financiero chino es de enorme envergadura. Sus cuatro bancos más grandes son estatales y superan en tamaño a los bancos norteamericanos. Coexisten con más de 4.000 entidades financieras pequeñas y medianas. Este es el universo que ha sido afectado por las turbulencias financieras recientes. Esta semana el Banco Central Chino concluyó en un informe que más del 13% de las 4.379 entidades que componen el sistema financiero chino está en estado de alto riesgo (bloomberg.com 25 11 2019). Un total de 586 bancos y entidades financieras, la mayoría de las cuales son pequeñas y se encuentran en zonas rurales, corren el riesgo de desaparecer. Adicionalmente, muchas entidades financieras medianas y pequeñas se ven amenazadas por el estancamiento de la producción china (zerohedge.com 26 11 2019).

Otro informe del Banco Central chino alerta sobre la desaceleración del crecimiento económico y las limitaciones de la política monetaria para reavivarlo, limitaciones que como hemos visto en otras notas, también enfrentan la Reserva Federal norteamericana y los bancos centrales de los países mas desarrollados. Todo esto significa, entre otras cosas, que la economía china ya no podrá ser la dínamo capaz de impulsar el crecimiento global como lo hizo desde la crisis de 2008 y que las turbulencias de su sistema financiero pueden detonar un cortocircuito de magnitud inédita en el sistema financiero global (zerohedge.com 25 11 2019). Los problemas en la producción y las finanzas chinas preceden a la guerra comercial entre este país y los Estados Unidos, pero esta última los ha acentuado. Esta guerra comercial, conjuntamente con el estancamiento del comercio y la producción global y con la fragilidad del sistema financiero internacional, obligan a repensar la forma en que la coyuntura internacional condiciona actualmente a nuestra capacidad de exportar y el rol que en el corto plazo podrán tener estas exportaciones en tanto impulso prioritario del crecimiento económico del país.

Por otra parte, en medio de un juicio político para destituirlo, Trump busca posicionarse para las próximas elecciones norteamericanas presionando a la Reserva Federal para que baje las tasas de interés e inunde de liquidez los mercados, fenómeno que impacta inmediatamente en un crecimiento especulativo del valor de las acciones y produce lo que Trump necesita políticamente: el espejismo de un repunte de la economía norteamericana. En este contexto, el crecimiento de la deuda corporativa, y especialmente de la deuda de las empresas vinculadas a la producción de petróleo y gas no convencional, constituye un eslabón cada vez mas débil del sistema financiero norteamericano con un futuro incierto ante la creciente falta de acceso al crédito (zerohedge.com 25 11 2019). El estancamiento del comercio y la producción global deprime los precios del petróleo y del gas y afecta especialmente a la industria del fracking, altamente endeudada, incapaz desde sus orígenes de generar una rentabilidad y afectada por rendimientos rápidamente decrecientes (wsj.com 2 1 2019, zerohedge.com 9 6 2019;7 10 2019). Estas circunstancias, sumadas al deterioro ambiental de este tipo de producción, obligan a repensar el tipo de esfuerzo que el próximo gobierno deberá hacer para alentar con subsidios de todo tipo a la producción en Vaca Muerta, hoy en el centro de la disputa de los grupos empresarios locales con mayor poder económico y político.

 

 

 

* Todas las ilustraciones pertenecen al extraordinario artista sudafricano William Kentdrige

 

 

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